STC415-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC415-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-02019-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 18 de octubre de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP-, contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Trece Laboral del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2018-00660. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en conexidad con el principio de \u00absostenibilidad financiera del Sistema Pensional\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Sa\u00fal Abello Alfonso promovi\u00f3 ordinario contra la UGPP, en procura del reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, en tanto \u00abtrabaj\u00f3 para la Caja Agraria desde el 16 de abril de 1977 hasta el 28 de junio de 1999, (\u2026) estuvo afiliado a Sintracreditario durante toda la relaci\u00f3n laboral y es beneficiario de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1998\u2013 1999\u00bb2, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien resolvi\u00f3 conceder la prestaci\u00f3n y decret\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de \u00abLAS MESADAS CAUSADAS CON ANTERIORIDAD AL 26\/12\/2014\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de los recursos de alzada propuestos por ambas partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad modific\u00f3 lo dispuesto en primera instancia, pero \u00fanicamente respecto del fen\u00f3meno extintivo, y en ese sentido \u00abDECLAR[\u00d3] prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 9 de octubre de 2015\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, la sociedad demandada recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4, mantuvo inc\u00f3lume la decisi\u00f3n ad quem pues advirti\u00f3 que el tribunal no se equivoc\u00f3: (i) \u00abal considerar que la edad de 55 a\u00f1os no constitu\u00eda un presupuesto para la estructuraci\u00f3n del derecho, sino meramente un requisito para la exigibilidad\u00bb; y, (ii) \u00abal efectuar el c\u00e1lculo de la primera mesada pensional del actor\u00bb. <\/p>\n
Resoluciones que, a juicio de la entidad convocante, incurrieron en defectos f\u00e1ctico, material o sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial, especialmente, el contenido en la sentencia SU555-2014, puesto que \u00abpas[aron] por alto, (\u2026) la vigencia de la Convenci\u00f3n Colectiva 1998-1999 en los t\u00e9rminos del Acto Legislativo 01 de 2005 que fij\u00f3 su l\u00edmite al 31 de julio de 2010, pues los estrados judiciales accionados ordenaron aplicar dicha Convenci\u00f3n para el 18 de enero de 2013 fecha en la cual ya hab\u00eda desaparecido a la vida jur\u00eddica esa convenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se dejen sin efectos los fallos del 15 de julio y 8 de agosto de 2019, y el de 28 de marzo de 2022; y, en consecuencia, que se ordene a la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Corte Suprema de Justicia que profiera una nueva determinaci\u00f3n \u00abajustada a derecho\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADO <\/p>\n
2. Quien adujo ser la apoderada de Sa\u00fal Abello Alfonso se\u00f1al\u00f3 que la salvaguarda \u00abno cumple con el requisito de subsidiaridad, ya que contra la sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOT\u00c1 D.C. \u2013 SALA DE DECISI\u00d3N TRANSITORIA LABORAL de fecha 30 de julio de 2021, la tutelante no agot\u00f3 el otro mecanismo de defensa como lo es el RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACI\u00d3N, para controvertir la decisi\u00f3n que hoy considera contraria al ordenamiento procesal.\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 la improcedencia del amparo al advertir que \u00abla UGPP no interpuso recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra la \u00faltima providencia atacada y objeto de su acci\u00f3n; mecanismo previsto en los art\u00edculos 20 de la Ley 797 de 2003 y 6-6 del Decreto 575 de 2013 y, adecuado para analizar las censuras que actualmente presenta la parte actora, sin establecer razones suficientes que permitan a la Sala flexibilizar este requisito\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00ab[a]unque la parte accionante expuso que no agot\u00f3 el recurso extraordinario de revisi\u00f3n al considerar que no es el mecanismo id\u00f3neo y eficaz para para obtener sus pretensiones, lo cierto es que no aport\u00f3 los elementos de convencimiento suficientes que permitan llegar a esta conclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la entidad recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00abno es de asidero la posici\u00f3n del a-quo, para indicar que esta tutela es improcedente por la existencia del recurso extraordinario de revisi\u00f3n ya que es evidente que ante el cumplimiento del fallo y su consecuente orden de reconocimiento pensional en favor del se\u00f1or SA\u00daL ABELLO ALFONSO ser\u00e1 imposible recuperar los dineros pagados en virtud del principio de buena fe que le est\u00e1 amparando con la ejecutoria de la sentencia, lo que hace que la materializaci\u00f3n del perjuicio est\u00e9 derivado del pago de cuantiosas sumas de dinero, lo que evidentemente faculta a esta entidad a solicitar la intervenci\u00f3n del juez tutelar\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido en contra de la gestora (SL1057-2022, 28 mar.), por mantener en firme la decisi\u00f3n del ad quem, supuestamente, desconociendo los precedentes y la legislaci\u00f3n aplicables. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 15 de julio y 8 de agosto de 2019, as\u00ed como el de 28 de marzo de 2022, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el ad quem,, en tanto consider\u00f3 que el tribunal no se equivoc\u00f3: (i) \u00abal considerar que la edad de 55 a\u00f1os no constitu\u00eda un presupuesto para la estructuraci\u00f3n del derecho, sino meramente un requisito para la exigibilidad\u00bb; y, (ii) \u00abal efectuar el c\u00e1lculo de la primera mesada pensional del actor\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente el primer y tercer cargo, encaminados por la v\u00eda indirecta, por la \u00abaplicaci\u00f3n indebida\u00bb de: (i) \u00ablos (\u2026) art\u00edculos: [\u2026] 5\u00b0 del Decreto 3135 de 1968; 1\u00b0, 2\u00b0, 3\u00b0, 6\u00b0 y 7\u00b0 del Decreto 1848 de 1969; 1o, 3o, 5o y 44 del Decreto 1045 de 1978; as\u00ed como los art\u00edculos 467, 468, 470 y 478 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo; los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil; en concordancia con el quebrantamiento como normas procesales de medio, los art\u00edculo 164, 165, 167 y 176 del C\u00f3digo General del proceso, lo que condujo a la violaci\u00f3n de medio del inciso 3\u00b0 y del par\u00e1grafo 2\u00b0, y de los par\u00e1grafos transitorios 2\u00b0 y 3\u00b0 del art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, adicionado por el Acto Legislativo No. 01 de 2005, y los art\u00edculo 25, 53, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica\u00bb, y (ii) \u00abel art\u00edculo 142 de la Ley 100 de 1993, lo que condujo a la violaci\u00f3n de medio del inciso 8o y par\u00e1grafo transitorio 6o del art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, adicionado por el Acto Legislativo No. 01 de 2005.\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[L]e corresponde a la Corte determinar si el Tribunal se equivoc\u00f3 al considerar que la edad constituye un requisito de exigibilidad y no de causaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n consagrada en la cl\u00e1usula 41 de la mencionada convenci\u00f3n colectiva, con el fin de establecer si el accionante realmente tiene derecho a esa prestaci\u00f3n, as\u00ed como a la mesada adicional\u00bb. <\/p>\n
En primer lugar, refiri\u00f3 los supuestos que se mantienen inc\u00f3lumes, los cuales son: \u00abi) que el demandante trabaj\u00f3 para la Caja Agraria desde el 16 de abril de 1977 hasta el 27 de junio de 1999, es decir, m\u00e1s de 20 a\u00f1os; ii) que fue retirado del servicio con ocasi\u00f3n a la liquidaci\u00f3n de la entidad y; iii) que al momento de su desvinculaci\u00f3n era beneficiario de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1998\u20131999\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, cit\u00f3 en lo pertinente el fallo SL526-2018, 14 feb., y en esa l\u00ednea, indic\u00f3 que \u00abes claro que el Tribunal no se equivoc\u00f3 al considerar que la edad de 55 a\u00f1os no constitu\u00eda un presupuesto para la estructuraci\u00f3n del derecho, sino meramente un requisito para la exigibilidad o goce efectivo de la prestaci\u00f3n, la cual se materializa realmente con el cumplimiento de los a\u00f1os al servicio de la empresa\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLo anterior conlleva no solo a concluir que acert\u00f3 el ad quem al confirmar el reconocimiento de la pensi\u00f3n extralegal, sino tambi\u00e9n al disponer el pago de la mesada catorce, pues el derecho se caus\u00f3 cuando el trabajador complet\u00f3 veinte a\u00f1os de servicio, y ello ocurri\u00f3 antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, reforma constitucional que produjo efectos hacia el futuro, no retroactivos, y que expresamente reconoci\u00f3 que el Estado garantizar\u00eda los derechos adquiridos\u00bb. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 estudiando el segundo embate, formulado por la senda indirecta, por la \u00abaplicaci\u00f3n indebida\u00bb de los \u00abart\u00edculos: (\u2026.) 5\u00b0 del Decreto 3135 de 1968; 1\u00b0, 2\u00b0, 3\u00b0, 6\u00b0 y 7\u00b0 del Decreto 1848 de 1969; 1\u00b0, 3\u00b0, 5\u00b0 y 44 del Decreto 1045 de 1978; as\u00ed como los art\u00edculos 467, 468, 470 y 478 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo; los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil; en concordancia con el quebrantamiento como normas procesales de medio, los art\u00edculos 164, 165, 167 y 176 del C\u00f3digo General del proceso\u00bb, y (ii) \u00abel art\u00edculo 142 de la Ley 100 de 1993, lo que condujo a la violaci\u00f3n de medio del inciso 8o y par\u00e1grafo transitorio 6o del art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, adicionado por el Acto Legislativo No. 01 de 2005\u00bb, la Corporaci\u00f3n enjuiciada adujo que: <\/p>\n
\u00abLe corresponde a la Sala definir si se equivoc\u00f3 el Tribunal al efectuar el c\u00e1lculo de la primera mesada pensional del actor\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, record\u00f3 lo establecido en el par\u00e1grafo 3\u00b0 del art\u00edculo 41 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo sobre los factores para liquidar la prestaci\u00f3n, y respecto del primero de ellos refiri\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[N]o se advierte que el colegiado hubiera valorado de manera grosera las pruebas que tuvo a la mano para decidir, puesto que tuvo como tal la suma de $889.215, la cual aparece registrada por el mismo Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en los certificados n.\u00b0 CA-14939, CA-01298 y CA-08578 (\u2026) cantidad [que] correspond\u00eda precisamente al \u00faltimo salario b\u00e1sico que deveng\u00f3 el demandante\u00bb. Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, concluy\u00f3 que \u00abel ad quem no se equivoc\u00f3 al establecer el valor del primer factor al que se refiere la convenci\u00f3n colectiva de trabajo en la suma de $1.191.549, compuesta por el \u00faltimo salario b\u00e1sico mensual de $889.215 y la prima de antig\u00fcedad de $302.334\u00bb. <\/p>\n
Y, reliev\u00f3 que \u00ab[e]n lo atinente al segundo factor, basta se\u00f1alar que la recurrente no esboz\u00f3 ning\u00fan reparo, pues lo estim\u00f3 en la suma de $495.194, que fue la misma que tuvo en cuenta el Tribunal a partir de las certificaciones que valor\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la entidad censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los fallos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 14 de diciembre de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De conformidad con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
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