STC427-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC427-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-00355-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 3 de marzo de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n 3 de Tutelas de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida por Tata de Narv\u00e1ez y C\u00eda. S.C.A. contra la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado 31 Laboral del Circuito de la misma ciudad, a la se\u00f1ora Heblhyn L\u00f3pez Garc\u00eda, as\u00ed como a los intervinientes del proceso ordinario laboral de radicado 2014-00630. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso e igualdad. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La se\u00f1ora Heblhyn L\u00f3pez Garc\u00eda promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la sociedad Tata de Narv\u00e1ez C\u00eda. S.C.A., con el fin de que se declarara que la accionada deb\u00eda cumplir el contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales suscrito el 21 de septiembre de 2012 y, en consecuencia, estaba obligada a pagar el 10% sobre el valor comercial de los inmuebles recibidos. <\/p>\n
2.2. El 13 de mayo de 2015, el Juzgado 31 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 accedi\u00f3 a esas pretensiones y conden\u00f3 a la sociedad demandada a pagar \u00ab$14.949.629 por concepto de honorarios profesionales generados del contrato de prestaci\u00f3n de servicios\u00bb, junto con los intereses moratorios, determinaci\u00f3n que fue confirmada el 28 de septiembre de 2016 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad. <\/p>\n
2.3. La se\u00f1ora L\u00f3pez Garc\u00eda interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, mediante decisi\u00f3n CSJ SL2092 del 18 de mayo de 2021, notificada por edicto del 3 de junio siguiente, la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia cas\u00f3 el fallo del Tribunal y, en sede de instancia, modific\u00f3 el fallo de primer grado, condenando a la sociedad Tata de Narv\u00e1ez y C\u00eda. S.C.A. a cancelar $68.663.444 por concepto de honorarios pactados en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios suscrito. <\/p>\n
2.4. En criterio de la promotora, la autoridad judicial accionada incurri\u00f3 en defecto sustantivo, pues, aunque la demanda de casaci\u00f3n presentaba deficiencias t\u00e9cnicas, se minimizaron, desconociendo que la \u00abt\u00e9cnica de casaci\u00f3n, en materia laboral, es precisa y estricta y no permite que el juzgador interprete a su manera lo que supuestamente quiso decir la parte actora en la demanda de casaci\u00f3n\u00bb, con lo cual se afect\u00f3 el equilibrio que debe existir entre las partes. <\/p>\n
De otro lado, afirm\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela fue presentada oportunamente, teniendo en cuenta que solo hasta \u00abmediados de octubre de 2021\u00bb se enter\u00f3 del fallo cuestionado, por intermedio de su hijo, a quien el 27 de septiembre anterior, la demandante le envi\u00f3 copia del mismo1, sumado a que tiene 77 a\u00f1os y fue diagnosticada con Covid-19 el 17 de junio de 2021, por lo que estuvo en aislamiento obligatorio y convaleciente por varios meses; asimismo, asever\u00f3 que su apoderado vive en Ibagu\u00e9 y se radic\u00f3 en zona rural, en la que no tiene acceso a la virtualidad, razones por las cuales fue imposible para la tutelante -socia gestora de empresa accionada y representante legal-, as\u00ed como para su apoderado, conocer la sentencia censurada. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se deje sin efectos el fallo CSJ SL2092-2021 y que se mantenga el emitido en primera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral afirm\u00f3 que la determinaci\u00f3n cuestionada se emiti\u00f3 con estricto apego a la Constituci\u00f3n, a la ley y al precedente jurisprudencial. <\/p>\n
2. La se\u00f1ora Heblhyn L\u00f3pez Garc\u00eda pidi\u00f3 negar las pretensiones de la actora, al no existir vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales reclamadas y por haber operado el fen\u00f3meno de la cosa juzgada. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional, previo a resolver el asunto, precis\u00f3 que, si bien no se cumpl\u00eda con el principio de la inmediatez, la actora expuso las razones por las cuales no acudi\u00f3 con anterioridad a esta instancia constitucional, particularmente, por \u00abhaber resultado positiva para Covid-19 y la dificultad para mantener comunicaci\u00f3n con su apoderado quien se radic\u00f3 en zona rural de Ibagu\u00e9\u00bb, las cuales estim\u00f3 suficientes para superar dicho presupuesto. <\/p>\n
No obstante, al analizar lo planteado, estim\u00f3 que la tutela no se abr\u00eda paso, porque la decisi\u00f3n cuestionada se emiti\u00f3 seg\u00fan \u00abla normatividad aplicable al caso y las pruebas aportadas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La parte actora impugn\u00f3 y reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial, destacando que, en su caso, s\u00ed se vulneraron las garant\u00edas fundamentales reclamadas, al pasar por alto los errores de la demanda de casaci\u00f3n y aceptar que la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral accionada pod\u00eda obviarlos. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la tutelante persigue la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, que considera vulneradas por la Sala accionada, al proferir la sentencia de casaci\u00f3n del 18 de mayo de 2021, que cas\u00f3 la sentencia dictada el 28 de septiembre de 2016 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. Una vez revisado el proceso, se evidencia que no se cumple con el presupuesto general de la inmediatez, toda vez que entre la fecha de emisi\u00f3n del fallo CSJ SL2092-2021 del 18 de mayo de 2021, notificado por edicto fijado el 3 de junio de la citada anualidad, y aquella de interposici\u00f3n del amparo (15 de febrero de 20222) transcurrieron los seis meses que la jurisprudencia ha contemplado como razonables para acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n en procura de la salvaguarda de los derechos fundamentales, lo cual torna improcedente la tutela. <\/p>\n
Ahora bien, ese t\u00e9rmino puede ampliarse por razones que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb (Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014). <\/p>\n
Para el caso concreto, aunque la actora, socia gestora y representante legal de la sociedad accionante, acredit\u00f3 que el 17 de junio de 2021 su prueba de COVID19 sali\u00f3 positiva, ello no es suficiente para justificar la tardanza, pues no demuestra la imposibilidad f\u00edsica o mental en la que se encontraba durante el amplio periodo de 6 meses que tuvo a su alcance para acudir a esta especial justicia. <\/p>\n
Igualmente, no resulta v\u00e1lido indicar que, como su apoderado se encontraba viviendo en una zona rural, sin internet ni acceso al expediente, no pudo interponer la tutela en su momento, no solo porque ello no est\u00e1 acreditado, sino porque, de un lado, la decisi\u00f3n se notific\u00f3 por edicto desde el 3 de junio de 2021 y, de otro, para acudir a la presente salvaguarda no era necesario contar con un abogado; incluso aquella se\u00f1ala que conoci\u00f3 directamente en su integridad el texto del fallo en octubre de 2021, estando en curso plazo razonable definido para activar esta especial justicia, pero tampoco acudi\u00f3 a esta en su momento. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, contrario a lo afirmado por el a quo constitucional, no se observa causal alguna que justifique la tardanza en la interposici\u00f3n de este resguardo, por el contrario, la falta de premura en la interposici\u00f3n de la tutela contra la sentencia que fue notificada por edicto desde el 3 de junio de 2021, descarta la necesidad de restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales de la persona y torna inviable la tutela. <\/p>\n
3. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, en cuanto neg\u00f3 el amparo invocado, pero por improcedente, esto es, porque no cumple con el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En soporte adjunt\u00f3 unas im\u00e1genes de WhatsApp. <\/p>\n
2\u0002Archivo 002 ActaReparto.pdf y revisi\u00f3n efectuada en el sistema de Registro de Consulta de Procesos. <\/p>\n
<\/p>\n
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