STC428-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC428-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2022-00621-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Hecha la anterior advertencia se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 15 de diciembre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la tutela que Laura Mar\u00eda Castellanos Rivera en nombre propio y en representaci\u00f3n de los menores Luis Felipe y Eduardo Ram\u00edrez Castellanos, instaur\u00f3 contra el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena y la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Polic\u00eda \u2013 Caja Honor, extensiva al Banco Agrario de Colombia, la Procuradur\u00eda Delegada para asuntos de Familia de Cartagena, la Defensor\u00eda de Familia y H\u00e9ctor Jos\u00e9 Ram\u00edrez Beltr\u00e1n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, en la calidad citada, invoc\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abdebido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara a las autoridades acusadas adelantar los tr\u00e1mites necesarios para la entrega de los dineros descontados a H\u00e9ctor Jos\u00e9 Ram\u00edrez Beltr\u00e1n por concepto de cesant\u00edas y, en particular, que la Caja Honor en el futuro efect\u00fae dicho pago de manera anual y \u00absin m\u00e1s requisitos\u00bb. <\/p>\n
En s\u00edntesis, indic\u00f3 que el Juzgado Sexto de Familia del Circuito de Cartagena en el juicio de alimentos que inco\u00f3 contra Ram\u00edrez Beltr\u00e1n (rad. 2017-00482), mediante oficio n\u00ba 1613 (8 nov. 2017), comunic\u00f3 a la Polic\u00eda Nacional el embargo provisional del 35% de la asignaci\u00f3n salarial y prestaciones sociales percibidas por el demandado, determinaci\u00f3n que mantuvo en sentencia. <\/p>\n
Precis\u00f3 que la Caja Honor hizo varias exigencias para poner a disposici\u00f3n del despacho dichos rubros, situaci\u00f3n de la que inform\u00f3 a este, no obstante, en auto de 11 de agosto de 2020 se rehus\u00f3 a oficiar nuevamente a la entidad con el argumento de que \u00e9sta ya conoc\u00eda la medida impartida. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, por lo anterior, promovi\u00f3 \u00abacci\u00f3n de tutela contra los aqu\u00ed accionados\u00bb (2021-00590), la que concedi\u00f3 el Tribunal Superior de Cartagena, quien mand\u00f3 a la Caja Honor \u00abcumplir la orden judicial dada por el Juzgado 6 de Familia de Bogot\u00e1, mediante oficio N\u00ba 1728 de 2019\u00bb (11 oct. 2021). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que en el a\u00f1o 2022 la Caja Honor aleg\u00f3 nuevamente que no pod\u00eda realizar \u00abpagos peri\u00f3dicos\u00bb y que por tal motivo no puede consignar lo deducido por concepto de cesant\u00edas hasta que el iudex requiera \u00abel giro de los dineros retenidos\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Sexto de Familia de Cartagena se opuso al resguardo, toda vez que \u00aben lo que a nuestra actuaci\u00f3n concierne, se le dio el tr\u00e1mite a la totalidad de peticiones de la parte actora, otra cosa es que, de no estar de acuerdo; nunca lo manifest\u00f3 ante el Despacho, adem\u00e1s, la carga de cumplir con la medida es de CAJA HONOR y no del Juzgado, siendo estas las v\u00edas ordinarias que desplazan al amparo constitucional, motivo por el cual ninguna de las pretensiones tiene actualmente vocaci\u00f3n de prosperidad. Es m\u00e1s, ser\u00eda lesivo del debido proceso acceder en sede de tutela a conceder la que debe ser la pretensi\u00f3n principal del medio de defensa ordinario, que ser\u00eda el correspondiente incidente contra el pagador\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n dijo que \u00abel Juzgado de conocimiento deber\u00e1 atender y pronunciarse sobre la providencia de fecha 31 de octubre del 2017, que ordena el descuento del 35% del salario que devenga el demandado a favor del accionante, a efecto de impulsar la respectiva etapa procesal en que se encuentra, espec\u00edficamente relacionado con los descuentos dejados de retener al demandado dentro del Proceso de Alimentos; en caso contrario se deber\u00e1 considerar la respuesta emitida por el Juzgado de conocimiento para determinar si nos encontramos frente a un hecho superado\u00bb. <\/p>\n
El Banco Agrario de Colombia aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
La Caja Honor adujo que ya obedeci\u00f3 al \u00abfallo de tutela\u00bb, que \u00e9ste \u00abno orden\u00f3 el pago anual\u00bb y, que, el pago \u00abse encuentra supeditado a las \u00f3rdenes que el despacho judicial le comunique a la entidad\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena desestim\u00f3 el ruego por no satisfacer el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
Replic\u00f3 la precursora con los mismos planteamientos inaugurales, agregando que \u00abel Juzgado 6 de familia de Cartagena no ha querido ejercer sus poderes correccionales sobre la caja promotora de vivienda militar y de polic\u00eda \u2013 Caja Honor\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Liminarmente, se anuncia el decaimiento del auxilio y, por ende, la convalidaci\u00f3n del interlocutorio de primer grado, por no atender el requisito de la \u00absubsidiariedad\u00bb que impera en esa excepcional v\u00eda. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el socorro se torna inviable, porque la impulsora cuenta con otro mecanismo para que se revise la actuaci\u00f3n que ahora cuestiona en punto al acatamiento de las \u00ab\u00f3rdenes\u00bb expedidas en el \u00abfallo de tutela\u00bb, a saber, el incidente de desacato; figura consagrada en el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991, con el fin de obtener el \u00abcumplimiento del fallo\u00bb que concedi\u00f3 la s\u00faplica, cuando el obligado no materializa la disposici\u00f3n en los t\u00e9rminos en que fue dada; caso en el cual se podr\u00e1 sancionar al responsable y al superior, en concordancia con lo normado en el art\u00edculo 52 ib\u00eddem. <\/p>\n
Sobre el particular, mem\u00f3rese que <\/p>\n
[e]l desacato contemplado en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, fue erigido como un instrumento del cual dispone el juez de tutela para sancionar a quien hace caso omiso a las \u00f3rdenes impartidas, con el fin de hacer efectivos los derechos fundamentales de la persona que ha reclamado su protecci\u00f3n constitucional, por cuanto, tal resguardo resultar\u00eda inocuo si no existiesen mecanismos como \u00e9ste, orientados a asegurar el cumplimiento de las instrucciones dispuestas para obtener la cesaci\u00f3n de la conducta lesiva o de las amenazas a las garant\u00edas superiores amparadas (CSJ ATC576-2020, reiterada en STC7889-2021 y STC11068-2022). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con ese aspecto, la jurisprudencia de la Sala ha esbozado que: <\/p>\n
El incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo. <\/p>\n
\u00abPor consiguiente, superadas esas etapas consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, bien porque no se promovieron en tiempo los medios aludidos, ya por cuanto se interpusieron y fueron desatados por los funcionarios competentes, queda definitivamente cerrado el tema en torno a los puntos que all\u00ed comportaron debate (thema decissum), de suerte que no podr\u00edan volver aquellos sobre esa precisa controversia, menos, se itera, otros Jueces a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional, puesto que el instrumento empleado se traducir\u00eda en un inconveniente espiral, en clara contrav\u00eda de claros postulados que edifican y salvaguardan la seguridad jur\u00eddica, pot\u00edsimo y acerado principio digno de frontal respeto y acatamiento (STC12727-2021 y STC11068-2022). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la ayuda superlativa no puede salir avante, por cuanto la gestora no acredit\u00f3 haber empleado la referida herramienta de defensa, \u00ablo que denota la improcedencia del amparo por no cumplirse el presupuesto de la subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
2.- Lo dicho conlleva a acompa\u00f1ar el prove\u00eddo opugnado <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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