STC433-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC433-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2022-00429-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 2 de diciembre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la tutela que Stivens Andr\u00e9s Rodr\u00edguez Montenegro instaur\u00f3 en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2010-00062. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, pidi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb para que se ordenara \u00abexpedir y entregar los t\u00edtulos judiciales pertinentes en favor de Carlota Castro Silva (persona de la tercera edad)\u00bb. <\/p>\n
En sustento, adujo que el 21 de febrero del a\u00f1o pasado, radic\u00f3 al correo electr\u00f3nico del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 j02cctoiba@cendoj.ramajudicial.gov.co, el poder especial que le otorg\u00f3 Carlota Castro Silva y solicit\u00f3 el expediente digital correspondiente al juicio de pertenencia que \u00e9sta promovi\u00f3 contra Gervasio Bonilla Cubides y la devoluci\u00f3n de unos t\u00edtulos judiciales \u201cy dem\u00e1s saldos o remanentes que se encuentran constituidos a favor de [su] representada\u201d (rad. 2010-00062). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que al d\u00eda siguiente remiti\u00f3 al referido e mail el comprobante de pago en el Banco Agrario del arancel judicial por $6.900 para el desarchivo del paginario; empero, \u201cante la gran preocupaci\u00f3n por la morosidad\u201d del estrado querellado en realizar tal gesti\u00f3n, el 22 de noviembre reiter\u00f3 su rogativa y requiri\u00f3 que \u201cproced[iera] con celeridad\u201d. <\/p>\n
Dijo que a la fecha de presentaci\u00f3n de esta guarda, han transcurrido \u201cun poco m\u00e1s de nueve (9) meses\u201d y la iudex censurada no ha autorizado la entrega de los \u201ct\u00edtulos judiciales\u201d y tampoco ha actualizado el \u201cSistema Siglo XXI\u201d con la inclusi\u00f3n de dichos pedimentos, a pesar de que \u201cNO [es] un asunto complejo que requiera de un plazo amplio para decidir sobre ello o que demande conocimientos especializados, por lo que NO existe justificaci\u00f3n para sobrepasar el t\u00e9rmino prudencial y razonable que se tiene para dar una decisi\u00f3n de fondo\u201d, circunstancia que transgrede sus prerrogativas, puesto que el dinero lo \u201cnecesita para el pago de la matr\u00edcula universitaria de [su] hija\u201d. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 se opuso al auxilio, en tanto, el gestor \u201cno tiene legitimaci\u00f3n para la solicitud allegada ante es[e] despacho como se decidi\u00f3 en providencia 23\/11\/2022 (\u2026), ya que el poder que alleg[\u00f3] va dirigido al Juzgado Cuarto Civil del Circuito. De igual manera, tampoco tiene derecho de postulaci\u00f3n para presentar la presente acci\u00f3n, al carecer de poder para actuar\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 declar\u00f3 improcedente el resguardo, habida cuenta que \u00abStivens Andr\u00e9s Rodr\u00edguez Montenegro no se encontraba legitimado en la causa para interponer la presente acci\u00f3n, en tanto, ser\u00eda la se\u00f1ora Carlota Castro Silva la legitimada para enervar la acci\u00f3n constitucional en defensa de los derechos fundamentales que estima conculcados\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, si bien en este tr\u00e1mite constitucional exhort\u00f3 al impulsor para que aportara \u00abel respectivo poder como quiera que las pretensiones se encontraban encaminadas a que se le entrega t\u00edtulos judiciales a la se\u00f1ora Carlota Castro Silva\u00bb, aquel no atendi\u00f3 dicha carga, ni realiz\u00f3 manifestaci\u00f3n alguna sobre el particular; de igual forma, no demostr\u00f3 que \u00abCastro Silva no pudiese actuar en su propia causa, pues en ninguno de los apartados del escrito de tutela se hace menci\u00f3n, que la antes mencionada sufra de alguna discapacidad, enfermedad grave o se encuentre en indigencia que le impida concurrir al presente remedio constitucional\u00bb. <\/p>\n
2.- Ese desenlace fue repelido por el precursor, quien reproch\u00f3, que: <\/p>\n
(\u2026) el problema jur\u00eddico no era establecer si se contaba con legitimaci\u00f3n en la causa por activa (\u2026), sino que por el contrario se encuentra acreditado dentro del expediente que la pre nombrada [le] confiri\u00f3 poder especial para acudir ante la jurisdicci\u00f3n civil dentro del radicado 2010-00062-00 a efectos de obtener la devoluci\u00f3n de unos t\u00edtulos judiciales all\u00ed constituidos, (\u2026) dentro de un proceso de pertenencia en el cual ella hizo parte\u00bb. <\/p>\n
Con esas precisiones, calific\u00f3 la providencia del a quo de \u00abdesafortunada (\u2026), bajo el entendido que se centr\u00f3 \u00fanica y exclusivamente en hacer referencia a la legitimaci\u00f3n en la causa por activa (\u2026), desconociendo que fue [\u00e9l] quien de manera directa present\u00f3 una petici\u00f3n ante un despacho judicial que nunca fue resuelta\u00bb, situaci\u00f3n que, en su sentir, lo \u00abhabilitaba para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n, sin que debiera mediar un poder especial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Con fundamento en el material de convicci\u00f3n anexado al cartapacio, pronto se anuncia el decaimiento del socorro y la ratificaci\u00f3n del veredicto opugnado, ya que Rodr\u00edguez Montenegro no es parte ni tercero con \u00abinter\u00e9s\u00bb reconocido en la Litis que concita la atenci\u00f3n de esta Sala, situaci\u00f3n que descarta su \u00ablegitimaci\u00f3n\u00bb para refutar, por esta excepcional v\u00eda, la \u00abpresunta mora judicial\u00bb del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 en \u00abexpedir y entregar los t\u00edtulos judiciales pertinentes en favor de Carlota Castro Silva (persona de la tercera edad)\u00bb. Mem\u00f3rese lo esbozado por esta Corporaci\u00f3n de tiempo atr\u00e1s, <\/p>\n
(\u2026) cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aquel tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal (Negrillas ajenas al texto \u2013 STC13998-2022). <\/p>\n
Ello, si se tiene en cuenta que los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 contemplan como presupuesto para su ejercicio, que quien as\u00ed obre tenga \u00abun inter\u00e9s que legitime\u00bb su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales derivadas de \u00abactuaciones o providencias judiciales\u00bb, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o son terceros a quienes afecta. <\/p>\n
1.2.- Adicionalmente, valga recalcar que, en trat\u00e1ndose de \u00abderechos fundamentales\u00bb ajenos, es necesario que quien dice representar a otro acompa\u00f1e a la demanda superlativa \u00abpoder especial\u00bb por medio del cual \u00abact\u00faa\u00bb, o alegue su condici\u00f3n de agente oficioso, lo que en el sub judice no sucedi\u00f3, toda vez que el actor no comprob\u00f3 los motivos que soportaran su eventual proceder, espec\u00edficamente, la \u00abimposibilidad f\u00edsica o mental\u00bb de Carlota Castro Silva, o cualquier otro estado especial que le impidiera agotar directamente esta herramienta. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con dicho t\u00f3pico, esta Colegiatura ha sostenido: <\/p>\n
(\u2026) [C]iertamente, aunque el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que \u201ccualquier persona\u201d puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [precepto] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u201cvulnerados o amenazados\u201d aquellos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n punto del tema, la jurisprudencia, en reiteradas decisiones ha sostenido que la precitada norma \u201cdispuso cuatro v\u00edas procesales para que el titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados interponga acci\u00f3n de tutela: <\/p>\n
\u201c(\u2026) (i) Por s\u00ed mismo, pues no se requiere abogado; (ii) A trav\u00e9s de representante legal en el caso de menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas; (iii) Por intermedio de un abogado titulado con poder expreso, si as\u00ed se desea; y (iv) Mediante agente oficioso, es decir, por un tercero indeterminado sin necesidad de poder, \u201ccuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u201d. Agrega que en este caso se debe manifestar tal situaci\u00f3n en la solicitud de tutela, esto es, se debe poner de presente que se act\u00faa en calidad de agente oficioso y cu\u00e1les son las circunstancias que hacen que el titular de los derechos est\u00e9 imposibilitado para interponer la acci\u00f3n (\u2026). STC 13 dic. 2011, rad. 13001 22 13 000 2011 00284 02, reiterada en STC3109-2021, STC13998-2022. <\/p>\n
Sobre el mismo aspecto, la jurisprudencia constitucional apostill\u00f3 que, <\/p>\n
Ahora bien, en lo que tiene que ver con el apoderamiento judicial en materia de tutela, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que i) es un acto jur\u00eddico formal, por lo cual debe realizarse por escrito; ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume aut\u00e9ntico; iii) debe ser un poder especial; iv) el poder conferido para la promoci\u00f3n o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para instaurar procesos diferentes, as\u00ed los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial; v) el destinatario del acto de apoderamiento s\u00f3lo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional. <\/p>\n
(\u2026) Ahora bien, en aquellos eventos en los cuales la acci\u00f3n de tutela se present\u00f3 por intermedio de apoderado judicial, pero el abogado no contaba con poder especial, la jurisprudencia constitucional se\u00f1al\u00f3, como consecuencia jur\u00eddica, la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. (CC T-024\/19, 28 de en. 2019). <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, como el convocante no tiene \u00ablegitimaci\u00f3n en la causa\u00bb para activar este remedio excepcional, no es posible analizar lo instado, menos a\u00fan en sede de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC433-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC433-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2022-00429-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 2 de diciembre de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70275","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70275","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70275"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70275\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70275"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70275"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70275"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}