STC439-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC439-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 6 de diciembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cJ\u201d contra el Juzgado \u201cY\u201d y Comisar\u00eda \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d; Juzgado \u201cZ\u201d de Familia y Comisar\u00eda (\u2026) de \u201cH\u201d, tr\u00e1mite al cual fue vinculado \u201cF\u201d y dem\u00e1s intervinientes en los procesos de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar e incidentes de desacato adelantados ante esas dependencias. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y non bis in idem, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Refiere que el 16 de marzo de 2021, \u201cF\u201d la denunci\u00f3 ante la Comisar\u00eda \u201c00\u201dde Familia de \u201cX\u201d, refiriendo \u00abhechos [del 21 de febrero de 2021] que presuntamente constituyeron [violencia intrafamiliar]\u00bb, por lo que el 5 de abril de la misma anualidad, \u00abimpuso en forma definitiva la medida [de protecci\u00f3n]\u00bb, y en los \u00abseguimientos\u00bb realizados, \u00aben raz\u00f3n a que no se tuvo en cuenta ninguna de las pruebas donde se puede evidenciar (\u2026), que el se\u00f1or \u201cF\u201d ha sido generador de actos de violencia intrafamiliar no solo en contra de la se\u00f1ora \u201cJ\u201d sino tambi\u00e9n de su hija en com\u00fan \u201cA\u201d [hoy de 7 a\u00f1os de edad], el d\u00eda 29 de junio [de 2021] tom\u00f3 la decisi\u00f3n de sancionar[la] con dos salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (\u2026), a sabiendas que ella es vendedora ambulante y es madre cabeza de hogar (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 14 de julio de 2021, asumi\u00f3 conocimiento el Juzgado \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d, todo lo inherente a la medida de protecci\u00f3n (\u2026) de 2021, y el 26 de julio de 2021 confirma la decisi\u00f3n de la Comisar\u00eda \u201c00\u201d de \u201cX\u201d, en multarla por dos salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, sin tener en cuenta las pruebas de la se\u00f1ora \u201cJ\u201d, ni las condiciones econ\u00f3micas y sociales\u00bb, y ante \u00abla imposibilidad de cumplir con la sanci\u00f3n de multa (\u2026), la Comisar\u00eda efectu\u00f3 conversi\u00f3n sanci\u00f3n a arresto por seis (6) d\u00edas, por incumplir el pago de la multa antes mencionada\u00bb. <\/p>\n
Que en el incidente de desacato promovido por el se\u00f1or \u201cF\u201d, \u00abel 31 de enero de 2022\u00bb, la Comisar\u00eda de Familia dispuso la \u00abconversi\u00f3n de 6 d\u00edas a 30 d\u00edas arresto por incumplir por segunda vez la medida de protecci\u00f3n, sin embargo, el 6 de abril de 2022\u00bb, el Juzgado \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d, [resolvi\u00f3] que el arresto no ser\u00eda de treinta d\u00edas sino 6 d\u00edas el 6 de abril de 2022\u00bb, y \u00abel 28 de junio de 2022\u00bb, estableci\u00f3 que \u00abpor tercera vez\u00bb se suscitaba incumplimiento, \u00abdecidiendo conversi\u00f3n a 30 d\u00edas de arresto\u00bb, medida que el 6 de abril de 2022 \u00abfue confirmada por el Juzgado \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d\u00bb <\/p>\n
Que \u00abdebido a las irregularidades que se presentaron en la Comisar\u00eda \u201c00\u201d de Familia [el 30 de junio de 2021] se vio en la imperiosa necesidad de instaurar en la Comisar\u00eda (\u2026) de Familia de \u201cH\u201d (\u2026), medida de protecci\u00f3n [por violencia intrafamiliar] n\u00b0 54 de 2021 (\u2026), a favor suyo y de su hija \u201cA\u201d, [y] en contra de \u201cF\u201d\u00bb, donde el 13 de julio de 2021, esa autoridad fij\u00f3 medida de protecci\u00f3n \u00abmutua\u00bb, pese a que el querellado \u00aballeg\u00f3 las mismas pruebas que hizo valer en la Comisar\u00eda \u201c00\u201d de \u201cX\u201d, configur\u00e1ndose as\u00ed violaci\u00f3n flagrante del principio constitucional del \u201cno bis ibidem\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que \u201cF\u201d \u00abnuevamente incurri\u00f3 en actos de violencia intrafamiliar [los cuales] puso en conocimiento de la Comisar\u00eda (\u2026) de \u201cH\u201d [quien el 25 de enero de 2022] impuso multa de dos salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb, decisi\u00f3n que ratific\u00f3 el Juzgado \u201cZ\u201d de Familia de \u201cH\u201d el 10 de marzo de 2022. <\/p>\n
Que, frente a nuevo incidente de desacato, el 30 de agosto de 2022 la Comisar\u00eda de \u201cH\u201d declar\u00f3 que quien incumpli\u00f3 la \u00abconminaci\u00f3n\u00bb impuesta a ambas partes el 13 de julio de 2021, fue la aqu\u00ed solicitante y por ello la sancion\u00f3 con multa de \u00abtres salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb, la cual confirm\u00f3 el Juzgado \u201cZ\u201d de Familia de \u201cH\u201d el 12 de octubre de la misma anualidad. <\/p>\n
Que finalmente, \u00abel 16 de noviembre de 2022 (\u2026), radic\u00f3 memorial en el Juzgado \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d con el fin de poner en conocimiento las irregularidades que se han presentado en las medidas de protecci\u00f3n (\u2026) del 2021 y (\u2026) del 2021\u00bb, y en particular, que se le exima de las sanciones porque \u00abest\u00e1 en imposibilidad de cumplir con la multa y los d\u00edas de arresto\u00bb, o en su defecto, que autorice \u00abreemplazar [la sanci\u00f3n] por trabajo comunitario o social no remunerado, en alguna entidad del estado o fundaci\u00f3n con el fin de que no se violen los derechos de los menores\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que, a trav\u00e9s de esta v\u00eda, \u00abse revoquen las providencias emitidas por [las Comisar\u00edas y Juzgados de \u201cX\u201d y \u201cH\u201d], mediante las cuales se [le] sancion\u00f3 [con] multa convertible en arresto; en su [de]efecto, se conceda la facilidad de pagar con amortizaci\u00f3n de dos a\u00f1os de arresto con trabajo social o comunitario debido a [que es] madre cabeza de hogar y [por] su condici\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb. Subsidiariamente, que \u00abse conceda el arresto de seis d\u00edas que emiti\u00f3 la Comisar\u00eda (\u2026) de \u201cH\u201d, para no ser juzgada dos veces por los mismos hechos con las mismas pruebas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d, inform\u00f3 que \u00abal resolver el grado jurisdiccional de consulta del primer y segundo incumplimiento, han seguido las reglas del debido proceso, y las decisiones adoptadas (\u2026), han sido con fundamento en la informaci\u00f3n contenida en el tr\u00e1mite, toda vez que se acredit\u00f3 el desacato de \u201cJ\u201d a la medida de protecci\u00f3n al agredir verbalmente a \u201cF\u201d\u00bb. Por lo anterior, solicit\u00f3 \u00abdesestimar la acci\u00f3n constitucional impetrada, por ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que respecto del \u00abtercer incumplimiento\u00bb, declarado por la Comisar\u00eda \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d el 28 de junio de 2022, recibi\u00f3 el expediente completo el 4 de octubre de ese a\u00f1o, encontr\u00e1ndose pendiente su definici\u00f3n, pues aunado a ello, \u00abel 16 de noviembre de 2022, el apoderado judicial de [la accionante], solicit\u00f3 remitir el expediente a la Comisar\u00eda (\u2026) de Familia de \u201cH\u201d\u00bb, donde se tramit\u00f3 medida de protecci\u00f3n \u00abpor las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar\u00bb, imponi\u00e9ndose sanciones de \u00abmulta y arresto de 30 d\u00edas\u00bb, lo que demanda \u00abse reval\u00faen (\u2026), al se\u00f1alar que est\u00e1 imposibilitada para cumplir con los d\u00edas de arresto y no cuenta con recursos para pagar la multa\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez \u201cZ\u201d de Familia de \u201cH\u201d, dijo que su despacho \u00abconoci\u00f3 por reparto la consulta del incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n allegada por la Comisar\u00eda (\u2026) de Familia de \u201cH\u201d, presentada por \u201cJ\u201d contra \u201cF\u201d\u00bb, confirmando la decisi\u00f3n objeto de revisi\u00f3n el 12 de octubre de 2022, de cuya actuaci\u00f3n \u00abno se evidencia que haya vulnerado derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
3. La Comisaria \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, luego de describir lo actuado en el proceso de medida de protecci\u00f3n e incidentes conocidos por esa oficina, pidi\u00f3 denegar la salvaguarda, toda vez que \u00abno existe asumo alguno del cual se infiera que la Comisar\u00eda haya abandonado la senda del derecho transgrediendo el ordenamiento constitucional o legal del Estado, mucho menos que con las acciones desplegadas se hayan vulnerado o siquiera amenazado los derechos fundamentales [invocados por la quejosa]\u00bb. <\/p>\n
4. La Comisaria (\u2026) de Familia de \u201cH\u201d, asegur\u00f3 que la tutela se muestra improcedente, en tanto, \u00aben ning\u00fan momento se vulneraron garant\u00edas procesales, ni derechos fundamentales de la accionante, y mucho menos confirm\u00e1ndose el fallo y la resoluci\u00f3n del procedimiento [incidental] efectuado ante este despacho, por parte del Juzgado \u201cZ\u201d de Familia de \u201cH\u201d\u00bb. <\/p>\n
5. El Fiscal (\u2026) Local de \u201cX\u201d, indic\u00f3 que en esa dependencia cursa investigaci\u00f3n por el punible de violencia intrafamiliar, donde el indiciado es el se\u00f1or \u201cF\u201d y la v\u00edctima su menor hija, encontr\u00e1ndose actualmente \u00aben etapa de indagaci\u00f3n y recaudando elementos materiales probatorios\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Concedi\u00f3 parcialmente el resguardo al considerar que la Comisar\u00eda \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, \u00abdentro de los dos incidentes de incumplimiento [donde se sancion\u00f3 a la accionante], a pagar una suma de dinero a t\u00edtulo de multa (\u2026), dispuso \u201cconvertir la sanci\u00f3n de multa (\u2026) en seis (6) d\u00edas de arresto [pese a que] no ten\u00eda, ni tiene, competencia para [dicha conversi\u00f3n], pues, seg\u00fan las previsiones del literal b art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 4799 de 2011, esta decisi\u00f3n est\u00e1 reservada para el Juez (\u2026), y si bien el Juez \u201cY\u201d [de Familia], en prove\u00eddo de 6 de abril de 2022, orden\u00f3 \u201cel arresto\u201d de la actora, lo que le correspond\u00eda era tomar las medidas que fueran del caso para subsanar las irregularidades mencionadas, de manera que se le garantizara a la citada el derecho fundamental [al debido proceso]\u00bb. <\/p>\n
Respecto de la medida de protecci\u00f3n e incidente de desacato adelantado en \u201cH\u201d, afirm\u00f3 que los hechos all\u00ed debatidos \u00abcorresponden a otras circunstancias distintas a las [resueltas ante las autoridades de \u201cX\u201d]\u00bb, por lo que \u00abse descarta la vulneraci\u00f3n del principio non bis in \u00eddem y cualquier irregularidad que deba ser enmendada por este mecanismo\u00bb. Por \u00faltimo, neg\u00f3 la posibilidad de que \u00abla multa la pueda \u201cpagar con amortizaci\u00f3n de dos a\u00f1os de arresto con trabajo social o comunitario (\u2026)\u201d, es improcedente [por desconocer la subsidiariedad], pues no ha incoado dicha solicitud ante la Comisar\u00eda encargada de la vigilancia de la sanci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 al titular del Juzgado \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d, que \u00abtras invalidar su determinaci\u00f3n de 6 de abril de 2022, respecto del primer incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n (\u2026), y todas las que de ella dependan, proceda a adoptar las medidas que sean del caso para garantizar a la actora su derecho fundamental al debido proceso\u00bb, y neg\u00f3 las dem\u00e1s pretensiones de la querella. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el Juez \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d, aduciendo que el tribunal \u00abno indica concretamente ni explica cu\u00e1l es la presunta vulneraci\u00f3n en que incurri\u00f3 este juzgado\u00bb, porque seg\u00fan la normativa aplicable, la Comisar\u00eda de Familia s\u00ed tiene competencia para convertir la sanci\u00f3n de multa en arresto, s\u00f3lo que \u00abcuando a juicio del comisario sea necesario ordenar el arresto le pedir\u00e1 al juez [que] expida la orden correspondiente\u00bb. Por tanto, estim\u00f3 que \u00abno hay irregularidad que deba subsanar esta sede judicial respecto a la providencia emitida el 6 de abril de 2022\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto cumple los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si los Juzgados \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d y \u201cZ\u201d de Familia de \u201cH\u201d, vulneraron las prerrogativas invocadas por la actora, al ratificar la imposici\u00f3n de sanciones por desacato a medidas de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar. <\/p>\n
Esto, porque si bien la censura se dirigi\u00f3 tambi\u00e9n contra las resoluciones dictadas por las Comisar\u00edas de Familia, tanto de \u201cX\u201d como de \u201cH\u201d, la actual revisi\u00f3n se circunscribir\u00e1 a lo decidido por sus superiores funcionales, por corresponder a aquellas que resolvieron el caso tra\u00eddo para su debate constitucional, pues al respecto se ha dicho que \u00abes inane detenerse\u00bb en el examen de la decisi\u00f3n inicial cuando \u00e9sta, \u00abal haber sido apelada [en este caso consultada] y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, citada, entre otras, en STC9672-2022, 27 jul. 2022, rad. 00527-01). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado que la presente acci\u00f3n no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez de la salvaguarda no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, del an\u00e1lisis realizado a los argumentos de la queja constitucional y a la informaci\u00f3n que se extracta de las pertinentes piezas procesales, la Sala revocar\u00e1 la concesi\u00f3n parcial del resguardo y en su lugar lo declarar\u00e1 improcedente, toda vez que la actuaci\u00f3n criticada no satisface los esenciales presupuestos temporal y de subsidiariedad. <\/p>\n
3.1. Precisi\u00f3n preliminar sobre la competencia para conversi\u00f3n de multa e imposici\u00f3n de arresto por desacato de medidas de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica se torna necesario advertir que, contrario a lo observado por el tribunal a-quo, en el tr\u00e1mite y definici\u00f3n del primero y segundo incidentes de desacato contra la all\u00ed querellada \u201cJ\u201d, ni la Comisar\u00eda \u201c00\u201d de Familia ni el Juzgado \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d, incurrieron en desafuero que amerite la intervenci\u00f3n del fallador constitucional, pues para imponer y ratificar las sanciones de multa y arresto, se sujetaron al ordenamiento jur\u00eddico aplicable. <\/p>\n
En efecto, tras la decisi\u00f3n adoptada por dicha Comisar\u00eda el 5 de abril de 2021, imponi\u00e9ndole a la hoy accionante \u00abcesar de inmediato y sin ninguna condici\u00f3n, toda conducta de maltrato verbal o psicol\u00f3gico, amenaza, agravio, insulto hacia \u201cF\u201d, as\u00ed como abstenerse en lo sucesivo de realizar cualquier acto que pueda afectarlo de manera f\u00edsica, verbal o emocional, en cualquier lugar donde se encuentren y menos en presencia o involucrando a su menor hija \u201cA\u201d -en ese entonces- de 5 a\u00f1os de edad\u00bb, se habilit\u00f3 el seguimiento al cumplimiento de esa medida de protecci\u00f3n, estableci\u00e9ndose tras su firmeza, que se suscitaron sendos incumplimientos. <\/p>\n
El primer desacato de la se\u00f1ora \u201cJ\u201d, lo sancion\u00f3 la autoridad administrativa el 29 de junio de 2021, \u00abcon multa de dos (02) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes para el a\u00f1o 2021\u00bb, pagadera \u00abdentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la resoluci\u00f3n\u00bb, advirtiendo que al tenor del art\u00edculo 7 de la Ley 294 de 1996, \u00abel incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n dar\u00e1 lugar a las siguientes sanciones: a) Por primera vez, multa entre dos (2) y diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, convertibles en arresto [el cual] se adoptar\u00e1 de plano mediante auto que s\u00f3lo tendr\u00e1 recurso de reposici\u00f3n, a raz\u00f3n de tres (3) d\u00edas por cada salario m\u00ednimo legal vigente; b) Si el incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n se repitiere en el plazo de dos (2) a\u00f1os, la sanci\u00f3n ser\u00e1 de arresto entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) d\u00edas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n fue objeto de consulta ante el Juzgado \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d, quien la confirm\u00f3 mediante providencia adiada el 26 de julio de 2021, y transcurrido un lapso razonable luego de vencerse el inicialmente se\u00f1alado para su cumplimiento, por cuanto la sancionada no acredit\u00f3 dicho pago, el 31 de enero de 2022, la Comisar\u00eda procedi\u00f3 a convertirla \u00aben seis (6) d\u00edas de arresto\u00bb, solicitando enseguida al juzgado que \u00abexpida la correspondiente orden de arresto, de conformidad con el art. 10 del Decreto Reglamentario No. 652 de 2001, art. 17 de la Ley 294 de 1996, modificada por el art\u00edculo 11 de la Ley 575 de 2000\u00bb, lo que efectivamente dicho estrado procedi\u00f3 a emitir con prove\u00eddo del 6 de abril de 2022. <\/p>\n
En esa misma data, el Juzgado \u201cY\u201d de Familia se pronunci\u00f3 sobre el segundo desacato, denunciado por el se\u00f1or \u201cJ\u201d \u00abel d\u00eda 15 de octubre de 2021\u00bb, cuyo tr\u00e1mite incidental hab\u00eda resuelto la Comisar\u00eda el 31 de enero de 2022, imponi\u00e9ndole a la se\u00f1ora \u201cJ\u201d, \u00absanci\u00f3n consistente en arresto de treinta (30) d\u00edas\u00bb, por lo que teniendo en cuenta la conversi\u00f3n inicial, se libr\u00f3 la correspondiente orden de ejecuci\u00f3n de la medida por el t\u00e9rmino de \u00ab36 d\u00edas\u00bb, <\/p>\n
Precisado lo anterior, de cara a la definici\u00f3n de los tr\u00e1mites incidentales de desacato a las medidas de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar, no observa la Sala que las autoridades accionadas hubieran desbordado sus competencias, porque, sin perjuicio de los fundamentos f\u00e1cticos no rebatidos -como se ver\u00e1 m\u00e1s adelante-, correspond\u00eda a la Comisar\u00eda de Familia, como fallador de primer grado, verificar y sancionar el eventual incumplimiento de dichas medidas conforme lo prev\u00e9n los art\u00edculos 7\u00b0 y 17 de la Ley 294 de 1996, modificados por los preceptos 4\u00b0 y 11 de la Ley 575 de 2000. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que seg\u00fan esta \u00faltima disposici\u00f3n legal: <\/p>\n
\u00abEl funcionario que expidi\u00f3 la orden de protecci\u00f3n mantendr\u00e1 la competencia para la ejecuci\u00f3n y el cumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Las sanciones por incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n se impondr\u00e1n en audiencia que deber\u00e1 celebrarse dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a su solicitud, luego de haberse practicado las pruebas pertinentes y o\u00eddos los descargos de la parte acusada. <\/p>\n
No obstante, cuando a juicio de Comisario sean necesario ordenar el arresto, luego de practicar las pruebas y o\u00eddos los descargos, le pedir\u00e1 al Juez de Familia o Promiscuo de Familia, o en su defecto, al Civil Municipal o al Promiscuo que expida la orden correspondiente, lo que decidir\u00e1 dentro de las 48 horas siguientes. <\/p>\n
La providencia que imponga las sanciones por incumplimiento de la orden de protecci\u00f3n, provisional o definitiva, ser\u00e1 motivada y notificada personalmente en la audiencia o mediante aviso\u00bb. <\/p>\n
Respecto de la norma anterior, el art\u00edculo 12 del Decreto 652 de 2001 indic\u00f3 que \u00ab[d]e conformidad con el art\u00edculo 11 de la Ley 575 de 2000, el tr\u00e1mite de las sanciones por incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n se realizar\u00e1, en lo no escrito con sujeci\u00f3n a las normas procesales contenidas en el Decreto 2591 de 1991, en sus art\u00edculos 52 y siguientes del cap\u00edtulo V de Sanciones\u00bb, esto es, remite a la disposici\u00f3n que en la acci\u00f3n tutela, asigna al juez constitucional de primer grado ejercer el control al fallo, se\u00f1alando que en caso de desacato, \u00abla sanci\u00f3n ser\u00e1 impuesta por el mismo juez, mediante tr\u00e1mite incidental\u00bb. <\/p>\n
Acorde con lo anterior, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 4799 de 2011, \u00abpor el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008\u00bb, consagra: <\/p>\n
\u00abDe conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 7o y 11 de la Ley 294 de 1996, modificados por los art\u00edculos 4o y 6o de la Ley 575 de 2000, en caso de incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n definitivas o provisionales, se adelantar\u00e1n las siguientes acciones: <\/p>\n
a) Las multas se consignar\u00e1n en las tesorer\u00edas distritales o municipales, con destino a un fondo cuenta especial que deber\u00e1 ser creado por cada entidad territorial, de conformidad con las normas jur\u00eddicas, para cubrir costos de los centros o programas de asistencia legal o de salud para las mujeres v\u00edctimas de violencia. <\/p>\n
b) El arresto proceder\u00e1 a solicitud del Comisario de Familia y ser\u00e1 decretado por el Juez de Familia, o en su defecto, por el Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal quien deber\u00e1 ordenarlo en la forma prevista en el art\u00edculo 11 de la Ley 575 de 2000 en concordancia con el art\u00edculo 12 del Decreto 652 de 2001 y disponer su cumplimiento, comunicando a la Polic\u00eda Nacional para que proceda a la aprehensi\u00f3n de quien incumpli\u00f3, y al posterior confinamiento en establecimiento de reclusi\u00f3n, sin que sea posible sustituirlo por arresto domiciliario\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan lo que acaba de verse, la imposici\u00f3n de multa y su conversi\u00f3n en arresto -cuando se trata de primer desacato-, o la sanci\u00f3n directa de arresto \u00abentre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) d\u00edas\u00bb cuando el incumplimiento se repite \u00aben el plazo de dos (2) a\u00f1os\u00bb (art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 294 de 1996), compete decidirlo al funcionario administrativo o judicial que conoci\u00f3 en primera instancia del proceso de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar, s\u00f3lo que para hacer efectivo el arresto, la orden correspondiente debe provenir de un \u00abJuez de Familia o Promiscuo de Familia, o en su defecto [del] Civil Municipal o al Promiscuo\u00bb (art\u00edculos 17 de la Ley 294 de 1996, modificado por el canon 11 de la Ley 575 de 2000). <\/p>\n
En las condiciones descritas, le asiste raz\u00f3n al Juez \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d, porque la conversi\u00f3n de la multa en arresto ordenada por la Comisar\u00eda de Familia frente al primer incidente de desacato, as\u00ed como la sanci\u00f3n de arresto que impuso al desatar el segundo, no estaban reservadas al juez de familia, pues a este le compet\u00eda revisar y avalar tales sanciones en caso de encontrarlas procedentes, como en efecto lo hizo en providencias del 6 de abril de 2022. Por tanto, no se prohijar\u00e1 la concesi\u00f3n parcial del amparo ni la orden impartida al funcionario impugnante. <\/p>\n
3.2. De la inmediatez. <\/p>\n
El referido impedimento de procedibilidad, emerge en relaci\u00f3n con los reproches a lo resuelto dentro de los incidentes de desacato, es decir, frente a las providencias dictadas en sede de consulta que confirmaron las sanciones de multa, en el primer incidente, y de arresto en el segundo, impuestas ambas por la Comisar\u00eda \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d el 29 de junio de 2021 y 31 de enero de 2022. <\/p>\n
Esto, por cuanto las decisiones que en segunda instancia definieron los tr\u00e1mites incidentales en comento, las profiri\u00f3 el Juzgado \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d el 26 de julio de 2021 y 6 de abril de 2022, respectivamente, mientras que la instauraci\u00f3n de la presente acci\u00f3n s\u00f3lo vino a realizarse el 22 de noviembre de 2022, es decir, excediendo el lapso de seis (6) meses que la decantada jurisprudencia ha se\u00f1alado como prudencial y razonable para promover el auxilio de manera tempestiva. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, a tono con lo expuesto por la Corte Constitucional, reiteradamente ha dicho que la procedencia de la acci\u00f3n se condiciona al cumplimiento de todas y cada una de las causales generales de procedibilidad, entre las cuales se halla la inmediatez, esto es, que se intente en un plazo que no puede superar el semestre contado a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales, requisito que se exige con m\u00e1s rigurosidad de cara a una providencia judicial, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada entre otras muchas en STC9673-2022, 27 jul. 2022, rad. 00535-01). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea ha se\u00f1alado que, \u00abprecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses [en tanto que] resulta contrario a la seguridad jur\u00eddica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, proh\u00edja y perpet\u00faa los conflictos y genera incertidumbre\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada entre otras en STC10043-2022, 4 ago. 2022, rad. 01396-01). Se resalta. <\/p>\n
3.3. De la subsidiariedad. <\/p>\n
De cara a la sanci\u00f3n de \u00abarresto de treinta (30) d\u00edas\u00bb que la Comisar\u00eda \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d fij\u00f3 el 28 de junio de 2022, porque, en su criterio, la aqu\u00ed quejosa incurri\u00f3 en un \u00abtercer incumplimiento\u00bb de las medidas de protecci\u00f3n establecidas el 5 de abril de 2021, la desatenci\u00f3n del presupuesto de la subsidiariedad se suscita en la modalidad de prematura, porque, respecto de las sanciones, no se ha acreditado que se hubiera resuelto el correspondiente grado jurisdiccional de consulta, ni la solicitud de \u00abinaplicaci\u00f3n\u00bb y\/o de \u00abconversi\u00f3n\u00bb de las sanciones. <\/p>\n
Lo anterior, porque seg\u00fan el informe rendido por el Juzgado \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d el 25 de noviembre de 2022, tras la devoluci\u00f3n de las diligencias a la Comisar\u00eda \u201c00\u201d de Familia de la misma ciudad \u00aba efectos de remitir el expediente completo\u00bb, este lo recibi\u00f3 \u00abel 4 de octubre de 2022\u00bb, a\u00fan no se hab\u00eda pronunciado de fondo. <\/p>\n
Del mismo modo, porque \u00abel 16 de noviembre de 2022\u00bb, el apoderado judicial de la sancionada solicit\u00f3 enviar el asunto a la Comisar\u00eda (\u2026) de Familia de \u201cH\u201d, en tanto \u00ab\u201cF\u201d ha denunciado por los mismos hechos en las dos comisar\u00edas los presuntos incumplimientos de las medidas de protecci\u00f3n por la se\u00f1ora \u201cJ\u201d, [y que] el Juzgado \u201cZ\u201d de Familia de \u201cH\u201d por incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n ya la sancion\u00f3 con multa y arresto de 30 d\u00edas\u00bb. Adem\u00e1s, la actora pidi\u00f3 corregir \u00ablas irregularidades que se han presentado\u00bb, y \u00abque se reval\u00faen las sanciones aplicadas, al se\u00f1alar que [la hoy accionante] est\u00e1 imposibilitada para cumplir con los d\u00edas de arresto y no cuenta con recursos para pagar multa\u00bb. <\/p>\n
Al respecto se hace necesario recordar que en virtud a la solicitud de medida de protecci\u00f3n n\u00b0 54\/21, incoada esta vez por \u201cJ\u201d, tras auto proferido por la Comisar\u00eda (\u2026) de Familia de \u201cH\u201d el 13 de julio de 2021 conminando tanto a ella como al all\u00ed querellado \u201cF\u201d, para que se abstuvieran de ejercer actos de violencia intrafamiliar, el 30 de agosto de 2022 sancion\u00f3 por desacato a la promotora de la querella, con multa de \u00abtres (3) salarios m\u00ednimos mensuales vigentes\u00bb, y que esa decisi\u00f3n fue confirmada por el Juzgado \u201cZ\u201d de Familia de \u201cH\u201d el 12 de octubre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, por cuanto el Juzgado \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d, avizor\u00f3 que el tercer incidente de incumplimiento al fallo que aval\u00f3 en sede de consulta, pod\u00eda comprender aspectos ya analizados o debatidos en el proceso de medida de protecci\u00f3n adelantado en la Comisar\u00eda (\u2026) de Familia de \u201cH\u201d, y particularmente porque en el \u00faltimo tr\u00e1mite incidental de desacato, la reclamante hab\u00eda recibido sanci\u00f3n y la autoridad judicial hab\u00eda ratificado esa decisi\u00f3n, la Sala estima que los argumentos refutando esa actuaci\u00f3n, a\u00fan no puede ser materia de discusi\u00f3n en sede constitucional. <\/p>\n
Ciertamente, los fundamentos, tanto f\u00e1cticos como jur\u00eddicos, referidos al tercer incidente de desacato seguido en la Comisar\u00eda \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d contra la se\u00f1ora \u201cJ\u201d, as\u00ed como los reparos que la actora realiz\u00f3 para la imposici\u00f3n de las sanciones, est\u00e1n pendientes de decisi\u00f3n por el juez de la causa. Del mismo modo, las pretensiones dirigidas a la \u00abamortizaci\u00f3n\u00bb de la multa y el arresto que le fueron impuestas, al igual que la eventual \u00abinejecuci\u00f3n\u00bb de tales sanciones, comprenden puntos que deber\u00e1n ser resueltos por los jueces de instancia, sin que, al menos por ahora, corresponda al de tutela entrar a pronunciarse. <\/p>\n
En suma, deviene improcedente que el fallador de tutela examine los reparos atinentes al tercer incidente de desacato de las medidas de protecci\u00f3n, cuando sobre este, el juez de conocimiento no ha emitido resoluci\u00f3n de fondo, y menos cuando, por la decisi\u00f3n preliminar antes aludida, para garantizar el debido proceso de las partes pretende aparejar lo que definieron las autoridades administrativa y judicial de \u201cH\u201d el 30 de agosto y 12 de octubre de 2022, y estudiar la posibilidad de que \u00abse reval\u00faen las sanciones aplicadas\u00bb, habida cuenta las circunstancias planteadas por la ac\u00e1 accionante. <\/p>\n
Al respecto, el precedente jurisprudencial ha sostenido: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente ni a\u00fan bajo el pretexto de que la acci\u00f3n de tutela se promueve \u201ccomo fundamento de la inmediatez para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u201d, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 2009-00312-01, citada entre otras en STC12547-2022, 21 sep., rad. 00385-01). <\/p>\n
Entonces, mientras est\u00e9 pendiente de definir el asunto por parte del juez ordinario a quien la ley le asign\u00f3 la funci\u00f3n de dirimir la controversia, y aquel no se encuentre incurso en dilaci\u00f3n injustificada para pronunciarse, no es posible que los aspectos cardinales para tal pedimento sean expuestos para su resoluci\u00f3n en sede excepcional, ya que: <\/p>\n
\u00abno es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-00, citada en STC6484-2022, 25 may., rad. 00365-01, entre otras). <\/p>\n
De igual modo, recu\u00e9rdese que por la naturaleza jur\u00eddica prevista en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, el uso racional de la tutela se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s herramientas que prev\u00e9 el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: REVOCAR los numerales 1\u00b0 y 2\u00b0 de la sentencia impugnada, y CONFIRMAR en lo dem\u00e1s. <\/p>\n
Segundo: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Tercero: COMUNICAR lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y remitir oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC439-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC439-2023 (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70279","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70279","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70279"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70279\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70279"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70279"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70279"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}