STC442-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC442-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-02236-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 3 de noviembre de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Obtimio Blanco Ochoa contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, la Direcci\u00f3n de Justicia Transicional de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n – Seccional Atl\u00e1ntico-. Al tr\u00e1mite se orden\u00f3 vincular a la Personer\u00eda Municipal de Maicao (Guajira), la Secretar\u00eda de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y la Procuradur\u00eda Delegada en esa especialidad de esta \u00faltima ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n, dignidad, m\u00ednimo vital, debido proceso, igualdad, verdad, justicia y reparaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El actor y su familia sufrieron desplazamiento forzado por parte de grupos paramilitares al mando de Salvatore Mancuso, en el 2000, en Remolino (Magdalena) y, en el 2003, en Maicao (Guajira), hechos que puso en conocimiento de la Personer\u00eda Municipal de este municipio, en el 2015. <\/p>\n
2.2. En el primer desplazamiento, perdieron una empresa de pinturas y enseres; en el segundo, dinero en efectivo y cr\u00edas de cerdo. <\/p>\n
2.3. El accionante se\u00f1al\u00f3 que acudi\u00f3 ante distintas autoridades y no se le brind\u00f3 el respectivo acompa\u00f1amiento, tampoco se le reconoci\u00f3 su calidad de v\u00edctima ni el derecho a ser indemnizado. <\/p>\n
3. De conformidad con lo expuesto, solicit\u00f3 que se reconozcan las indemnizaciones a que tiene derecho y se le permita intervenir en las audiencias adelantadas contra quienes causaron su desplazamiento; tambi\u00e9n pidi\u00f3 acompa\u00f1amiento judicial de un defensor p\u00fablico, que represente sus derechos en una audiencia de incidente de reparaci\u00f3n de perjuicios. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Secretar\u00eda de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla refiri\u00f3 que, revisados los directorios de v\u00edctimas que obran en las sentencias proferidas por esta Sala de Justicia y Paz, as\u00ed como los expedientes tramitados actualmente en la Corporaci\u00f3n, no se evidenci\u00f3 caso alguno que relacione al aqu\u00ed accionante como v\u00edctima acreditada del paramilitarismo. Afirm\u00f3 que, efectuada la consulta en la Unidad para las V\u00edctimas, el se\u00f1or Blanco Ochoa tampoco aparece como \u00abreportante ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, sostuvo que, el 28 de octubre de 2022, recibi\u00f3 una petici\u00f3n del accionante que fue respondida \u00abmediante Oficio 7069 en esa fecha\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradora 353 Judicial II Penal de Barranquilla pidi\u00f3 negar la acci\u00f3n de tutela, por no configurarse vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales reclamados. <\/p>\n
3. La Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas manifest\u00f3 que el se\u00f1or Blanco Ochoa est\u00e1 incluido en el Registro \u00danico de V\u00edctimas \u2013RUV-, por desplazamiento forzado; sin embargo, revisado el archivo de gesti\u00f3n documental, \u00abno se evidencia solicitud presentada por la parte accionante con el fin de obtener lo solicitado en el escrito de tutela\u00bb. <\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda 46 Delegada de la Direcci\u00f3n de Justicia Transicional requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, dado que no vulner\u00f3 los derechos reclamados, pues, consultado el Sistema Misional de Informaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n de Justicia Transicional (SIJYP), no se encontr\u00f3 que dicho se\u00f1or apareciera en el registro de hechos atribuibles a grupos armados al margen de la ley como v\u00edctima directa y\/o indirecta y, en esa medida, \u00abno se encuentra registrado como v\u00edctima en la Direcci\u00f3n de Justicia Transicional\u00bb. Agreg\u00f3 que tampoco recibi\u00f3 solicitud alguna del accionante. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la Ley 975 de 2005 establece la ruta jur\u00eddica para garantizar los derechos de las v\u00edctimas en el marco de justicia transicional, en virtud de la cual, una vez se versione a los postulados que pudieron haber participado en el hecho victimizante y estos confiesen sus cr\u00edmenes, se inician procesos de judicializaci\u00f3n a trav\u00e9s de las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales del pa\u00eds, que profieren sentencias en las que se reparan a las v\u00edctimas que acudieron y presentaron sus solicitudes en el incidente de afectaci\u00f3n. Si la v\u00edctima no est\u00e1 reportada, no puede comparecer al proceso transicional, para acceder a reparaci\u00f3n por v\u00eda judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al encontrar, de un lado, que la petici\u00f3n presentada ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla fue respondida por esa Corporaci\u00f3n el 28 de octubre de 2022, mediante oficio 7069; y, de otro, que \u00abel demandante no acredit\u00f3 haber presentado petici\u00f3n alguna\u00bb ante las otras autoridades demandadas. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial y pidi\u00f3 se le reconozca su condici\u00f3n de v\u00edctima de desplazamiento forzado y se acceda a las indemnizaciones correspondientes. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
cho impetrado, por error de hehco y derecho, en el exica saldidad a la fecha de <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, el promotor pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por las autoridades accionadas, por haber omitido dar respuesta a varias solicitudes de informaci\u00f3n sobre el desplazamiento forzado de que fue v\u00edctima y porque la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla no ha reconocido su condici\u00f3n de v\u00edctima del conflicto armado, a fin de que se disponga el pago de la indemnizaci\u00f3n a la que dice tener derecho. <\/p>\n
2. De conformidad con las actuaciones evidenciadas se observa que, el 27 de octubre de 20221, el se\u00f1or Obtimio Blanco Ochoa radic\u00f3 una petici\u00f3n ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, mediante la cual solicit\u00f3 informaci\u00f3n sobre si el delito de desplazamiento forzado \u00abESTA DENTRO DE LA SENTENCIA DEL TRIBBUNAL (sic) PARA JUZTICIA (sic) Y PAZ QUUE (sic) SE ADELANTA CONTRA DEL SE\u00d1OR SALBATORE (sic) MANNCUSO (sic) GOMEZ\u00bb; asimismo, si este \u00faltimo hab\u00eda aceptado su desplazamiento forzado y, en esa medida, requiri\u00f3 \u00abREPARACION JUDICIAL POR LOS DA\u00d1OS MORALES FISICOS SICOLIGICOS\u00bb. <\/p>\n
2.1. El 28 de octubre de 20222, dicha solicitud fue respondida por la citada Corporaci\u00f3n, mediante el oficio 7069, remitido al correo electr\u00f3nico caya897@hotmail.com, en el cual se le indic\u00f3 al se\u00f1or Blanco Ochoa que, al consultar su caso de desplazamiento forzado y destrucci\u00f3n y apropiaci\u00f3n de bienes, en la sentencia ejecutoriada de HERNAN GIRALDO, que fue proferida por ese Tribunal y puesta a su disposici\u00f3n, \u00abse constata que el usuario OBTIMIO BLANCO OCHOA, NO se encuentra incluido en dicha sentencia\u00bb, ni en \u00ablos procesos en tr\u00e1mite, ni en solicitudes ante este Tribunal\u00bb. Agreg\u00f3 que, al elevar una consulta a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, esta inform\u00f3 que dicho se\u00f1or tampoco aparec\u00eda registrado en Justicia Transicional. <\/p>\n
2.2. Frente a la aceptaci\u00f3n de los hechos por parte del se\u00f1or Salvatore Mancuso, le sugiri\u00f3 que presentara su solicitud ante el \u00abFiscal 10 UNJYP\u00bb, dado que es ante dicha autoridad que los postulados versionan o aceptan la comisi\u00f3n de los hechos y, en cuanto al requerimiento de reparaci\u00f3n judicial, le indic\u00f3 las etapas del proceso contenidas en la Ley 975 de 2005, para efectos de su materializaci\u00f3n. <\/p>\n
Tal actuaci\u00f3n evidencia que se atendi\u00f3 lo requerido y, por tanto, no se materializ\u00f3 la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
3. Igualmente, es pertinente destacar que el tutelante no acredit\u00f3 haber radicado alguna otra petici\u00f3n ante las dem\u00e1s entidades accionadas y, en esa medida, no se aprecia la omisi\u00f3n aludida. <\/p>\n
4. En cuanto a la ausencia de reconocimiento como v\u00edctima y el consecuente pago de la indemnizaci\u00f3n, debe precisarse que, de conformidad con lo indicado por la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, si bien \u00abse encuentra acreditado su estado de inclusi\u00f3n por el hecho victimizante de Desplazamiento Forzado, seg\u00fan el radicado 3164797, en el marco de la Ley 1448 de 2011\u00bb, lo cierto es que el se\u00f1or Blanco Ochoa no radic\u00f3 solicitud alguna con miras a iniciar los respectivos tr\u00e1mites, como lo corrobor\u00f3 dicha Unidad, al no evidenciar petici\u00f3n alguna en su sistema de gesti\u00f3n documental; asimismo, enfatiz\u00f3 que tampoco aport\u00f3 sentencia judicial ejecutoriada, con el fin de que la UARIV pudiera efectuar el pago de la indemnizaci\u00f3n administrativa reconocida por v\u00eda judicial, bajo el marco normativo de la Ley 975 de 2005, de manera que el hecho objeto de tutela no est\u00e1 acreditado; en consecuencia, la tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
5. Al respecto, advierte esta Colegiatura que, en lo atinente a las reparaciones o indemnizaciones reclamadas por el actor, en efecto existen procedimientos especiales tanto en la Ley 975 de 2005 como en la Ley 1448 de 2011, aplicables seg\u00fan el caso concreto, orientados a la materializaci\u00f3n de las garant\u00edas a las que alude el tutelante, raz\u00f3n por la cual lo reclamado no puede ser definido por el juez de tutela, pues este mecanismo no ha sido instituido para desplazar los tr\u00e1mites y procesos aplicables, ni para sustituir las competencias asignadas ordinariamente a otras autoridades. <\/p>\n
6. De otra parte, en cuanto a la solicitud de acompa\u00f1amiento judicial de un defensor p\u00fablico, el accionante puede acudir ante la Defensor\u00eda del Pueblo, a fin de que se le suministre la asesor\u00eda pertinente. <\/p>\n
7. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Carpeta de Respuestas, Folio 14 del archivo, Respuesta del Tribunal de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz.pdf. <\/p>\n
2\u0002 Carpeta Respuestas Folios 7,8,9 del archivo Respuesta Tribunal de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz.pdf. <\/p>\n
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