STC443-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC443-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02157-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 18 de octubre de 20221, que neg\u00f3 la tutela de Rafael Antonio Mart\u00ednez Daza frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2015-03008. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, el 30 de septiembre de 2019 el Juzgado Quinto Penal Municipal de Bogot\u00e1 lo conden\u00f3 a la pena de 48 meses de prisi\u00f3n y multa de 34.66 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por el delito de \u00ablesiones personales dolosas\u00bb, sentencia que confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial el 11 de marzo de 2022 (\u00fanicamente modific\u00f3 la multa, al precisar que los salarios m\u00ednimos correspond\u00edan al a\u00f1o 2015). <\/p>\n
Dirigi\u00f3 los cuestionamientos contra los referidos fallos de instancia, esencialmente critic\u00f3 la valoraci\u00f3n probatoria de los hechos. Asimismo, recrimin\u00f3 que, el 16 de diciembre de 2016 se firm\u00f3 un acta de conciliaci\u00f3n con la parte afectada en las instalaciones de la fiscal\u00eda, por lo que, asever\u00f3, se desconoci\u00f3 \u00abla cosa juzgada [\u2026] pues no cab\u00eda un nuevo llamado a conciliaci\u00f3n y mucho menos a un juicio para impugnar lo all\u00ed plasmado\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, \u00abcomo retaliaci\u00f3n\u00bb toda vez que denunci\u00f3 por \u00abprevaricato por acci\u00f3n\u00bb a la fiscal del caso \u2013 Fiscal 47 Local Unidad 3\u00aa \u2013 lo citaron para una nueva conciliaci\u00f3n que no lleg\u00f3 a buen t\u00e9rmino \u00abpor la exagerada suma de dinero que solicitaron [las v\u00edctimas] con lo cual me imputa cargos por lesiones dolosas\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, las autoridades judiciales accionadas en sus respectivos fallos incurrieron en v\u00eda de hecho, pues valoraron indebidamente \u00abla incapacidad m\u00e9dico legal [de la v\u00edctima] no fue revisada a profundidad viendo que all\u00ed se ha tenido un fraude procesal y un favorecimiento ilegal y un actuar deshonesto\u00bb, y aleg\u00f3 que no apreciaron adecuadamente los testimonios, especialmente las versiones ofrecidas por una de las ofendidas. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que \u00abse derogue todo lo actuado, la sentencia condenatoria de 48 meses de prisi\u00f3n y 34.66 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes de multa (\u2026) se sirvan concederme el amparo de tutela en virtud del fraude procesal al que fueron inducidos los se\u00f1ores jueces por parte de la fiscal Anny Casta\u00f1o Delgado y la quejosa Fanny Gonz\u00e1lez Moreno (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Fiscal\u00eda 25 Local Unidad de Investigaci\u00f3n y Judicializaci\u00f3n descorri\u00f3 el traslado de la demanda y luego de detallar la actuaci\u00f3n procesal, adujo que la acci\u00f3n de tutela no es una instancia adicional para reabrir un debate culminado y, por ende, solicit\u00f3 que se niegue el amparo solicitado. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogot\u00e1 con Funci\u00f3n de Conocimiento y la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial relataron el transcurso de la actuaci\u00f3n y defendieron la legalidad de sus decisiones. Esta \u00faltima agreg\u00f3 que la presente solicitud de protecci\u00f3n constitucional incumple el presupuesto de subsidiariedad, en raz\u00f3n a que el peticionario no hizo uso del recurso extraordinario de casaci\u00f3n para controvertir la providencia de segunda instancia censurada. <\/p>\n
Declar\u00f3 la improcedencia de la salvaguarda al verificar que el accionante omiti\u00f3 recurrir la sentencia de segunda instancia que ratific\u00f3 su condena a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y al no agotar dicho medio de defensa, la solicitud de amparo se torna improcedente. Adicionalmente, estim\u00f3 razonable las providencias atacadas en cuanto a la valoraci\u00f3n de los medios de prueba. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el quejoso reiterando en extenso la argumentaci\u00f3n del escrito introductorio. Insisti\u00f3 en que su condena fue \u00abinjusta\u00bb por la errada valoraci\u00f3n de la forma en que ocurrieron los hechos y que, adem\u00e1s, fue promovida a partir de la denuncia que interpuso contra la fiscal del asunto \u00abque en mi concepto es corrupta (sic) (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas denunciadas por el quejoso al condenarlo a la pena de 48 meses de prisi\u00f3n (y multa de 34.66 SMLMV) por el delito de \u00ablesiones personales dolosas\u00bb, incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado presupuesto y su inobservancia ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios y extraordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura la primera modalidad dado que, se pudo verificar que el actor no impugn\u00f3 a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n la sentencia de segundo grado proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal, el 11 de marzo de 2022, mediante la cual confirm\u00f3 la del Juzgado Quinto Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento de esta capital, en lo que es materia de reproche, esto es, la valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Por tanto, al prescindir de esa oportunidad renunci\u00f3 al mecanismo id\u00f3neo con que contaba para alegar ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, las censuras que ahora plantea. <\/p>\n
De manera que, no puede ahora por esta v\u00eda pretender enmendar esa falta de gesti\u00f3n, siendo entonces el propio interesado quien no respald\u00f3 su posici\u00f3n en el instante procesal adecuado, permitiendo que la decisi\u00f3n del ad quem adquiriera firmeza sin agotar el debate que ahora propone ante el tribunal de cierre de la justicia penal. <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014). <\/p>\n
Entonces, la no utilizaci\u00f3n de los medios de control judicial, torna inviable la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todos los mecanismos de defensa antes de ejercer la tutela. <\/p>\n
En definitiva, y por lo decantado hasta aqu\u00ed, se impone ratificar la declaratoria de improcedencia del resguardo por incumplimiento del presupuesto que viene destac\u00e1ndose, lo cual es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas por la superaci\u00f3n del criterio expuesto. <\/p>\n
3. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Finalmente, el actor cuestion\u00f3 con \u00e9nfasis un presunto proceder irregular por parte de la delegada fiscal que tuvo a su cargo la investigaci\u00f3n en su contra, de quien aduce, habr\u00eda incurrido en conductas con trascendencia penal y\/o disciplinaria. <\/p>\n
Al respecto, es menester precisar que, si el gestor del amparo considera que el actuar de quienes adelantaron la instrucci\u00f3n del proceso e incluso de quienes lo juzgaron amerita ser examinado por las autoridades competentes, est\u00e1 a su alcance activar directamente tales gestiones, asumiendo la responsabilidad que se pueda eventualmente derivar, ya que, no es el juez de tutela el llamado a interferir en ello, pues ser\u00eda tanto como asumir facultades y funciones que le son ajenas, inherentes a quien est\u00e1 habilitado legal y constitucionalmente para determinar la viabilidad de dichas denuncias. <\/p>\n
Frente a ese punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026\u00bb (CSJ STC13871-2016, STC14669-2016 y STC13994-2017). <\/p>\n
Consecuencia de lo analizado en precedencia, es la ratificaci\u00f3n del fallo de primer grado en el sentido de desestimar la salvaguarda porque: <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El tutelante actu\u00f3 con incuria al no recurrir por v\u00eda de casaci\u00f3n la providencia que en segunda instancia ratific\u00f3 la condena que le fue impuesta, en todo caso, desperdiciando la posibilidad de plantear las alegaciones que por este sendero constitucional propone ante el \u00f3rgano de cierre de la justicia penal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a esta Sala para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 13 de enero de 2023 \u2013 Ingreso al despacho del ponente, 17 de enero de 2023. <\/p>\n
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