STC450-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC450-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-02083-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 20 de octubre de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga Penal, que neg\u00f3 el amparo peticionado por la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso de radicado 110016000000201700191. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. En contra del se\u00f1or Juli\u00e1n Dar\u00edo Ruiz Montoya (y otros) curs\u00f3 una investigaci\u00f3n penal por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, lavado de activos, peculado y enriquecimiento il\u00edcito de particulares, por hechos ocurridos entre los a\u00f1os 2006 a 2010, cuando se concert\u00f3 con otros sujetos para defraudar el patrimonio p\u00fablico. <\/p>\n
2.2. El 21 de julio de 2017, el Juzgado Segundo Penal Especializado de Medell\u00edn conden\u00f3 al procesado -entre otras- a la pena privativa de la libertad de 153 meses de prisi\u00f3n1. Apelado ese pronunciamiento por el defensor del condenado, la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, en decisi\u00f3n le\u00edda el 15 de marzo de 2018, lo modific\u00f3, en el entendido de reducir, a 100 meses, la sanci\u00f3n impuesta2. <\/p>\n
2.3. El 17 de mayo siguiente, la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- formul\u00f3 un incidente de reparaci\u00f3n integral 3. <\/p>\n
2.4. El 25 de abril de 20224, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn declar\u00f3 caducada la oportunidad para la DIAN de reclamar la reparaci\u00f3n integral de perjuicios, por extempor\u00e1nea, pues el t\u00e9rmino feneci\u00f3 el 2 de mayo del 2018, cuando se cumplieron los 30 d\u00edas posteriores a la fecha en que se suscribi\u00f3 la providencia de segunda instancia -12 de marzo de 2018-. <\/p>\n
2.5. Recurrido en alzada el anterior prove\u00eddo por el apoderado de la DIAN, la Sala Penal del Tribunal querellado la ratific\u00f3 (auto de 22 de julio de 2022)5. <\/p>\n
3. La entidad gestora cuestiona las decisiones contenidas en las providencias proferidas el 25 de abril y 22 de julio de 2022, pues considera que el incidente s\u00ed fue radicado tempestivamente, por cuanto para el conteo de los 30 d\u00edas para proponerlo que establece el art\u00edculo 106 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal (L. 906 de 2004) deb\u00eda tomarse el 5 de abril de 2018, d\u00eda siguiente a cuando, seg\u00fan la constancia secretarial de 6 de abril de ese a\u00f1o, venci\u00f3 el plazo para que las partes recurrieran en casaci\u00f3n la sentencia de segundo grado. <\/p>\n
4. Con sustento en lo narrado pide, en concreto, que se dejen sin efectos las determinaciones criticadas y, en su lugar, se le permita participar, en \u00absu condici\u00f3n de v\u00edctima\u00bb, en el incidente de reparaci\u00f3n integral propuesto. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Colegiatura accionada defendi\u00f3 la legalidad de su gesti\u00f3n. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 121 Judicial II Penal de Medell\u00edn coadyuv\u00f3 lo suplicado por la promotora, en tanto la constancia secretarial inserta en el aplicativo de consulta de procesos era err\u00f3nea, yerro que no pod\u00eda atribu\u00edrsele a la DIAN, quien actu\u00f3 conforme a la informaci\u00f3n all\u00ed consignada para contabilizar los plazos que ten\u00eda para interponer el incidente de reparaci\u00f3n integral. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 el auxilio peticionado, tras no encontrar que el prove\u00eddo emitido por el Tribunal accionado fuese manifiestamente arbitrario o contrario a derecho. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la entidad censora, insistiendo en lo narrado en el escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende que se dejen sin efectos los autos proferidos el 25 de abril y 22 de julio de 2022 por el Juzgado Segundo Penal Especializado y la Sala Penal del Tribunal Superior, ambos de Medell\u00edn, que declararon caducada la oportunidad para que aquella promoviese el incidente de reparaci\u00f3n integral, a fin de reclamar la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios que le fueron inferidos con ocasi\u00f3n de los delitos desplegados por el condenado. <\/p>\n
2. La Sala centrar\u00e1 su examen en la determinaci\u00f3n de 22 de julio de los cursantes, pues fue a trav\u00e9s de ella que se defini\u00f3 lo concerniente a la posibilidad de que la DIAN promoviese el citado mecanismo resarcitorio. <\/p>\n
2.1. Pues bien, en el citado pronunciamiento, el Tribunal accionado cifr\u00f3 el problema jur\u00eddico a absolver indicando que <\/p>\n
Por un lado, el juez de primera instancia consider\u00f3 que la sentencia penal de segunda instancia queda en firme en el momento mismo en que se suscribe la providencia por parte del juez colegiado ad quem, con fundamento en el art\u00edculo 187 de la Ley 600 de 2000. Al tanto que el apoderado judicial de la DIAN estima que la ejecutoria acaece, en eventos como este, una vez fenece el plazo para interponer la casaci\u00f3n, el cual hace coincidir con la fecha en que se expidi\u00f3 la constancia secretarial (\u2026). <\/p>\n
Cuesti\u00f3n \u00e9sta que zanj\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
En respuesta a los anteriores razonamientos, esta Sala advierte que adem\u00e1s de que el a quo no explica los motivos para aplicar la Ley 600 de 2000 a un asunto tramitado bajo la \u00e9gida de la Ley 906 de 2004, no es aquella norma la llamada a determinar la ejecutoria de la sentencia condenatoria de segunda instancia, primero porque la Corte Constitucional en sentencia C-641 de 2002 tuvo ocasi\u00f3n de establecer que no basta la simple suscripci\u00f3n de la providencia por parte del correspondiente juez, como lo entiende el a quo, sino que es necesaria la notificaci\u00f3n de la sentencia para que produzca efectos jur\u00eddicos. Segundo, el mismo texto legal dice que aplica a la providencia que atiende la apelaci\u00f3n contra autos interlocutorios, adem\u00e1s enlista otras providencias definitivas contras las que no proceden ning\u00fan otro recurso, quedando por fuera pues la sentencia penal. Tercero, el art\u00edculo 187 se trata de una norma propia de un sistema escritural, muy diferente a la oralidad implementada en la Ley 906 de 2004. Cuarto, a la ejecutoria de la sentencia de segundo grado aplica especialmente el art\u00edculo 183 del C. P. P. en que se fija la oportunidad para interponer el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Abord\u00f3 luego los planteamientos del mandatario de la tutelante, para decir que eran acertados en cuanto a que la sentencia penal quedaba ejecutoriada cuando venc\u00edan los t\u00e9rminos para impugnarla a trav\u00e9s de los recursos ordinarios o extraordinarios y precis\u00f3, conforme a ello, que tales plazos, en el caso, habr\u00edan de contabilizarse una vez agotados los 5 d\u00edas para interponer el de casaci\u00f3n, \u00aben tanto que ese mecanismo impugnatorio no se ejerci\u00f3 y no procede ning\u00fan otro recurso\u00bb. <\/p>\n
2.3. Seguidamente precis\u00f3, apoyado en algunos precedentes de la Sala de Casaci\u00f3n Penal (autos AP122-2017 y otro de 27 de julio de 2009), que la constancia secretarial aludida por la impugnante no solo no ten\u00eda la virtualidad de establecer o modificar los t\u00e9rminos legales para interponer recursos, sino que conten\u00eda errores graves y evidentes que descartaban la confianza leg\u00edtima reclamada, as\u00ed: <\/p>\n
\u2026 el apelante yerra cuando sostiene que la fecha de la anotaci\u00f3n secretarial en el sistema de gesti\u00f3n judicial siglo XXI (consultable por la p\u00e1gina web de la rama judicial) es el hito de ejecutoria de la decisi\u00f3n, ya que los t\u00e9rminos para impugnar son los establecidos en la Ley y no los que, a modo informativo, se digan en constancias secretariales, en tanto que estos carecen de fuerza vinculante\u2026 <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, la constancia secretarial en comento presenta errores tan notorios que descartan cualquier posibilidad de crear una expectativa legitima para cualquiera de las partes. Dice ese documento: <\/p>\n
\u201cCONSTANCIA SECRETARIAL: En la fecha [6 de abril de 2018], de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 98 de la Ley 1395 de 2010 que modifica el art\u00edculo 183 de la Ley 906 de 2004, empieza a correr el traslado com\u00fan de cinco (05) d\u00edas h\u00e1biles para interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Dicho t\u00e9rmino est\u00e1 comprendido, entonces, entre el veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil dieciocho (2018) y el cuatro (4) de abril de dos mil dieciocho (2018), ambas fechas inclusive. <\/p>\n
Rep\u00e1rese que la constancia se contradice a s\u00ed misma cuando se\u00f1ala que a partir del 6 de abril de 2018 comienza a correr el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas para interponer casaci\u00f3n, pero que previamente ya venci\u00f3 el 4 de abril (?). Esa manifestaci\u00f3n adem\u00e1s de ser confusa e incoherente, est\u00e1 en franca contrav\u00eda del ordenamiento jur\u00eddico, especialmente del art\u00edculo 183 C.P.P. que dispone que el recurso de casaci\u00f3n se interpondr\u00e1 ante el Tribunal dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la \u00faltima notificaci\u00f3n, en concordancia con el art\u00edculo 169 ibidem\u2026 <\/p>\n
La Sala no desconoce que en algunos eventos las partes pueden confiar leg\u00edtimamente en la informaci\u00f3n imprecisa proporcionada por funcionarios y\/o empleados judiciales, sin embargo, en el presente asunto es tan garrafal y evidente el error, que no tiene cabida la aplicaci\u00f3n de la figura de la confianza leg\u00edtima, mucho menos trat\u00e1ndose de la Dian, que acude al tr\u00e1mite judicial mediante abogados calificados. <\/p>\n
2.4. Hechas las precisiones que preceden, refiri\u00e9ndose a c\u00f3mo, en el caso, deb\u00eda contabilizarse el plazo, precis\u00f3: <\/p>\n
En el sub judice la audiencia de lectura del fallo de segunda instancia se realiz\u00f3 el jueves 15 de marzo de 2018, quedando all\u00ed notificadas todas las partes e intervienes en estrados, ya que ni antes ni despu\u00e9s de la diligencia justificaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito para no asistir. As\u00ed las cosas, el plazo de 5 d\u00edas h\u00e1biles para interponer casaci\u00f3n transcurrieron los d\u00edas viernes 16, martes 20 (el lunes 19 de marzo fue d\u00eda feriado), mi\u00e9rcoles 21, jueves 22 y el viernes 23 de marzo de 2018, al paso que el plazo de 30 d\u00edas h\u00e1biles para instar e Incidente de Reparaci\u00f3n Integral inici\u00f3 el 2 de abril de 2018 (del 25 de marzo a primero de abril fue semana santa) y precluy\u00f3 el 15 de mayo\u2026 <\/p>\n
De manera que, aunque el juez de primer grado err\u00f3 en determinar el momento en que qued\u00f3 ejecutoriada el fallo de esta Sala de Decisi\u00f3n, finalmente las pretensiones civiles de la DIAN s\u00ed fueron elevadas de manera extempor\u00e1nea, motivo por el cual se confirmar\u00e1 el Auto de primera instancia, pero con la aclaraci\u00f3n de que el termin\u00f3 del art\u00edculo 106 C.P.P se cumpli\u00f3 el 15 de mayo de 2018. <\/p>\n
3. Para la Sala, la resoluci\u00f3n atacada no resulta arbitraria o alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite y de la normatividad llamada a gobernar el asunto, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, la Colegiatura ad quem accionada consider\u00f3 que el incidente de reparaci\u00f3n integral interpuesto por la tutelante se radic\u00f3 por fuera del plazo -de 30 d\u00edas- previsto en el art\u00edculo 106 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), sin que pudiere admitirse la justificaci\u00f3n ofrecida por el apoderado de la entidad recurrente, misma que, dicho sea de paso, se plantea en sede de tutela, cifrada en la idea de que fue inducida a error fruto de lo plasmado en el documento de 6 de abril de 2018, en tanto los t\u00e9rminos para promover el citado mecanismo eran los establecidos en la ley y no aquellos que, a modo meramente informativo, se indicaren en las constancias secretariales, am\u00e9n de que los datos contenidos en dicha constancia eran manifiestamente equivocados, adem\u00e1s de contrariar lo dispuesto en los art\u00edculos 169 y 183 del estatuto adjetivo en lo criminal y, por tanto, de esta no pod\u00eda predicarse la buena fe y confianza leg\u00edtima reclamadas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, independientemente de que la postura sea o no compartida, lo cierto es que a ella arrib\u00f3 el Tribunal recriminado luego de realizar un estudio de las actuaciones surtidas y de analizar, en forma motivada y razonada, la normatividad que regula el asunto y la prueba aludida por la entidad recurrente para excusar su tardanza en la interposici\u00f3n del incidente de reparaci\u00f3n integral, raz\u00f3n por la cual, aunque la tutelante no acepte ese criterio, no por esa causa puede el juez de tutela \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb6. En ese sentido, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, la Sala resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb7 y, en consecuencia, la tutela propuesta carece de todo viso de prosperidad. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo atacado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Fls. 99-101, archivo digital 01CarpetaPrincipal Completa.pdf. <\/p>\n
2\u0002 Fls. 20-44, archivo digital 02CarpetaPrincipal2.pdf. <\/p>\n
3\u0002 Fl. 133, archivo digital 02CarpetaReparacionIntegral.pdf. <\/p>\n
4\u0002 Archivo digital 42AutonulidaD.pdf. <\/p>\n
5\u0002 48Decisi\u00f3nTribunal.pdf. <\/p>\n
6\u0002 Sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01. <\/p>\n
7\u0002 Postura reiterada, entre otras, en las sentencias CJS STC9955-2022, CSJ STC7600-2022, CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
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STC450-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC450-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-02083-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70289","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70289","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70289"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70289\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70289"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70289"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70289"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}