STC451-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC451-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02325-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 29 de noviembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Rullber Alfonso Bautista Bola\u00f1os, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cincuenta y Dos Penal del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2022-00014. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, doble instancia y libertad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis expuso que, mediante sentencia de 9 de mayo de 2022, el Juzgado Cincuenta y Dos Penal del Circuito de Bogot\u00e1, lo conden\u00f3 (junto a otro coprocesado) a la pena de 116 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abhurto calificado y concierto para delinquir\u00bb, producto de allanamiento a cargos. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, el 31 de mayo de 2022 interpuso los recursos de apelaci\u00f3n y \u00abreposici\u00f3n\u00bb, pero el despacho accionado, con auto del 24 de junio de esa anualidad los rechaz\u00f3 por extempor\u00e1neos, debido a que la providencia impugnada cobr\u00f3 ejecutoria formal y material el mismo 9 de mayo en raz\u00f3n a que fue notificada en estrados. <\/p>\n
Destaco que, por lo anterior, formul\u00f3 recurso de queja, el que tampoco prosper\u00f3, pues la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en prove\u00eddo del 10 de agosto de 2022 la resolvi\u00f3 desfavorablemente. <\/p>\n
Cuestiona esencialmente la decisi\u00f3n que rechaz\u00f3 el recurso vertical, proferido por el juzgado de conocimiento y, la que desestim\u00f3 el de queja, emitido por el Tribunal Superior de esta capital, por cuanto con ellos, se le transgredi\u00f3 el debido proceso, que involucra garant\u00edas como las de \u00abdefensa, contradicci\u00f3n y controversia probatoria, impugnaci\u00f3n y publicidad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, el abogado que actu\u00f3 como su defensor, los asesor\u00f3 de forma inadecuada, \u00abpues el togado nos comprometi\u00f3 con la aceptaci\u00f3n de los cargos formulados [\u2026] debido al [\u2026] desconocimiento de la normatividad legal. Nos allan\u00f3 a los cargos en primera instancia sin recibir o acceder a ning\u00fan beneficio contemplado en el [ordenamiento] penal [\u2026] nunca se formul\u00f3 un preacuerdo, ni tampoco se practic\u00f3 el incidente de reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas [\u2026] pues tenemos la noble intenci\u00f3n de llegar a una negociaci\u00f3n o una conciliaci\u00f3n con los representantes de las v\u00edctimas para as\u00ed proceder a la rebaja de pena consagrada en el art\u00edculo 269 del C\u00f3digo Penal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 que sea negada la solicitud de amparo constitucional, al no cumplirse con las exigencias espec\u00edficas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
2. La Procuradora 98 Judicial II Penal de Bogot\u00e1, resalt\u00f3 que, \u00ab(\u2026) las actuaciones realizadas por las autoridades judiciales dentro de dicho proceso, se encuentran ajustadas a derecho y, sobre las mismas, se brindaron todas las garant\u00edas procesales al accionante y dem\u00e1s partes e intervinientes\u00bb. <\/p>\n
3. La apoderada de Philip Morris Colombia S.A.S., v\u00edctima en el proceso penal 2022-00014, asever\u00f3 que, \u00ab(\u2026) si se revisa el tr\u00e1mite dado al proceso penal que se adelant\u00f3 en contra del se\u00f1or Bola\u00f1os, se puede constatar que el Juzgado 52 Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento respet\u00f3 todas las garant\u00edas constitucionales del accionante, especialmente el derecho a tener un debido proceso\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda al advertir razonable el auto de 10 de agosto de 2022 que deneg\u00f3 el recurso de queja, principalmente tras considerar acertadas las consideraciones del tribunal accionado, especialmente porque los recurrentes \u00abno cumplieron con la carga argumentativa [\u2026] dirigida a atacar la determinaci\u00f3n que neg\u00f3 el acceso al superior y, por el contrario, dedicaron su argumentaci\u00f3n a atacar la sentencia cuya impugnaci\u00f3n se persigue\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el quejoso, a trav\u00e9s de apoderada, reiterando los argumentos principales del escrito inicial, insistiendo en que careci\u00f3 de defensa t\u00e9cnica, ya que el abogado que lo represent\u00f3, obvi\u00f3 \u00aben el momento oportuno la interposici\u00f3n de recursos\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que, toda vez que para el momento de los hechos su prohijado se hallaba \u00abrealizando estudios de educaci\u00f3n superior en cine y televisi\u00f3n [\u2026] raz\u00f3n por la cual en la notificaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Juzgado [\u2026] se encontraba en desconocimiento absoluto de las implicaciones de la no interposici\u00f3n de recursos en estrados, as\u00ed como de la aceptaci\u00f3n de cargos que antecedi\u00f3 a la sentencia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas fundamentales denunciadas por el actor al: (i) rechazar, por extempor\u00e1neo, el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la sentencia condenatoria (Juzgado Cincuenta y Dos Penal del Circuito de Bogot\u00e1); y (ii) denegar el recurso de queja planteado (Sala Penal, Tribunal Superior de Bogot\u00e1). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n a lo anterior se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Recu\u00e9rdese que cuando el fallador profiere una trascendente decisi\u00f3n en el proceso, obedeciendo al capricho o a la arbitrariedad, tiende a causar agravio a alguno de los intervinientes e incluso a la propia administraci\u00f3n de justicia, y en esas condiciones la v\u00eda constitucional deviene id\u00f3nea para desecharlo y conjurar o prevenir el perjuicio. <\/p>\n
3. Caso concreto. Las decisiones cuestionadas. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan las determinaciones recriminadas por el tutelante, no se advierte procedente el amparo, puesto que las mismas no son resultado de un subjetivo criterio que conlleve notoria desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, el Juzgado Cincuenta y Dos Penal del Circuito de esta capital, fue puntual en precisar que el rechazo del medio vertical formulado por los procesados el d\u00eda 31 de mayo de 2022, se explicaba en virtud de su evidente extemporaneidad, teniendo en cuenta que la sentencia condenatoria que pretend\u00edan impugnar fue le\u00edda en audiencia del 9 de mayo de 2022, y por lo tanto, notificada en ese mismo acto p\u00fablico, es decir, en estrados, sin que ninguno de los comparecientes interpusiera recurso alguno contra aqu\u00e9lla, esto es, cobrando ejecutoria formal y material de manera inmediata. <\/p>\n
3.2. Igualmente se advierte sensata la postura del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal al estimar bien denegada la apelaci\u00f3n contra el fallo de primera instancia. Sobre el asunto precis\u00f3 que: \u00ab(\u2026) El art\u00edculo 179B de la Ley 906 de 2004 prev\u00e9 que el recurso de queja procede exclusivamente contra el auto que niega el recurso de apelaci\u00f3n. En este asunto, el Juzgado rechaz\u00f3 de plano ese recurso por extempor\u00e1neo dado que la sentencia de primera instancia fue notificada en estrados y contra ella ninguna de las partes interpuso la alzada\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que se impon\u00eda una carga argumental diferente a la propuesta por los recurrentes, para efectos de la queja, que deb\u00eda dirigirse a cuestionar la determinaci\u00f3n que neg\u00f3 el acceso a la segunda instancia m\u00e1s no la sentencia cuya impugnaci\u00f3n se persegu\u00eda. En tal sentido, indic\u00f3 que los impugnantes centraron sus alegaciones contra el veredicto condenatorio, recriminando especialmente la sanci\u00f3n punitiva impuesta (116 meses de prisi\u00f3n) y aclar\u00f3 que, \u00ab(\u2026) Al respecto, debe precisarse que la supuesta inadecuada asesor\u00eda del abogado que los represent\u00f3, el no pago de perjuicios a las v\u00edctimas para obtener una rebaja de pena, la b\u00fasqueda de un acuerdo m\u00e1s favorable a sus intereses o que la sanci\u00f3n impuesta es alta, son argumentos que desbordan la naturaleza del recurso de queja, pues como se ha dicho, ello se restringe a determinar si la apelaci\u00f3n fue bien denegada o no\u00bb. <\/p>\n
Luego, destac\u00f3 que, no era cierto que se hab\u00eda interpuesto el recurso en t\u00e9rmino, pues, \u00ab(\u2026) basta con revisar el audio de la lectura de la sentencia para constatar que, una vez aquellos fueron interrogados sobre su inter\u00e9s en interponer recursos, no lo hicieron\u00bb, y complemento que, en todo caso, \u00ab(\u2026) si se tuviera en cuenta el particular punto de vista de aquellos, la determinaci\u00f3n no hubiera sido otra que la adoptada por A quo, pues emerge di\u00e1fano que se incumplieron los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 179 de la Ley 906 de 2004: la notificaci\u00f3n de la sentencia se llev\u00f3 a cabo el 9 de mayo de 2022 y el memorial de sustentaci\u00f3n data del 26 de mayo y tiene sello de recibido del Centro de Servicios Judiciales de 31 de mayo; es decir, se super\u00f3 el lapso de 5 d\u00edas h\u00e1biles previsto en la normatividad aludida, si es que de la aplicaci\u00f3n de esa norma se trata\u00bb. <\/p>\n
Visto lo anterior, las decisiones rese\u00f1adas, como se anticip\u00f3, no se evidencian caprichosas o desfasadas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que los reclamos de los peticionarios no hallan recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se advierte es una diferencia de criterio acerca de la forma en que las autoridades accionadas apreciaron la discusi\u00f3n planteada y determinaron, por un lado, que el recurso ordinario formulado fue presentado por fuera de los t\u00e9rminos procesales; y de otro, que los argumentos expuestos por los recurrentes de cara a refutar el rechazo del mismo, no resultaron admisibles frente a ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
De forma que, lo establecido en dichos proferimientos no puede ser desaprobado de plano, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta contrario a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado [el] defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
As\u00ed mismo, ha recalcado la Corte que \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n
Con todo, no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n arbitraria atribuibles a los funcionarios demandados, pues los motivos que con suficiencia expusieron en la instancia en que les correspondi\u00f3 pronunciarse, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable del contexto analizado, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del demandante. <\/p>\n
4. De la falta de defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
Finalmente, tampoco se vislumbra una vulneraci\u00f3n del derecho de defensa, conforme sus cr\u00edticas sobre la supuesta \u00abinadecuada\u00bb labor ejercida por el profesional del derecho que lo asisti\u00f3 en el proceso, toda vez que, no puede acusarse tal circunstancia a partir de hechos aislados como el no agotar un determinado recurso sin apuntar ning\u00fan grado de trascendencia de la situaci\u00f3n a partir de un an\u00e1lisis integral de la gesti\u00f3n. Sobre la defensa en el proceso penal, la Sala Hom\u00f3loga Especializada, ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no siempre la inactividad del defensor puede conducir inevitablemente a la vulneraci\u00f3n del derecho a la defensa que asiste a todo sindicado dentro del proceso penal, pues es en cada caso concreto donde se impone determinar la situaci\u00f3n real de la defensa, a fin de establecer de acuerdo a las circunstancias particulares si hubo actuaciones que a pesar de advertirse como indispensables para demostrar la inocencia o atenuar la responsabilidad del acusado, dejaron de llevarse a cabo, y si dicha ausencia puede atribuirse a la negligencia o descuido del abogado; pues no se trata de proponer nulidades sobre el escueto supuesto de que hubo inactividad del defensor, como que no se trata que por medio de este recurso, y en ello tambi\u00e9n ha insistido la Corte, puedan luego postularse mejores estrategias defensivas que las asumidas por quien tuvo a cargo durante el tr\u00e1mite judicial la representaci\u00f3n de los intereses del procesado, habida cuenta que el ejercicio de profesiones liberales como lo es la del derecho, parte de la base del respeto del conocimiento que cada persona tenga de las materias de las que se ocupa, sin que sea posible determinar en forma acertada o por lo menos irrebatible frente a cada asunto cu\u00e1l hubiera sido la m\u00e1s afortunada estrategia defensiva, pues cada individuo especializado en estos temas, tiene de acuerdo a su formaci\u00f3n acad\u00e9mica, experiencia y personalidad misma, su propia forma de enfrentar sus deberes como tal\u00bb (STP3618-2017, 14 mar. 2017, rad. 90811). <\/p>\n
Por lo tanto, para resaltar una falta de defensa t\u00e9cnica es menester comprobar las fallas en su ejercicio que no puedan tenerse como parte de la estrategia y que, en todo caso, tengan un efecto decisivo en las resultas del juicio, de manera que pueda calificarse de contener defecto sustantivo, f\u00e1ctico, org\u00e1nico o procedimental y, en consecuencia, resulte vulneradora de las garant\u00edas del enjuiciado, lo que en el presente caso no se evidenci\u00f3. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la negativa del auxilio porque las decisiones atacadas no constituyen desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y, adem\u00e1s, lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de las autoridades accionadas, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
5.2. No demostr\u00f3 el actor las razones por las cuales estim\u00f3 vulnerado su derecho a la defensa t\u00e9cnica, de manera que se observe incuestionable la afectaci\u00f3n de dicha prerrogativa a partir de la actuaci\u00f3n desplegada por su abogado defensor en el juicio penal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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