STC452-2023<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC452-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01593-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide las impugnaciones interpuestas frente a la sentencia proferida el 19 de agosto de 2021 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que concedi\u00f3 el amparo reclamado por Nicol\u00e1s Santiago y \u00d3scar Leonardo Franco Silvestre contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, el Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito, el Coordinador del Centro de Servicios Judiciales para el Sistema Penal Acusatorio, el Juzgado Doce Penal Municipal con funci\u00f3n de control de garant\u00edas, el Juzgado S\u00e9ptimo Penal Municipal con funciones de control de garant\u00edas, todos de la misma ciudad, el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Regional Nororiente y el Comandante de la Polic\u00eda Nacional – S.I.J.I.N. \u2013 tambi\u00e9n de igual urbe. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los gestores, a trav\u00e9s de apoderado judicial, procuran la salvaguarda de sus derechos al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa, dignidad humana, salud y vida, presuntamente transgredidos por los accionados. <\/p>\n
2. De conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El 15 de diciembre del 2020, los actores fueron capturados en virtud de orden judicial por los presuntos delitos de concierto para delinquir, hurto por medios inform\u00e1ticos y falsedad en documento p\u00fablico. Captura que fue legalizada al d\u00eda siguiente por el Juez Cuarto Penal Municipal de Bucaramanga con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas dentro del CUI 680016008828201904673. Adem\u00e1s, se formul\u00f3 imputaci\u00f3n por las antedichas conductas punibles y se impuso medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario; la cual se viene ejecutando en la Estaci\u00f3n Norte de Bucaramanga. <\/p>\n
2.2. El 13 de abril del 2021, la Fiscal\u00eda 13 de la Unidad de Hurto y Estafa de Floridablanca present\u00f3 escrito de acusaci\u00f3n ante el Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito de Bucaramanga. Dicha autoridad judicial fij\u00f3 para el 31 de mayo del 2021, como fecha para el agotamiento de la audiencia de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. El d\u00eda de la diligencia, el Fiscal 44 Seccional de Bucaramanga solicit\u00f3 la nulidad \u00abde la investigaci\u00f3n al momento de la imputaci\u00f3n\u00bb. Sin embargo, tal pedimento fue denegado por el aludido juez d\u00e9cimo. <\/p>\n
2.4. A juicio de los actores, la argumentaci\u00f3n esbozada por la autoridad judicial para despachar negativamente la aludida petici\u00f3n adolece de defecto sustantivo, toda vez que \u00abdesconoci\u00f3 el art\u00edculo 250 constitucional y aplic\u00f3 indebidamente la sentencia 51007 de 2019 de la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Penal\u00bb. Por ende, tanto la Fiscal\u00eda y algunos defensores interpusieron recursos de apelaci\u00f3n. Criticaron que, a la fecha, la alzada no ha sido resuelta por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. <\/p>\n
2.5. Por otro lado, relatan los accionantes que, a trav\u00e9s de apoderado, solicitaron audiencia de revocatoria y\/o sustituci\u00f3n de medida de aseguramiento. Pedimento que el Juzgado Doce Penal Municipal de Bucaramanga con funciones de Control de Garant\u00edas neg\u00f3 tramitar ante la ausencia de la Fiscal\u00eda general de la Naci\u00f3n. Lo propio ocurri\u00f3 frente a la solicitud presentada ante el Juzgado S\u00e9ptimo Penal Municipal de Bucaramanga con funciones de Control de Garant\u00edas, que el 06 de julio del 2021, neg\u00f3 estudiar la petici\u00f3n, a\u00fan cuando \u00abel Sr Fiscal 44 Seccional, Dr. Mario L\u00f3pez Pico (\u2026) le hizo saber al Juzgado en dos oportunidades ese fat\u00eddico d\u00eda, que se encontraba en otra audiencia, que no era de su inter\u00e9s comparecer y que la audiencia se pod\u00eda llevar adelante sin su asistencia\u00bb. <\/p>\n
2.6. Por tercera vez, la defensa inst\u00f3 a que se adelantara audiencia de revocatoria o sustituci\u00f3n de medida de aseguramiento, repartida al Juez Doce Penal Municipal de Bucaramanga. Sin embargo, nuevamente el Despacho se neg\u00f3 a tramitarla el 19 de julio del 2021, \u00abpretextando que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de su delegada la Fiscal\u00eda 44 Seccional de Bucaramanga, a cargo del Dr. Mario L\u00f3pez Pico, NO se hizo presente\u00bb. <\/p>\n
2.7. Consideran los gestores que tal comportamiento del Coordinador del Centro de Servicios Judiciales para el Sistema Penal Acusatorio de Bucaramanga y los jueces Doce y S\u00e9ptimo Penal Municipal con funciones de Control de Garant\u00edas de la misma ciudad resulta vulneradora de sus derechos fundamentales. Ello puesto que la audiencia solicitada debe ser evacuada en el t\u00e9rmino perentorio de 3 d\u00edas, de conformidad con lo indicado en el inciso segundo del art\u00edculo 160 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
2.8. Indicaron que Nicol\u00e1s Santiago Franco Silvestre ha sufrido dos preinfartos (a mediados del 2019 y en enero del 2020). Reprocharon que, la EPS Sanitas ha programado en cinco oportunidades distintas las citas para efectuar los ex\u00e1menes cl\u00ednicos especializados. Ni el INPEC ni la Polic\u00eda Nacional lo han trasladado. Ello a pesar de contar con la correspondiente autorizaci\u00f3n. <\/p>\n
2.9. A su turno, Oscar Leonardo Franco Silvestre padece de hipertensi\u00f3n \u00abesencial primaria confirmado y repetido, hiperlipidemia confirmado repetido, obesidad debida al exceso de calor\u00edas confirmado repetido diagnosticada hace tres (3) a\u00f1os\u00bb, otalgia y s\u00edndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sue\u00f1o. Patolog\u00edas que no est\u00e1n siendo tratadas adecuadamente \u00abtoda vez que el d\u00eda 3 de febrero de 2021, a pesar de que no fue trasladado a su cita m\u00e9dica o conectado virtualmente a esta, sus galenos consideraron continuar igual tratamiento, recomendaron una alimentaci\u00f3n rica en frutas y verduras con disminuci\u00f3n de grasas totales y az\u00facares, reducir el consumo de sal, mantener el peso ideal, cambios en su alimentaci\u00f3n y realizar actividad f\u00edsica al menos 150 minutos, tres veces por semana para reducir de peso, no consumir alcohol ni fumar, evitar exponerse al humo de cigarrillo\u00bb. Pese a ello, y a\u00fan cuando tales recomendaciones fueron puestas de presente al personal de la Polic\u00eda, la alimentaci\u00f3n que se le suministra es a base de carbohidratos, grasas saturadas; todo el d\u00eda permanece en su celda sin posibilidad de hacer ejercicio y est\u00e1 continuamente expuesto al humo del cigarrillo de los dem\u00e1s detenidos. <\/p>\n
3. Por tal raz\u00f3n, pidi\u00f3 que: i) se ordene al Tribunal Superior de Bucaramanga que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n presentado contra la providencia del 31 de mayo del 2021, proferida por el Juez D\u00e9cimo Penal del Circuito de Bucaramanga; ii) se inste al Coordinador del Centro de Servicios Judiciales para el Sistema Penal Acusatorio de Bucaramanga llevar a cabo la audiencia de revocatoria y\/o sustituci\u00f3n de medida de aseguramiento; y, iii) al Comandante de la Polic\u00eda SIJIN y al Director del INPEC -Regional Nororiente, que garanticen a los accionantes su vida, integridad f\u00edsica y salud, \u00absuministr\u00e1ndoles los alimentos en las precisas condiciones prescritas por los m\u00e9dicos tratantes, trasladarlos oportunamente a TODAS sus citas m\u00e9dicas ordenadas, concederles la posibilidad de ejercitasen al menos 150 minutos por semana y dotarlos de una celda con cama apropiada libre de humo de cigarrillo\u00bb. <\/p>\n
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II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El jefe Seccional de Investigaci\u00f3n Criminal de Bucaramanga indic\u00f3 que la Polic\u00eda Nacional no tiene funciones ni competencias sobre las pretensiones esbozadas pues estas corresponden al ente acusador, como titular de la acci\u00f3n penal, y al juez constitucional. As\u00ed mismo, indic\u00f3 que no cuenta con la infraestructura id\u00f3nea para la atenci\u00f3n de visitas familiares a las personas privadas de la libertad. Tampoco cuenta con servicio de salud al interior de la estaci\u00f3n de polic\u00eda, como s\u00ed lo tiene el INPEC. <\/p>\n
2. El Fiscal 44 Seccional de Bucaramanga relat\u00f3 que fue citado a las audiencias de control de garant\u00edas los d\u00edas 02 y 26 de junio y 19 de julio del 2021 \u00absin que haya podido asistir por asuntos ajenos a mi voluntad, sin embargo, si le hice conocer como es mi costumbre a los llamados Juzgados de control de garant\u00edas que el suscrito ten\u00eda pendiente otras diligencias como Fiscal de Juicios adscrito exclusivamente al Juzgado D\u00e9cimo de Conocimiento de esta ciudad\u00bb. Pese a lo anterior y a haberle manifestado a los despachos que no ten\u00eda problema de que la diligencia se adelantara sin su comparecencia, \u00abpor criteriosos personales de algunos jueces de control de garant\u00edas de esta ciudad, insisten en denegar justicia bajo esa excusa, que es lo que se observa por parte de los dos jueces que conociendo la imposibilidad de asistir y habi\u00e9ndoseles advertidos que el suscrito se acoger\u00e1 a la decisi\u00f3n que se tome por parte de ellos, prefieren no realizar las audiencias\u00bb. <\/p>\n
3. La Secretar\u00eda del Interior del municipio de Bucaramanga indic\u00f3 que no posee funciones o facultades de vigilancia, custodia, atenci\u00f3n y tratamiento de personas privadas de la libertad; pues tal misi\u00f3n la tiene el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Empero, indic\u00f3 que el Municipio de Bucaramanga se encuentra comprometido social y humanitariamente con la poblaci\u00f3n carcelaria, teniendo en cuenta que \u00aben cada vigencia incorpora una partida presupuestal por DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (200.000.000,00) como ayuda a la Poblaci\u00f3n carcelaria\u00bb. Por otro lado, destac\u00f3 la imposibilidad del municipio de adecuar un centro de detenci\u00f3n transitoria, \u00aben raz\u00f3n a que los inmuebles destinados para este tipo de actividad y su ubicaci\u00f3n, deber\u00e1n en todo caso, sujetarse a las reglas del Plan de Ordenamiento Territorial (\u2026) y la Administraci\u00f3n Local no cuenta con predios en las \u00e1reas de actividad se\u00f1aladas como permitidas\u00bb. Tampoco cuenta con un presupuesto para crear centros de detenci\u00f3n transitoria, as\u00ed como tampoco para su sostenimiento. <\/p>\n
4. El Secretario del Interior de la Gobernaci\u00f3n de Santander indic\u00f3 que la responsable de garantizar el derecho integral a la salud y su correspondiente atenci\u00f3n de personas privadas de la libertad es la Superintendencia Nacional de Salud. Por otra parte, considera que \u00abpor estar la poblaci\u00f3n objeto de lo pretendido por los accionantes en jurisdicci\u00f3n del Municipio de Bucaramanga, es este ente territorial, quien por competencias legales y administrativas debe intervenir sobre el asunto en los aspectos que se circunscriban a sus obligaciones\u00bb. <\/p>\n
5. La Fiduciaria Central, en calidad de vocera y administradora del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad asever\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva \u00abdado que el objeto del contrato de fiducia mercantil suscrito con el fideicomitente consiste en \u201c(\u2026) la celebraci\u00f3n de contratos derivados y pagos necesarios para la atenci\u00f3n integral en salud y la prevenci\u00f3n de la enfermedad y la promoci\u00f3n de la salud a la PPL a cargo del INPEC\u2026\u201d de acuerdo con los t\u00e9rminos de la Ley 1709 de 2014 y las normas que enmarcan el modelo de atenci\u00f3n en salud para la poblaci\u00f3n privada de la libertad\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, estim\u00f3 que \u00absi bien FIDUCIARIA CENTRAL S.A. administra los recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (PPL), esto no representa el cubrimiento de toda la PPL, sino aquella que se encuentra bajo su cobertura y dicha cobertura es reportada por parte del INPEC mensualmente en una base censal\u00bb. Dicho esto, destac\u00f3 que la poblaci\u00f3n recluida en los centros de detenci\u00f3n transitoria -como estaciones de polic\u00eda- actualmente no se encuentran dentro de la base censal. Adem\u00e1s, la jurisprudencia de la Corte Constitucional \u00abha puntualizado que, para efectos del aseguramiento en salud de la poblaci\u00f3n reclusa, as\u00ed como para quienes est\u00e9n recluidos en guarnici\u00f3n militar o de polic\u00eda, los departamentos, municipios, \u00e1reas metropolitanas y Distritos, entes territoriales, ser\u00e1n los responsables de afiliar a la poblaci\u00f3n privada de la libertad al sistema de salud a trav\u00e9s del r\u00e9gimen subsidiado y asumir los costos de aquello no incluido en el plan de beneficios de salud\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, comoquiera que los accionantes a\u00fan se encuentran afiliados a EPS, son aquellas las que deben suministrar los servicios de salud. Motivo por el cual el Fondo no tiene competencia para adelantar gestiones relacionadas con la atenci\u00f3n. <\/p>\n
6. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga inform\u00f3 que el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n presentado dentro del proceso 2019-04673 se encuentra en el turno no. 8. Por otra parte, \u00abde acuerdo con la estad\u00edstica, el Despacho para el 30 de junio de 2021 qued\u00f3 con un total de 135 asuntos por resolver, y desde ese d\u00eda hasta la fecha han ingresado otros 14\u00bb. En tal sentido y ante la congesti\u00f3n que soporta el Despacho, \u00abno es posible f\u00edsicamente despachar los asuntos con la premura que se pretende, sin que ello implique por s\u00ed mismo la vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas constitucionales invocadas por los accionantes\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Penal de esta Corte Suprema de Justicia comenz\u00f3 por dictaminar que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga no ha transgredido la garant\u00eda fundamental al debido proceso de los accionantes. Sobre el punto, estim\u00f3 que \u00abla tardanza para decidir el recurso de apelaci\u00f3n es justificada, puesto que no se desprende del incumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial. Por el contrario, tal situaci\u00f3n obedece a la congesti\u00f3n judicial expuesta en el informe rendido, donde se destaca una carga de m\u00e1s de 135 casos que deben evacuarse en orden de llegada, aunado a que recientemente fue asignada la alzada, sin que se advierta hasta ahora el desbordamiento del tiempo en grado irrazonable\u00bb. <\/p>\n
Frente a la falta de realizaci\u00f3n de la audiencia de revocatoria y\/o sustituci\u00f3n de medida de aseguramiento, destac\u00f3 que \u00abtal como lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia, la presencia del ente acusador deviene innecesaria en ese tipo de actuaciones\u00bb. Por ende, advirti\u00f3 la violaci\u00f3n al derecho a la administraci\u00f3n de justicia de Nicol\u00e1s y \u00d3scar Franco Silvestre, \u00abpues habi\u00e9ndose radicado solicitud de revocatoria y\/o sustituci\u00f3n de medida de aseguramiento, no se ha desarrollado invocando una excusa que no tiene soporte jur\u00eddico en la ley, como lo es la inasistencia del ente acusador, sobre todo cuando esta parte ha sido debidamente enterada y expresado su intenci\u00f3n de no asistir y acogerse a lo resuelto en la respectiva diligencia (en igual sentido se decidi\u00f3 en STP5545-2018)\u00bb. <\/p>\n
Respecto al acatamiento de las recomendaciones m\u00e9dicas y la garant\u00eda de los traslados de los demandados a centros asistenciales, comenz\u00f3 por advertir que los accionantes \u00abse encuentran detenidos en la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda del Norte de Bucaramanga en cumplimiento de medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva impuesta por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Bucaramanga, desde el 20 de diciembre de 2020, es decir, se encuentran en un centro de detenci\u00f3n transitoria, habiendo superado con creces las 36 horas en ese sitio\u00bb. Circunstancia que es relevante pues, de conformidad con los art\u00edculos 17 y 28 A de la Ley 65 de 1993, las URI est\u00e1n \u00abbajo la direcci\u00f3n, administraci\u00f3n, sostenimiento y vigilancia de los departamentos, municipios, \u00e1reas metropolitanas y el Distrito Capital, y que solo pueden albergar a personas privadas de su libertad en detenci\u00f3n transitoria hasta por 36 horas, en condiciones compatibles con la dignidad humana\u00bb. <\/p>\n
A su turno, en tanto que dichos centros no son establecimientos carcelarios ni penitenciarios, desde la expedici\u00f3n de la boleta de detenci\u00f3n, la persona recluida queda a disposici\u00f3n del INPEC para ser trasladada a una c\u00e1rcel o penitenciar\u00eda. Acontecimiento que es un deber para dicha autoridad sin que sea admisible que deje a cargo de la Polic\u00eda Nacional a los internos que debe custodiar. <\/p>\n
En ese orden de ideas, indic\u00f3 que, para el traslado a citas m\u00e9dicas, \u00abel comandante de polic\u00eda responsable de la estaci\u00f3n donde se hallen confinados, junto con el Inpec, son quienes pueden materializar un desplazamiento puntual o, seg\u00fan sea el caso y en la medida de las posibilidades, proveer lo necesario para la realizaci\u00f3n de cita m\u00e9dica virtual\u00bb. En cuanto al suministro de alimentaci\u00f3n e insumos, en tanto que la estad\u00eda de los actores super\u00f3 las 36 horas, \u00ablos privados de la libertad entrar a ser competencia del sistema integral carcelario, ya que, aunque no se hallen en un establecimiento penitenciario propiamente dicho, su reclusi\u00f3n en una estaci\u00f3n de polic\u00eda se justifica por la imposibilidad de aqu\u00e9llos de recibir personal en aras de las medidas adoptadas para evitar el riesgo de contagio\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Se formularon tres impugnaciones: <\/p>\n
1. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios reproch\u00f3 que la orden emitida por el a quo desborda las competencias de la entidad, \u00abya que a cada una de las entidades frente a sus competencias para el cumplimiento de la prestaci\u00f3n del servicio de salud a la PPL a la USPEC no le corresponde tramitar la autorizaci\u00f3n o materializar a trav\u00e9s de la Fiduciaria Central S.A., las ordenes m\u00e9dicas para los servicios que solicita los se\u00f1ores Nicol\u00e1s Santiago Franco Silvestre y Oscar Leonardo Franco Silvestre, de acuerdo a sus competencias\u00bb. En todo caso, en cumplimiento del fallo y de acuerdo con las competencias de la USPEC, requisito a la Fiduciaria Central para que expidiera las autorizaciones de prestaci\u00f3n de servicios requeridos de acuerdos con las patolog\u00edas del accionante. <\/p>\n
Por otro lado, indic\u00f3 que son las entidades territoriales quienes deben asegurar el cumplimiento de las obligaciones en salud de las personas privadas de la libertad a su cargo. Quienes, adem\u00e1s, cuentan con los recursos de origen nacional para el efecto. Todo ello para concluir que \u00abla USPEC no tiene competencia para solucionar los asuntos que se requieren respecto de las obligaciones de las entidades territoriales y en relaci\u00f3n con las personas privadas preventivamente de su libertad. En consecuencia, no puede exig\u00edrsele el cumplimiento de funciones y competencias que no est\u00e1n radicadas en ella\u00bb. Por tanto, \u00abes competencia de los distintos comandantes de las Estaciones de Polic\u00eda, coordinar con los entes territoriales, el suministro de la alimentaci\u00f3n de las personas sindicadas que se encuentran en estas instituciones, por ser de su competencia de acuerdo con la Ley 65 de 1993, por cuanto, la USPEC \u00fanicamente es competente para suministrar la alimentaci\u00f3n, para las personas privadas de la libertad que est\u00e9n a cargo del INPEC\u00bb. <\/p>\n
A su turno, la obligaci\u00f3n de trasladar al recluso a citas m\u00e9dicas es del INPEC. Sobre el punto, destac\u00f3 que \u00abno queda duda de que es el INPEC la entidad competente para resolver la solicitud de valoraci\u00f3n ordenados que elev\u00f3 el actor, funci\u00f3n que le asigna la ley, y cuya competencia le corresponde exclusivamente al INPEC\u00bb. <\/p>\n
2. La Fiduciaria Central S.A., en calidad de vocera del Fideicomiso Fondo Nacional de Salud PPL, indic\u00f3 que \u00abuna vez validado en la p\u00e1gina web de la Administradora De Los Recursos Del Sistema General De Seguridad Social En Salud \u2013 ADRES, se pudo verificar que los mismos est\u00e1n afiliados a la fecha a una entidad promotora de salud (EPS SANITAS y EPS SURAMERICANA) y son las directamente responsables de prestarles atenci\u00f3n en salud en coordinaci\u00f3n con las acciones administrativas a cargo del comandante de la estaci\u00f3n de polic\u00eda de Bucaramanga y el INPEC regional Oriente\u00bb. As\u00ed las cosas, el Fideicomiso no tiene capacidad jur\u00eddica para asumir alguna funci\u00f3n que conlleve a que se garantice la realizaci\u00f3n y traslados a citas m\u00e9dicas y que se acaten las recomendaciones m\u00e9dicas \u00abcomo quiera que actualmente los se\u00f1ores NICOLAS SANTIAGO y OSCAR LEONARDO FRANCO SILVESTRE no se encuentran bajo la cobertura del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad sino a cargo de dos entidades promotoras de salud con la capacidad jur\u00eddica y la legitimaci\u00f3n para trabajar en armon\u00eda con la Polic\u00eda Nacional e INPEC a fin de garantizar la efectiva prestaci\u00f3n de servicios de salud, pese a su reclusi\u00f3n en la estaci\u00f3n de polic\u00eda del norte de Bucaramanga\u00bb. <\/p>\n
3. El jefe Seccional de Investigaci\u00f3n Criminal SIJIN de la Polic\u00eda Metropolitana de Bucaramanga reclam\u00f3 que los accionantes est\u00e1n faltando a la verdad, \u00abtoda vez que como se evidencia en la comunicaci\u00f3n oficial de radicado No GS-2021-116315-MEBUC, de fecha 12 de octubre de 2021, se vislumbra las fechas en que los capturados han sido trasladados de manera oportuna a las diferentes citas m\u00e9dicas incluso sin colaboraci\u00f3n del INPEC\u00bb. Asever\u00f3 que el traslado de los promotores \u00abafecta en el tiempo al servicio de polic\u00eda que se podr\u00eda invertir en el desarrollo de actividades investigativas y de vigilancia de igual manera, cada vez que estas personas son trasladadas a citas m\u00e9dicas sus familiares se encuentran en los lugares en donde son autorizadas las citas, quienes buscan siempre entregarles elementos como alimentos y otros, convirti\u00e9ndose eso en un riesgo, tanto para la integridad de los funcionarios de Polic\u00eda como para una facilitaci\u00f3n de la fuga de estos capturados\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de idas, y ante las limitaciones de la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda, pidi\u00f3 que se ordene al INPEC \u00abasignar cupo y recibir a los capturados en su defecto realizar los traslados a centros de atenci\u00f3n m\u00e9dico que requiera el capturado, toda vez que los ciudadanos se encuentran privados de la libertad transitoriamente en la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda Norte, sin embargo, la competencia para realizar este tipo de traslados recae en el INPEC\u00bb. <\/p>\n
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V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el caso en concreto, corresponde a esta Sala dictaminar si la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), la Fiduciaria Central S.A.S. y la Polic\u00eda Metropolitana de Bucaramanga transgredieron las garant\u00edas fundamentales de los promotores en cuanto a la falta de realizaci\u00f3n y traslados a citas m\u00e9dicas y a la ausencia de acatamiento de las recomendaciones m\u00e9dicas que se derivan de las diferentes patolog\u00edas diagnosticadas a los reclusos. <\/p>\n
Es preciso indicar que en esta instancia no se abordar\u00e1 el tema relacionado con la mora judicial imputada a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, comoquiera que dicha tem\u00e1tica no fue objeto de impugnaci\u00f3n por ninguna de las partes. Tampoco ser\u00e1 analizado lo relativo a las \u00f3rdenes impartidas respecto a la audiencia de revocatoria y\/o modificaci\u00f3n de medida preventiva, comoquiera que ning\u00fan reproche fue esbozado frente a tales determinaciones. <\/p>\n
2.- Pues bien, en lo que respecta a las quejas enarboladas por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y la Fiduciaria Central S.A.S., quienes alegan su falta de competencia para proveer de los servicios de salud a los accionantes, no se le halla m\u00e9rito a su argumentaci\u00f3n. Por ende, la providencia del a quo habr\u00e1 de ser confirmada. <\/p>\n
2.1. Al respecto, v\u00e9ase que, en la sentencia cuestionada, la Hom\u00f3loga Penal argument\u00f3 que el sistema penitenciario y carcelario funciona como un engranaje en el que participan y tienen responsabilidad tanto autoridades del ordena nacional (como el INPEC, la USPEC y la Fiduciaria Central), as\u00ed como las del orden territorial. Asever\u00f3 que, contrario a lo que parecen indicar las impugnantes, la actuaci\u00f3n mancomunada no residen en el caso en concreto en la prestaci\u00f3n del servicio de salud sino en quienes detentan la custodia y responsabilidad en el acatamiento de las recomendaciones m\u00e9dicas y alimenticias. En tal sentido, apuntal\u00f3 que \u00abel suministro de alimentaci\u00f3n e insumos no puede recaer exclusivamente en la Polic\u00eda Nacional, pues en principio la permanencia de los actores se justificaba por 36 horas de manera transitoria, de manera que al superar ese t\u00e9rminos dada las condiciones de hacinamiento, los privados de la libertad entrar a ser competencia del sistema integral carcelario, ya que, aunque no se hallen en un establecimiento penitenciario propiamente dicho, su reclusi\u00f3n en una estaci\u00f3n de polic\u00eda se justifica por la imposibilidad de aqu\u00e9llos de recibir personal en aras de las medidas adoptadas para evitar el riesgo de contagio\u00bb. <\/p>\n
2.2. A juicio de esta Sala, tal fundamentaci\u00f3n se halla ajustada al precedente constitucional. Al respecto, en reciente jurisprudencia se sostuvo que: <\/p>\n
\u00abAhora, en cuanto a la garant\u00eda del derecho a la salud, importa recordar que, en trat\u00e1ndose de personas privadas de la libertad, los Decretos 41501, 41512 de 2011 y 204 de 2016, modificados por el Decreto 204 de 20163, se\u00f1alan que el INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- tiene como funci\u00f3n gestionar y operar el suministro de bienes y la prestaci\u00f3n de los servicios penitenciarios, la definici\u00f3n de pol\u00edticas en materia de infraestructura carcelaria y el desarrollo y ejecuci\u00f3n de planes, programas y proyectos de naturaleza log\u00edstica y administrativa para el adecuado funcionamiento de las c\u00e1rceles del pa\u00eds4. <\/p>\n
Lo anterior no implica, de ninguna manera, que tales entidades excluyan a quienes se encuentran privados de la libertad bajo medida de aseguramiento en sitios de reclusi\u00f3n transitorios como estaciones de polic\u00eda o unidades de reacci\u00f3n inmediata, pues si no se ha dispuesto su remisi\u00f3n a un establecimiento penitenciario ha sido por circunstancias diferentes a su voluntad, como el hacinamiento, as\u00ed como las reglas de equilibrio y equilibrio decreciente, implementadas en virtud de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional5 y la sala especializada en lo penal6, criterio adoptado en CSJ STC3644-2018, reiterado en STC6488-2021\u00bb (. <\/p>\n
De manera que son las autoridades penitenciarias las llamadas a preservar la garant\u00eda de los derechos fundamentales de los accionantes. De manera tal que ning\u00fan reproche se observa en la argumentaci\u00f3n del a quo constitucional. Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que la orden de amparo corresponde de manera conjunta y articulada a las autoridades all\u00ed mencionadas (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), la Fiduciaria Central S.A.S., la alcald\u00eda de Bucaramanga, el departamento de Santander y al Comandante de Polic\u00eda Nacional \u2013 Bucaramanga), claro est\u00e1, desde el \u00e1mbito de sus facultades. Competencias que, se insiste, tambi\u00e9n recaen sobre aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad bajo medida de aseguramiento en sitios de reclusi\u00f3n transitorios como estaciones de polic\u00eda o unidades de reacci\u00f3n inmediata. Quienes no pueden verse afectadas por la falta de traslado a un centro penitenciario y carcelario en atenci\u00f3n a circunstancias de hacinamiento. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional adoctrin\u00f3 que: \u00abPor otra parte, la Sala encontr\u00f3 que las entidades territoriales han omitido, de manera reiterada, el cumplimiento de sus obligaciones legales en relaci\u00f3n con la poblaci\u00f3n procesada, definidas en el C\u00f3digo Nacional Penitenciario (Arts. 17, 21 y 28A de la Ley 65 de 1993), es decir, con personas que no han sido condenadas, pero a quienes un juez les ha impuesto medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva, mientras son investigadas y juzgadas. En ese contexto, las entidades del orden nacional, como el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), han asumido obligaciones en relaci\u00f3n con dichas personas en calidad de procesadas, pese a que la ley establece que ellas est\u00e1n bajo responsabilidad inicial de las entidades territoriales. En este marco, las entidades territoriales, junto con las del orden nacional, deben prever los recursos suficientes para asegurar una infraestructura que permita que las personas procesadas sean privadas de la libertad en condiciones dignas, y puedan acceder a servicios de salud, alimentaci\u00f3n, agua potable, entre otros\u00bb (SU122-22). <\/p>\n
A su turno, la Sala de Casaci\u00f3n Penal sostuvo que: <\/p>\n
\u00ab12.- Ahora bien, la inconformidad de la entidad impugnante se circunscribe a que carece de competencia para prestar el servicio de salud a Ramiro Veru porque este no est\u00e1 recluido en un centro carcelario de orden nacional, sino que est\u00e1 en un centro de reclusi\u00f3n transitorio, esto es, la estaci\u00f3n de polic\u00eda Cazuc\u00e1 de Soacha, Cundinamarca. As\u00ed las cosas, en atenci\u00f3n al lugar donde el procesado est\u00e1 purgando la condena impuesta, asegura que le corresponde al ente territorial de Soacha asumir la gesti\u00f3n y prestaci\u00f3n del servicio de salud del actor. <\/p>\n
14.- La entidad impugnante considera que su competencia es limitada y recae exclusivamente sobre el primer grupo de la poblaci\u00f3n privada de la libertad, esto es, aquellas personas internas en una c\u00e1rcel de orden nacional. Por su parte, asegura que los sujetos internados en los centros de detenci\u00f3n transitoria est\u00e1n bajo la vigilancia y custodia del ente territorial correspondiente y, en esa medida, es la administraci\u00f3n municipal o departamental quien debe asumir la vigilancia, gesti\u00f3n y debida prestaci\u00f3n del servicio de salud de esa poblaci\u00f3n. <\/p>\n
15.- Esta Sala encuentra que no le asiste raz\u00f3n a la instituci\u00f3n recurrente en la medida en que la clasificaci\u00f3n que efect\u00faa es en principio discriminatoria. La poblaci\u00f3n privada de la libertad se integra por la totalidad de los sujetos que encuentran afectado su derecho a la libertad personal como consecuencia de una decisi\u00f3n judicial, independientemente del espacio f\u00edsico de su reclusi\u00f3n. As\u00ed, es necesario tener en cuenta que el sitio en el cual se dispone la privaci\u00f3n de la libertad depende, en algunos casos, de las calidades del injusto penal cometido o del sujeto activo del comportamiento. En ese sentido, por ejemplo, cuando el autor del delito es una persona inimputable, seg\u00fan el caso, deber\u00e1 estar internada en un centro hospitalario o psiqui\u00e1trico, o cuando se trata de personas que por cuestiones de su seguridad y dignidad estatal deben ser internadas en centros de reclusi\u00f3n militar o policial. No obstante, todas ellas hacen parte de la poblaci\u00f3n privada de la libertad y ostentan los mismos derechos y garant\u00edas. <\/p>\n
16.- De esta manera, es claro que las entidades territoriales tienen determinadas obligaciones y deberes de sostenimiento administrativo y funcionamiento con las c\u00e1rceles y centros de reclusi\u00f3n. Sin embargo, no se puede desconocer que es el Estado quien debe garantizar los derechos b\u00e1sicos a los sujetos privados de la libertad y, en esa labor, convergen distintos agentes e instituciones estatales, los cuales deben actuar de manera arm\u00f3nica y en procura de la satisfacci\u00f3n de las necesidades b\u00e1sicas de las personas privadas de la libertad. <\/p>\n
17.- Por lo anterior, el Patrimonio Aut\u00f3nomo Fideicomiso Fondo Nacional de Salud no puede sustraerse del cumplimiento de la orden impartida por el juez de tutela de primera instancia, bajo el argumento de que carece de competencia en atenci\u00f3n al lugar de reclusi\u00f3n de Ramiro Veru, pues de cualquier manera es el Fondo Nacional de Salud la entidad encargada de gestionar, promocionar y garantizar el acceso al servicio de salud de las personas privadas de la libertad y, en esa medida, debe adelantar las actuaciones necesarias para permitir que el accionante pueda continuar con el tratamiento de su patolog\u00eda\u00bb (STP11052-2022). <\/p>\n
3.- Ahora bien, tampoco tienen vocaci\u00f3n de prosperidad las alegaciones esgrimidas por la Polic\u00eda Metropolitana de Bucaramanga. Si bien se da cuenta de los m\u00faltiples traslados de los indiciados a consultas m\u00e9dicas, lo cierto es que tambi\u00e9n hay pruebas que dan cuenta de citas de control perdidas, tal como obra a folio 20 del PDF \u00abTutela (1)\u00bb. De manera que la orden impartida por el juez a quo se advierte apropiada, pues -sin perjuicio de lo dicho en precedencia- es deber de las autoridades municipales garantizar el derecho fundamental a la salud de las personas que est\u00e1n a su cargo. <\/p>\n
As\u00ed lo ha recordado recientemente el m\u00e1ximo \u00f3rgano constitucional, que expres\u00f3 lo que sigue: <\/p>\n
\u00abPor una parte, en virtud del art\u00edculo 17 de la Ley 65 de 1993, los entes territoriales deben incluir las partidas necesarias para los gastos relacionados a las raciones de alimentaci\u00f3n de las personas privadas de la libertad de forma preventiva. <\/p>\n
Asimismo, mediante Auto 110 de 2020, la Corte dispuso que el componente de alimentaci\u00f3n de las personas con medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva que se encuentran en establecimientos de reclusi\u00f3n o en centros de detenci\u00f3n transitoria les corresponde a los entes territoriales. Dichos entes deben suministrar la alimentaci\u00f3n diaria y permanente con el componente nutricional requerido seg\u00fan los est\u00e1ndares aplicados por la Uspec. En dicho auto se dispuso extender con efectos inter comunis las medidas provisionales ordenadas en la providencia \u201ca todas las personas que se encuentren privadas de la libertad en cualquier centro de detenci\u00f3n transitoria del pa\u00eds o que, en el futuro, sean trasladadas a uno, con independencia de que presenten una acci\u00f3n de tutela o no\u201d\u00bb (T-107-2022). <\/p>\n
5.- En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002\u00abPor el cual se crea la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios \u2013USPEC- y se determina su objeto y estructura\u00bb. <\/p>\n
2\u0002\u00abPor el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013INPEC- y se dictan otras disposiciones\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Que asign\u00f3 de manera conjunta al INPEC y a la USPEC, la dotaci\u00f3n de elementos y definici\u00f3n de lineamientos para una correcta rehabilitaci\u00f3n de los privados de la libertad. <\/p>\n
4\u0002Art\u00edculos 4 y 5 del Decreto 4150 de 2011. <\/p>\n
5\u0002CC T-388\/2013. <\/p>\n
6\u0002 CSJ STP14283-2019. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC452-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC452-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01593-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide las impugnaciones interpuestas frente a la sentencia proferida el 19 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70291","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70291","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70291"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70291\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70291"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70291"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70291"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}