STC453-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC453-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-02123-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 18 de octubre de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Edda Mar\u00eda Michelena Cabrera contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 1 de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Quince Laboral del Circuito de esa ciudad y el Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n \u2013P.A.R.I.S.S.-, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2013-00272. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, \u00abdefensa, seguridad jur\u00eddica, (\u2026) la seguridad social, (\u2026) m\u00ednimo vital [y] precedente jurisprudencial\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Edda Mar\u00eda Michelena Cabrera promovi\u00f3 ordinario laboral contra el P.A.R.I.S.S., en procura del reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, puesto que \u00abingres\u00f3 a trabajar al ISS el 22 de septiembre de 1982 y lo hizo hasta el 25 de junio de 2003, mediante contrato a t\u00e9rmino indefinido, en forma ininterrumpida y como trabajadora oficial. (\u2026) [y] es beneficiaria del derecho contenido en el art\u00edculo 98 convencional\u00bb2, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla, quien otorg\u00f3 la prestaci\u00f3n, pero \u00abno reconoci[\u00f3] los intereses de mora [pretendidos] en el numeral 3 de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, al desatar la apelaci\u00f3n propuesta por la all\u00ed convocante y el grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad revoc\u00f3 lo dispuesto en primera instancia, en tanto advirti\u00f3 que \u00abla actora no hab\u00eda satisfecho los requisitos exigidos por (\u2026) [el art\u00edculo 98 convencional 2001 \u2013 2004] con el fin de acceder al derecho perseguido, pues si bien ten\u00eda los 20 a\u00f1os de servicio, no ocurr\u00eda lo mismo con la edad, ya que esta la cumpli\u00f3 el 26 de noviembre de 2009\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, la promotora recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 dej\u00f3 inc\u00f3lume lo resuelto por el ad quem, pues coligi\u00f3 que \u00abla demandante no cumpli\u00f3 con los 20 a\u00f1os de servicio en condici\u00f3n de trabajadora oficial\u00bb. <\/p>\n
Resoluciones que, en sentir de la gestora, desconocieron \u00abel precedente existente frente a la variaci\u00f3n laboral de los trabajadores oficiales del Instituto de Seguros y que por medio del Decreto 1750 de 2003 fueron creadas las empresas sociales del Estado, en nuestro caso la E.S.E. Jos\u00e9 Prudencio Padilla, situaci\u00f3n est\u00e1 definida con interrogantes en la misma sentencia C-314 de 2004\u00bb. Agreg\u00f3 que el juzgador de segundo grado \u00ab[omiti\u00f3] notificar a la UGPP como sucesor procesal del ISS en Liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se dejen sin efectos los fallos del 15 de julio de 2015 y 27 de octubre de 2020; y, en consecuencia, se confirme \u00aben todas sus partes la sentencia del JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, adicionando el reconocimiento de los intereses moratorios\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADO <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la providencia confutada realiz\u00f3 un recuento de las consideraciones expuestas en la misma y manifest\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela no fue concebida como una instancia adicional a la cual puedan acudir los administrados a efectos de definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, ni para revivir controversias ya concluidas; y que es un mecanismo al que debe acudirse de manera oportuna, siendo la presente extempor\u00e1nea en la medida que entre la fecha de la providencia fustigada y la de la acci\u00f3n de tutela han transcurrido 2 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla narr\u00f3 lo sucedido en el juicio. <\/p>\n
3. El P.A.R.I.S.S. se\u00f1al\u00f3 que el \u00aben el caso bajo estudio NO se observa vulneraci\u00f3n de los derechos alegados por la accionante, situaci\u00f3n que fue estudiada en primera, segunda instancia y Casaci\u00f3n, surtiendo as\u00ed las debidas etapas procesales, sin que la acci\u00f3n de tutela sea un mecanismo que supla las cargas que le corresponden a cada parte, como quiera que existe una decisi\u00f3n judicial en firme, la cual goz\u00f3 con todas las garant\u00edas del debido proceso, raz\u00f3n por la cual, es notoria la ocurrencia del fen\u00f3meno de COSA JUZGADA, sin que sea dable ahora desconocer dicho pronunciamiento judicial\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo al advertir que \u00abla providencia revisada no comporta los vicios alegados, susceptibles de ser enmendados a trav\u00e9s del amparo constitucional. Prevalece, por tanto, el principio de autonom\u00eda judicial que le impide al juez de tutela inmiscuirse en decisiones como la controvertida, la cual hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, solo porque la demandante no la comparte o tiene una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dicha determinaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado de la reclamante para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00abesta sala yerra en cuanto al considerar que (\u2026) no ostenta la calidad de trabajadora oficial por su ingreso a la instituci\u00f3n el d\u00eda 22 de septiembre de 1982 con un contrato a t\u00e9rmino indefinido tal como se prob\u00f3 en el expediente motivo de esta Acci\u00f3n, concluyendo por esta sala que laboro 14 a\u00f1os 1 mes y 8 d\u00edas como trabajadora de la seguridad Social y 6 a\u00f1os 8 mese (sic) y 25 d\u00edas como trabajadora oficial hasta el d\u00eda 26 de junio de 2003, desconociendo el tiempo de servicio hasta el d\u00eda 06 de diciembre de 2006 con un total de tiempo de 24 a\u00f1os de servicios\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Corporaci\u00f3n enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la gestora (SL4267-2020, 27 oct.), por mantener en firme la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 14 de julio de 2015 y 27 de octubre de 2020, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que la providencia controvertida se dict\u00f3 el 27 de octubre de 20203 y la tutela se intent\u00f3 el 10 de octubre de 2022, lo cierto es que por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente [disposici\u00f3n], cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los [solicitantes] con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre (\u2026) [los veredictos] que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los [promotores], pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a plantear la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Al estudiar el fallo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el tribunal ad quem, en tanto consider\u00f3 que \u00abla demandante no cumpli\u00f3 con los 20 a\u00f1os de servicio en condici\u00f3n de trabajadora oficial\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el cargo \u00fanico en el que se acusa al tribunal de \u00abhaber infringido por infracci\u00f3n directa los art\u00edculos 66 CPTSS, modificado por la Ley 1149 de 2007 art\u00edculo 10; 66A, adicionado por el 35 de la Ley 712 de 2001, \u00abart. 5. 2\u00bb del Decreto 3135 de 1968; 10 del Decreto 2148 de 1992; 275 de la Ley 100 de 1993; art\u00edculo 19 del Decreto 1651 de 1977; 1\u00b0 de la Ley 33 de 1985; Acuerdo 145 de 1997; art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 416 de 1997, literal B); \u00abart\u00edculo 13, 29, 48, acto legislativo N\u00b0 1 de 2005\u00bb; art\u00edculos 53, 58, 228, 229, 230 constitucionales y, \u00abpor extensi\u00f3n el art. 2\u00b0, 3\u00b0\u00bb armonizado con el art. 98, inc. (ii) de esa CCT (2001-2004) que se integra al v\u00ednculo laboral de la demandante art. 37, 38 y siguientes del Decreto 2351 de 1965 y armonizado tambi\u00e9n art. 3\u00b0, 7\u00b0, 9\u00b0; art\u00edculos 467, 468, 469 y 476 del CST\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[L]a censura le reprocha al Tribunal el haber definido las pretensiones tomando como extremo final, la fecha l\u00edmite de vinculaci\u00f3n de la demandante con la ESE Jos\u00e9 Prudencio Padilla, esto es, el 6 de diciembre de 2006, cuando ten\u00eda la calidad de empleada p\u00fablica; sin atender que la pensi\u00f3n que reclama se ancla en la calidad de trabajadora oficial, que sostiene, tuvo por m\u00e1s de 20 a\u00f1os mientras estuvo al servicio del ISS, y el haber arribado a los 50 a\u00f1os de edad; as\u00ed mismo que el sentenciador hubiera conocido en grado jurisdiccional de consulta, no obstante que la parte actora fue la \u00fanica apelante; comportamiento con el cual, considera, el juez de alzada conculc\u00f3 el principio de consonancia de que trata el art\u00edculo 66 A del CST\u00bb. <\/p>\n
En primer lugar, precis\u00f3 que \u00abel grado jurisdiccional de consulta constituye una de las excepciones al principio de consonancia que fije el impugnante, y opera por virtud de la ley\u00bb. <\/p>\n
Luego, cit\u00f3 en lo pertinente la resoluci\u00f3n SL2808-2018, 4 jul., y se\u00f1al\u00f3 que \u00abal conocer de un asunto que no fue materia de apelaci\u00f3n, con independencia de que la providencia hubiere sido impugnada por una sola de las partes procesales, el sentenciador no se equivoc\u00f3, pues era su deber, revisar todas y cada una de las condenas fulminadas en contra del otrora ISS, ya que para la fecha en que se present\u00f3 la demanda (8 de septiembre de 2013 fl. 12 vto), ya hab\u00eda entrado a regir en el Distrito Judicial de Barranquilla, la Ley 1149 de 2007 que modific\u00f3 el art\u00edculo 69 del CPTSS, y al ser la Naci\u00f3n garante de las obligaciones impuestas en contra de dicha entidad, (\u2026) el grado jurisdiccional deb\u00eda surtirse, como en efecto ocurri\u00f3\u00bb. Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Respecto de la prestaci\u00f3n pretendida, razon\u00f3 que \u00abcomo con acierto lo anota la censura, al [estudiar] en consulta, el juzgador plural no analiz\u00f3 si la actora pod\u00eda ser titular de la pensi\u00f3n extra legal que el juez le concedi\u00f3, en virtud a que alegaba haber sido trabajadora oficial, y por ende, beneficiaria de la convenci\u00f3n colectiva que se le aplic\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, destac\u00f3 que, dicha falencia \u00abpermitir\u00eda el quiebre de su (\u2026) [decisi\u00f3n], pues dej\u00f3 de estudiar la viabilidad de las pretensiones tal y como fueron formuladas, con lo cual, sin lugar a duda, conculc\u00f3 el derecho alegado. No obstante, en sede de instancia la Sala llegar\u00eda a la misma conclusi\u00f3n absolutoria\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, estableci\u00f3 los supuestos que se encuentran probados, los cuales son: <\/p>\n
\u00ab[Q]ue la demandante labor\u00f3 para el ISS desde el 22 de septiembre de 1982 como se advierte a folios 25 -28 del plenario, y que lo hizo hasta el 25 de junio de 2003 cuando pas\u00f3 a la ESE Jos\u00e9 Prudencio Padilla. (\u2026) la actora se desempe\u00f1\u00f3 como auxiliar de servicios asistenciales, cargo que la ubica en la condici\u00f3n de funcionaria de la seguridad social, la cual mantuvo hasta el 20 de noviembre de 1996, fecha en que qued\u00f3 ejecutoriada la sentencia CC C 579 de dicho a\u00f1o que declar\u00f3 inexequible dicha categor\u00eda de empleados y que expresamente indic\u00f3 que producir\u00eda efectos a futuro\u00bb. <\/p>\n
\u00ab[S]i la demandante ingres\u00f3 el 22 de septiembre de 1982 y la sentencia de la Corte Constitucional CC C 579 qued\u00f3 ejecutoriada el 20 de noviembre de 1996, momento a partir del cual legalmente se la considera como trabajadora oficial, es preciso acotar que aquella labor\u00f3 como servidora de la seguridad social un total de 14 a\u00f1os, 1 mes y 8 d\u00edas y, como trabajadora oficial tan solo 6 a\u00f1os 8 meses y 25 d\u00edas hasta el 26 de junio de 2003 (\u2026) 3. Que, (\u2026) debe tenerse claro, que las pensiones de vejez, de un lado y las de invalidez y sobrevivientes, de otro, no responden a iguales criterios, por cuanto las primeras ata\u00f1en con la l\u00f3gica de acumulaci\u00f3n; mientras que las \u00faltimas responden a la de \u00ab[…] previsi\u00f3n o aseguramiento del riesgo\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, arguy\u00f3 que \u00abla demandante no cumpli\u00f3 con los 20 a\u00f1os de servicio en condici\u00f3n de trabajadora oficial como lo exige el art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 2001 \u2013 2004\u00bb y de esta manera desestim\u00f3 el cargo. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
4.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia cuestionada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 17 de enero de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De conformidad con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Notificada el 12 de noviembre de 2020, de acuerdo con el portal web de la Rama Judicial. <\/p>\n
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STC453-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC453-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-02123-01 (Aprobado en Sala de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70292","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70292","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70292"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70292\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70292"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70292"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70292"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}