STC455-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC455-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-02489-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 23 de noviembre 20221, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por El Arrozal y c\u00eda. S.C.A., contra el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e12, constituido para el caso de Fidelina Escobar Mej\u00eda, Roberto Romero Escobar y Ruby Amparo Romero Parra, contra la sociedad accionante y otros3 (rad. n.\u00ba 136.505). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante, actuando a trav\u00e9s de su representante legal, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia y debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. El extremo activo de la causa arbitral present\u00f3 la demanda de la referencia, en procura de que (i) se declarara la nulidad absoluta de la escritura p\u00fablica n.\u00ba 3861 del 30 de octubre de 2020, otorgada en la Notar\u00eda 68 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, con fundamento en que tuvo origen en un \u00abnegocio jur\u00eddico que se realiz\u00f3 en contravenci\u00f3n a las disposiciones legales establecidas para las sociedades en comandita\u00bb; (ii) se invalidara la junta de herederos celebrada el 31 de agosto de ese mismo a\u00f1o, en virtud de la cual se design\u00f3 a uno de los llamados como \u00abrepresentante de los derechos pol\u00edticos del se\u00f1or Roberto Romero Li\u00e9vano (q.e.p.d.) socio gestor de El Arrozal y c\u00eda. con lo que se autoproclam\u00f3 socio gestor, sin haber abierto la sucesi\u00f3n del difunto\u00bb; entre otros aspectos. <\/p>\n
2.2. Como sustento para incoar el libelo se adujo el pacto arbitral incluido en el instrumento p\u00fablico n.\u00ba 499 del 2 de abril de 2008, suscrito ante la Notar\u00eda 65 del C\u00edrculo antes mencionado, por medio del cual se protocoliz\u00f3 el acta n.\u00ba 8 de la reuni\u00f3n de la junta extraordinaria de socios de ese a\u00f1o, que reform\u00f3 los estatutos sociales de El Arrozal y c\u00eda. S.C.A., aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
2.3. A trav\u00e9s de sorteo realizado el 17 de mayo de 2022, se design\u00f3 a Adriana Zapata Giraldo, como \u00e1rbitra principal, y a Sol Marina de la Rosa Fl\u00f3rez, como suplente; raz\u00f3n por la cual se declar\u00f3 legalmente instalado el tribunal y se profiri\u00f3 el auto de 13 de junio siguiente, con el cual se inadmiti\u00f3 el escrito inicial porque no cumpl\u00eda las exigencias legales para su tramitaci\u00f3n, de acuerdo con el art\u00edculo 82 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.4. No obstante, el 30 de junio de ese a\u00f1o, tras colegir que subsanaron las deficiencias advertidas, se admiti\u00f3 la demanda4; y, dentro de la oportunidad procesal pertinente, la sociedad inconforme recurri\u00f3 en reposici\u00f3n esa determinaci\u00f3n, ya que, en su criterio, \u00abno se subsanaron los defectos de que adolece la demanda\u00bb. <\/p>\n
2.5. Sin embargo, el tribunal mantuvo inc\u00f3lume su decisi\u00f3n en los prove\u00eddos subsiguientes, pues, grosso modo, estim\u00f3 que las irregularidades por las cuales se hab\u00eda inadmitido esa causa ya se hab\u00edan superado. De igual forma, desestim\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n que, sobre el particular, elev\u00f3 la aqu\u00ed peticionaria. <\/p>\n
2.6. Por lo anterior, Arrozal y c\u00eda. S.C.A. se\u00f1al\u00f3 que no debi\u00f3 darse curso al sub-lite, en tanto que, a su juicio, de lo que se trata realmente es de un proceso de impugnaci\u00f3n de actos de asambleas, cuya acci\u00f3n se encontrar\u00eda caducada, comoquiera que \u00abla demanda arbitral se present\u00f3 el 2 de mayo de 2022 y el tribunal no fue instalado sino hasta el 13 de junio de 2022, es decir, transcurrido m\u00e1s de un (1) a\u00f1o y tres (3) meses desde la oportunidad procesal para hacerlo\u00bb. Incluso, cuestion\u00f3 que \u00aba pesar de tener las pretensiones de nulidad y de citar como fundamentos de derecho normas de \u00edndole societaria (\u2026), se ha manifestado de forma imprecisa que lo que se pretende es la \u201crescisi\u00f3n\u201d de la escritura p\u00fablica, como si se tratara de lesi\u00f3n enorme (\u2026), posici\u00f3n que carece de sentido\u00bb. <\/p>\n
2.7. Con todo, adujo que, en las anotadas resoluciones, se incurri\u00f3 en causales espec\u00edficas de viabilidad excepcional del amparo, pues; (i) \u00abse admiti\u00f3 una demanda relacionada con aspectos sobre los cuales el tribunal carece de competencia\u00bb; (ii) \u00abno cumple con el lleno de los requisitos del art\u00edculo 82 del CGP\u00bb; y (iii) \u00abse admiti\u00f3 una demanda de una acci\u00f3n abiertamente caducada (\u2026), lo que en realidad se persigue en el proceso arbitral es la impugnaci\u00f3n de un acta del a\u00f1o 2020\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, (i) \u00abDECLARAR que el Tribunal Arbitral de Fidelina Escobar Mej\u00eda y otros, contra El Arrozal c\u00eda. S.C.A. y otros (tr\u00e1mite 136505), incurri\u00f3 en causales configurativas de v\u00edas de hecho por defectos sustantivos, f\u00e1cticos y org\u00e1nicos\u00bb y (ii) \u00abordenar al Tribunal (\u2026) que revoque la decisi\u00f3n proferida mediante los Autos No. 3, 5 y 10 en lo relativo a la admisi\u00f3n de la demanda, y que en su reemplazo se sirva rechazarla\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Sol Marina de la Rosa Fl\u00f3rez, \u00e1rbitra suplente, manifest\u00f3 que \u00abla accionante pretende plantear una discusi\u00f3n alrededor de la caducidad de la acci\u00f3n, tema que ser\u00e1 objeto de pronunciamiento del tribunal en las etapas procesales correspondientes\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, enfatiz\u00f3 en que \u00abla accionante en ninguna de las actuaciones donde se discuti\u00f3 el tema de la admisi\u00f3n de la demanda plante\u00f3 el tema de la caducidad de la acci\u00f3n, por lo cual, presentarlo ahora como un argumento para sustentar la tutela es completamente inoportuno e improcedente, dada la naturaleza del proceso arbitral y de cualquier proceso judicial. En este punto, mal har\u00eda el Tribunal en pronunciarse o adelantar un juicio sobre la procedencia o no de la caducidad en sede de tutela, pues correr\u00eda el riesgo de prejuzgar, cuando no se han desarrollado las actividades probatorias necesarias para arribar a una conclusi\u00f3n sobre ella\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, respecto de la alegada falta de competencia del tribunal, sostuvo que \u00abla decisi\u00f3n sobre la competencia del tribunal se tomar\u00e1 en la primera audiencia de tr\u00e1mite, momento procesal al que no se ha llegado\u00bb. <\/p>\n
2. La C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s de apoderado, aclar\u00f3 que \u00abla accionante se refiere a los defectos de las providencias judiciales que pueden constituir una vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso, puntual (sic) sobre los actos procesales desplegados por el Tribunal de Arbitramento, m\u00e1s no as\u00ed a las gestiones operativas y administrativas del CAC, quien carece de competencia para administrar justicia e intervenir el Tr\u00e1mite Arbitral. Por lo tanto, dicho cuerpo compuesto por una \u00danica \u00c1rbitro con su Secretario son quienes ostentan para todos los efectos de impulso y decisi\u00f3n del litigio desde su audiencia de instalaci\u00f3n, que consta en el Acta 1 del 13 de junio de 2022 y conforme al art\u00edculo 20 de la Ley 1563 de 2012\u00bb. <\/p>\n
3. La mandataria judicial de los convocantes de la causa arbitral se opuso a la prosperidad del petitum, exponiendo, en s\u00edntesis, que \u00abla accionante indica unas consideraciones legales en las que confunde la impugnaci\u00f3n de un acta de asamblea con la nulidad de un negocio jur\u00eddico que se perfecciona mediante escritura p\u00fablica; al ser hechos que son la cuesti\u00f3n propia de decisi\u00f3n del Tribunal y que corresponden a la decisi\u00f3n de fondo que se ha solicitado para la anulaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico, no me referir\u00e9 espec\u00edficamente a ellos, pues, al parecer, en los mismos se intenta que, por medio de la acci\u00f3n de tutela, se validen consideraciones legales\u00bb. <\/p>\n
En todo caso, recrimin\u00f3 que \u00abla Accionante confunde la caducidad de la impugnaci\u00f3n del Acta con la prescripci\u00f3n establecida en la ley para el negocio jur\u00eddico que se constituy\u00f3 a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica no. 3861 del 30 de octubre de 2020. Por lo tanto, con la admisi\u00f3n de la demanda, no se ha violado ni el debido proceso ni la igualdad, puesto que constituye una decisi\u00f3n judicial en firme, siendo parte del proceso arbitral que ocupa a los Convocantes y Convocados, y que ser\u00e1 decisi\u00f3n del \u00e1rbitro resolver con los hechos y pruebas que se presenten en ese proceso\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo deneg\u00f3 el resguardo, porque \u00abno concurre ninguna de las causales atr\u00e1s esbozadas para la prosperidad de la acci\u00f3n de tutela frente a providencias judiciales\u00bb, ya que \u00abel Tribunal de Arbitramento fue asertivo y enf\u00e1tico al resolver la censura propuesta, informando de forma expresa y concreta las razones que llevaban a considerar la oportunidad de revocar el auto que admiti\u00f3 la demanda, dando alcance a cada uno de los materiales probatorios adosados para su an\u00e1lisis. En ese escenario queda vedada la posibilidad de intervenci\u00f3n del juez de tutela en el asunto, a\u00fan si la conclusi\u00f3n se comparte o no, pues no se detecta un yerro superlativo que lo amerite\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, agreg\u00f3 que \u00abfrente al tema de la caducidad de la acci\u00f3n y la inexistencia de la oportunidad para debatir el asunto puesto a conocimiento de esa especial jurisdicci\u00f3n, debe destacarse que de la lectura de los documentos arrimados al plenario en momento alguno se evidencia la presunta configuraci\u00f3n de esa instituci\u00f3n jur\u00eddica, pues al margen de la discusi\u00f3n que pueda generarse en torno a la forma en que fueron planteadas las pretensiones, lo cierto es que la aqu\u00ed actora ha guardado silencio ante el Tribunal Arbitral de esa especial figura, hecho que no puede convalidar a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, dado su car\u00e1cter residual\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La sociedad censora recurri\u00f3 la precitada providencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y resalt\u00f3 que \u00aben este caso la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso es completamente objetiva, pues se tom\u00f3 una decisi\u00f3n contraria a un precepto legal claro que establece que las demandas deben ser rechazadas cuando el t\u00e9rmino de caducidad est\u00e9 vencido, y la verificaci\u00f3n de tal aspecto corresponde al juez, por lo tanto no es razonable que se exija ahora un requisito adicional para determinar si se configur\u00f3 tal defecto, y que en todo caso pende de una de las partes del proceso, quien no es la llamada a efectuar dicho control de legalidad, en reemplazo del juez a quien compet\u00eda y dej\u00f3 de hacerlo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite arbitral que Fidelina Escobar Mej\u00eda, Roberto Romero Escobar y Ruby Amparo Romero Parra iniciaron contra El Arrozal y c\u00eda. S.C.A. y otros (rad. n.\u00ba 136.505), por admitir el libelo pese a las alegadas (i) falta de competencia del tribunal y (ii) \u00abcaducidad\u00bb de la acci\u00f3n; supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad del amparo. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir al remedio constitucional previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica (a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable). <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad iusfundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u201d\u00bb (CSJ STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, se advierte que la inobservancia de la subsidiariedad se presenta no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley \u2013lo cual constituye incuria\u2013, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos cuya tutela se reclama o, cuando ejercidos \u00e9stos, se encuentra pendiente su resoluci\u00f3n, tornando el auxilio en prematuro. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Con observancia en las premisas que anteceden, la Corte precisa que se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo promovido por El Arrozal y c\u00eda. S.C.A., comoquiera que, de la verificaci\u00f3n del escrito inicial, los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente y los informes rendidos en el curso de esta acci\u00f3n, deviene di\u00e1fano el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad que rige este mecanismo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, n\u00f3tese que el reproche de la entidad gestora se circunscribe a la admisi\u00f3n del proceso arbitral de la referencia \u2013en el que figura actualmente como una de las requeridas\u2013, porque, en su criterio, la autoridad accionada carece de competencia para proceder en ese sentido, se habr\u00eda pretermitido el estudio integral de la demanda \u2013con la consecuente omisi\u00f3n de la verificaci\u00f3n de la \u00abcaducidad\u00bb de la acci\u00f3n\u2013, entre otros aspectos, de los cuales deriva la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Sin embargo, la cuesti\u00f3n aducida a trav\u00e9s de esta senda est\u00e1 pendiente de resolverse en el marco de la audiencia inicial de que trata el art\u00edculo 30 de la Ley 1563 de 20125, tal como lo se\u00f1al\u00f3 la \u00e1rbitra que compareci\u00f3 a este tr\u00e1mite \u2013quien enfatiz\u00f3 en que esos temas se dirimir\u00e1n en esa etapa procesal\u2013, por lo que, en esas condiciones, es claro que, cualquier pronunciamiento sobre el particular, resultar\u00eda anticipado. <\/p>\n
De manera que, esa circunstancia por s\u00ed sola emerge como impedimento para que el juez de tutela intervenga en el proceso confutado, lo que impone ineludiblemente ratificar la inviabilidad del resguardo, ya que, se itera, conforme acaba de verse, en el sub-lite se est\u00e1 ante la inobservancia del mentado criterio, en atenci\u00f3n a lo previsto en el numeral 1 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En cuanto a la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial [y] debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (ver, entre otras: STC6172-2015, 21 may., rad. 2015-00163-01 y STC7886-2016, 16 jun., rad. 2016-01544-00). <\/p>\n
3.2. Por lo dem\u00e1s, tampoco es viable conceder la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dado que la Corte no encuentra que se hayan probado las exigencias que hagan posible el auxilio en tales condiciones, toda vez que, para tal evento, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1 sep. 2011, exp. 00194-01), y porque \u00abesta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesi\u00f3n constitucional\u00bb (CC SU-111\/97). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de primer grado, pero por las razones que anteceden; ya que la protecci\u00f3n propuesta resulta inviable, en tanto que desatiende el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 16 de enero de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 Integrado por la \u00e1rbitra \u00fanica Adriana Zapata Giraldo \u2013cuya suplente es Sol Marina de la Rosa Fl\u00f3rez\u2013, y por el secretario designado Esteban Puyo Posada. <\/p>\n
3\u0002 Blanca Jimena Romero Ch\u00eda, Carol Juliana Romero Rocha, Diego Romero P\u00e1ez, Gerson Fabi\u00e1n Romero Ch\u00eda, Giovany Romero Giraldo, Harold Nicol\u00e1s Romero Rocha, Hugo Ernesto Romero P\u00e1ez, Johana Kather\u00edn Romero Beltr\u00e1n, Jonathan Romero Giraldo, Juan Sebasti\u00e1n Romero Sandoval, Julieth Romero Giraldo, Karen Romero Sandoval, Lesly Alejandra Romero Sandoval, Myriam Janeth Romero Arjona, Robert Alexis Romero Beltr\u00e1n, Sandra Romero P\u00e1ez, Stela Romero Arjona, Susana Romero Giraldo y herederos indeterminados del se\u00f1or Diego Romero P\u00e1ez (q.e.p.d.). <\/p>\n
4\u0002 Al respecto, en el auto 3 de 30 de junio de 2022, se expuso que: \u00abSe subsanaron los defectos advertidos por el Tribunal en el auto inadmisorio de la demanda, mediante escrito recibido de la Parte Convocante el 21 de junio de 2022, dentro del t\u00e9rmino concedido. La Parte Convocante no cumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n legal de remitir el escrito de subsanaci\u00f3n a todos los integrantes de la Parte Convocada, ni a sus apoderados, seg\u00fan las direcciones de correo electr\u00f3nico que reposan en el expediente, y en particular en el acta de instalaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite arbitral\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Al respecto, la norma se\u00f1ala que: \u00abUna vez consignada la totalidad de los honorarios y gastos, el tribunal arbitral celebrar\u00e1 la primera audiencia de tr\u00e1mite con la asistencia de todos sus miembros, en la cual resolver\u00e1 sobre su propia competencia para decidir de fondo la controversia mediante auto que solo es susceptible de recurso de reposici\u00f3n. Si decidiere que no es competente para conocer de ninguna de las pretensiones de la demanda y la reconvenci\u00f3n, se extinguir\u00e1n los efectos del pacto arbitral para el caso concreto, y se devolver\u00e1 a las partes, tanto la porci\u00f3n de gastos no utilizada, como los honorarios recibidos. En este caso, para conservar los efectos derivados de la presentaci\u00f3n de la demanda ante el centro de arbitraje, el demandante tendr\u00e1 un t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas h\u00e1biles para instaurar la demanda ante el juez competente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC455-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC455-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-02489-01 (Aprobado en Sala de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 23 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70294","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70294","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70294"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70294\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70294"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70294"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70294"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}