STC456-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC456-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-02436-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 16 de noviembre de 2022, con la cual se deneg\u00f3 el amparo invocado por Carlos Alberto Ante Ospina contra la Delegatura de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en la medida de intervenci\u00f3n administrativa iniciada mediante Resoluci\u00f3n 300-003195 del 29 de agosto de 2017. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, presunci\u00f3n de inocencia, honra, buen nombre, propiedad privada, libre desarrollo de la personalidad, m\u00ednimo vital e igualdad. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resalta lo que viene: <\/p>\n
2.1. La Delegatura de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades profiri\u00f3 la Resoluci\u00f3n 300-003195 del 29 de agosto de 2017, con la cual adopt\u00f3 una medida de intervenci\u00f3n administrativa respecto de la Sociedad ABC for Winners S.A.S., al concluir que las actividades que desarrollaba configuraron los presupuestos de captaci\u00f3n establecidos en el Titulo 2, art\u00edculo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 26 de mayo de 2015, por presunta ausencia de razonabilidad financiera en comercializaci\u00f3n de cartera de 105 t\u00edtulos valores. <\/p>\n
2.2. La referida autoridad -con auto 2017-01-576098 del 14 de noviembre ulterior- orden\u00f3 la intervenci\u00f3n bajo la medida de toma de posesi\u00f3n de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la citada corporaci\u00f3n, entre otros, en virtud de lo establecido en el art\u00edculo 5 del Decreto 4334 de 2008 <\/p>\n
2.3. Debido a las diversas peticiones, incluida la del se\u00f1or Ante Ospina, la accionada -mediante prove\u00eddo 2021-01-101941 de 29 de marzo de 2021, adicionado con auto 2021-01-143481 de 15 de abril de 2021, y confirmado con auto 2021-01-365826 de 27 de mayo de 2021- resolvi\u00f3 tener como pruebas para resolver los petitorios las documentales aportadas. Y rechaz\u00f3 todas las probanzas diferentes a esta clase de medio suasorio en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 30 de la Ley 1116 de 2006, aplicable por remisi\u00f3n del art\u00edculo 15 del Decreto Ley 4334 de 2008. <\/p>\n
2.4. Por medio de interlocutorio 2021-01-384963 de 3 de junio de 2021 convoc\u00f3 a la audiencia dentro del Proceso de Toma de Posesi\u00f3n, la cual fue adelantada el 25 de junio, 1, 2, 7, 12, 14 y 19 de julio de 2021, contenida en Acta 2021-01-485441 del 6 de agosto siguiente. En desarrollo de estas, fue denegada la solicitud de desintervenci\u00f3n del aqu\u00ed promotor. <\/p>\n
2.5. Posteriormente, en diligencia celebrada el 31 de marzo de 2022, el despach\u00f3 neg\u00f3 la solicitud de exclusi\u00f3n de los pagar\u00e9s, libranzas y de los flujos de estos, peticionada por el se\u00f1or Ante Ospina en memoriales 2018-01-175643 de 18 de abril de 2018 y 2018-01-396072 de 3 de septiembre de 2018. <\/p>\n
2.6. Inconforme, el actor interpuso recurso de reposici\u00f3n, el cual fue resuelto de manera contraria a sus intereses seg\u00fan qued\u00f3 plasmado en el Acta 2022-01-265454 del 19 de abril siguiente. <\/p>\n
2.7. As\u00ed las cosas, el accionante se duele de que la autoridad accionada incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico. Esto, toda vez que el fallador se separ\u00f3 de los hechos probados al desconocer que los t\u00edtulos valores sobre los cuales gravita la actuaci\u00f3n administrativa fueron \u00abvendidos, pagados, endosados y entregados a los clientes de manera que hay unas verdaderas operaciones de compra que hacen que eso t\u00edtulos no sean de ABC FOR WINNERS SAS ni mucho menos de los ORIGINADORES\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se dejen sin efectos las decisiones dictadas por la autoridad accionada que desconocieron la exclusi\u00f3n de los t\u00edtulos implorada. En consecuencia, se le ordene que emita una nueva determinaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
La directora de Intervenci\u00f3n Judicial (e) de la Superintendencia de Sociedades1 inici\u00f3 por pedir que fuera declarado improcedente el amparo, por cuanto \u00abno se observa ning\u00fan defecto factico, ni v\u00eda de hecho en la decisi\u00f3n de no excluir los pagar\u00e9s libranzas requeridos por el se\u00f1or Carlos Alberto Ante Ospina\u00bb. <\/p>\n
En l\u00edneas posteriores, se pronunci\u00f3 de forma puntual frente a los hechos esgrimidos en el escrito tutelar, haciendo especial \u00e9nfasis de cara al petitorio de exclusi\u00f3n de pagar\u00e9s y libranzas que <\/p>\n
(\u2026) el solicitante ni siquiera identific\u00f3 cuales eran los bienes que en principio deb\u00edan ser objeto de exclusi\u00f3n por pertenecer a terceros, esto es, no se\u00f1al\u00f3 cuales eran los pagar\u00e9s libranzas a los que hac\u00eda referencia, tampoco indic\u00f3 quienes eran sus propietarios como para ordenar su devoluci\u00f3n, ni aport\u00f3 prueba que dieran cuenta de dicha propiedad, y que respaldara sus afirmaciones. Con lo que el Despacho no ten\u00eda elementos para hacer un an\u00e1lisis del objeto cuya exclusi\u00f3n se requer\u00eda, ni para establecer cu\u00e1les eran los presuntos t\u00edtulos y sus propietarios. De manera que, la solicitud formulada por el Apoderado del Intervenido Carlos Alberto Ante, no cumpl\u00eda con los requisitos exigidos por las normas que rigen el proceso de intervenci\u00f3n, particularmente lo previsto en los art\u00edculos 55 y 56 de la Ley 1116 de 2006 aplicable al proceso de intervenci\u00f3n, por remisi\u00f3n expresa del art\u00edculo 15 del Decreto 4334 de 2008. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo. Argument\u00f3 que las determinaciones confutadas se acompasaron con las normas que regulan la materia. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que la autoridad atacada efectu\u00f3 una apreciaci\u00f3n prudente y razonable de las probanzas allegadas y la situaci\u00f3n f\u00e1ctica. En este sentido, luego de citar in extenso algunos apartes de lo resuelto por la Superintendencia de Sociedades, coligi\u00f3 que simplemente se evidencia una inconformidad en \u00abmateria de interpretaci\u00f3n de los preceptos rese\u00f1ados, que en manera alguna habilita nuevamente la discusi\u00f3n del asunto, pues admitir lo contrario ser\u00eda tanto como aceptar que toda providencia judicial puede ser controvertida por esta v\u00eda bajo el entendido que siempre afectar\u00e1 a alguno de los intervinientes, lo que en nuestro sistema jur\u00eddico resulta inaceptable\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el extremo activo. Reiter\u00f3 los argumentos del libelo genitor. De igual forma, hizo \u00e9nfasis en que los t\u00edtulos valores que \u00abse adquirieron de otras fuentes no deber\u00edan ser parte de la intervenci\u00f3n por simple l\u00f3gica, la prueba es que no est\u00e1n intervenidos\u00bb. Y, concluy\u00f3 que \u00abes evidente que hay operaciones de ABC FOR WINNERS SAS que no est\u00e1n intervenidas y en ese sentido deben ser excluidas del proceso como se solicit\u00f3\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prebendas fundamentales del actor con ocasi\u00f3n de la no exclusi\u00f3n de algunos t\u00edtulos valores en la medida de intervenci\u00f3n administrativa adelantada por la autoridad accionada. Ello pues, seg\u00fan su entendido, la decisi\u00f3n rebatida carece de sustento probatorio -defecto f\u00e1ctico-. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio obrante en el expediente, se observa que la Superintendencia de Sociedades adelant\u00f3 audiencia el 31 de marzo de 2022, de la cual se elev\u00f3 el acta No. 2022-01-265454 del 19 de abril siguiente2, tr\u00e1mite en el cual se neg\u00f3 la exclusi\u00f3n de 105 t\u00edtulos valores solicitada por el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
2.1. En este sentido, trat\u00e1ndose del citado petitorio, inici\u00f3 por transcribir in extenso las r\u00e9plicas allegadas por el apoderado de Carlos Alberto Ante Ospina en memoriales 2018-01-175643 de 18 de abril y 2018-01-396072 de 3 de septiembre de 2018. De cara a los inventarios presentados y la legalidad de las actividades que desarrollaba ABC for Winners S.A.S., resalt\u00f3 que el fin perseguido en estos escritos era: <\/p>\n
i) Se ordene de oficio la exclusi\u00f3n de los pagar\u00e9s-libranzas de otros originadores que se han comportado con normalidad pero frente a los cuales se ha despojado a los titulares de manera irregular, siendo bienes de terceros, que no est\u00e1n involucrados en las supuestas operaciones de captaci\u00f3n, restituyendo adem\u00e1s los flujos injustamente retenidos por esta causa.; ii) Que se declare que los compradores de los pagar\u00e9s-libranzas son los verdaderos propietarios de los mismos, de manera que incluso con la medida de secuestro sigan siendo ellos los verdaderos due\u00f1os de los t\u00edtulos valores que compraron.; iii) Que se valore como prueba documental en este proceso el informe del agente interventor que d\u00e9 cuenta sobre los clientes que tienen los t\u00edtulos para desvirtuar la simulaci\u00f3n de los endosos que se pueda endilgar a las operaciones de ABC FOR WINNERS S.A.S.; iv) determinar la titularidad de los dineros ya recaudados en los procesos originadores al igual que los flujos por recaudar.; y v) ordenar a los interventores de los procesos originadores que remitan a este proceso todos los recursos recaudados de la cartera de ABC for Winners S.A.S.. <\/p>\n
Con respecto a lo anterior, de manera temprana coligi\u00f3 que se deb\u00edan despachar de manera negativa dichas pretensiones, comoquiera que \u00abno se determin\u00f3 cu\u00e1les ser\u00edan los bienes que deber\u00edan ser excluidos, no aport\u00f3 ninguna prueba que pudiera llevar al juez de la intervenci\u00f3n a estimar alguna de las peticiones imploradas\u00bb. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, para fundamentar su conclusi\u00f3n, ilustr\u00f3 que la figura de la exclusi\u00f3n de bienes es <\/p>\n
(\u2026) una figura que le permite al sujeto intervenido y a terceros de buena fe solicitar que se excluyan, de la masa destinada a devolver los recursos percibidos ilegalmente con la captaci\u00f3n de dineros del p\u00fablico, aquellos bienes que fueron aprehendidos como consecuencia del proceso de intervenci\u00f3n, cuando estos bienes pertenecen a terceros no intervenidos y no est\u00e1n relacionados con la operaci\u00f3n de captaci\u00f3n ilegal. La prosperidad de esta petici\u00f3n depende del soporte probatorio que logre desvirtuar la presunci\u00f3n legal establecida en el numeral 15 del art\u00edculo 9 del Decreto 4334 de 2008, de conformidad con lo que precis\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-145 de 2009 al revisar la constitucionalidad de esta disposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.3. Sin embargo, de cara al sub examine, adujo que \u00abel intervenido se abstuvo de presentar pruebas para sustentar sus solicitudes, con lo cual el juez no puede resolver la cuesti\u00f3n como lo plantea el art\u00edculo 30 de la Ley 1116 de 2006, esto es, a partir de las documentales que deben allegar las partes\u00bb. Afirm\u00f3 que \u00abni siquiera, se pueda hacer un an\u00e1lisis del objeto de la exclusi\u00f3n, pues este Despacho no tiene elementos para esclarecer qu\u00e9 bienes no deber\u00edan estar aprehendidos por pertenecer a terceras personas\u00bb. <\/p>\n
2.4. Aunado a lo se\u00f1alado, realiz\u00f3 un amplio pronunciamiento sobre la ilegalidad y ocultamiento de las actividades que est\u00e1n siendo objeto de intervenci\u00f3n, como tambi\u00e9n de las circunstancias que dieron lugar a la actuaci\u00f3n administrativa adelantada contra ABC for Winners S.A.S. para nuevamente arribar a la determinaci\u00f3n de que se negar\u00eda la petici\u00f3n de exclusi\u00f3n elevada. <\/p>\n
2.5. Ulteriormente, el apoderado del gestor solicit\u00f3 la adici\u00f3n del fallo respecto del estado de los cobros jur\u00eddicos incluidos en el aval\u00fao de la cartera, el cual fue estimado parcialmente. No obstante, frente a esta determinaci\u00f3n inco\u00f3 recurso de reposici\u00f3n aduciendo que \u00abno acepta la responsabilidad atribuida a las personas intervenidas, diferencia jur\u00eddica que mantiene, porque no considera que este adecuada la atribuci\u00f3n de responsabilidad de estas personas, por tanto, no deber\u00edan ser intervenidos y si exclusivamente afectados\u00bb. <\/p>\n
2.5.1. As\u00ed las cosas, la autoridad accionada puntualiz\u00f3 que el problema jur\u00eddico a resolver giraba alrededor de establecer \u00absi la decisi\u00f3n de suspender las actividades de captaci\u00f3n no es absoluta, sino que \u00fanicamente se refiere a determinadas actividades que se consideraron captaci\u00f3n, como consecuencia de ello, todas aquellas actividades no relacionadas con la captaci\u00f3n pues no deber\u00edan ser parte del activo\u00bb. <\/p>\n
2.5.2. En este entendido, ilustr\u00f3 que el art\u00edculo 2.2.2.15.1.1. del Decreto 1074 de 2015, establece que \u00abLa Superintendencia de Sociedades, ordenar\u00e1 la toma de posesi\u00f3n para devolver o la liquidaci\u00f3n judicial, a los sujetos descritos en el art\u00edculo 5 del Decreto 4334 de 2008, medidas que, en relaci\u00f3n con los sujetos vinculados, operar\u00e1n tambi\u00e9n respecto de la totalidad de sus bienes, los que quedar\u00e1n afectos a la devoluci\u00f3n del total de las reclamaciones aceptadas en el proceso o procesos\u00bb. Por lo cual, apuntal\u00f3 que <\/p>\n
2.5.3. Por otro lado, con relaci\u00f3n a la falta de pruebas de la propiedad de los t\u00edtulos que se desean excluir, el recurrente indic\u00f3 que no hab\u00eda necesidad de ello, por cuanto en el aval\u00fao presentado se enumeraron e identificarlos estos. De cara a este argumento, el estrado manifest\u00f3 que no tiene cabida, puesto que \u00abel art\u00edculo 55 de la Ley 1116 de 2006 permite que puedan excluirse bienes que a pesar de encontrase en poder de los sujetos intervenidos al inicio del proceso, pertenecen a un tercero. De acuerdo con el art\u00edculo 56 de la ley 1116 de 2006, quien alegue dicha propiedad debe probarlo, as\u00ed no es el juez quien debe probarlo, sino quien lo solicita\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que \u00ab(\u2026) no existe prueba de dicha propiedad, el despacho entiende que son propiedad de ABC for Winners, porque el interventor los presento como tal y no existe prueba de lo contrario, as\u00ed el juez no puede tomar una decisi\u00f3n distinta, y se insiste no es al juez a quien le corresponde probarlo porque el juez no es parte del proceso, el juez decide con base en las pruebas que obran dentro del expediente. De esa manera no es aceptable el argumento que se expone\u00bb. (Se subraya) <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del funcionario atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable3. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y jurisprudencial del tema, y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el gestor. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de fallador de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que <\/p>\n
\u00ab[E]l juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007- 00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb. (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021). <\/p>\n
4. Por su parte, sobre la valoraci\u00f3n probatoria, la Corte tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, pues <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, (\u2026) \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…)\u00bb (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020 del 11 de septiembre del 2020). <\/p>\n
5. Por lo ilustrado, se ratificar\u00e1 el fallo opugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 1-32, archivo \u201c06 2022-01-797455-CARLOS ALBERTO ANTE 2022-02436 TSDJ BOGOTA\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1-22, archivo \u201c2022-01-265454-000\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
<\/p>\n
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