STC474-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC474-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2022-00296-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por Alejandrina Polo de Rodr\u00edguez frente a la sentencia de 26 de agosto de 2022, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra el Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite fueron integrados Epifanio Rodr\u00edguez Herrera y Banco Popular S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La promotora deprec\u00f3, a trav\u00e9s de apoderado, el pronto respeto de sus prerrogativas esenciales al debido proceso, as\u00ed como a la \u00ab[b]uena [f]e\u00bb y \u00ab[c]onfianza [l]eg\u00edtima\u00bb, presuntamente conculcadas por la c\u00e9lula jurisdiccional repelida. <\/p>\n
Y en concreto, \u00abSE DECLARE LA ILEGALIDAD\u00bb de lo dirimido dentro del expediente ejecutivo hipotecario n.\u00b0 \u00ab2002-00331\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento adujo que ante el despacho fustigado se surte el descrito litigio, por demanda de Banco Popular S.A. contra ella y Epifanio Rodr\u00edguez Herrera en aras de procurar el cobro del monto de un pagar\u00e9 suscrito el 29 de marzo de 1999, respaldado con hipoteca previa para la adquisici\u00f3n de vivienda. Obligaci\u00f3n aparentemente sujeta al otrora r\u00e9gimen de \u00abUNIDADES DE PODER ADQUISITIVO CONSTANTE \u2013 UPAC\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que de la contienda provino, grosso modo, auto de mandamiento de pago el 18 de diciembre de 2002 y orden de seguir adelante, con providencia de 10 de marzo de 20042; sin embargo, a\u00fan no se ha realizado la diligencia de remate del inmueble materia de cautela. <\/p>\n
Sostuvo que mediante interlocutorio de 15 de diciembre de 2021, la agencia judicial cognoscente dispuso desestimar su solicitud de \u00abTERMINACI\u00d3N\u00bb respecto de la litis, el cual rebati\u00f3 en reposici\u00f3n. <\/p>\n
Critic\u00f3 la tutelante el precitado pronunciamiento, pues, en estricto compendio, el ente juzgador fustigado quiso pasar por alto la ausencia de \u00abREESTRUCTURACI\u00d3N DEL CR\u00c9DITO\u00bb en el caso, a la luz de jurisprudencia de la Corte Constitucional y esta Sala de Casaci\u00f3n y, la ley 546 de 1999, hall\u00e1ndose en riesgo de perder su casa, en condici\u00f3n de mujer de la tercera edad -75 a\u00f1os-. <\/p>\n
Y en escrito aparte, agreg\u00f3 el paso de \u00abm\u00e1s de 8 meses\u00bb sin la efectiva resoluci\u00f3n del recurso horizontal frente al auto disentido. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El ente dispensador de justicia encartado se opuso al \u00e9xito de la clama despu\u00e9s de memorar lo sucedido, por no vulneraci\u00f3n y por estar en curso la reposici\u00f3n propuesta por la quejosa contra el auto de 15 de diciembre de 2021. Comparti\u00f3 enlace de la disputa de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Epifanio Rodr\u00edguez Herrera y Banco Popular S.A. guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 acceder a la salvaguarda \u2013luego de superada la anulaci\u00f3n que decretara esta Sala en prove\u00eddo CSJ ATC1216, 17 ag. 2022\u2013, comoquiera que el auto reprochado no se encuentra \u00aben firme[,] en virtud del recurso ordinario(\u2026) interpuesto\u00bb por la aqu\u00ed accionante, \u00abpendiente de [definici\u00f3n,] previo al recaudo de las pruebas decretadas\u00bb en decisi\u00f3n corregida el 22 de agosto de 2022; probanzas cuyo t\u00e9rmino de acopio, de 10 d\u00edas, culminar\u00eda el 2 de septiembre \u00eddem. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La intent\u00f3 la convocante, apoyada de su defensor, con persistencia en los ataques atinentes a la negativa de la solicitud de terminaci\u00f3n del pleito ejecutivo y en desacuerdo de las conclusiones del Tribunal a-quo, toda vez que la reposici\u00f3n no es id\u00f3nea para contrarrestar los efectos de aquel prove\u00eddo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos esenciales, susceptible de activar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los escenarios comunes de auxilio. <\/p>\n
Es de lineamiento jurisprudencial que, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable atropello, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, de sobrevenir el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por el demarcado sendero, conveniente es anotar que en los casos en los cuales el funcionario jurisdiccional cognoscente incurra en actuaci\u00f3n claramente opuesta a la ley, por anomal\u00eda o antojo, puede intervenir el juez de amparo para restablecer el orden jur\u00eddico cuando el agraviado no cuente con otra alternativa de patrocinio. <\/p>\n
Si bien los falladores ordinarios detentan la libertad discreta y proporcional para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las normas del ordenamiento, la justicia constitucional puede inmiscuir en tal funci\u00f3n, si aquellos consolidan una flagrante desviaci\u00f3n de su desempe\u00f1o. <\/p>\n
Como en este nivel ha manifestado, <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01; reiterada en STC4269, 16 abr. 2015). <\/p>\n
Es verdad que cuando el sentenciador natural opta por apartarse de la jurisprudencia o de las leyes sustantivas y\/o adjetivas o, reh\u00fasa exponer argumentos completos y fidedignos para la resoluci\u00f3n de los casos, entre otros contextos de vulneraci\u00f3n, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En el entendido de que el recurso de reposici\u00f3n propuesto por la ahora quejosa contra el auto objeto de su cr\u00edtica supralegal (pendiente de definici\u00f3n para cuando se profiriera la sentencia del Tribunal a-quo), fue zanjado por el despacho repelido en el ordinal primero3 de la providencia del d\u00eda 19 del mes y a\u00f1o en curso, en punto a mantener la negativa de la terminaci\u00f3n dispuesta en aquel interlocutorio de 15 de diciembre de 2021, corresponde auscultar a fondo los cimientos de la primera resoluci\u00f3n, al ser la que en sede horizontal acab\u00f3 por dirimir lo ata\u00f1edero al quid de la presente acudida en tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
1. N\u00f3tese que en el descrito pronunciamiento, el juzgado concluy\u00f3 que <\/p>\n
confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n adoptada en el auto de(\u2026) 15 de diciembre de 2021, en el cual se niega la terminaci\u00f3n del proceso por ministerio de la Ley 546 de 1999, toda vez que se insiste en que en el presente caso no es necesaria la redenominaci\u00f3n, reliquidaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito debido a que el sistema de correcci\u00f3n monetaria y dem\u00e1s condiciones en que fue pactada la obligaci\u00f3n se encuentran ajustad[o]s a las previsiones de la ley de vivienda. <\/p>\n
De tal manera que, a pesar de haberse anotado en la escritura p\u00fablica de constituci\u00f3n de hipoteca que la deuda se adquir\u00eda en UPAC, a nuestro juicio prima la realidad contenida en el t\u00edtulo valor ejecutado, puesto que el objeto de las pretensiones de la demanda reproduce las condiciones en que fue pactado\u2026 <\/p>\n
2. Argumentaciones a ra\u00edz de las que deviene palpable la incursi\u00f3n en un exceso que amerita la injerencia de esta extraordinaria justicia, como pasa a dilucidarse. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Con relaci\u00f3n a la reestructuraci\u00f3n prevista en la ley 546 de 1999, en trat\u00e1ndose, como aqu\u00ed ocurre, de juicios ejecutivos en los que se pretende cobrar cr\u00e9ditos otorgados antes del 31 de diciembre de 1999, para la adquisici\u00f3n de vivienda, la Sala ha indicado que para acceder al amparo solicitado por v\u00eda constitucional es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: i) que la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado, o, a\u00fan con posterioridad, si el bien fue adjudicado a la parte ejecutante4; ii) que se haya actuado con una m\u00ednima diligencia dentro del asunto censurado; y iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna, conforme a lo previsto en la citada Ley. <\/p>\n
Lo anterior, en concordancia con lo previsto en la Sentencia SU-813\/07 de la Corte Constitucional, a cuyo tenor: <\/p>\n
Los jueces que est\u00e9n conociendo de acciones de tutela relativas a la terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos que se refieran a cr\u00e9ditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deber\u00e1n seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificaci\u00f3n. Por lo tanto, a) deber\u00e1n conceder la acci\u00f3n de tutela cuando i) (\u2026) haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia m\u00ednima dentro del mismo5. <\/p>\n
En efecto, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica en precisar que, trat\u00e1ndose del cobro ejecutivo de una obligaci\u00f3n contra\u00edda antes del 31 de diciembre de 1999, en UPAC e, incluso, en pesos con capitalizaci\u00f3n de intereses, para la adquisici\u00f3n de vivienda, que no ha sido reestructurada en los t\u00e9rminos de la ley 546 de 1999, es deber de los operadores judiciales atender la solicitud del deudor tendiente a que se cumpla esta exigencia, pues tal olvido resta exigibilidad a la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, sobre tal tem\u00e1tica ha expresado la Corte Suprema que: <\/p>\n
En efecto, la citada reestructuraci\u00f3n es obligaci\u00f3n de las entidades crediticias, a efectos de ajustar la deuda a las reales capacidades econ\u00f3micas de los obligados, cuesti\u00f3n exigible a los cesionarios si se tiene en cuenta que aqu\u00e9llos reemplazan en todo al cedente. Esta Corporaci\u00f3n en casos de contornos similares, ha sido coherente en predicar la imposibilidad de continuar con una ejecuci\u00f3n cuando no se encuentra acreditada la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito (CJS STC, 31 oct. 2013, rad. 02499-00; reiterado en CSJ STC, 20 may. 2013, rad. 00914-00; 22 jun. 2012, rad. 00884-01; 19 sep. 2012, rad. 00294-01; y 13 feb. 2014, rad. 2013-0645-01, entre otros). <\/p>\n
De igual manera, con posterioridad esta Colegiatura tambi\u00e9n sostuvo que: <\/p>\n
No debe dejarse de lado que el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, estableci\u00f3 el derecho a la reestructuraci\u00f3n en favor de los deudores de acreencias hipotecarias para la adquisici\u00f3n de vivienda otorgados inicialmente mediante UPAC, el cual obliga convenir el pago acorde con la realidad financiera de los afectados. <\/p>\n
Por tal motivo, esa medida no resulta discrecional para el acreedor, mucho menos renunciable por la deudora, en raz\u00f3n de su importancia constitucional. De ese modo, el prop\u00f3sito de diferir el saldo seg\u00fan las reales posibilidades financieras de la tutelante, vale insistir, de acuerdo con sus circunstancias concretas, persigue evitar que las familias sigan perdiendo injusta y masivamente sus hogares, de ah\u00ed que la reestructuraci\u00f3n para esa clase de coercitivos, integre el t\u00edtulo complejo y su ausencia impida adelantar el cobro (CSJ ATC2421, 25 abr. 2016, rad. 2015-02667-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. De cara al caso en concreto, es palpable la afectaci\u00f3n a los intereses de la tutelante, consumada por el despacho judicial recriminado a partir de las decisiones de desestimar la terminaci\u00f3n de proceso por ella invocada, en la medida en que dicha agencia del circuito dej\u00f3 de atender a fondo la s\u00faplica en comento que, en \u00faltimas, se dirig\u00eda a implorar la clausura del pleito por la ausencia de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito a la luz de la normativa y jurisprudencia atinentes. <\/p>\n
Es que, mem\u00f3rese, el juzgado requerido acab\u00f3 por reafirmar \u2013en senda de reposici\u00f3n\u2013 la soluci\u00f3n adversa al petitorio de la all\u00ed demandada (ac\u00e1 gestora), bajo el argumento de que el pagar\u00e9 materia de cobro est\u00e1 \u201cajustado\u201d desde su misma creaci\u00f3n, a las condiciones de la ley de vivienda; sin embargo, fue omisiva tal dependencia jurisdiccional en analizar en detalle los alegatos atinentes a que la deuda fue contra\u00edda en marzo de 1999, antes de la entrada en vigor de la norma 546 y, por ende, al abrigo del antiguo sistema UPAC, a lo que a\u00f1ade la Corte que, de ser v\u00e1lido el planteamiento en cita, era necesario para el juzgador de conocimiento indagar con minuciosidad el hecho de que seg\u00fan la doctrina constitucional aplicable, no es dable confundir las figuras de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito y la simple reliquidaci\u00f3n, ya que la primera \u2013reestructuraci\u00f3n\u2013 es un mandato legal, desarrollado jurisprudencialmente y que tiene como fin ajustar las condiciones del cr\u00e9dito conforme a la capacidad econ\u00f3mica de los deudores, que no la simple redenominaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de UPAC a UVR, que ser\u00eda lo que habr\u00eda sucedido all\u00ed. <\/p>\n
No por nada, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026los pormenores acerca de la realizaci\u00f3n del acuerdo de reestructuraci\u00f3n, corresponde efectuarlos directamente al demandante y al deudor, o en su defecto por aqu\u00e9l, siendo \u00e9stos y no el Juez, quienes deben evaluar los criterios de viabilidad de la deuda y la situaci\u00f3n econ\u00f3mica actual de la deudora, para as\u00ed dar paso a establecer nuevas condiciones en cuanto a \u2018\u2026plazo, modalidad de amortizaci\u00f3n y tasa de la deuda\u20266. <\/p>\n
No debe dejarse de lado que el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, estableci\u00f3 el derecho a la reestructuraci\u00f3n en favor de los deudores de acreencias hipotecarias para la adquisici\u00f3n de vivienda otorgados inicialmente mediante UPAC, el cual obliga convenir el pago acorde con la realidad financiera de los afectados. <\/p>\n
Por tal motivo, esa medida no resulta discrecional para el acreedor, mucho menos renunciable por la deudora, en raz\u00f3n de su importancia constitucional. De ese modo, el prop\u00f3sito de diferir el saldo seg\u00fan las reales posibilidades financieras de la tutelante, vale insistir, de acuerdo con sus circunstancias concretas, persigue evitar que las familias sigan perdiendo injusta y masivamente sus hogares, de ah\u00ed que la reestructuraci\u00f3n para esa clase de coercitivos, integre el t\u00edtulo complejo y su ausencia impida adelantar el cobro (CSJ ATC2421, 25 abr. 2016, rad. 2015-02667-01; reiterada en CSJ STC5656-2016, rad. 2016-01031-00). <\/p>\n
En el mismo sentido, se ha resaltado que: <\/p>\n
\u2026[del] art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, se extrae el deber ineludible para las entidades financieras, de reliquidar y reestructurar los cr\u00e9ditos de vivienda en UPAC, vigentes al 31 de diciembre de 1999\u2026 cuya recuperaci\u00f3n pretend\u00edan ante los estrados judiciales, pues, para esa fecha todos ellos quedaron con la posibilidad de replantear la forma de pago, de acuerdo con las condiciones econ\u00f3micas de los propietarios que estaban en peligro de perder su lugar de habitaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
El incumplimiento de esa carga, en consecuencia, se constituye en un obst\u00e1culo insalvable para el inicio y el impulso de los procesos hipotecarios estrictamente relacionados con cr\u00e9ditos de vivienda inicialmente concedidos en UPAC, por formar parte de un t\u00edtulo ejecutivo complejo cuya acreditaci\u00f3n se hace imprescindible, para obtener la orden de apremio en caso de mora de los deudores o si, llevado a cabo ese trabajo, es manifiesta la imposibilidad de satisfacci\u00f3n de \u00e9stos con sus actuales ingresos\u2026 <\/p>\n
Si tal falencia no es advertida al momento de librar mandamiento de pago, exige un pronunciamiento de los falladores a petici\u00f3n de parte o por v\u00eda del examen oficioso de los instrumentos representativos del cr\u00e9dito cobrado, a\u00fan en segunda instancia, por tratarse de un t\u00f3pico relacionado con la exigibilidad de las obligaciones hipotecarias que llevan inmersos los elevados derechos a la vivienda digna e igualdad entre los deudores de ese sistema\u2026 <\/p>\n
Por ende, si se desatiende esa labor inquisitiva de revisar la suficiencia de los documentos allegados como base de recaudo, por mandato excepcional que emana de la normatividad expedida para conjurar una crisis social, como excepci\u00f3n al principio dispositivo que rige la alzada, se incurre en una v\u00eda de hecho que es susceptible de protecci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Pasar por alto tal proceder, como si la mera culminaci\u00f3n de los hipotecarios de cr\u00e9ditos en UPAC relacionados con unidades habitacionales individuales fuera suficiente, ser\u00eda desconocer los efectos protectores de la Ley de Vivienda, diluidos con el agotamiento parcial de los ordenamientos del par\u00e1grafo tercero del art\u00edculo 42\u2026 <\/p>\n
Tal etapa, esto es, poner fin a un proceso hipotecario sin que mediara pago, s\u00f3lo constitu\u00eda un paso para normalizar la situaci\u00f3n de los deudores, que se complementar\u00eda, indiscutiblemente, con la posibilidad cierta de revisar de consuno entre acreedor y deudor como se diferir\u00edan los saldos pendientes\u2026 <\/p>\n
Bajo este entendido, al no analizar los juzgadores a ciencia y paciencia si en los nuevos cobros de cr\u00e9ditos de vivienda, cuyos deudores fueron beneficiados con el respiro que les confiri\u00f3 la ley mediante el cese de la ejecuci\u00f3n, se satisficieron a cabalidad cada uno los condicionamientos que habilitaban ese posterior reclamo coercitivo de las entidades financieras, se desvirt\u00faa el prop\u00f3sito que inspir\u00f3 dicha regulaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Esto por cuanto en estos especiales casos, a diferencia de cualquier recaudaci\u00f3n compulsiva, no se trata de verificar el incumplimiento de una obligaci\u00f3n en los plazos inicialmente pactados, conforme aparece en el t\u00edtulo, sino la materializaci\u00f3n de la imposibilidad para los demandados de solventar un cr\u00e9dito con el cual buscaron, antes que incrementar su patrimonio, solucionar una necesidad b\u00e1sica de orden superior\u2026 <\/p>\n
Por esto, es labor irrenunciable del fallador escudri\u00f1ar si quien est\u00e1 en riesgo de perder su vivienda cont\u00f3 con la oportunidad de replantear las condiciones de pago, mediante la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, pues, s\u00f3lo en caso de una dificultad manifiesta en asumir el total de la deuda o ante el quebrantamiento de las nuevas estipulaciones convenidas, estar\u00eda habilitado el camino para pedir la venta forzada del inmueble, m\u00e1xime en aquellos casos en que se cuestiona, directa o indirectamente, la suficiencia del t\u00edtulo base de recaudo\u2026 (Resaltado fuera de texto, CSJ STC, 3 jul. 2014, rad. 2014-01326-00; reiterada el 7 abr. 2015, rad. 2015-00601-00; y STC8059, 25 jun. 2015, rad. 2015-00683-01). <\/p>\n
A lo anterior se agrega que, m\u00e1s all\u00e1 de simplemente otear el contenido del pagar\u00e9 base de ejecuci\u00f3n e inferir si la ac\u00e1 pretensora (ah\u00ed demandada) tiene o no capacidad econ\u00f3mica, al estamento dispensador de justicia acusado le correspond\u00eda auscultar en conjunto la condiciones -y en particular la data- en que fue plasmado el cr\u00e9dito de vivienda sub examine, para concluir si, al margen de unos escritos de reliquidaci\u00f3n o redenominaci\u00f3n, hay verdadera reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito a la luz del compendio normativo venido de esbozar. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Por consiguiente, am\u00e9n del soslayo de jurisprudencia el estrado octavo civil del circuito de Cartagena consolid\u00f3 un desacierto impropio del deber de motivaci\u00f3n (derivado de abstraerse de los reales sustratos de la s\u00faplica de la tutelante) que, en palabras de esta Sala, equivale a \u00abun imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u2026\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 02174-00; reiterada en STC10798, 22 ag. 2018, rad. 00102-02). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Se impone, entonces, infirmar lo dirimido por el Tribunal a-quo para, por ende, abrir paso a la ayuda supralegal protestada, habida cuenta que el ente operador judicial denunciado escatim\u00f3 mayor esfuerzo en desatar un pronunciamiento valedero de cara a la solicitud que le brind\u00f3 potestad para terciar al interior del juicio disentido; situaci\u00f3n por la que se le conminar\u00e1 a proveer otra vez. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca la sentencia impugnada y, en su lugar, concede el resguardo implorado por Alejandrina Polo de Rodr\u00edguez. <\/p>\n
Por consecuencia, se ordena al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena que, en un t\u00e9rmino no mayor a diez (10) d\u00edas, contado a partir de su enteramiento, y luego de dejar sin valor el ordinal primero del auto proferido el d\u00eda 19 del mes y a\u00f1o en curso, dentro del expediente ejecutivo hipotecario n.\u00b0 \u00ab2002-00331\u00bb, as\u00ed como todas las resoluciones que de ello dependan, desate nuevamente el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la tutelante, acorde a lo plasmado en la considerativa de este veredicto. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el canal m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El dossier de amparo fue remitido a la Corte, para tales fines, hasta el 09\/12\/2022, por correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
2\u0002 Empero, por virtud de auto de 14 de febrero de 2017 se sigui\u00f3 el cobro con respecto al otro demandado, Epifanio Rodr\u00edguez Herrera, luego de que saliera avante una solicitud de nulidad que \u00e9l incoara por indebida notificaci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 En punto a \u00abNO REPONER el auto del 15 de diciembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Ver en este sentido: CSJ STC6968-2015. <\/p>\n
5\u0002 Criterio reiterado en CC T- 881\/13. Se resalt\u00f3. <\/p>\n
6\u0002 \u00abCC SU-787\/07\u00bb. <\/p>\n
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STC474-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC474-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2022-00296-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por Alejandrina Polo de Rodr\u00edguez frente a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70307","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70307","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70307"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70307\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70307"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70307"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70307"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}