STC480-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC480-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-04492-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide el resguardo constitucional promovido por Ecopetrol S.A. contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2011-00388. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad gestora -a trav\u00e9s de apoderado- reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y confianza leg\u00edtima. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resalta lo que viene: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Yopal se adelant\u00f3 el proceso compulsivo mencionado, promovido por Ecopetrol S.A. contra Juan Jos\u00e9 Morales Pedraos. El estrado judicial -con prove\u00eddo del 22 de mayo de 2013- aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aportada. <\/p>\n
2.2. La entidad tutelante se\u00f1al\u00f3 que el 8 de febrero de 2022, radic\u00f3 poder y pidi\u00f3 copia del expediente digital. No obstante, el juzgador accionado -con providencia del 11 de febrero siguiente-1 decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso y orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares. <\/p>\n
2.3. Inconforme, interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio apelaci\u00f3n2. Adem\u00e1s, en diferente escrito, alleg\u00f3 solicitud de medida cautelar3. <\/p>\n
2.4. El juzgador accionado -con auto del 20 de mayo ulterior-4 neg\u00f3 el medio impugnatorio horizontal, comoquiera que \u00abno se encontr\u00f3 en ninguna bandeja el mail del 8 de febrero de 2022, proveniente del correo paulamurillojuridica@gmail.com\u00bb. Asimismo, resalt\u00f3 que la solicitud de copia del expediente no interrumpe o suspende el t\u00e9rmino. En consecuencia, concedi\u00f3 la alzada. <\/p>\n
2.5. La Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la referida ciudad -con providencia del 1\u00ba de septiembre de 2022-5 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
2.6. As\u00ed las cosas, la promotora aduce que se configur\u00f3 defecto por violaci\u00f3n directa a la Constituci\u00f3n, ya que al peticionar la copia del expediente se dio el impulso requerido en el tr\u00e1mite natural. Aunado a lo anterior, enrostr\u00f3 que el Consejo de Estado ha sostenido que, si dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que declara el desistimiento t\u00e1cito se cumple con la carga que hab\u00eda sido impuesta, se desvirt\u00faa el desinter\u00e9s en el proceso. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se revoquen los autos proferidos el 8 de febrero y 1\u00ba de septiembre de 2022. En su lugar, se le ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal que se pronuncie respecto de las medidas cautelares solicitadas. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
La Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal6 pidi\u00f3 que fuera denegado el amparo, por cuanto al confirmar el auto confutado estudi\u00f3 los reparos efectuados por el opugnante sin que se hubieran vulnerado sus prebendas fundamentales. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prebendas fundamentales aducidas por la actora, con ocasi\u00f3n del presunto defecto por violaci\u00f3n a la Constituci\u00f3n en que incurrieron los falladores de instancia. Ello pues, afirm\u00f3 que no se debi\u00f3 declarar el desistimiento t\u00e1cito del pleito, toda vez que el 8 de febrero de 2022, al allegar el poder para actuar y la petici\u00f3n de copia del expediente, se interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino para que se configurara esta situaci\u00f3n. Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que antes de la ejecutoria del auto, cumpli\u00f3 con la carga impuesta. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio obrante en el expediente, se observa que el tribunal accionado -con providencia del 1\u00ba de septiembre de 2022-7 confirm\u00f3 el auto confutado. <\/p>\n
2.1. Inicialmente, comenz\u00f3 por indicar que el problema jur\u00eddico a resolver era si se configuraron los presupuestos establecidos en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso para decretar el desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
2.2. En este sentido, revisadas las piezas procesales se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) la \u00faltima actuaci\u00f3n de la parte demandante, hasta antes del desistimiento t\u00e1cito, fue la solicitud de tener acceso al expediente digital que data del 26 de noviembre de 2021 y la \u00faltima actuaci\u00f3n de impulso del proceso corresponde al auto de fecha 28 de junio de 2019 que incorpor\u00f3 la respuesta emitida por la ORIP. Por otra parte, tal como lo aduce el a quo no obra en el plenario poder donde se solicite reconocimiento de personer\u00eda jur\u00eddica y acceso al expediente, el cual aduce la parte actora haber remitido el 08 de febrero de 2022 a trav\u00e9s de canal electr\u00f3nico\u00bb. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, record\u00f3 que de cara a la figura del desistimiento t\u00e1cito la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que: <\/p>\n
(\u2026) esta figura jur\u00eddica \u201cbusca solucionar la par\u00e1lisis de los procesos para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia, la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que conforme al literal c) de dicho precepto \u00abinterrumpe\u00bb los t\u00e9rminos para que se \u00abdecrete su terminaci\u00f3n anticipada\u00bb, es aquella que lo conduzca a \u00abdefinir la controversia\u00bb o a poner en marcha los \u00abprocedimientos\u00bb necesarios para la satisfacci\u00f3n de las prerrogativas que a trav\u00e9s de ella se pretenden hacer valer. <\/p>\n
En suma, la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb debe ser apta y apropiada y para \u00abimpulsar el proceso\u00bb hacia su finalidad, por lo que, \u00ab[s]imples solicitudes de copias o sin prop\u00f3sitos serios de soluci\u00f3n de la controversia, derechos de petici\u00f3n intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi\u00bb carecen de esos efectos, ya que, en principio, no lo \u00abponen en marcha\u00bb (STC4021- 2020, reiterada en STC9945-2020). <\/p>\n
2.4. Ahora bien, trat\u00e1ndose de las circunstancias capaces de interrumpir el t\u00e9rmino, apuntal\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) ser\u00eda la actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito o la solicitud de medidas cautelares encaminadas a satisfacer la obligaci\u00f3n que se ejecuta. Por consiguiente, la solicitud de tener acceso al expediente digital que data del 26 de noviembre de 2021 no puede considerarse una actuaci\u00f3n, tal petici\u00f3n no es un acto procesal, por tanto, no se interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 317 del CGP\u00bb. <\/p>\n
Y, agreg\u00f3 que <\/p>\n
2.5. Finalmente, de cara al lapsus transcurrido en la causa para que se configurara el desistimiento t\u00e1cito, ilustr\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) la \u00faltima actuaci\u00f3n de impulso del proceso corresponde al auto de fecha 28 de junio de 2019 y la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos inici\u00f3 el 16 de marzo de 2020, por lo que hab\u00edan transcurrido 8 meses y 16 d\u00edas; de manera que al reanudarse su computo a partir del 01 de agosto de 2020, la parte ejecutante contaba con un a\u00f1o, 4 meses y 14 d\u00edas para presentar alguna actuaci\u00f3n procesal capaz de interrumpir el t\u00e9rmino (CGP. art 317), sin embargo, para el 11 de febrero de 2022, fecha en la que se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, dicho lapso se hab\u00eda superado, hab\u00eda transcurrido 1 a\u00f1o, 6 meses y 10 d\u00edas, configur\u00e1ndose la inactividad del proceso por m\u00e1s de 2 a\u00f1os. Aunado a lo anterior, la opugnante no indica una raz\u00f3n de fuerza mayor que imposibilitara el cumplimiento de sus deberes procesales\u00bb. (Se subraya) <\/p>\n
2.6. Por \u00faltimo, en relaci\u00f3n con el argumento de dar prevalencia al principio constitucional de la primac\u00eda del inter\u00e9s p\u00fablico, por el hecho de que los dineros reclamados en el compulsivo son del erario, precis\u00f3 que \u00abla inactividad judicial durante un periodo mayor de dos a\u00f1os evidencia la desidia de la parte en el cumplimiento de sus deberes procesales, el hecho de perseguirse dineros p\u00fablicos no genera autom\u00e1ticamente la inaplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito\u00bb. Corolario de lo discurrido, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del fallador de primera instancia. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del funcionario atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable8. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la sociedad gestora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que <\/p>\n
\u00ab[E]l juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007- 00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb. (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021). <\/p>\n
4. Con base en estas consideraciones, se niega la salvaguarda solicitada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 3 y 4, archivo \u201cPRUEBA_16_12_2022, 11_06_13 a. %3Bm\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem., 8-12. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem., 142-148. <\/p>\n
4\u0002 Ibidem., 149-152. <\/p>\n
5\u0002 Ibidem., 154-158. <\/p>\n
6\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c11001020300020220449200-0009Memorial\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Folios 1-14, archivo \u201cPRUEBA_9_12_2022, 14_38_07\u201d del expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
<\/p>\n
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