STC481-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC481-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04457-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Gregorio Galeano S\u00e1nchez y H\u00e9ctor Garc\u00eda Alarc\u00f3n contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, el Juzgado Segundo Civil del Circuito y el Juzgado Tercero Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de la misma ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores reclamaron la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado dentro del proceso de tutela de radicado 23001-31-03-004-2022-00207-01. <\/p>\n
2. Apuntal\u00f3 sus peticiones en los hechos relevantes que se compendian a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
2.1. Los actores instauraron acci\u00f3n de tutela en contra del Juzgado Tercero Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Monter\u00eda con el fin de obtener la salvaguarda de sus derechos fundamentales al \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia, derecho a recibir la misma protecci\u00f3n y trato de las autoridades y gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades\u00bb dentro del proceso de radicado 2300141890032019-00021. <\/p>\n
2.2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda profiri\u00f3 sentencia el 21 de septiembre del 2022, en la que resolvi\u00f3 declarar improcedente la protecci\u00f3n invocada pues evidenci\u00f3 que \u00abrevisado los hechos y pretensiones del amparo constitucional de la referencia, es pertinente indicar que, efectivamente se ha presentado el mismo amparo constitucional en tres ocasiones diferentes\u00bb. Por ende, aplic\u00f3 lo dispuesto en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, \u00abesto es, declarar improcedente el amparo constitucional promovido por los se\u00f1ores Jos\u00e9 Gregorio Galeano S\u00e1nchez y H\u00e9ctor Garc\u00eda Alarc\u00f3n, en atenci\u00f3n a que se re\u00fanen los requisitos de la cosa juzgada\u00bb. Destac\u00f3, por \u00faltimo, que no observ\u00f3 \u00abnuevos elementos que llevaron al actor a presentar la solicitud de amparo y que habiliten al juez para realizar un nuevo pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
2.3. A su turno, el 25 de octubre del 2022, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda modific\u00f3 el fallo de primera instancia \u00aben el sentido de declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, \u00fanicamente en lo que respecta al se\u00f1or H\u00e9ctor Garc\u00eda Alarc\u00f3n, en raz\u00f3n a la no concurrencia de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, y no por configurarse el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la cosa juzgada\u00bb. En lo dem\u00e1s, confirm\u00f3 el fallo impugnado. <\/p>\n
En tal sentido, advirti\u00f3 que \u00abla existencia de Cosa Juzgada con respecto al accionante Jos\u00e9 Gregorio Galeano S\u00e1nchez, por existir identidad de partes, de objeto y de causa, con las 3 anteriores acciones de tutela, debi\u00e9ndose aclarar que si bien en el presente asunto no se hizo petici\u00f3n concreta, se busca el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa, contradicci\u00f3n e igualdad, fundamentando su querer en la misma situaci\u00f3n f\u00e1ctica planteada en los anteriores procesos en lo que hace referencia al Juzgado Tercero Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples Civiles del Circuito de Monter\u00eda\u00bb. <\/p>\n
No obstante, observ\u00f3 que tal situaci\u00f3n no se presenta con el se\u00f1or H\u00e9ctor Garc\u00eda Alarc\u00f3n, quien no figura como impulsor de ninguna de las acciones constitucionales relacionadas. Sin embargo, advirti\u00f3 que frente a aquel no se cumpl\u00edan con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. Al respecto, explic\u00f3 que \u00ab de la revisi\u00f3n del expediente contentivo del proceso g\u00e9nesis, en el aplicativo TYBA, encuentra la Sala que, dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, se dict\u00f3 sentencia desde el 19 de julio de 2019, declarando terminado el contrato de arrendamiento y ordenando la restituci\u00f3n del inmueble, que posteriormente el demandante se\u00f1or Samir Arboleda L\u00f3pez, present\u00f3 demanda de Ejecuci\u00f3n dentro de los 30 d\u00edas siguientes al fallo, por lo que el mandamiento de pago fue notificado por Estado, sin que se advierta que dentro de las oportunidades procesales previstas por la normatividad vigente, haya existido pronunciamiento por parte del ac\u00e1 accionante contra las distintas decisiones emitidas por el Juzgado accionado, encontr\u00e1ndose que se ha rebosado holgadamente el t\u00e9rmino considerado por la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, como razonable para la formulaci\u00f3n del reclamo fundamental, el cual, es de seis (6) meses\u00bb. <\/p>\n
2.4. Los promotores aseveraron que el Juez Tercero Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Monter\u00eda omiti\u00f3 declarar \u00abla inexigibilidad de la acci\u00f3n o su falta de claridad o expresividad\u00bb, lo cual equivale a dar prevalencia a las formalidades sobre el derecho sustancial. A su turno, respecto a la decisi\u00f3n del Tribunal, destac\u00f3 la flexibilizaci\u00f3n que la Corte Constitucional ha dado a los principios de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
Critic\u00f3 que el ad quem constitucional se haya ido \u00abpor el camino f\u00e1cil del derecho adjetivo o procedimental, ignorando el derecho sustancial que prevalece sobre el derecho adjetivo que es tobog\u00e1n de la corrupci\u00f3n que caracteriza a nuestra justicia tanto as\u00ed que hace poco fue extirpado de las altas cortes el llamado cartel de la toga, que nos deja mal parados ante la comunidad internacional en materia de justicia\u00bb. Insisti\u00f3 en que el se\u00f1or arrendatario, Samir Arboleda L\u00f3pez, hizo un montaje del contrato de arrendamiento \u00aby las autoridades judiciales le dieron al t\u00edtulo el car\u00e1cter de t\u00edtulo ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme lo rese\u00f1ado, pidieron que se de aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y al canon 11 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1.- La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda asever\u00f3 que se obr\u00f3 conforme a derecho, \u00abexponiendo claramente los criterios normativos y jurisprudenciales a tener en cuenta, am\u00e9n de respetar el debido proceso en cada una de las actuaciones llevadas a cabo dentro del asunto ejusdem\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda inst\u00f3 a que se denegara la acci\u00f3n constitucional instaurada por improcedente. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La jurisprudencia ha sostenido reiteradamente la improcedencia para atacar sentencias o actuaciones surtidas en diligencias de tutela. Lo dicho, habida cuenta de que, para confutar las determinaciones adoptadas en dicha sede, existen como dispositivos de control la \u00abimpugnaci\u00f3n\u00bb, la \u00abeventual revisi\u00f3n\u00bb y la \u00absolicitud de insistencia\u00bb ante la Corte Constitucional. Por la esencia del resguardo, todos los funcionarios judiciales est\u00e1n llamados a tomar las medidas que resulten precisas para que por este remedio preferente y sumario se propugne, en todo momento, por la efectividad de las garant\u00edas esenciales, entre las que se encuentra el respeto al debido proceso. <\/p>\n
En esta direcci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha aseverado que \u00ab[L]as equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ese aspecto, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto\u00bb (CSJ STC 20 de abr. De 2020, Rad. 2020-00852-00) <\/p>\n
De lo anterior se sigue que no es esta v\u00eda el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan en estas actuaciones. Ello puesto que, de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una causa de igual naturaleza, aparte de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales. <\/p>\n
2. En todo caso, en particulares situaciones se ha advertido la necesidad excepcional de la procedencia de la tutela dirigida contra decisi\u00f3n proferida en id\u00e9ntica acci\u00f3n. Particularmente, en sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional unific\u00f3 las subreglas bajo las cuales este mecanismo constitucional puede abrirse paso. En la referida decisi\u00f3n se estableci\u00f3: <\/p>\n
\u201c4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si esta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. (\u2026) <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si estas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. (…)\u201d <\/p>\n
3. No obstante la jurisprudencia citada en precedencia, al descender al caso sub judice se advierte la improcedencia de la solicitud pues se observa que los promotores no alegaron ni prob\u00f3 la ocurrencia de alguna de las excepciones invocadas. Por el contrario, se limitaron a exponer las razones por las que disent\u00edan de los argumentos que llevaron al Tribunal a confirmar la sentencia que neg\u00f3 el amparo constitucional. En particular, \u00fanicamente criticaron que se haya ido \u00abpor el camino f\u00e1cil del derecho adjetivo o procedimental, ignorando el derecho sustancial que prevalece sobre el derecho adjetivo que es tobog\u00e1n de la corrupci\u00f3n que caracteriza a nuestra justicia tanto as\u00ed que hace poco fue extirpado de las altas cortes el llamado cartel de la toga, que nos deja mal parados ante la comunidad internacional en materia de justicia\u00bb. <\/p>\n
En efecto, a partir de las manifestaciones y de las pruebas aportadas no se puede concluir que las decisiones atacadas se produjeron como consecuencia de una actuaci\u00f3n corrupta que conduzca por esa v\u00eda a la consolidaci\u00f3n de una \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb. Por el contrario, lo que los gestores proponen es que se haga un nuevo estudio del asunto acorde con los discernimientos expuestos en la acci\u00f3n en contra del Juzgado Tercero Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Monter\u00eda y que no fueron acogidos por el juez constitucional. De all\u00ed que no halla lugar a conceder tal pretensi\u00f3n en este escenario extraordinario, que no est\u00e1 dise\u00f1ado para mantener indefinidamente los debates constitucionales que le son propios. <\/p>\n
4. Aunado a lo anterior, se hace hincapi\u00e9 en que la jurisprudencia ha se\u00f1alado en reiteradas oportunidades que los mecanismos dise\u00f1ados para controlar las providencias pronunciadas en sede de amparo son la \u00abrevisi\u00f3n\u00bb e incluso la formulaci\u00f3n de \u00abinsistencia\u00bb, herramientas a las que puede acudir el extremo querellante para que sean estudiadas sus disconformidades. <\/p>\n
A prop\u00f3sito del tema, la Corporaci\u00f3n tuvo ocasi\u00f3n de se\u00f1alar, en CSJ STC, 3 jul. 2013, rad. 00191-01, reiterada entre otras en sentencia STC9579-2015 23 jul. 2015, que: <\/p>\n
\u00ab[C]omo la decisi\u00f3n censurada fue emitida por el juzgado accionado dentro de la referida acci\u00f3n de tutela, como juez de segunda instancia[, …] lo que corresponde es perseguir la revisi\u00f3n de la sentencia dictada, siendo que de no se] seleccionada para tal efecto, en todo caso, ah\u00ed est\u00e1 la posibilidad de insistencia que regula el art. 33 del Decreto 2591 de 1991″ [m\u00e1xime] que, conforme as\u00ed est\u00e1 determinado en la citada norma, \u00ab[c]ualquier magistrado de la Corte Constitucional, o el Defensor del Pueblo\u00bb pueden deprecar la anotada \u00abrevisi\u00f3n\u00bb, posibilidad a la que bien puede recurrir el querellante, as\u00ed como a la mentada \u00abinsistencia\u00bb\u00bb. <\/p>\n
5. De conformidad con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda rogada. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA \u00c1LVAREZ GUZM\u00c1N <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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