STC485-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC485-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2022-00439-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Pereira el 5 de diciembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Cotty Morales Caama\u00f1o formul\u00f3 contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de Pereira, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n ambas de Risaralda, Mario Restrepo y a la Cooperativa de Transportes Escolares y Especiales -COOTRAESCAL, y citados los dem\u00e1s intervinientes en la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00famero 2022-00081. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Quien dijo ser apoderado judicial de la solicitante, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso de su representada, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que Cotty Morales Caama\u00f1o le otorg\u00f3 poder especial para demostrar inter\u00e9s jur\u00eddico como coadyuvante en la acci\u00f3n popular referida, sin embargo, en audiencia de 17 de noviembre de 2022, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira \u00abcon una actitud tajante y generando una tangible incomodidad [le] neg\u00f3 la participaci\u00f3n funcional para ejercer el derecho equitativo de interrogar a [su] poderdante desde la solicitud de la aclaraci\u00f3n de algunas preguntas y la complementaci\u00f3n de algunas respuestas por la se\u00f1ora interrogada.\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que el \u00abdespacho no [le] permiti\u00f3 el uso de la palabra, cercenando[le] la posibilidad de plano de participar, informar y trasladar\u00bb la informaci\u00f3n que consider\u00f3 importante para el efecto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3, (i) \u00abreconfirm[ar] la capacidad de participaci\u00f3n en la acci\u00f3n de la coadyuvante Cotty Morales Caama\u00f1o\u00bb, (ii) \u00abreconfirm[ar] la capacidad de actuar, en calidad de representante judicial, de Paulo C\u00e9sar Lizcano Dur\u00e1n como apoderado especial de la coadyuvante Cotty Morales Caama\u00f1o\u00bb, (iii) \u00abprove[er] en relaci\u00f3n con la funcionalidad, pertinencia y procedencia probatoria de la prueba testimonial recaudada para los fines de la acci\u00f3n popular\u00bb, (iv) \u00abpermit[ir] la participaci\u00f3n funcional, sin discriminaci\u00f3n, de manera igualitaria, dentro de los prop\u00f3sitos objetivos de la audiencia en la que se recaud\u00f3 la prueba testimonial de la coadyuvante Morales\u00bb y, (v) \u00abrehacer las audiencias de pacto cumplimiento y [\u2026] a rendir las declaraciones\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, remiti\u00f3 un enlace al expediente digital. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda se\u00f1al\u00f3 que la situaci\u00f3n planteada es ajena a sus funciones, toda vez que su actuaci\u00f3n como ente de control est\u00e1 orientada a verificar la defensa de los derechos e intereses colectivos. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Alcald\u00eda de Pereira descart\u00f3 su responsabilidad en la presunta vulneraci\u00f3n de derechos de la actora. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pereira, declar\u00f3 \u00abimprocedente\u00bb el amparo tras concluir que el poder otorgado por la accionante al abogado que present\u00f3 la tutela, no reun\u00eda los requisitos necesarios para tener por acreditada la respectiva legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, concretamente, \u00abDel texto del poder descrito se puede deducir que la facultad otorgada al apoderado en este caso es tan amplia que permite que \u00e9ste presente un sinf\u00edn de acciones constitucionales por violaci\u00f3n a cualquier derecho fundamental, debido a la falta de especificidad del mismo. De tal manera que es claro, no se cumple con este principio, determinando en forma clara las partes del litigio, las causas, los hechos y los derechos respecto de los cuales se aduce su vulneraci\u00f3n, en pro de lograr su protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la se\u00f1ora Cotty Morales Caama\u00f1o para se\u00f1alar, que esta \u00abacci\u00f3n no fue iniciada por la coadyuvante Cotty Morales Caama\u00f1o sino, directamente y sin representaci\u00f3n, por el abogado Paulo C\u00e9sar Lizcano Dur\u00e1n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El art\u00edculo 10\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acci\u00f3n de tutela \u00abPodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corte ha reiterado, que, \u00abtanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CSJ. STC1148-2021, STC11332-2021, STC1176-2022 y STC8939-2022, entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
2. As\u00ed, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con un poder especial dotado de los espec\u00edficos requisitos establecidos en los art\u00edculos 73, 74 y 75 del C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, que el asunto para el que se hubiese conferido estuviese, como lo pide la ley, determinado y claramente identificado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de esta Sala, el abogado quien manifest\u00f3 ser apoderado judicial de Cotty Morales Caama\u00f1o, acudi\u00f3 inconforme con la \u00abactitud\u00bb asumida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en audiencia de 17 de noviembre de 2022, realizada en la acci\u00f3n popular identificada con el n\u00famero 2022-000891-00, con la cual se incurri\u00f3 en una violaci\u00f3n de los derechos fundamentales de su representada, en la medida que gener\u00f3 \u00abuna tangible incomodidad [le] neg\u00f3 la participaci\u00f3n funcional para ejercer el derecho equitativo de interrogar a [su] poderdante desde la solicitud de la aclaraci\u00f3n de algunas preguntas y la complementaci\u00f3n de algunas respuestas por la se\u00f1ora interrogada [y] no [le] permiti\u00f3 el uso de la palabra, cercenando[le] la posibilidad de plano de participar, informar y trasladar\u00bb la informaci\u00f3n que consideraba importante para el efecto. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Para acreditar la calidad con la que afirm\u00f3 actuar, el abogado accionante aport\u00f3 un \u00abpoder especial\u00bb cuyo texto se\u00f1alaba que la se\u00f1ora Morales Caama\u00f1o le hab\u00eda conferido la facultad de representarla en \u00abtr\u00e1mites administrativos y judiciales para el ejercicio de las acciones constitucionales en las que requiero la representaci\u00f3n (acciones de tutelas, populares, de grupo, de cumplimiento y en las dem\u00e1s en que sea necesaria la participaci\u00f3n t\u00e9cnica jur\u00eddica)\u00bb, siendo evidente que el escrito aportado, carec\u00eda de los elementos esenciales para acreditar la legitimaci\u00f3n en la causa por activa echada de menos en primera instancia, puesto que no determinaba el nombre o identificaci\u00f3n del accionado, el derecho fundamental supuestamente vulnerado o tan siquiera la actuaci\u00f3n judicial dentro de la cual se present\u00f3 la presunta transgresi\u00f3n, m\u00e1xime si se toma en cuenta la multiplicidad de tr\u00e1mites judiciales en los que se encuentra inmiscuida la poderdante, raz\u00f3n por la cual, la acci\u00f3n que propuso deb\u00eda ser declarada improcedente, como en efecto sucedi\u00f3. <\/p>\n
Tampoco el abogado accionante manifest\u00f3 actuar en calidad de agente oficioso, ni mucho menos manifest\u00f3 o acredit\u00f3 que la persona a quien dijo representar padeciera de alguna incapacidad que le impidiera presentar, directamente el amparo, lo que tampoco permiti\u00f3 examinar el fondo del debate propuesto. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Por si lo anterior no fuera poco, la propia interesada impugn\u00f3 la sentencia y manifest\u00f3 expresamente que esta \u00abacci\u00f3n no fue iniciada por [ella] sino, directamente y sin representaci\u00f3n, por el abogado Paulo C\u00e9sar Lizcano Dur\u00e1n\u00bb manifestaci\u00f3n clara y contundente que ratific\u00f3 lo concluido por el Colegiado a quo, y frente a la que no sobra recordar que esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que \u00abla persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (CSJ. STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, citada en STC8939-2022, entre otras). <\/p>\n
Si bien, el Legislador estableci\u00f3 que este mecanismo es un procedimiento breve y sumario y, por lo tanto, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, es claro que no es posible eludir el respeto por los requisitos que este necesita para su procedencia, entre otros, la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, habida cuenta que, precisamente, es en la verificaci\u00f3n de los anotados elementos que se materializa el debido proceso y la garant\u00eda de los derechos de las partes involucradas en el caso. <\/p>\n
6. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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