STL002-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS BENEDICTO HERRERA D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STL002-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0100559 <\/p>\n
Acta 01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Sala resuelve la impugnaci\u00f3n interpuesta por GERARDO ALONSO HERRERA HOYOS contra el fallo proferido el 23 de noviembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Civil, dentro de la acci\u00f3n de tutela que interpuso contra la SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes dentro de la acci\u00f3n popular con radicado 2022-00040. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
El tutelante orient\u00f3 el presente amparo a obtener la protecci\u00f3n de su garant\u00eda superior al debido proceso, presuntamente vulnerada por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
Del escrito tuitivo y de las pruebas aportadas se extrae que ante el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal el accionante promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el establecimiento comercial \u00abImpacto Tienda de Ropa\u00bb, radicada bajo el n.\u00b0 2022-00040, en la que pretendi\u00f3 el amparo de los derechos colectivos de las personas que se movilizan en silla de ruedas. <\/p>\n
Por sentencia de 22 de abril de 2022 el juzgado accionado accedi\u00f3 a las pretensiones, orden\u00f3 a la accionada construir una rampa en sus instalaciones y se abstuvo de imponer costas. <\/p>\n
Inconforme con la decisi\u00f3n del a quo, relacionada exclusivamente con la no imposici\u00f3n de costas a cargo del establecimiento comercial demandado, el accionante la impugn\u00f3 y, por sentencia de 26 de agosto de 2022, la Sala Civil Familia del Tribunal accionado la revoc\u00f3 para, en su lugar, imponer costas en favor del accionante, \u00fanicamente en la primera instancia. <\/p>\n
El convocante se\u00f1al\u00f3 que la autoridad judicial accionada transgredi\u00f3 su garant\u00eda superior, dado que desconoci\u00f3 que conforme al numeral 1.\u00ba del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, cuando la alzada prospera debe emitirse condena en costas en ambas instancias. <\/p>\n
En virtud de lo anterior, pretendi\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental invocado y que se ordene a la Sala Civil -Familia del Tribunal Superior de Pereira proferir condena en costas a su favor en segunda instancia. <\/p>\n
i)TR\u00c1MITE Y DECISI\u00d3N DE INSTANCIA <\/p>\n
La tutela fue radicada el 8 de noviembre de 2022 y mediante prove\u00eddo de 10 de noviembre siguiente, la Sala de Casaci\u00f3n Civil asumi\u00f3 su conocimiento y orden\u00f3 notificar a la convocada, as\u00ed como a los dem\u00e1s intervinientes en el asunto controvertido, para que hicieran uso del derecho de defensa. <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal accionado se remiti\u00f3 a los argumentos expuestos en la sentencia proferida en esa instancia y agreg\u00f3 que, \u00abfrente a ese[asunto]y con sustento en igual situaci\u00f3n f\u00e1ctica, bajo el conocimiento de ese mismo despacho(…) se tramit\u00f3 acci\u00f3n de tutela radicada bajo el n\u00famero (…) 2022-02953-00\u00bb, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 que se \u00abestudie la posibilidad, no solo de aplicar la improcedencia del amparo por duplicidad, sino de imponer las consecuentes sanciones por temeridad\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal remiti\u00f3 el v\u00ednculo de acceso al expediente digital que concita la inconformidad del petente. <\/p>\n
Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el a quo constitucional, mediante sentencia de 23 de noviembre de 2022, neg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada tras constatar que el promotor, previamente, concurri\u00f3 a esta jurisdicci\u00f3n alegando cuestiones id\u00e9nticas a las ahora expuestas (acci\u00f3n de tutela radicado 11001-02-03-000-2022-0295302), de manera que no era posible volver a analizar el asunto, dado que ya fue objeto de decisi\u00f3n en sede constitucional. <\/p>\n
ii)IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con la anterior decisi\u00f3n, el interesado la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 lo expuesto en el escrito inicial e indic\u00f3 que justifica la repetici\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional, ante la necesidad extrema de defender su derecho. <\/p>\n
iii)CONSIDERACIONES <\/p>\n
De acuerdo con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y a los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acci\u00f3n de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de tr\u00e1mite preferente y sumario, la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten lesionados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
En el asunto, lo perseguido por el accionante es que se deje sin efectos el prove\u00eddo de 26 de agosto de 2022, mediante el cual el Tribunal accionado revoc\u00f3 el numeral s\u00e9ptimo de la parte resolutiva de la sentencia apelada y, en su lugar, conden\u00f3 en costas de primera instancia a cargo de la parte accionada y a favor del accionante, pero no decret\u00f3 costas en esa instancia. <\/p>\n
Pues bien, de conformidad con lo informado en el traslado de rigor y, particularmente, examinado el sistema de consulta de procesos \u00abSiglo XXI\u00bb de la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, se advierte que el ahora tutelante promovi\u00f3 con anterioridad una acci\u00f3n de tutela contra la autoridad judicial aqu\u00ed accionada, radicada bajo el n.\u00ba 2022-0295302. <\/p>\n
Escenario constitucional en el que acus\u00f3 como violatoria de su derecho fundamental al debido proceso la sentencia proferida el 26 de agosto de 2022 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Pereira al interior de la acci\u00f3n popular con radicado n.\u00ba 2022-00040, pues, en su sentir, era contraria a lo establecido en el art\u00edculo 365-1 del C\u00f3digo General del Proceso y se deb\u00edan decretar costas a su favor en ambas instancias judiciales. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Civil neg\u00f3 el amparo mediante sentencia CSJ STC11777-2022 de 7 de septiembre de 2022, tras advertir que \u00abla colegiatura acusada se abstuvo de imponer dicho rubro al all\u00ed convocado, (…) toda vez que la \u00absentencia [de segundo grado] no revoca en su integridad la del inferior (…)\u00bb, postura que por s\u00ed sola no puede calificarse de arbitraria o como una v\u00eda de hecho susceptible de habilitar [la protecci\u00f3n]; decisi\u00f3n que confirm\u00f3 esta Sala, mediante providencia STL14688-2022 de 11 de octubre de esa misma anualidad con similares argumentos; cuyo expediente seg\u00fan se verific\u00f3 en el registro de actuaciones de esta corporaci\u00f3n, a\u00fan no se ha remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
De ah\u00ed que surja evidente que esta queja constitucional resulta improcedente en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Nacional, as\u00ed como el numeral 1.\u00ba del art\u00edculo 6.\u00ba del Decreto 2591 de 1991, habida consideraci\u00f3n de que la pretensi\u00f3n relacionada con la acci\u00f3n popular 2022-00040 ya fue resuelta en la acci\u00f3n de tutela formulada con antelaci\u00f3n a \u00e9sta, la cual est\u00e1 en tr\u00e1mite, pues, cumple esperar si la misma es seleccionada o no para su revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional, escenario en el que valga decir, una vez se realice tal actuaci\u00f3n podr\u00e1 el accionante insistir en \u00abla revisi\u00f3n y la solicitud de insistencia\u00bb de conformidad con el art\u00edculo 33 del citado Decreto. <\/p>\n
En todo caso, no sobra poner de presente al convocante, que si bien el acceso a la administraci\u00f3n de justicia consagrado en el art\u00edculo 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un derecho que le asiste a todos los asociados, lo cierto es que, en trat\u00e1ndose de la acci\u00f3n de tutela, el uso desmesurado de est\u00e1 con ausencia de justificaci\u00f3n en la presentaci\u00f3n de la nueva demanda, torna ese actuar en doloso y de mala fe por parte del libelista1, as\u00ed lo adoctrin\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia CC T-168-2017 donde, en relaci\u00f3n con el \u00faltimo elemento, precis\u00f3: \u00ab[\u2026] cuando la actuaci\u00f3n del actor resulta ama\u00f1ada, denota el prop\u00f3sito desleal de obtener la satisfacci\u00f3n del inter\u00e9s individual a toda costa, deja al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener raz\u00f3n, de mala fe se instaura la acci\u00f3n, o pretende a trav\u00e9s de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de quien administra justicia\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, solo para significarle al promotor que en lo sucesivo no podr\u00e1 poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional bajo los mismos hechos y pretensiones, pues de hacerlo incurrir\u00eda en temeridad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, lo pertinente es revocar la decisi\u00f3n que neg\u00f3 el amparo para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional instaurada. <\/p>\n
iv)DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela impugnado para, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acci\u00f3n constitucional impetrada. <\/p>\n
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese, publ\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
IV\u00c1N MAURICIO LENIS G\u00d3MEZ <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
GERARDO BOTERO ZULUAGA <\/p>\n
FERNANDO CASTILLO CADENA <\/p>\n
LUIS BENEDICTO HERRERA D\u00cdAZ <\/p>\n
OMAR \u00c1NGEL MEJ\u00cdA AMADOR <\/p>\n
MARJORIE Z\u00da\u00d1IGA ROMERO <\/p>\n
1\u0002 Ver entre otras, sentencias: T-568 de 2006 M.P. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o, T-951 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-410 de 2005 M.P. Clara In\u00e9s Vargas Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
SCLAJPT-12 V.00 <\/p>\n
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