STL008-2023<\/p>\n
<\/p>\n
GERARDO BOTERO ZULUAGA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STL008-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 69108 <\/p>\n
Acta 1 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Procede la Sala a pronunciarse en primera instancia, respecto de la demanda de tutela presentada por el se\u00f1or FABIO ESPINOSA PEDRAZA en contra del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA MARTA \u2013 SALA LABORAL y el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las dem\u00e1s partes e intervinientes dentro del proceso ordinario laboral bajo el radicado No. 4700131050022008013300. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
El ciudadano Fabio Espinosa Pedraza instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela, con el prop\u00f3sito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la administraci\u00f3n de justicia y al trabajo, en consonancia con los principios de confianza leg\u00edtima y seguridad jur\u00eddica, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, al despachar desfavorablemente el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios invocado por el actor al interior del proceso ordinario laboral bajo el radicado 4700131050022008013300. <\/p>\n
Como fundamento de su petici\u00f3n, adujo que dentro del proceso ordinario laboral bajo el citado radicado, seguido por el se\u00f1or Luis Fernando Diaz Diaz contra C.I T\u00e9cnicas Baltime de Colombia S.A, tramitado en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta y en donde fungi\u00f3 como apoderado del demandante, le fue revocado el poder conferido el 20 de octubre 2015, por lo que debi\u00f3 presentar el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios contra el demandante; que en providencia de fecha 01 de noviembre de 2019, el despacho neg\u00f3 el precitado incidente, por lo que interpuso recurso de apelaci\u00f3n y que la Sala de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta la confirm\u00f3, en providencia del 20 de octubre de 2022. <\/p>\n
Seguidamente argument\u00f3, que suscribi\u00f3 con el mencionado se\u00f1or Diaz Diaz, contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales el 28 de febrero de 2008, y que de forma espec\u00edfica en el clausula 5 se estipul\u00f3 que \u00abLa revocaci\u00f3n del poder por cualquier causa, genera la totalidad de los honorarios profesionales pactados exigibles inmediatamente al momento de la revocaci\u00f3n. El monto de los honorarios se calcular\u00e1 teniendo en cuenta la cuant\u00eda de las sumas demandadas\u00bb y la 6\u00b0 numeral 6.2 de t\u00edtulo se pact\u00f3 que el cliente se oblig\u00f3 a pagar a este por concepto de honorarios \u00abuna suma equivalente al 15% del valor efectivamente reconocido en sentencia ejecutoriada, o en el momento de la revocaci\u00f3n del poder\u00bb y <\/p>\n
Cuestiona de las autoridades encausadas, que en sus determinaciones interpretaron de forma indebida el numeral 6.2 de la Cl\u00e1usula 6 rese\u00f1ada del contrato de prestaci\u00f3n de servicios suscrito, en tanto se convino pagar los honorarios ante el acaecimiento de cualquiera de los dos eventos all\u00ed consignados, esto es, por el valor reconocido en sentencia ejecutoriada o en el momento de la revocaci\u00f3n del poder, y no por la consumaci\u00f3n de las dos situaciones, por lo que tal discernimiento \u00abchoca contra la voluntad de las partes\u00bb y contraviene lo establecido en el art\u00edculo 1602 del compendio procesal civil, que dispone que \u00abtodo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes\u00bb <\/p>\n
Prosigue en sus censuras indicando, que los sentenciadores desconocieron lo pactado en el titulo mencionado, en tanto insistieron en que la obligaci\u00f3n de reconocer y pagar lo honorarios en el porcentaje fijado, estaba condicionado a la prosperidad de las pretensiones, circunstancia que no se pact\u00f3, ya que se itera, la conjunci\u00f3n disyuntiva \u201co\u201d establecida en el numeral 6.2 del contrato en cita, indica que se causan los honorarios convenidos ante la consumaci\u00f3n de alguna de las dos situaciones ya rese\u00f1adas. <\/p>\n
Con respecto a la Cl\u00e1usula 5\u00b0, refiri\u00f3 que debi\u00f3 interpretarse de forma concordante con lo estipulado en la 6\u00b0 numeral 6.2, a efectos calcular los honorarios cuando se revoque el poder por cualquier causa, en tanto que lo mismos se deben cuantificar en un 15% de las sumas demandadas. <\/p>\n
Acorde con lo anterior, suplic\u00f3: <\/p>\n
\u00abse proteja los Derechos y Garant\u00edas Constitucionales Fundamentales conculcados solicit\u00e1ndole a esta Superioridad que en la decisi\u00f3n de esta tutela se ordene al TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE SANTA MARTA (MAGDALENA)- SALA LABORAL, Magistrados Doctores ISIS EMILIA BALLESTEROS CANTILLO, ROBERTO VICENTE LAFAURIE PACHECHO Y CARLOS ALBERTO QUANT AREVALO, o los que hoy lo conforme, se decrete lo siguiente: Que revoque la providencia confirmatoria de fecha 20 de octubre de 2022, en el sentido de que se le ordene a su vez al JUZGADOS SEGUNDO (2\u00b0) LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTAMARTA (MAGDALENA) Dra. CLAUDIA PATRICIA PIZARRO TOLEDO, o quien haga sus veces, que regule los honorarios del suscrito FABIO E. ESPINOSA PEDRAZA, respetando lo convenido en el contrato de Prestaci\u00f3n de Servicios Profesionales, es decir que se le ordene al incidentado pagar el 15% de las pretensiones que ascienden a la suma de CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES DOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($423.290.499), que equivalen al porcentaje se\u00f1alado, y que se le condene en costas, y las dem\u00e1s condenas extra y ultrapetita que observen los se\u00f1ores Magistrados de esta Honorable Corte. <\/p>\n
Mediante auto proferido el 14 de diciembre de 2022, esta Corporaci\u00f3n admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional, orden\u00f3 notificar a las autoridades judiciales involucradas y vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de debate, para que se pronunciaran sobre los hechos materia de reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
Revisado el expediente, se observa que las partes fueron debidamente notificadas de la presente acci\u00f3n, conforme dan cuenta los telegramas y correos enviados a cada una. <\/p>\n
Cumplido el t\u00e9rmino concedido, de acuerdo con el informe secretarial, dentro de la oportunidad estipulada, se pronunci\u00f3 el se\u00f1or Luis Fernando Diaz Diaz, quien se\u00f1al\u00f3 que acertaron las autoridades judiciales censuradas al regular los honorarios de la forma como lo hizo en su fallo, en tanto que el porcentaje establecido en la Cl\u00e1usula 6 del contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales, indica que all\u00ed se establece que la sentencia debe estar ejecutoriada y \u00abm\u00e1s all\u00e1 de eso debe configurarse alguna efectividad y prosperidad en las pretensiones del demandante en el proceso ordinario\u201d <\/p>\n
Aunado a lo anterior, refiere que al incidentante le fue revocado el poder el 20 de octubre de 2015, fecha en la cual se le hab\u00eda proferido decisi\u00f3n de primer grado, por cuanto la misma se emiti\u00f3 en el a\u00f1o 2019, la cual fue desfavorable en virtud a que se declar\u00f3 la cosa juzgada, decisi\u00f3n confirmada en segundo grado, por lo que no puede exigirse que ante la improsperidad de las pretensiones se le causen honorarios al apoderado, por lo que rog\u00f3 se niegue lo pretendido con el presente amparo. <\/p>\n
De otro lado, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta se pronunci\u00f3 con respecto las actuaciones procesales all\u00ed surtidas e inform\u00f3 que este despacho tramito el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios que promovi\u00f3 el actor y que esa autoridad no fue quien emiti\u00f3 la decisi\u00f3n que hoy se ataca. <\/p>\n
Las dem\u00e1s autoridades judiciales accionadas y vinculadas guardaron silencio frente al presente asunto de linaje fundamental. <\/p>\n
<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
De acuerdo con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y a los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acci\u00f3n de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de tr\u00e1mite preferente y sumario, la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten lesionados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Las reglas de interpretaci\u00f3n del derecho en el terreno de los valores y de los principios, ense\u00f1an que la actuaci\u00f3n de uno de ellos, no supone la aniquilaci\u00f3n de otro, sino que todos han de ser ponderados de manera que hallen cabida, consintiendo grados de aplicaci\u00f3n que no afecten su n\u00facleo esencial. <\/p>\n
<\/p>\n
No obstante, sigue siendo valor esencial para la Sala, que la tutela contra sentencias judiciales, no puede ser medio ni pretexto para abolir la independencia del Juez, consagrada en el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica, sustituyendo al juez natural. <\/p>\n
<\/p>\n
En el caso que ahora ocupa la atenci\u00f3n de esta Sala, pretende el accionante la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales invocados como vulnerados en el tramite incidental de regulaci\u00f3n de honorarios, y en consecuencia, por esta v\u00eda se revoquen las decisiones proferidas por el Juzgado Segundo Laboral de Santa Marta y Sala Cuarta de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de esta misma ciudad, de fechas 1 de noviembre de 2019 y 20 de octubre de 2022, respectivamente, por medio de las cuales se neg\u00f3 su pretensi\u00f3n del reconocimiento y pago de los honorarios pactados en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales suscrito el 28 de febrero de 2008. <\/p>\n
Es de resaltar, que esta Corporaci\u00f3n, solo revisar\u00e1 por medio de este instrumento de amparo, la decisi\u00f3n proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, de fecha 20 de octubre de 2022, por cuanto dicha providencia zanj\u00f3 el debate en el tr\u00e1mite de la controversia laboral. <\/p>\n
Como lo alegado por la parte accionante se centra en la violaci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el art\u00edculo 29 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, erigido como de aplicaci\u00f3n inmediata conforme al 85 ib\u00eddem, debe tenerse en cuenta, que este es una instituci\u00f3n que comprende numerosas garant\u00edas que hacen parte del Estado Social de Derecho, cuyo objeto es la exigencia de que todos los procedimientos judiciales o administrativos se adelanten acorde con las reglas preestablecidas, de tal forma, que las actuaciones est\u00e9n dentro del marco jur\u00eddico se\u00f1alado, procurando evitar acciones arbitrarias, asegurar la efectividad y el ejercicio de los derechos que le asisten a los administrados, lo cual comprende igualmente el principio de legalidad, que representa un l\u00edmite al actuar del poder p\u00fablico. <\/p>\n
En este orden, dicho mandato, propende por que los jueces tomen sus decisiones ajust\u00e1ndose a la constituci\u00f3n y la ley, garantizando as\u00ed los derechos de las personas involucradas en cada juicio, para que durante su tr\u00e1mite, estos sean respetados de tal manera, que se logre la correcta aplicaci\u00f3n de la justicia. <\/p>\n
Al descender al sub judice y revisadas las piezas procesales, advierte la Sala, que no le asiste raz\u00f3n al promotor en cuanto a los cuestionamientos endilgados a la decisi\u00f3n de fecha 20 de octubre de 2022, toda vez que no se observa que la misma haya sido caprichosa e inconsulta, y en ese sentido, resulta acertada la decisi\u00f3n del Colegiado censurado, al confirmar la providencia expedida por el Juzgado Segundo Laboral de Santa Marta, al despachar de forma negativa el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios en proporci\u00f3n al 15% sobre las pretensiones de la causa laboral. <\/p>\n
Al respecto, tal como lo indic\u00f3 la autoridad judicial de segundo grado, en la providencia censurada, la determinaci\u00f3n de confirmar la decisi\u00f3n, por medio la cual se neg\u00f3 el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios, tuvo sustento en que pese a que el incidentante ejecut\u00f3 algunas actuaciones en el tr\u00e1mite del proceso, el poder le fue revocado en fecha el 20 de octubre de 2015, y la decisi\u00f3n de primer grado se emiti\u00f3 el 1 de noviembre de 2019, denegatoria de las pretensiones de la parte activa, la cual fue recurrida por este mismo y confirmada en prove\u00eddo de segunda instancia, y que la obligaci\u00f3n contenida en la Cl\u00e1usula 6 numeral 6.2, estaba supeditada a la diligencia en la gesti\u00f3n del poderdante y por consiguiente a la prosperidad de lo pretendido. <\/p>\n
Es por ello, que el Tribunal Superior de Santa Marta, en determinaci\u00f3n de data 20 de octubre de 2022, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abCabe resaltar, que el incidentante le fue revocado el poder el d\u00eda 20 de octubre de 2015, as\u00ed se desprenden de los hechos del presente incidente, cuando a\u00fan no se hab\u00eda proferido fallo de primera instancia, puesto que dicha providencia se emiti\u00f3 en el a\u00f1o 2019, siendo desfavorable al demandante, pues se declar\u00f3 el fen\u00f3meno de la cosa juzgada y que tal decisi\u00f3n fue confirmada en segunda instancia, luego entonces no hay, no existe efectividad alguna sobre las pretensiones de la demanda y que de all\u00ed prospere el 15% por concepto de honorarios que solicita el se\u00f1or FABIO ESPINOSA y es que para el momento en que se revoc\u00f3 el poder, se insiste, no existe pronunciamiento alguno por parte de la autoridad judicial correspondiente, luego entonces al no haberse decidido el rumbo de las pretensiones del proceso ordinario no pod\u00eda hacerse efectivo el 15% reclamado por la revocatoria del poder, dado que dicha situaci\u00f3n va en condicionada a la prosperidad de las pretensiones.\u00bb <\/p>\n
Aunado a lo anterior, advirti\u00f3 la colegiatura de la revisi\u00f3n del convenio contentivo del pacto que obra como medio de prueba, que en la Cl\u00e1usula 5\u00b0 invocada, no se avizora el porcentaje indicado por el suplicante y solo refiere que ante el acto procesal de revocaci\u00f3n de poder, el valor a liquidar por concepto de honorarios a favor del profesional del derecho, se calculara sobre las sumas demandadas, no obstante se itera, tal cuantificaci\u00f3n se encuentra condicionada a prosperidad de las pretensiones de la controversia laboral, por lo que en torno a este t\u00f3pico, el sentenciador precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abahora bien, respecto de la cl\u00e1usula 5, ha de se\u00f1alarse que la misma no se configura, como quiera que all\u00ed no se estipulo porcentaje alguno, adem\u00e1s, de ello, dicha cl\u00e1usula resulta general, al indicarse que se calculara sobre las sumas demandadas, si bien es cierto, existe una situaci\u00f3n establecida, cierto es, que la l\u00f3gica nos indica m\u00e1s all\u00e1 de \u201csumas demandas\u201d, las mismas debe ser concedidas, esto es, que las sumas demandadas prosperen, resulten efectivas para el demandante y de all\u00ed la prosperidad de los honorarios del profesional del derecho; y es que no puede entenderse, que al no prosperar las pretensiones del accionante, aun as\u00ed deban reconocerse el 15% sobre las pretensiones al profesional del derecho que represente al se\u00f1or LUIS FERNANDO DIAZ en determinado momento, m\u00e1xime cuando ya con anterioridad recibi\u00f3 un pago por $12.000.000.\u00bb <\/p>\n
Por \u00faltimo, el colegiado encausado concluye, en lo tocante a la indebida interpretaci\u00f3n del numeral 6.2 de la Cl\u00e1usula 6, que: <\/p>\n
\u00abLo analizado en las cl\u00e1usulas que alega el incidentante, es que primero debe existir una sentencia ejecutoriada e impl\u00edcitamente que la dicha providencia haya sido favorable a las pretensiones del demandante, y que en ese momento se revoque el poder al profesional del derecho, luego entonces, ha de concluirse que nada de ello se configura, primero no existe sentencia ejecutoriada aun, las pretensiones del demandante se\u00f1or LUIS FERNANDO DIAZ, no prosperaron, y la revocatoria del poder fue con anterioridad a la decisi\u00f3n de primera instancia.\u00bb <\/p>\n
En este orden, considera esta Magistratura, que al margen de que se comparta o no la decisi\u00f3n censurada, ella est\u00e1 arraigada en argumentos que consultaron las reglas m\u00ednimas de razonabilidad jur\u00eddica, y que, sin lugar a dudas, obedecieron a la labor hermen\u00e9utica propia del juez, motivo por el cual no le es permitido al operador constitucional entrar a controvertirla, pues quien ha sido encargado por el legislador para dirimir el conflicto es el dispensador natural, y su convencimiento debe primar sobre cualquier otro, salvo que, se presenten las desviaciones protuberantes a que se ha hecho menci\u00f3n, las que en este caso, tal y como se precis\u00f3 con anterioridad, no acontecen. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed mismo, debe enfatizarse, que resulta improcedente fundamentar la queja constitucional en discrepancias de criterio, debido a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por los jueces naturales, como si se tratara de una instancia m\u00e1s, y pretender que el juez constitucional sustituya en su propia apreciaci\u00f3n, el an\u00e1lisis que hizo el juez instituido para tomar la decisi\u00f3n correspondiente dentro del litigio sometido a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Luego entonces, la circunstancia de que la parte actora no coincida con el criterio de la autoridad a quien la ley le asign\u00f3 competencia para dirimir el caso concreto, o no la comparta, en ning\u00fan caso invalida su actuaci\u00f3n, y mucho menos la hace susceptible de ser modificada por v\u00eda de tutela. <\/p>\n
Sin que se hagan necesarias otras consideraciones, habr\u00e1 de negarse el amparo constitucional deprecado. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la acci\u00f3n de tutela impetrada, por las razones expuestas en las motivaciones de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, si esta decisi\u00f3n no fuere impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, publ\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
SCLAJPT-11 V.00 <\/p>\n
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