AC120-2023 (2021-04228-00)<\/p>\n
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AC120-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-04228-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n presentada por Cesar Augusto Ruiz Gait\u00e1n frente al proceso ejecutivo de radicado 2021-00469, que cursa en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 en contra de la inmobiliaria Efra\u00edn Gonz\u00e1lez Asociados. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante depreca el cambio de radicaci\u00f3n del expediente del distrito judicial de Zipaquir\u00e1 al de Bogot\u00e1, por cuanto la autoridad judicial demandada \u00abtiene acceso a la corrupci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n de estos dos municipios, y todas las acciones judiciales que se adelanten contra ella se le presentan todo tipo de impedimentos [como] ha sucedido en [su] caso personal\u00bb. <\/p>\n
2. Narra que en febrero de 2016 celebr\u00f3 contrato de arrendamiento con la inmobiliaria Efra\u00edn Gonz\u00e1lez Asociados, sobre un bien inmueble ubicado en el municipio de Ch\u00eda \u00abcon duraci\u00f3n de 5 a\u00f1os\u00bb. El contrato se suscribi\u00f3 con el fin de establecer en ese predio un \u00abrestaurante peleter\u00eda y lavadero de carros, para lo cual se realizaron obras y adecuaciones\u00bb, por valor de $42.221.865. <\/p>\n
2.2. Refiere que la agencia inmobiliaria incumpli\u00f3 lo pactado pues, el inmueble no se encontraba \u00f3ptimo para su funcionamiento, por lo que decidi\u00f3 \u00abno cancelar m\u00e1s el canon de arrendamiento hasta tanto ella no cumpliera con todas sus obligaciones y realizara las obras que requer\u00eda el inmueble para su \u00f3ptimo desarrollo\u00bb. No obstante, en audiencia de conciliaci\u00f3n celebrada el 8 de junio de 2017, concertaron \u00abla no terminaci\u00f3n del contrato\u00bb, que el actor seguir\u00eda acatando lo pactado, y que la inmobiliaria devolver\u00eda \u00abel valor de las obras realizadas [\u2026]\u00bb y realizar\u00eda \u00abtodos los arreglos que la casa demandaba para su normal funcionamiento\u00bb. <\/p>\n
2.3. Advierte que ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Ch\u00eda se surti\u00f3 proceso en contra de la arrendadora por incumplimiento del contrato iniciado por Reinaldo Quecan Ram\u00edrez y Mar\u00eda Fern\u00e1ndez de Quecan, asunto que fue \u00abevaluado por el despacho con una eficiencia y prontitud llamativa\u00bb. Igualmente, indica que por \u00abinformaci\u00f3n de la comunidad, se conoce que Reinaldo Antonio Quecan Ram\u00edrez es muy cercano del representante legal de la inmobiliaria\u00bb, de lo que dedujo \u00abel inexplicable abandono\u00bb de la demanda referida. <\/p>\n
2.4. Resalta que el 21 de marzo de 2018, fue demandado en proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, proceso que correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, quien, por \u00abinjustificables dilaciones\u00bb lo remiti\u00f3 al Despacho Primero Civil del Circuito de ese municipio, el cual, con sentencia del 2 de julio de 2020 declar\u00f3 \u00abla terminaci\u00f3n del contrato por incumplimiento de la inmobiliaria\u00bb. <\/p>\n
2.5. De otra parte, informa que la aseguradora -El Libertador- adelant\u00f3 un \u00abproceso ejecutivo [\u2026] ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Ch\u00eda, el cual se [cerr\u00f3] ante la inequ\u00edvoca demostraci\u00f3n del cumplimiento del total de [sus] obligaciones [\u2026]\u00bb. Que el extremo demandante se neg\u00f3 a \u00abrecibir el inmueble que se encontraba desocupado [\u2026], sin embargo, la abogada propuso ponerlo a disposici\u00f3n del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 en el cual se ventil[\u00f3] el proceso de restituci\u00f3n con la finalidad que no [le] causara m\u00e1s c\u00e1nones de arrendamiento\u00bb. Acto que se cumpli\u00f3 el 29 de noviembre de 2018. <\/p>\n
2.6. Anota que, en enero de 2019, la inmobiliaria \u00abinvadi\u00f3 el inmueble de forma violenta, sin contar con ninguna autorizaci\u00f3n judicial, [\u2026] para volverlo a arrendar. Sin pagar uno solo de los perjuicios que [le] ha causado [y] sin que terminara ninguno de los procesos adelantados\u00bb. Situaci\u00f3n que infirm\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 y al Libertador. De igual forma, resalta que la aseguradora radic\u00f3 \u00abacta de diligencia de entrega voluntaria de [su] parte, soport\u00e1ndola con documentaci\u00f3n falsa, argumentando que en [su] calidad de arrendatario autoriz[\u00f3] a Guillermo Felipe Valencia realizar dicho acto [\u2026] y poderse apropiar de un inmueble que estaba a disposici\u00f3n de la autoridad judicial\u00bb. Empero, tal situaci\u00f3n \u00abno le import\u00f3 [al Despacho]\u00bb y \u00abtermin\u00f3 el proceso con fundamento en toda esa documentaci\u00f3n falsa radicada por la abogada Rodr\u00edguez\u00bb. <\/p>\n
2.7. Finalmente, indica que en julio de 2021 radic\u00f3 proceso ejecutivo en contra de la inmobiliaria, del cual conoci\u00f3 el \u00abJuzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 quien neg\u00f3 el mandamiento de pago, argumentando que no existe t\u00edtulo ejecutivo, sin importar que su mismo despacho fue el que profiri\u00f3 la providencia de terminaci\u00f3n de contrato, [por lo que radic\u00f3] recurso de apelaci\u00f3n y mediante pronunciamiento del 30 de julio de 2021, concedi\u00f3 el recurso y se orden[\u00f3] enviar el expediente al superior\u00bb. No obstante, luego advirti\u00f3 que \u00abel despacho engavet\u00f3 tres meses el expediente y jam\u00e1s lo remiti\u00f3 al superior\u00bb. Y que el representante legal de la inmobiliaria \u00abconoci\u00f3 de todas las medidas cautelares solicitadas en [la] demanda. Ante esta situaci\u00f3n [desisti\u00f3] de dicho recurso\u00bb. As\u00ed las cosas, interpuso nuevamente \u00abdemanda ejecutiva que por reparto est\u00e1 en conocimiento del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 bajo el radicado 2021-0469\u00bb. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La petici\u00f3n en comento incorpora, entre otros aspectos, uno relacionado con las competencias asignadas por ley a la Sala de Casaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, relativo al cambio de radicaci\u00f3n de un proceso ejecutivo, de un Distrito Judicial -Zipaquir\u00e1-, a otro diferente -Bogot\u00e1-. En ese orden de ideas, a la luz de la normatividad vigente, y de las exigencias que de ella subyacen, se analizar\u00e1 la correspondiente solicitud. <\/p>\n
2. El cambio de radicaci\u00f3n consagrado en la legislaci\u00f3n vigente, es una herramienta procesal apta para preservar el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y garantizar la resoluci\u00f3n normal y pac\u00edfica de los conflictos jur\u00eddicos. A\u00fan en los casos en los que se presenten circunstancias excepcionales relacionadas con alteraciones del orden p\u00fablico, afectaci\u00f3n a la imparcialidad o independencia de la administraci\u00f3n de justicia, desatenci\u00f3n de las garant\u00edas procesales, amenazas a la integridad o seguridad de los intervinientes, o deficiencias en la gesti\u00f3n judicial. <\/p>\n
3. La ley se encarga de se\u00f1alar expresamente las causales de procedencia de la petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n, que en l\u00edneas generales pueden ser incorporadas en dos grupos. El primero, concierne a la afectaci\u00f3n del \u00aborden p\u00fablico, la imparcialidad o la independencia de la administraci\u00f3n de justicia, las garant\u00edas procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes\u00bb, en el lugar donde se est\u00e1 adelantando el juicio. Y el segundo, atiende a deficiencias de gesti\u00f3n y celeridad del proceso en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
3.1. En el grupo inicial de motivos que dan pie al cambio de radicaci\u00f3n, corre transversal el concepto de orden p\u00fablico, entendido como el \u00abconjunto de condiciones tendientes a asegurar la convivencia arm\u00f3nica de los miembros de una sociedad dentro de un marco de estabilidad y normalidad institucionalidad con plena garant\u00eda de las libertades p\u00fablicas, que permita la prosperidad general y el goce de los derechos humanos\u00bb1. <\/p>\n
Pero las arremetidas contra el orden p\u00fablico que pueden propiciar la alteraci\u00f3n al principio del juez natural, a vista de la jurisprudencia, han de ser \u00absituaciones extremas\u00bb, que pueden ejemplificarse en \u00abla presencia de grupos armados al margen de la ley (que) logre interferir, mediante amenazas, presiones o el uso de la fuerza, en las decisiones que se toman al interior de un proceso\u00bb. O, en \u00abepisodios de esa misma \u00edndole (que) tengan la magnitud de incidir en la pr\u00e1ctica de las pruebas\u00bb2. El deterioro del orden p\u00fablico, propicio para impulsar un cambio de radicaci\u00f3n, puede consistir igualmente en la existencia de circunstancias concretas que evidencian riesgo, amenaza o incluso da\u00f1o cumplido a la integridad de los intervinientes o funcionarios que intervienen como parte o terceros con inter\u00e9s en el proceso. <\/p>\n
3.2. En cuanto a las deficiencias en la gesti\u00f3n y a la ausencia de celeridad en el tr\u00e1mite y decisi\u00f3n de los procesos, la Sala ha predicado que no se trata en este escenario de analizar o revisar el contenido de las providencias que se dictan, sino de verificar que el impulso del litigio no est\u00e1 interrumpido por \u00abproblemas coyunturales o estructurales de congesti\u00f3n de un despacho, o de los juzgados de toda un \u00e1rea, lo que justifica el traslado del foro a una oficina judicial en la que se pueda desarrollar el proceso con normalidad\u00bb3. <\/p>\n
Esos problemas de gesti\u00f3n o eficiencia en la gesti\u00f3n de un juzgado, que influyen en la pronta y cumplida administraci\u00f3n de justicia y que a su vez autorizan el cambio de radicaci\u00f3n, deben ser constatados por el Consejo Superior de la Judicatura, que con las herramientas que le da la ley y los reportes estad\u00edsticos que le entregan los operarios judiciales, emite un concepto, insoslayable para decidir el cambio de radicaci\u00f3n. <\/p>\n
En cualquiera de las dos situaciones que permiten el cambio de radicaci\u00f3n, corresponde al solicitante la acreditaci\u00f3n de las hip\u00f3tesis que se llegue a invocar, sin que, salvo el aludido concepto que se rinde en procura de verificar fallas de gesti\u00f3n o celeridad, exista una tarifa especial de prueba, y sin que se requiera tampoco el agotamiento de una fase de contradicci\u00f3n de los elementos de prueba que se adjunten o relacionen. Ello \u00abdado que la decisi\u00f3n que al respecto se adopte no tiene relaci\u00f3n con el inter\u00e9s particular que las partes poseen en la relaci\u00f3n jur\u00eddico-sustancial que constituye el objeto de la disputa, pues dentro de los argumentos que se aducen para decretar la medida no se toma en consideraci\u00f3n ninguna raz\u00f3n sobre el fondo del asunto\u00bb4. <\/p>\n
4. A la luz de los anteriores presupuestos, se advierte que no es posible acceder a la petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n elevada por C\u00e9sar Augusto Ruiz Gait\u00e1n, respecto del proceso ejecutivo en el que es demandante. Ello pues, los fundamentos en los que se sustent\u00f3 no corresponden a ninguna de las dos hip\u00f3tesis tra\u00eddas por el legislador para propiciar el traslado de un expediente. Esto es, circunstancias de orden p\u00fablico o fallas en la gesti\u00f3n judicial. <\/p>\n
4.2. En suma, debe repararse que si bien la norma -art\u00edculo 30 del C\u00f3digo General del Proceso- exige al interesado aportar las pruebas que apoyan su petici\u00f3n, en el caso en concreto, este dej\u00f3 de arrimarlas. Por lo tanto, la solicitud tambi\u00e9n carece de elementos de convicci\u00f3n que avalen o justifiquen el traslado del mencionado proceso ejecutivo a otro Distrito Judicial. Adem\u00e1s, conforme lo asevera el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, el juicio ejecutivo ya finaliz\u00f3 por desistimiento del petente frente a los recursos propuestos contra el auto que neg\u00f3 el mandamiento de pago, por lo que inane resultar\u00eda el cambio de sede. En consecuencia, se denegar\u00e1 lo solicitado. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Negar la petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n del proceso referido en esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Notificar esta decisi\u00f3n al interesado por el medio m\u00e1s expedito e id\u00f3neo. <\/p>\n
TERCERO: Proceder al archivo digital de esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Tercera, sentencia del 6 de julio de 2007, Rad. 17253. <\/p>\n
2\u0002 CSJ AC2991-2015, reiterado recientemente en AC043-2019. <\/p>\n
3\u0002 CSJ AC 3819-2017. <\/p>\n
4\u0002 CSJ AC de 15 de junio de 2017, Rad. 2017-01295-00. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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