AC197-2023 (2022-02187-00)<\/p>\n
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AC197-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-02187-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve el recurso de queja interpuesto por la sociedad JP Asesores en Accidentes de Tr\u00e1nsito S.A.S. frente al auto de 26 de abril de 2022, por medio del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, Sala Civil Familia, neg\u00f3 conceder el recurso de casaci\u00f3n. Tal remedio se instaur\u00f3 contra la sentencia de 11 de marzo del 2022, dictada por la misma Magistratura, dentro del proceso de nulidad instaurado por la sociedad Cl\u00ednica Santa Ana S.A. contra la impugnante. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora reclam\u00f3 que se declarara la nulidad absoluta del contrato de mandato celebrado el 24 de enero del 2017, entre la Cl\u00ednica Santa Ana S.A. y la sociedad \u00abAsesor\u00eda Jur\u00eddica en Accidentes de Tr\u00e1nsito Juan Pablo Velandia S.A.S., derivada de la incapacidad legal (funcional) del se\u00f1or Hugo Ernesto Vergel Rodr\u00edguez quien actu\u00f3 como representante legal y\/o gerente del contratante para la fecha de los hechos, quien en cumplimiento de normatividad civil, mercantil y los estatutos sociales de la sociedad Cl\u00ednica Santa Ana S.A., en atenci\u00f3n a los requisitos intr\u00ednsecos e ineludibles de capacidad para obligarse, m\u00e1s aun, en representaci\u00f3n de otra como sucede en el presente asunto\u00bb. En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene la restituci\u00f3n \u00abal mismo estado en que se hallar\u00edan si no hubiese existido el acto o contrato nulo\u00bb. <\/p>\n
2. Causa petendi: Asever\u00f3 que, mediante acta 622 del 04 de febrero del 2015, la Junta Directiva de la Cl\u00ednica dispuso registrar en la C\u00e1mara de Comercio de C\u00facuta, el nombramiento del representante legal principal del se\u00f1or Hugo Ernesto Vergel Rodr\u00edguez. Dentro de las facultades y prohibiciones obrantes en los estatutos sociales para dicho cargo se encuentra la de \u00abtransigir o comprometer toda clase de recursos, dar o recibir dinero en mutuo, i) cuidar de la recaudaci\u00f3n e inversi\u00f3n de los fondos de la compa\u00f1\u00eda, i) las dem\u00e1s funciones que le se\u00f1alen los estatutos, la ley, la asamblea general y la junta directiva. PARAGRAFO: EL GERENTE REQUIERE DE AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA CELEBRAR CUALQUIER ACTO, OPERACI\u00d3N O CONTRATO, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA CUYA CUANT\u00cdA EXEDA DE CIEN (100) SALARIOS M\u00cdNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES AL MOMENTO DE LA OPERACI\u00d3N, ACTO O CONTRATO\u00bb. <\/p>\n
El 24 de enero del 2017, el se\u00f1or Vergel celebr\u00f3 con la demandada contrato de mandato con el fin de \u00abejercer las acciones jur\u00eddicas tendientes a la recuperaci\u00f3n de la totalidad de la cartera frente a las compa\u00f1\u00edas aseguradoras que adeuden facturas por servicios prestados a trav\u00e9s del SOAT a la CL\u00cdNICA Santa Ana\u00bb. Sin embargo, tal negocio jur\u00eddico fue celebrado sin contar con la autorizaci\u00f3n previa de la junta directiva, en desconocimiento del deber funcional en relaci\u00f3n con su cargo y sin atender \u00ablos lineamientos internos y legales establecidos al momento de su nombramiento\u00bb. Estim\u00f3 que la cl\u00e1usula penal que se pact\u00f3 en el contrato de mandato es exagerada respecto del cumplimiento del contrato. Adem\u00e1s, critic\u00f3 que esta \u00absolo compromete el incumplimiento de las obligaciones de la Cl\u00ednica Santa Ana S.A. m\u00e1s no del CONTRATISTA en el cumplimiento del objeto del contrato\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de ideas, consider\u00f3 que dicho negocio adolece de los requisitos necesarios para la validez del acuerdo, \u00abrespecto del vicio del consentimiento por incapacidad absoluta del Representante Legal y\/o Gerente para realizar negocios jur\u00eddicos en nombre de la Cl\u00ednica Santa Ana S.A. sin autorizaci\u00f3n para ello\u00bb. O, lo que es lo mismo, el gerente carece de capacidad jur\u00eddica por incumplimiento de las funciones y prohibiciones establecidas en los estatutos. <\/p>\n
3. Sentencia de primera instancia: El 12 de noviembre de 2020, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de C\u00facuta declar\u00f3 probadas las excepciones propuestas y, en consecuencia, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
4. Fallo de segundo grado: El 11 de marzo de 2022, el superior, al resolver la apelaci\u00f3n formulada por el demandante, revoc\u00f3 la sentencia y declar\u00f3 la nulidad relativa del contrato de mandato. A su turno, declar\u00f3 que no hab\u00eda lugar a restituciones mutuas. <\/p>\n
5. Recurso de casaci\u00f3n: Lo formul\u00f3 la sociedad JP Asesor\u00edas en Accidentes de Tr\u00e1nsito S.A.S. <\/p>\n
6. Decisi\u00f3n sobre la concesi\u00f3n: El Tribunal, mediante prove\u00eddo de 26 de abril de 2022, no accedi\u00f3 a tramitarlo. <\/p>\n
Para el efecto, comenz\u00f3 por precisar que \u00ablas pretensiones del l\u00edbelo introductor no son simplemente declarativas, toda vez que con la nulidad invocada, no solamente se instaba su declaraci\u00f3n sino que adem\u00e1s se anhelaba el restablecimiento o retorno al patrimonio de la actora de las sumas de dinero que se hubiesen cancelado con ocasi\u00f3n al contrato censurado. Por lo tanto, menester es, se insiste, consultar el justiprecio para acudir en casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, de conformidad con lo decidido en primera y segunda instancia, para el ad quem \u00abemerge claro que al denegar el anterior reconocimiento -el de restituciones mutuas-, el desmedro que produce la decisi\u00f3n de segundo grado se concreta en la inejecuci\u00f3n del objeto contractual abrogado, el cual, conforme fuera pactado, ten\u00eda previsto un valor y por supuesto forma de pago, siendo ah\u00ed donde ha de encontrarse en los medios suasorios el justiprecio para acudir en casaci\u00f3n\u00bb. As\u00ed las cosas, consultado el objeto y el precio pactado por las partes en el contrato de mandato, estim\u00f3 que \u00ablos elementos de convicci\u00f3n debidamente aportados por las partes al decurso, d\u00edgase de una vez, que no puede establecer a cu\u00e1nto asciende el valor de las \u201cfacturas presentadas, vencidas y adeudadas\u201d a la Cl\u00ednica Santa Ana S.A. \u201cpor la prestaci\u00f3n de los servicios cl\u00ednico-hospitalarios a pacientes del SOAT\u201d\u00bb. <\/p>\n
Tampoco es posible acudir a las facturas allegadas por la casacionista para determinar la cuant\u00eda. Ello puesto que \u00abse informa que se encuentran canceladas, pero lo m\u00e1s relevante es que est\u00e1 acreditado que la gesti\u00f3n jur\u00eddica contratada no se desarroll\u00f3 por la sociedad JP Asesor\u00edas en Accidentes de Tr\u00e1nsito S.A.S., sino que lo fue por Juan Pablo Velandia Amaya, persona natural, como profesional del derecho que es. Tampoco es admisible el justiprecio pueda establecerse con la cl\u00e1usula penal que por valor de $7.000\u2019000.000,00 M\/cte se previ\u00f3, toda vez que tal circunstancia es accesoria al objeto contractual y tiene previstos otros fines\u00bb. <\/p>\n
7. Reposici\u00f3n y recurso de queja: Lo interpuso el demandado. Adujo que, en el proceso de marras, \u00abel objeto del litigio ha suscitado el debate sobre la validez del contrato de mandato celebrado entre las partes, de manera que lo pretendido sustancialmente por la demandante es la declaraci\u00f3n de nulidad del mencionado negocio jur\u00eddico, y en ning\u00fan punto se encuentra una pretensi\u00f3n de condena o alguna solicitud que pueda connotar para el proceso un elemento pecuniario\u00bb. Por ende, la valoraci\u00f3n jur\u00eddica realizada por la juzgadora es equivocada, en tanto que le exige al recurrente demostrar unos elementos econ\u00f3micos que no fueron objeto de las pretensiones de la demanda ni de las excepciones propuestas. <\/p>\n
Consider\u00f3 injusto y carente de sentido el que se le exijan medios de prueba sobre hechos que no fueron parte del objeto de litigio, \u00abm\u00e1xime en el entendido de que esas pruebas habr\u00edan sido negadas ya que eran impertinentes con el centro del debate planteado. Por lo tanto, la decisi\u00f3n que se reprocha no solo es err\u00f3nea, sino que es violatoria del derecho a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, si se pasara ello por alto, debe observarse que, en todo caso, al declararse nulo el negocio jur\u00eddico, \u00abse priva a mi representada a ejercer las acciones contractuales mencionadas, que a priori ya se encontraban respaldadas por una cl\u00e1usula penal estimada en SIETE MIL MILLONES DE PESOS MCTE (COP $7.000\u2019000.000)\u00bb. Estim\u00f3 que se puede otorgar a la cl\u00e1usula penal la connotaci\u00f3n de un perjuicio causado con la sentencia denegatoria de las excepciones. Y es que la <\/p>\n
\u00ab\u00fanica interpretaci\u00f3n posible es que, con la sentencia de primera instancia el a quo le reconoci\u00f3 el derecho o la posibilidad al demandante de reclamar por el incumplimiento y la indemnizaci\u00f3n de perjuicios del proceso, caso en el cual estos ya estaban tasados por las partes en una suma superior a los mil (1.000) smlmv. <\/p>\n
En consecuencia, cuando el ad quem revoc\u00f3 esta providencia, le gener\u00f3 a mi representada la p\u00e9rdida del beneficio reconocido en primera instancia\u00bb. <\/p>\n
8. Determinaci\u00f3n frente al remedio horizontal: Se neg\u00f3 el 17 de junio de 2022. El Tribunal destac\u00f3 que \u00abal momento de la formulaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, la parte demandada (casacionista), no se interes\u00f3 por la segunda eventualidad, es decir, no aport\u00f3 dictamen pericial. Por tanto, la val\u00eda para acudir debe emerger de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en el proceso, y a ello se ci\u00f1\u00f3 la Sala en el prove\u00eddo objeto de embate como se pasa a revelar\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, frente al argumento esgrimido por el censor, el ad quem asever\u00f3 que \u00ablas pretensiones del l\u00edbelo introductor, a las cuales en efecto la parte demandada se resisti\u00f3, adem\u00e1s del pedimento declarativo contienen s\u00faplica de contenido econ\u00f3mico en la medida que se rog\u00f3 retrotraer las cosas al estado que se encontraban antes de acaecer el negocio jur\u00eddico que suscit\u00f3 la controversia, o lo que es lo mismo, se inst\u00f3 el restablecimiento de las sumas de dinero que hubiesen sido canceladas con ocasi\u00f3n del mentado contrato\u00bb. Tal consideraci\u00f3n resulta suficiente, a juicio del Tribunal, para insistir en que las pretensiones debatidas tienen contenido monetario. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo precedente, \u00abcorrespond\u00eda tomar en cuenta el precio del contrato de mandato para de esa manera develar su cuant\u00eda, toda vez que, por la decisi\u00f3n finalmente adoptada en sede de segunda instancia, es ese beneficio econ\u00f3mico el que se ve frustrado ante la imposibilidad de continuaci\u00f3n de ejecuci\u00f3n del negocio jur\u00eddico\u00bb. En ese sentido, \u00abla manera de establecer a cu\u00e1nto ascienden los probables honorarios que el contratista percibir\u00eda, solo hay que ir a lo que se comprometi\u00f3 a recuperar, o sea, a \u201clas facturas presentadas, vencidas\u201d y por supuesto \u201cadeudadas\u201d a la Cl\u00ednica Santa Ana \u201cpor la prestaci\u00f3n de los servicios cl\u00ednico hospitalarios a pacientes del SOAT\u201d (Subraya y resalta la Sala). Y, como quedare discernido en el prove\u00eddo objeto de embate, y que ahora se reitera, en el expediente no milita alg\u00fan elemento de convicci\u00f3n que venga a poner de presente el valor de las facturas vencidas y entregadas al contratista para su recaudo. Siendo ello as\u00ed, resulta imposible establecer la frustraci\u00f3n de la que, por concepto de honorarios \u2013precio\u2013, la sentencia de segunda instancia priv\u00f3 al opugnador extraordinario de acrecentar su patrimonio\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que no es posible tomar en cuenta la cl\u00e1usula penal para la determinaci\u00f3n del perjuicio irrogado por la sentencia de segunda instancia. Ello toda vez que \u00ablo que impide la determinaci\u00f3n objeto de embate extraordinario es la continuidad de la relaci\u00f3n contractual y no su eventual incumplimiento\u00bb. En tal sentido, no es preciso hacer operar la cl\u00e1usula penal como val\u00eda del justiprecio pues \u00abesa situaci\u00f3n \u2013incumplimiento\u2013 no es del resorte de este asunto como para abrir paso a esa estimaci\u00f3n anticipada de perjuicios de estirpe accesoria ante el incumplimiento de una obligaci\u00f3n principal, toda vez que, precisamente, \u00e9sta \u00faltima es la que termina menoscabada con la sentencia proferida\u00bb. <\/p>\n
9. Pronunciamiento del opositor: En oportunidad, el apoderado de la Cl\u00ednica Santa Ana S.A. manifest\u00f3 que \u00aben el sub examine no se encuentran reunidos los presupuestos formales que viabilicen la concesi\u00f3n de la casaci\u00f3n, ante la ausencia clara de existencia y determinaci\u00f3n de la cuant\u00eda para el arribo de la actuaci\u00f3n a esa magistratura, como acertadamente lo estableci\u00f3 el A quo\u00bb. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con los art\u00edculos 352 y 353 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurso de queja procede contra el auto que deniega conceder el de casaci\u00f3n. Asimismo, tiene como derrotero que la Corte examine el si prove\u00eddo impugnado y ratificado al desatar la respectiva reposici\u00f3n, estuvo o no ajustado al ordenamiento. <\/p>\n
2. Pues bien, al tenor del art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurso de casaci\u00f3n se distingue por su car\u00e1cter extraordinario. De ah\u00ed que en el precepto que le sigue se anote de manera restrictiva que s\u00f3lo tiene cabida respecto de las sentencias emitidas por los Tribunales Superiores, en \u00absegunda instancia\u00bb, \u00aben toda clase de procesos declarativos\u00bb; \u00aben las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb, y \u00ablas dictadas para liquidar una condena en concreto\u00bb, con la advertencia de que en asuntos relativos al estado civil recae, \u00fanicamente, en las de \u00abimpugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho\u00bb. <\/p>\n
El art\u00edculo 338 ibidem agrega que, si las expectativas del litigante vencido son netamente econ\u00f3micas, el ataque procede si \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u00bb excede de 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, lo que carece de incidencia en \u00absentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil\u00bb. Ello, por supuesto, sin olvidar que la jurisprudencia de esta Sala ha reconocido la posibilidad de que el recurso de casaci\u00f3n proceda en aquellos casos en que el litigio no tiene connotaciones econ\u00f3micas, por cuanto las pretensiones son simplemente declarativas. Casos en los cuales no ser\u00e1 necesario probar el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente. Al respecto, los Magistrados de esta Corporaci\u00f3n han sostenido que: <\/p>\n
\u00abSon pasibles de este recurso los fallos proferidos en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Distritos Judiciales en procesos declarativos, acciones de grupo y liquidaciones de condenas en concreto. Debe anotarse que si el tr\u00e1mite vers\u00f3 sobre el estado civil, el mecanismo extraordinario se abre camino cuando las pretensiones recaigan sobre su impugnaci\u00f3n, reclamaci\u00f3n o declaratoria de uniones maritales de hecho (art. 334 CGP). <\/p>\n
Cuando las pretensiones sean \u00abesencialmente econ\u00f3micas\u00bb, es necesario que \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable\u00bb causado por la sentencia supere 1.000 SMLMV. Esta exigencia es inaplicable cuando los pedimentos no sean patrimoniales y, si lo son, estar\u00e1n exentos solamente cuando versen sobre el estado civil, las acciones populares y las de grupo (art. 338 CGP). (\u2026) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, valga reiterar que s\u00f3lo cuando las pretensiones no sean esencialmente econ\u00f3micas o, a\u00fan si\u00e9ndolo, versen sobre el estado civil, acciones populares o de grupo, el recurrente no tiene la carga de probar el valor del \u00abagravio\u00bb y ser\u00e1 procedente la casaci\u00f3n. De lo contrario, ese quantum deber\u00e1 establecerse so pena de no conceder el recurso\u00bb (AC5134-2021). <\/p>\n
3. En el sub examine, se observa que, tal como lo arguyo el recurrente, las pretensiones que suscitaron la presente controversia no son esencialmente econ\u00f3micas. Por ende, no era menester exigirle la acreditaci\u00f3n de la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir. Tal como se verifica a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Sea lo primero indicar que esta Sala ha explicado que la frase contenida en el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso relativa al calificativo de las pretensiones \u00abesencialmente econ\u00f3micas\u00bb refiere a: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [e]special detenimiento merece el examen de la exigencia en estudio, en punto a establecer lo que debe entenderse por \u201cpretensiones esencialmente econ\u00f3micas\u201d, con miras a no incurrir en un posible error conceptual por confundir el objeto de la pretensi\u00f3n que es apenas uno de sus elementos, con la pretensi\u00f3n en su real dimensi\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, conviene memorar que la pretensi\u00f3n est\u00e1 conformada por tres elementos: uno subjetivo que comprende los sujetos involucrados en el litigio denominados pretensor y resistente, y el juez como sujeto imparcial destinatario de aquella que encarna al \u00f3rgano jurisdiccional del Estado con potestad para resolver los conflictos sometidos a su discernimiento; otro objetivo que ata\u00f1e concretamente a lo reclamado, a lo pedido en el juicio a \u201cla cosa o el bien y la declaraci\u00f3n del derecho que se reclama o persigue\u201d1, y la causa petendi, que concreta los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta la petici\u00f3n de tutela jur\u00eddica, Devis Echand\u00eda alude a ese \u00faltimo elemento como la raz\u00f3n de la pretensi\u00f3n, indicando que es, <\/p>\n
(\u2026) el fundamento que se le da seg\u00fan el derecho, y ese fundamento se distingue en fundamento de hecho y de derecho; es decir, el conjunto de hechos que constituyen el relato hist\u00f3rico de las circunstancias de donde se pretende deducir lo que se pide y la afirmaci\u00f3n de su conformidad con el derecho en virtud de determinadas normas de derecho material. De este modo, la conformidad de la pretensi\u00f3n con el derecho depende de la causa petendi, o sea de los hechos jur\u00eddicos que la sostienen, enunciados en la demanda, y de las peticiones de la demanda o conclusiones que de todos ellos se deducen. Por esto puede decirse que la raz\u00f3n se distingue en raz\u00f3n de hecho y de derecho. La raz\u00f3n de la pretensi\u00f3n se identifica con la causa petendi de la demanda2. <\/p>\n
Surge de las anteriores premisas, que el calificativo de las pretensiones como \u201cesencialmente econ\u00f3micas\u201d no faculta al juzgador al momento de estudiar la necesidad de verificar el cumplimiento del requisito en menci\u00f3n, para mirar simple y llanamente el contenido del petitum de la demanda, ni al recurrente para eximirse de su obligaci\u00f3n de acreditar su inter\u00e9s econ\u00f3mico so pretexto de que no se formularon pretensiones o no se impusieron condenas de esa estirpe. Tal conclusi\u00f3n amerita un estudio m\u00e1s ponderado del proceso en s\u00ed, que involucra el examen de la causa petendi como elemento integrante de la pretensi\u00f3n y a\u00fan del objeto perseguido con el ejercicio de la acci\u00f3n, con miras a desentra\u00f1ar su posible esencia patrimonial. <\/p>\n
En otras palabras, no basta corroborar que las aspiraciones formuladas por el accionante son apenas de contenido declarativo para deducir que su pretensi\u00f3n no es patrimonial, pues, se insiste, con independencia de que espec\u00edficamente no se reclame la imposici\u00f3n de condenas estimables en t\u00e9rminos pecuniarios en un determinado proceso, \u00e9sta puede catalogarse como \u201cesencialmente econ\u00f3mica\u201d, mirada desde todos los elementos que la conforman. (subraya intencional)\u00bb (AC390-2019, citada en AC1739-2020). <\/p>\n
3.2. Con mira en lo anterior, de la causa petendi y las pretensiones esgrimidas en el libelo inicial, se observa que la controversia se circunscribi\u00f3 a discutir la legalidad y validez de un acuerdo de voluntades celebrado entre la demandante y la sociedad Asesor\u00eda Jur\u00eddica en Accidentes de Tr\u00e1nsito S.A.S. Ello comoquiera que, supuestamente, el contrato fue suscrito con incapacidad legal funcional del representante legal de la Cl\u00ednica Santa Ana S.A. Actuaci\u00f3n que, de conformidad con lo expuesto en los hechos de la demanda, implic\u00f3 comprometer la sostenibilidad presupuestal, financiera y social de la persona jur\u00eddica, adem\u00e1s de que fue efectuada \u00aben contra v\u00eda innegable de los intereses de la sociedad; desacatando de forma directa lo que se observa en las prohibiciones descritas en los Estatutos Sociales\u00bb. <\/p>\n
Tales pedimentos fueron acogidos por el Tribunal al dictar la sentencia de segunda instancia, en la cual, declar\u00f3 la nulidad relativa del contrato de mandato, indic\u00f3 que no hab\u00eda lugar a restituciones mutuas y conden\u00f3 en costas. Como se aprecia, la acci\u00f3n impetrada solo propugn\u00f3 por la declaratoria de invalidez del mencionado acuerdo de voluntades para mantener el estado de cosas anterior. Ello comporta, por ende, una controversia sobre la conformidad de ese acto jur\u00eddico con las disposiciones legales y estatutarias3. <\/p>\n
En ese orden de ideas, es paladino que las pretensiones invocadas no tienen cariz econ\u00f3mico. Por el contrario, \u00fanicamente entra\u00f1an un problema de legalidad del negocio jur\u00eddico celebrado por quien no ten\u00eda capacidad para ello. <\/p>\n
4. En consideraci\u00f3n a lo expuesto en precedencia, dada la naturaleza del asunto, en este caso no era exigible a la recurrente en casaci\u00f3n que acreditara la desventaja patrimonial derivada de la resoluci\u00f3n adversa. Lo anterior puesto que tal exigencia es ajena a esta causa por no contener pretensiones esencialmente econ\u00f3micas, presupuesto indispensable del art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
5. De acuerdo con lo discurrido, se declarar\u00e1 mal denegado el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. A su turno, de conformidad con el inciso final del canon 353 del estatuto adjetivo, se proceder\u00e1 a concederlo. No habr\u00e1 condena en costas ante la prosperidad del recurso. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR MAL DENEGADO el recurso de casaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de segunda instancia, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, en el proceso referenciado. En su lugar, CONCEDER la referida impugnaci\u00f3n extraordinaria formulada por la demandada JP Asesores en Accidentes de Tr\u00e1nsito S.A.S. <\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar lo resuelto al Tribunal de origen para que proceda a remitir el expediente a esta Corporaci\u00f3n, previo cumplimiento de las gestiones pertinentes de conformidad con el art\u00edculo 341 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
TERCERO: Sin lugar a condena en costas por el tr\u00e1mite de la queja. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Devis Echand\u00eda, Hernando. Op. cit. p\u00e1g. 256. <\/p>\n
2\u0002 Ib\u00eddem. p\u00e1g. 258 <\/p>\n
3\u0002 En lo relativo a la capacidad del representante legal. <\/p>\n
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AC197-2023 (2022-02187-00) AC197-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-02187-00 Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve el recurso de queja interpuesto por la sociedad JP Asesores en Accidentes de Tr\u00e1nsito S.A.S. frente al auto de 26 de abril de 2022, por medio del cual el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70363","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70363","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70363"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70363\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70363"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70363"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70363"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}