AC203-2023 (2015-00317-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC203-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-31-03-006-2015-00317-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Santiago Gil Gil para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia de 5 de septiembre de 2022, proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro del proceso declarativo de existencia, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad comercial de hecho, promovido por Beatriz Eugenia Gil de Gil (q.e.p.d.) contra Ren\u00e9, David, Carlos, Felipe y Santiago Gil Gil, como herederos determinados de Carlos Alberto Gil Yepes y dem\u00e1s herederos indeterminados. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Beatriz Eugenia Gil de Gil, demand\u00f3 a los herederos determinados e indeterminados de Carlos Alberto Gil Yepes (q.e.p.d.), para que se declarara que entre ella y el causante, \u00ab(\u2026) desde el 3 de octubre de 1992, hasta el d\u00eda 24 de enero de 2012 (\u2026), se conform\u00f3 una sociedad mercantil de hecho, cuyo domicilio fue establecido en la ciudad de C\u00facuta, y (\u2026) a cada uno de los socios le corresponde el 50% de ese patrimonio descrito y detallado en el hecho d\u00e9cimo cuarto de esta demanda, como tambi\u00e9n sus frutos y ganancias\u00bb; consecuencialmente, pidi\u00f3 que se ordenara su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n, con la inscripci\u00f3n de la sentencia en tal sentido en el registro mercantil de la C\u00e1mara de Comercio de C\u00facuta. <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
1. La precursora afirm\u00f3 que se cas\u00f3 con Gil Yepes el 21 de junio de 1975 y, juntos \u00ab[a]brieron un local comercial que denominaron la Feria del Reloj, atendido por ambos, donde vend\u00edan plater\u00eda y arreglaban relojes, despu\u00e9s adquirieron la primera prender\u00eda, que llamaron la Esmeralda, luego la Esmeralda 2, La Reina, y por \u00faltimo la Isla dedic\u00e1ndose con ah\u00ednco al comercio en la compra y venta de muebles e Inmuebles, por lo que adquirieron bienes dentro de su sociedad conyugal\u00bb; sin embargo, el 2 de abril de 1992, por mutuo acuerdo y estrategia comercial, disolvieron y liquidaron la \u00absociedad\u00bb conyugal legal de bienes, mediante la escritura No. 850 de esa fecha, otorgada ante la Notar\u00eda Cuarta del C\u00edrculo de C\u00facuta. <\/p>\n
Sostuvo que, pasados seis meses desde ese entonces, en octubre del mismo a\u00f1o, decidieron iniciar una \u00absociedad\u00bb comercial de hecho que perdur\u00f3 hasta la data en que Carlos Alberto falleci\u00f3, esto es, el 24 de enero de 2012, cuyo prop\u00f3sito era obtener beneficios comunes para ellos y sus hijos Ren\u00e9, David, Carlos y Felipe Gil Gil. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el objeto social de la uni\u00f3n, \u00abfue la inversi\u00f3n en inmuebles urbanos y\/o rurales y la adquisici\u00f3n, administraci\u00f3n, arrendamiento, gravamen o enajenaci\u00f3n de los mismos; inversi\u00f3n de fondos propios en bienes inmuebles, bonos, valores burs\u00e1tiles y partes de intereses en sociedades comerciales, as\u00ed como la negociaci\u00f3n de toda clase de derechos de cr\u00e9dito; Desarrollo de la actividad agr\u00edcola, pecuaria y florestal (sic) en todas etapas formas y modalidades; Administraci\u00f3n de derecho de cr\u00e9dito, t\u00edtulos valores, cr\u00e9ditos activos o pasivos, dineros, bonos, valores burs\u00e1tiles; Vender productos y servicios tur\u00edsticos que puedan incluir hoteler\u00eda, traslado, excursiones, gu\u00edas y dem\u00e1s actividades de tipo tur\u00edstico en el departamento Norte de Santander; Comercio al por menor de art\u00edculos de segunda mano, en negocios de prender\u00edas\u00bb; que cada uno de los involucrados aport\u00f3 trabajo, bienes y capital: Beatriz Eugenia, $62.000.000, representados en predios que ella adquiri\u00f3 dentro de la \u00absociedad conyugal\u00bb, mientras que Carlos Alberto aport\u00f3 la suma de $244.000.000 en efectivo y $18.000.000 \u00abdel Establecimiento de Comercio denominado COMPRAVENTA PRENDERIA LA ESMERALDA NUMERO 1\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que desde la creaci\u00f3n de la referida relaci\u00f3n societaria realizaron operaciones comerciales de manera coordinada, comprando y vendiendo inmuebles, administrando negocios de prender\u00edas e invirtiendo en sociedades en que compart\u00edan acciones como en Gil Yepes y Cia. S. en C.; que todas las decisiones se tomaban mancomunadamente y las utilidades eran usadas \u00abpara sufragar sus gastos personales, comunes y de sus cuatro hijos leg\u00edtimos, en su educaci\u00f3n y manutenci\u00f3n, y a su vez reinvirtiendo las utilidades en la compara (sic) de otros bienes e inmuebles, motivados por la consecuci\u00f3n de un patrimonio com\u00fan\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica No. 2.659, suscrita el 16 de 1.986 ante la Notar\u00eda Tercera de C\u00facuta, otorg\u00f3 poder a Gil Yepes para la compra y venta de bienes de la \u00absociedad\u00bb mercantil de hecho, vigente a la fecha de presentaci\u00f3n del libelo. <\/p>\n
Precis\u00f3 que la \u00absociedad\u00bb no fue reportada ante la DIAN porque los socios, de manera individual y coordinada, presentaban sus declaraciones de renta, a fin de cumplir con las obligaciones tributarias; asimismo, que, aunque los bienes y acciones ense\u00f1an como titular a Carlos Alberto Gil Yepes, \u00e9stos pertenec\u00edan a los dos en partes iguales, por haber sido adquiridos con trabajo, esfuerzo y colaboraci\u00f3n conjunta. <\/p>\n
Finalmente acot\u00f3 que, para la fecha de radicaci\u00f3n del legajo introductorio, cursaba, ante el Juzgado Primero de Familia de C\u00facuta, la sucesi\u00f3n intestada de Gil Yepes y, en dicho tr\u00e1mite, fue reconocido como hijo extramatrimonial Santiago Gil (folios 3 a 35 y 1016 a 1055 archivo digital \u201c001 CuadernoPrincipal\u201d). <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de las instancias <\/p>\n
1. La postulaci\u00f3n inicial fue admitida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Oralidad de C\u00facuta el 10 de noviembre de 2015 (folios 1066 y 1067, ib.). <\/p>\n
2. Mar\u00eda Cristina Gil Gil, en representaci\u00f3n de su mejor hijo Santiago Gil Gil, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n, por conducto de su apoderado y, al efecto se\u00f1al\u00f3 que, \u00ablos esposos GIL YEPES – GIL DE GIL disolvieron la sociedad conyugal, producto de la decisi\u00f3n voluntaria producida por la falta de \u00e1nimo de asociaci\u00f3n entre ellos, as\u00ed corno del v\u00ednculo afectivo, lo que deriv\u00f3 posteriormente en que disolvieran tambi\u00e9n la convivencia entre ellos, raz\u00f3n por la cual, el se\u00f1or GIL YEPES inici\u00f3 una convivencia de hecho con mi poderdante, la cual perdur\u00f3 por muchos a\u00f1os, hasta la muerte de aqu\u00e9l, y como fruto de esta convivencia naci\u00f3 el menor SANTIAGO GIL GIL\u00bb. <\/p>\n
Apunt\u00f3 que no existe evidencia documental alguna de que la libelista y Carlos Gil, con posterioridad a la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n conyugal, hubiesen tenido \u00e1nimo de asociaci\u00f3n, o hubieren hecho aportaciones en dinero o especie, encaminadas a constituir capital com\u00fan para distribuir utilidades, m\u00e1xime cuando, aquella no tiene conocimientos en el manejo de negocios mercantiles y su \u00fanica intenci\u00f3n es \u00abarropar en esta demanda todos los actos que despleg\u00f3 su esposo, despu\u00e9s de la separaci\u00f3n de bienes, para intentar hacerse il\u00edcitamente a unas ganancias que no le corresponden\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que Gil Yepes y C\u00eda. S. en C. fue manejada, desde su constituci\u00f3n, \u00fanicamente por Carlos Gil Yepes, y que el poder a que alude la actora, corresponde a \u00abun t\u00edpico poder general, otorgado por la c\u00f3nyuge, en el marco del v\u00ednculo marital y en vigencia de la sociedad conyugal (a\u00f1o 1986), pero que no guarda relaci\u00f3n alguna con el \u00e1nimo de asociaci\u00f3n de hecho, supuestamente creado a partir del a\u00f1o 1.992, surgido con posterioridad a la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal. Tan no guarda relaci\u00f3n el mencionado poder con la supuesta sociedad de hecho, que el se\u00f1or CARLOS ALBERTO GIL YEPES ten\u00eda tambi\u00e9n poder general otorgado por sus cuatro hijos RENE GIL GIL, DAVID GIL GIL, CARLOS GIL GIL y FELIPE GIL GIL, sin que por esto existiera entre estos un \u00e1nimo asociativo\u00bb. <\/p>\n
Apunt\u00f3 que los negocios jur\u00eddicos enlistados por la demandante, fueron contratos a t\u00edtulo oneroso realizados por los c\u00f3nyuges de manera individual y aut\u00f3noma, con sus bienes propios. <\/p>\n
Como resguardo de su defensa, plante\u00f3 los medios exceptivos que denomin\u00f3: \u00abINEXISTENCIA DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE UNA SOCIEDAD COMERCIAL DE HECHO\u00bb; \u00abLA SOCIEDAD COMERCIAL DE HECHO NO PUEDE SER UNA SOCIEDAD A T\u00cdTULO UNIVERSAL\u00bb; \u00abAUSENCIA DE LA CALIDAD DE COMERCIANTE DE LOS SUPUESTOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD COMERCIAL DE HECHO\u00bb; \u00abAUTONOM\u00cdA DEL NEGOCIO JUR\u00cdDICO DE LA COMUNIDAD DE BIENES\u00bb; \u00abLA SIMPLE COMUNIDAD DE BIENES NO GENERA SOCIEDAD DE HECHO\u00bb; \u00abDESCONOCIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ART\u00cdCULOS 839 Y 1274 DEL C\u00d3DIGO DE COMERCIO\u00bb; \u00abIMPROCEDENCIA DE LA CAUSACI\u00d3N DE GANANCIALES, DESPU\u00c9S DE DISUELTA LA SOCIEDAD CONYUGAL\u00bb; y la \u00abEXCEPCI\u00d3N GEN\u00c9RICA\u00bb, (folios 32 a 49, archivo digital 002, \u201cCuaderno Principal02\u201d). <\/p>\n
2.1. Los dem\u00e1s convocados aceptaron los hechos y asintieron a las pretensiones (folios 83 a 86, archivo digital \u201c002CuadernoPrincipal2\u201d). <\/p>\n
2.2. El curador ad litem de los herederos indeterminados indic\u00f3 que se aten\u00eda a lo que se encontrara probado en el juicio (folios 136 a 138, ib.). <\/p>\n
3. Comoquiera que en el decurso del proceso se acredit\u00f3 que la demandante Beatriz Eugenia Gil de Gil falleci\u00f3 luego de iniciada la causa y, el apoderado judicial de los convocados Rene, Carlos, David y Felipe Gil Gil pidi\u00f3 que se les reconociera como sucesores procesales de aquella, por auto del 16 de diciembre de 2020, el juez de conocimiento accedi\u00f3 a ello (folio 215, ib.). <\/p>\n
4. Mediante sentencia de 14 de septiembre de 2021, la juzgadora de primer grado declar\u00f3 sin \u00e9xito las excepciones planteadas por Santiago Gil Gil y, consecuencialmente, declar\u00f3 que entre Beatriz Eugenia Gil de Gil (Q.E.P.D.) y Carlos Alberto Gil de Yepes (Q.E.P.D.) existi\u00f3 una sociedad comercial de hecho desde el 3 de octubre de 1992 hasta el 24 de enero de 2012, por lo que decret\u00f3 su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n, previos los tr\u00e1mites dispuestos en el estatuto procesal civil para ello; neg\u00f3 los dem\u00e1s pedimentos y conden\u00f3 en costas a la pasiva. A dicha conclusi\u00f3n arrib\u00f3, luego de encontrar acreditados los supuestos de la acci\u00f3n adelantada (folios 261 a 312, ib.). <\/p>\n
5. Al ser apelada esa resoluci\u00f3n por el convocado Santiago Gil Gil, en fallo de 5 de septiembre de 2022, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta la confirm\u00f3. <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
El ad-quem aval\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo. Comenz\u00f3 por indicar que, contrario a lo sostenido por el impugnante, no hubo rompimiento de la unidad procesal y, por tanto, tampoco desconocimiento del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso, habida cuenta que, \u00abaunque los se\u00f1ores Ren\u00e9, Carlos, David y Felipe Gil Gil, ciertamente act\u00faan como demandantes y como demandados en el proceso, la realidad muestra que por las particularidades del asunto esa situaci\u00f3n no implica un desequilibrio en el proceso pues mientras que en el extremo activo fungen como sucesores procesales de su progenitora la se\u00f1ora Beatriz Eugenia Mar\u00eda Gil de Gil, por pasiva lo hacen en su condici\u00f3n de herederos determinados del se\u00f1or Carlos Alberto Gil Yepes, y desde ambas posiciones tiene un inter\u00e9s distinto que en \u00faltimas revela un contenido patrimonial en el proceso de sucesi\u00f3n que respecto de cada uno de ellos ha de adelantarse\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, aludi\u00f3 a las exigencias que jurisprudencialmente se han impuesto para la prosperidad de la forma de asociaci\u00f3n reclamada y, memor\u00f3 que esta Corporaci\u00f3n ha predicado que la preexistencia de una \u00absociedad conyugal\u00bb no impide la formaci\u00f3n de la comercial de hecho, por lo que, con independencia de que Beatriz Eugenia Gil y Carlos Alberto Gil Yepes hubiesen disuelto la primera, mediante la escritura p\u00fablica No. 850 de 2 de abril de 1992, ello no obstaba para que brotara \u00abuna comunidad de intereses, esfuerzos y realizaciones nacidas simult\u00e1neamente con la relaci\u00f3n afectiva que los uni\u00f3, llev\u00e1ndolos a refundir sus prop\u00f3sitos econ\u00f3micos con los de su relaci\u00f3n de pareja, habida cuenta que orientaron sus acciones, a lograr un crecimiento patrimonial para la consecuci\u00f3n de beneficios comunes\u00bb, circunstancias que encontr\u00f3 acreditadas en la foliatura. <\/p>\n
Reliev\u00f3 que aunque los testimonios de uno y otro extremo procesal lucen contradictorios, dado que mientras los solicitados por la gestora dieron cuenta de la formaci\u00f3n de una sociedad de hecho, los de su contraparte le restaban participaci\u00f3n a aquella en los negocios en que respald\u00f3 su reclamo, fue acertado dar mayor valor probatorio a los primeros, toda vez que la narraci\u00f3n que ofrecieron de los hechos fue espont\u00e1nea y brind\u00f3 total certeza sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio la sociedad comercial de hecho entre los se\u00f1ores Gil Yepes y Gil de Gil, afirmaci\u00f3n que hizo, con fundamento en el an\u00e1lisis detallado de las probanzas que conforman el expediente. <\/p>\n
Y es que, seg\u00fan adver\u00f3, las declaraciones que se rindieron en favor de la posici\u00f3n del llamado a juicio Santiago Gil, solo anunciaron que, a quienes las rindieron, no les constaba la existencia de la sociedad, no pod\u00edan dar fe del manejo de los negocios de la pareja, o no conoc\u00edan a Beatriz Eugenia, de ah\u00ed que estim\u00f3 que \u00ablas pretensiones de la demanda no podr\u00edan negarse simplemente por el hecho de que algunos testigos nunca supieron sobre la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal entre los socios, ni saben de convenio alguno entre la pareja dirigido a ejecutar su objeto social, ni si ella recib\u00eda utilidades o en qu\u00e9 proporci\u00f3n lo hac\u00edan\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n refiri\u00f3 que la documental obrante en el plenario refuerza el cumplimiento de las exigencias de la acci\u00f3n, esencialmente, los movimientos desplegados por los c\u00f3nyuges frente a los negocios que, en su mayor\u00eda, se hicieron conjuntamente o en ejercicio del mandato otorgado por la precursora a su esposo. <\/p>\n
Finalmente explic\u00f3 que si bien, \u00abcomo lo sostiene el apoderado judicial del recurrente Santiago Gil Gil, existen bienes en com\u00fan y proindiviso entre los se\u00f1ores Carlos Alberto Gil Yepes y Beatriz Eugenia Gil de Gil, y esa comunidad de bienes no implica per se, la existencia de una sociedad comercial de hecho; pero s\u00ed constituye un indicio, que sumado a los medios de prueba que fueron recaudados en este proceso, permiten declarar sin lugar a dudas la existencia de la sociedad de hecho reclamada, y como consecuencia de ello la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la misma\u00bb (archivo digital \u201c22SentenciaSegundaInstancia\u201d). <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contra lo definido por el colegiado, el demandado Santiago Gil Gil imput\u00f3 cuatro cargos, con apoyo en las causales 1, 2 y 5 consagradas en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con resguardo en la causal quinta de casaci\u00f3n, acus\u00f3 al Tribunal de haber \u00abdictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley\u00bb, toda vez que, ante el fallecimiento de la promotora de la acci\u00f3n, \u00abse hab\u00eda generado una indebida representaci\u00f3n de las partes, pues unos mismos sujetos procesales actuaban con sendos apoderados, a la vez, como demandantes y demandados\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que los falladores de instancia nada dijeron frente al \u00abrompimiento de la igualdad procesal (\u2026) la cual se origin\u00f3 en la concreta y evidente circunstancia de que, a la vez, y mediante representaci\u00f3n de diferentes apoderados para cada extremo de la litis, los hijos de la demandante inicial actuaran al un\u00edsono y sin discrepancia como demandantes y demandados\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Recrimin\u00f3 la lesi\u00f3n directa de \u00ablos art\u00edculos 98, 99, 110, 122, 498, 839 y 1274 del C\u00f3digo de Comercio, y el art\u00edculo 203, 2157, 2158 y 2322 del C\u00f3digo Civil, por el concepto de indebida interpretaci\u00f3n\u00bb, en la medida en que no concurrieron los elementos esenciales de una sociedad de hecho. <\/p>\n
Para soportar la imputaci\u00f3n sostuvo que: <\/p>\n
i) el \u00e1nimo de asociaci\u00f3n qued\u00f3 desvirtuado por cuanto \u00abantes de la supuesta constituci\u00f3n de la sociedad comercial de hecho, disolvieron y liquidaron la sociedad conyugal que exist\u00eda entre estos, lo que demuestra la intenci\u00f3n de ambos de terminar cualquier v\u00ednculo social, consolidar definitivamente sus propios patrimonios y tener, en el futuro, activos independientes\u00bb; adem\u00e1s, porque los documentos adosados para evidenciar la existencia de la sociedad reclamada, datan de 1986, que no, de 1992, a\u00f1o en que adujo la convocante, tuvo inicio la misma; <\/p>\n
ii) los aportes de la promotora de la acci\u00f3n tampoco fueron acreditados, porque no \u00abexiste ninguna evidencia probatoria de la genuina intenci\u00f3n de la se\u00f1ora BEATRIZ EUGENIA GIL GIL de vincular su vivienda a las supuestas actividades mercantiles que dice falsamente haber hecho con su marido\u00bb. Destac\u00f3 al respecto que, la declaraci\u00f3n de renta de Beatriz Eugenia, aportada con el escrito genitor, revela que para el a\u00f1o 1992 \u00abno contaba con el patrimonio suficiente para realizar los aportes indicados en los hechos de la demanda\u00bb. <\/p>\n
ii) en lo que apunta al objeto social, \u00abno hay lugar a la existencia de un objeto social en la supuesta sociedad comercial de hecho, dado que la demandante, de manera temeraria, se limit\u00f3 a enlistar m\u00faltiples negocios mercantiles, los cuales no guardan ninguna relaci\u00f3n entre s\u00ed\u00bb, a m\u00e1s de que \u00abno existe en el expediente evidencia alguna que permita demostrar que los se\u00f1ores CARLOS ALBERTO GIL YEPES y BEATRIZ EUGENIA GIL DE GIL hubiesen desarrollado tales actividades conjuntamente y bajo un objeto social determinado\u00bb; y, <\/p>\n
iv) sobre la repartici\u00f3n de utilidades \u00abno existe la menor prueba, ni se encuentra acreditado en la demanda que existiera o se haya realizado en ning\u00fan momento repartici\u00f3n de utilidades, como producto de una actividad desarrollada conjuntamente, derivada de y en proporci\u00f3n a unas aportaciones especificas realizadas por los supuestos socios\u00bb. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Acus\u00f3 la sentencia cuestionada de violar indirectamente los mismos preceptos que calific\u00f3 de sustanciales en el embate anterior, como consecuencia de un \u00abde error de derecho, derivado del desconocimiento de una norma probatoria\u00bb, puntualmente, el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso porque \u00abel an\u00e1lisis realizado a las pruebas testimoniales, en estricto sentido se limit\u00f3 a tener en cuenta lo aducido por los declarantes en lo que daba lugar a las pretensiones de la demanda, sin tener presente que, en el ejercicio de la contradicci\u00f3n qued\u00f3 desvirtuado el conocimiento expuesto por los deponentes\u00bb. Cit\u00f3 algunos apartes de los testimonios rendidos dentro del juicio, con los que busca defender el argumento, seg\u00fan el cual, los aportes de la se\u00f1ora Gil de Gil fueron para la \u00absociedad conyugal\u00bb y no para la sociedad cuya existencia pidi\u00f3 declarar. <\/p>\n
Estim\u00f3 que se les dio una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea a los testimonios rendidos, habida cuenta que, del dicho de los deponentes no surge el cumplimiento de las exigencias propias de la acci\u00f3n. Al efecto indic\u00f3, que: i) Pedro Tarsicio Rodr\u00edguez dej\u00f3 claro que los aportes de la demandante fueron para la \u00absociedad conyugal\u00bb, que no le constaba la distribuci\u00f3n de utilidades y que no hubo animus societatis; Eduardo Blanco hizo evidente su desconocimiento sobre la conformaci\u00f3n real del patrimonio de Carlos y Beatriz Gil; Seraf\u00edn Mancipe bas\u00f3 su declaraci\u00f3n en \u00abconclusiones especulativas de su parte\u00bb y nada le constaba. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que algunas escrituras p\u00fablicas aportadas contradicen el dicho de algunos de los testigos rese\u00f1ados, en la medida que ense\u00f1an que: i) la precursora adquiri\u00f3 bienes, de forma exclusiva, \u00abmostrando una voluntad directamente encaminada a construir su propio patrimonio independiente\u00bb; ii) cuando se compraban bienes en forma conjunta, los presuntos socios establec\u00edan el porcentaje que le corresponder\u00eda a cada uno; en algunas ventas de inmuebles, actuaron personalmente en la suscripci\u00f3n del acto, en otras, el se\u00f1or Gil Yepes de manera personal y en ejercicio del mandato conferido por Gil de Gil, pero siempre \u00ablo hac\u00edan con apego absoluto a las normas comerciales y a trav\u00e9s de las sociedades mercantiles formalmente existentes\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la violaci\u00f3n de las normas probatorias conllev\u00f3 a la infracci\u00f3n indirecta de \u00ablos art\u00edculos 98, 99, 110, 122, 498, 839 y 1274 del C\u00f3digo de Comercio, y los art\u00edculos 203, 2157, 2158 y 2322 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
Luego de sintetizar el contenido de cada uno de esos preceptos aleg\u00f3 que el 110 del estatuto mercantil se quebrant\u00f3 porque \u00abpor ninguna parte aparece acreditado que los supuestos socios mercantiles de hecho hayan determinado la clase o tipo de sociedad que pretend\u00edan constituir, ni su nombre, ni el domicilio, ni si habr\u00eda de tener sucursales o no, ni el objeto social, ni el capital social, ni la participaci\u00f3n de cada uno de los supuestos socios, ni la forma de administrar los negocios sociales, ni las atribuciones y facultades de los administradores, ni la \u00e9poca y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios, ni la competencia de estas, ni las fechas de confecci\u00f3n de inventarios, ni la duraci\u00f3n precisa de la sociedad, ni las causales de disoluci\u00f3n, ni la forma de dirimir las diferencias, ni sus representantes legales con sus facultades, ni el revisor fiscal, en fin, ninguna, absolutamente ninguna de las exigencias previstas en esta norma\u00bb. <\/p>\n
Sobre el canon 203 de la codificaci\u00f3n privada expres\u00f3 que sus efectos se surtieron una vez los esposos Gil Yepes y Gil de Gil decidieron disolver y liquidar la \u00absociedad conyugal\u00bb y, por tanto, ninguno de los c\u00f3nyuges ten\u00eda, desde ese momento, parte alguna en las gananciales que resultaran de la administraci\u00f3n del otro. <\/p>\n
Frente a la desatenci\u00f3n de las disposiciones 2157 y 2158 del mismo compendio normativo acot\u00f3 que \u00ab[e]l poder que aparece asomado al expediente como medio de prueba, no puede tener un alcance diferente a lo que estipula, por lo que la mera circunstancia de que haya sido utilizado como medio para probar supuestas facultades del apoderado para hacer cualquier clase de negocios en aparente favor de la poderdante, viola indirectamente el contenido y esp\u00edritu de estas normas\u00bb. <\/p>\n
En punto del art\u00edculo 2322 del C.C. expres\u00f3 que \u00abcaben similares cr\u00edticas al trabajo de valoraci\u00f3n de las pruebas que hizo el Tribunal en la sentencia acusada, puesto que le resta el car\u00e1cter aut\u00f3nomo que tiene este cuasicontrato, que precisamente se tipifica cuando entre las personas que la integran no exista contrato de sociedad u otra convenci\u00f3n relativa a la misma cosa\u00bb, situaci\u00f3n diferente \u00abde la que pretende la demandante en su libelo, de que, por existir comunidad entre algunos bienes, necesariamente se forma sociedad mercantil de hecho\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00abel Tribunal tambi\u00e9n se equivoc\u00f3 en el proceso que adelant\u00f3 de valoraci\u00f3n de las pruebas, porque viol\u00f3 indirectamente el contenido de esta norma sustantiva, al aceptarla como uno de los elementos encaminados a reconocer la existencia de una sociedad mercantil de hecho\u00bb. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Censur\u00f3 la infracci\u00f3n indirecta de \u00ablos art\u00edculos 98, 99, 110, 122, 498, 839 y 1274 del C\u00f3digo de Comercio, y los art\u00edculos 203, 2157, 2158 y 2322 del C\u00f3digo Civil, por el concepto de error de hecho, por preterici\u00f3n de unas pruebas y suposici\u00f3n del alcance probatorio de otras\u00bb, puesto que \u00abel Tribunal dio por demostrados algunos hechos relevantes sin que en el expediente existan los correspondientes medios de prueba, y porque, adem\u00e1s, apreci\u00f3 mal unos hechos por haber considerado unas pruebas que no ofrecen convicci\u00f3n suficiente sobre ellos\u00bb. <\/p>\n
Para desarrollar su cr\u00edtica expres\u00f3 que la sentencia recriminada cercen\u00f3 algunos aspectos de las pruebas obrantes en el expediente, tales como: el contrainterrogatorio practicado a los testigos de la demandante y las escrituras p\u00fablicas aportadas con el escrito genitor. <\/p>\n
Consider\u00f3 que la Sala dio por sentada la existencia de la sociedad de hecho solo fundada en las declaraciones de los testigos llamados por el extremo activo, sin tener en cuenta los de la pasiva. <\/p>\n
En ese sentido expuso que los sucesores procesales de la precursora de la acci\u00f3n, tambi\u00e9n demandados, \u00abadvirtieron una total referencia a los negocios de la familia, liderados por el padre, y en los que, como c\u00f3nyuge, socia y representante legal participaba la madre demandante, pero referidos a la sociedad mercantil familiar GIL YEPEZ & CIA., es decir, a la empresa familiar, no a una que ellos hubieran constituido aut\u00f3noma e independientemente\u00bb lo que, en esencia, descarta la existencia del animus societatis, de una igualdad entre socios y de la distribuci\u00f3n de utilidades, \u00absino la explotaci\u00f3n de una actividad comercial por parte del pater familia CARLOS GIL YEPES, en sociedades mercantiles de familia, en las que la madre de los ahora demandantes siempre estuvo en segundo plano, aunque fue socia de una de esas compa\u00f1\u00edas mercantiles que ten\u00edan reconocida su correspondiente personer\u00eda jur\u00eddica, y que, inclusive, actu\u00f3 como representante legal en ella\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que no se acredit\u00f3 que \u00abtodas las actividades de los dos c\u00f3nyuges trascendieron al campo patrimonial en la b\u00fasqueda de utilidades comunes\u00bb, como lo asegur\u00f3 el Tribunal; as\u00ed como tampoco, que hubiese tenido lugar entre aquellos el aporte de capital y la distribuci\u00f3n de utilidades, ya que la Corporaci\u00f3n dio por cierto, sin sustento alguno, que tuvo lugar la reinversi\u00f3n de utilidades en bienes inmuebles, cuando lo que debi\u00f3 concluir fue \u00abque, despu\u00e9s de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, jam\u00e1s volvi\u00f3 a existir entre ellos un patrimonio com\u00fan\u00bb, m\u00e1s aun cuando los ex esposos mantuvieron sus propios activos, realizaron sus propias declaraciones de renta y los bienes comunes eran anteriores a 1992 <\/p>\n
De otra parte, reproch\u00f3 que ninguno de los deponentes reconoci\u00f3 con convicci\u00f3n la participaci\u00f3n conjunta de los presuntos socios en el manejo de los negocios mercantiles, tampoco identificaron el objeto de la sociedad de hecho, ni precisaron los aportes de capital o las atribuciones de los administradores. <\/p>\n
As\u00ed mismo, encontr\u00f3 que la determinaci\u00f3n denunciada incurri\u00f3 en suposici\u00f3n de medios probatorios, al dar por ciertos los presupuestos legales para la existencia de la sociedad mercantil de hecho, tergiversando declaraciones de los testigos convocados por la demandante, desconociendo la oposici\u00f3n que de \u00e9stos se hizo y pretermitiendo el alcance probatorio de los documentos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, cuyo ejercicio debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros que para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite se imponen, como es acreditar el descontento \u00abmediante la introducci\u00f3n adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuraci\u00f3n\u00bb (CSJ AC 1\u00b0 nov. 2013, rad. 2009-00700-01 reiterado, entre otros, en CSJ AC703-2020, 2 mar., rad. 2015-00192-01 y CSJ AC757-2022, 17 mar., rad. 2018-00244). <\/p>\n
Empero, dada su naturaleza, no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en su examen de fondo, siendo enf\u00e1tica esta colegiatura al se\u00f1alar que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [P]or la naturaleza misma del recurso extraordinario, no es dable que el recurrente deambule por los diversos aspectos que en las instancias fueron debatidos, pues lo suyo es la sentencia, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho invocados por el Tribunal, para lo cual deber\u00e1 desplegar su carga argumentativa en la demostraci\u00f3n de la infracci\u00f3n, puntualmente en el aspecto medular de que discrepa, que no propiamente de las falencias probatorias achacadas al ad quem -cosa que por supuesto debe cumplir tambi\u00e9n si de violaci\u00f3n indirecta se trata- sino la incidencia de esas equivocaciones en la infracci\u00f3n normativa\u00bb (CSJ AC8255-2017, 7 dic., rad. 2011-00024-02; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
2. As\u00ed, que la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, la formulaci\u00f3n de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma separada, clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o limitada a un escueto discurso ret\u00f3rico, especulativo o de confrontaci\u00f3n de criterios con los expuestos en la decisi\u00f3n censurada, como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnante asume el duro labor\u00edo de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene precedida la providencia. <\/p>\n
3. En este orden, la exposici\u00f3n de la demanda que se presente para sustentar el recurso de casaci\u00f3n deber\u00e1 atender la perentoriedad y taxatividad de las causales que lo habilitan, y las acusaciones deber\u00e1n plantearse a trav\u00e9s de una exposici\u00f3n concatenada, separando cada uno de los cargos, planteando los argumentos que los soportan con claridad, precisi\u00f3n y completitud, exponiendo sus reproches de tal forma que, sin hesitaci\u00f3n alguna, quede plenamente identificada la causal alegada y los hechos que la soportan, demarcando as\u00ed los hitos dentro de los cuales ha de discurrir la Corte, al estarle vedado a \u00e9sta moverse de manera oficiosa dentro del cargo, con miras a enmendar las inconsistencias en las que incurra el censor. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte tiene adoctrinado que: <\/p>\n
(\u2026) adem\u00e1s de la identificaci\u00f3n de los errores, toda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida. <\/p>\n
El discurrir extraordinario, por lo tanto, implica ir m\u00e1s all\u00e1 de las solas afirmaciones, cuya sustracci\u00f3n traduce en una simple protesta en grado funcional, parqueada en el p\u00f3rtico del recurso, sin adentrarse a su quintaesencia\u00bb (CSJ, AC1262-2016, 12 en., rad. 1995-00229-01, criterio reiterado en CSJ AC2588-2021, 30 jun., rad. 2016-00074-01). <\/p>\n
4. Las sentencias pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo. Entre los primeros la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u00abde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb1 (indirecta). Mientras que los segundos hacen referencia a la indebida construcci\u00f3n del proceso, por infracci\u00f3n de las normas que los regulan (vicios de actividad). <\/p>\n
4.1. La infracci\u00f3n directa ocurre cuando el funcionario no aplica la norma sustancial relativa al caso controvertido, y, consecuencialmente, hace actuar disposiciones extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la norma rectora del asunto yerra en la interpretaci\u00f3n que de ella hace. En esa direcci\u00f3n, el recriminador ce\u00f1ir\u00e1 la sustentaci\u00f3n a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen\u00bb (CSJ AC3599-2018, 27 ag., rad. 2015-00704, criterio reiterado en CSJ AC2396-2020, 28 sep., rad. 2014-00045-01). <\/p>\n
Significa esto, que en los eventos en que la cr\u00edtica extraordinaria se direccione por esta v\u00eda, adem\u00e1s de la citaci\u00f3n de las normas sustanciales que constituyan base esencial del fallo o que hayan debido serlo, resulta imperativo exponer, adicionalmente, la manera como el enjuiciador las quebrant\u00f3, sin que le sea dable sumergirse en los aspectos probatorios de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
4.2. En trat\u00e1ndose de la causal segunda el agravio de la ley sustancial podr\u00e1 darse a consecuencia de errores de hecho o de derecho. <\/p>\n
4.2.2. Mientras que el error de derecho presupone que el sentenciador no se equivoc\u00f3 en la constataci\u00f3n material de la existencia del medio demostrativo y fijaci\u00f3n de su contenido, pero al apreciarlas no observa \u00ablos requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. (CSJ SC1929-2021, 26 may., rad. 2007-00128-01, CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
5. Sea que se aduzca error de hecho o de derecho compete a la recurrente indicar las normas de derecho sustancial que a consecuencia de los dislates resultaron infringidas, precisando c\u00f3mo se dio dicha vulneraci\u00f3n, pero cuando se perfila por la \u00faltima tipolog\u00eda tendr\u00e1 la carga adicional de indicar la disposici\u00f3n probatoria quebrantada \u00abhaciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb, esto es, c\u00f3mo a la luz de \u00e9sta el juzgador err\u00f3 en su solicitud, decreto, pr\u00e1ctica o el m\u00e9rito que le otorg\u00f3 en su valoraci\u00f3n, exponiendo en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro y la incidencia del supuesto desatino en la decisi\u00f3n cuestionada, carga de demostraci\u00f3n que, recae exclusivamente en el censor. <\/p>\n
5.1. Ata\u00f1edero a la naturaleza de norma sustancial, esta colegiatura ha precisado que \u00abson aquellas que \u201cen raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n \u2026\u2019, de manera que no son de esa naturaleza aquellas que se \u2018limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a descubrir los elementos de \u00e9stos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordinativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u2019\u201d (autos, entre otros m\u00e1s, de 18 de diciembre de 2007; Exp. 2000 00172 01; 13 de mayo de 2009, Exp. 2003 00501 01; 9 de junio de 2011, Exp. 2004 00227 01; y, de 18 de diciembre de 2012, Exp. 2009 00083 01). (CSJ AC1564-2022, 2 may., rad. 2018-00095-01). <\/p>\n
6. Por otra parte, trat\u00e1ndose del motivo de casaci\u00f3n contemplado en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 336 ibidem, el cual alude a \u00abhaberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados\u00bb, esta Sala ha sostenido que las condiciones requeridas para que pueda invocarse con \u00e9xito son las siguientes: <\/p>\n
\u00ab(…) a) que las irregularidades aducidas como constitutivas de nulidad general existan realmente; b) que adem\u00e1s de corresponder a realidades procesales comprobables, esas irregularidades est\u00e9n contempladas taxativamente dentro de las causales de nulidad adjetiva que enumera el referido art\u00edculo [133 del C\u00f3digo General del Proceso]; y por \u00faltimo, c) que concurriendo los dos presupuestos anteriores y si son saneables, respecto de las nulidades as\u00ed en principio caracterizadas no aparezca que fueron convalidadas por el asentimiento expreso o t\u00e1cito de la persona legitimada para hacerlas valer\u00bb (criterio reiterado en CSJ SC299-2021, 15 feb., rad. 2009-00625-01). <\/p>\n
Se ha precisado igualmente que la formulaci\u00f3n de la causal en comento debe sujetarse a los principios que gobiernan la instituci\u00f3n de la nulidad procesal, esto es, los de \u00abespecificidad, protecci\u00f3n, trascendencia y convalidaci\u00f3n\u00bb, respecto de los cuales se ha indicado: <\/p>\n
La especificidad alude a la necesidad de que los hechos alegados se subsuman dentro de alguna de las causales de nulidad taxativamente se\u00f1aladas en las normas procesales o en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin que se admitan motivos adicionales (cfr. CSJ, SC11294, 17 ago. 2016, rad. n\u00b0 2008-00162-01). <\/p>\n
La protecci\u00f3n se relaciona \u2018con la legitimidad y el inter\u00e9s para hacer valer la irregularidad legalmente erigida en causal de nulidad, en cuanto, dado el car\u00e1cter preponderantemente preventivo que le es inherente, su configuraci\u00f3n se supedita a que se verifique una lesi\u00f3n a quien la alega\u2019 (CSJ, SC, 1 mar. 2012, rad. n\u00b0 2004-00191-01). <\/p>\n
La trascendencia impone que el defecto menoscabe los derechos de los sujetos procesales, por atentar contra sus garant\u00edas o cercenarlas. <\/p>\n
Por \u00faltimo, la convalidaci\u00f3n, en los casos en que ello sea posible, excluye la configuraci\u00f3n de la nulidad cuando el perjudicado expresa o t\u00e1citamente ratific\u00f3 la actuaci\u00f3n an\u00f3mala, en se\u00f1al de ausencia de afectaci\u00f3n a sus intereses\u00bb (criterio reiterado en CSJ AC2199-2021, 9 jun., rad. 2016-00370-01). <\/p>\n
7. Plasmadas las anteriores pautas, cumple decir, desde ya, que la sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, por parte del impugnante no satisface las exigencias que legal y jurisprudencialmente se han demarcado para su impulso, por lo que los cargos ser\u00e1n inadmitidos. <\/p>\n
7.1. En el primer reproche invoc\u00f3 el opugnador el evento contemplado en el numeral quinto del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, ataque que no supera el examen formal para ser admitido en esta v\u00eda, porque siendo irrefutable que la nulidad por indebida representaci\u00f3n solo puede alegarla la persona afectada (inciso 3\u00ba, art. 135 del estatuto adjetivo), le estaba restringido al casacionista aducirla frente a Ren\u00e9, David, Carlos y Felipe Gil Gil, bajo el supuesto de que \u00abactuaban, con sendos apoderados, a la vez, como demandantes y demandados\u00bb pues, solo a ellos les incumb\u00eda protestar por dicho aspecto. <\/p>\n
Justamente ha precisado la Corporaci\u00f3n que \u00aben tanto el vicio procesal no cause agravio a la parte, \u00e9sta no est\u00e1 asistida de inter\u00e9s para impetrar la nulidad [\u2026] Y, menos a\u00fan, puede hacerlo a su nombre la contraparte en el proceso\u00bb, (CSJ SC1832-2021, 19 may., rad. 1999-00273-01). <\/p>\n
De otra parte, deviene inexistente la queja que, por falta de pronunciamiento respecto del supuesto rompimiento de la igualdad procesal, le imputa al fallador de segundo grado. <\/p>\n
En efecto, la sala de decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 la alzada dio inicio a sus consideraciones, advirtiendo que: <\/p>\n
(\u2026) aunque los se\u00f1ores Ren\u00e9, Carlos, David y Felipe Gil Gil, ciertamente act\u00faan como demandantes y como demandados en el proceso, la realidad muestra que por las particularidades del asunto esa situaci\u00f3n no implica un desequilibrio en el proceso pues mientras que en el extremo activo fungen como sucesores procesales de su progenitora la se\u00f1ora Beatriz Eugenia Mar\u00eda Gil de Gil, por pasiva lo hacen en su condici\u00f3n de herederos determinados del se\u00f1or Carlos Alberto Gil Yepes, y desde ambas posiciones tiene un inter\u00e9s distinto que en \u00faltimas revela un contenido patrimonial en el proceso de sucesi\u00f3n que respecto de cada uno de ellos ha de adelantarse. <\/p>\n
Y, para llegar a esa conclusi\u00f3n, previamente indic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) nos encontramos de cara a un proceso verbal en el que la demandante inicial se\u00f1ora Beatriz Eugenia Mar\u00eda Gil de Gil adujo la existencia de una sociedad comercial de hecho surgida el 3 de octubre de 1992 entre ella y el se\u00f1or Carlos Alberto Gil Yepes, hasta el 24 de enero de 2012 fecha de fallecimiento de \u00e9ste \u00faltimo, explicando que adem\u00e1s de ser socios, eran c\u00f3nyuges, y que esa uni\u00f3n procrearon a Ren\u00e9, Carlos, David y Felipe Gil Gil; informando adem\u00e1s, sobre la apertura del proceso de sucesi\u00f3n del se\u00f1or Gil Yepes, en el que fueron reconocidos como herederos, adem\u00e1s de sus hijos, Santiago Gil Gil, quien para ese momento se encontraba representado por su progenitora Mar\u00eda Cristina Gil de Gil. <\/p>\n
De manera que cuando la demandante formul\u00f3 la demanda en la que pretende la declaratoria de existencia de dicha sociedad, su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n, era indispensable dirigirla contra de los herederos reconocidos en el proceso de sucesi\u00f3n y los indeterminados, como en efecto se hizo. Es por esa raz\u00f3n que como demandados figuran adem\u00e1s del apelante, los se\u00f1ores Ren\u00e9, Carlos, David y Felipe Gil Gil, en su condici\u00f3n de herederos determinados del causante Carlos Alberto Gil Yepes. <\/p>\n
Ahora, en el curso del proceso y previo a la celebraci\u00f3n de la audiencia inicial, los aludidos demandados pusieron en conocimiento del juzgado de instancia, el fallecimiento de su progenitora, la demandante Beatriz Eugenia Mar\u00eda Gil de Gil ocurrido el 4 de julio de 201917, raz\u00f3n por la cual los se\u00f1ores Ren\u00e9, Carlos, David y Felipe Gil Gil, solicitaron ser reconocidos como sucesores procesales de aquella, accedi\u00e9ndose a ello mediante auto obrante a folio 925 del cuaderno principal No. 2 del expediente, prove\u00eddo que sea del caso decir, no fue objeto de reproche alguno. <\/p>\n
Y es que acorde con lo que ense\u00f1a el art\u00edculo 68 del C\u00f3digo General del Proceso, la sucesi\u00f3n procesal procede cuando fallece un litigante, es declarado en interdicci\u00f3n o est\u00e1 ausente y el proceso que se est\u00e1 tramitando debe continuar, caso en el cual debe llamarse al c\u00f3nyuge, los herederos, el curador o el albacea con tenencia de bienes, contra quienes producir\u00e1 efectos la sentencia, aunque ellos no acudan al juicio. <\/p>\n
La Corte Constitucional en sentencia T-553 de 2012 dej\u00f3 claro, que este fen\u00f3meno procesal no establece una intervenci\u00f3n de terceros, sino que constituye un medio por el cual se permite la alteraci\u00f3n de las personas que integran las partes procesales o de quienes act\u00faan como intervinientes. <\/p>\n
Adem\u00e1s, asever\u00f3 en relaci\u00f3n con el sucesor, que \u00e9ste queda con los mismos derechos, obligaciones y cargas procesales que ten\u00eda su antecesor, una vez demuestre a trav\u00e9s de la prueba id\u00f3nea, la calidad con la que acude al proceso (p\u00e1ginas 21 a 24, archivo digital \u201c22SentenciaSegundaInstancia\u201d). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es irrefutable el desatino del recurrente en la exposici\u00f3n de la embestida, pues los planteamientos que la construyen corresponden a un intento tard\u00edo por derruir la decisi\u00f3n que lo desfavoreci\u00f3, acudiendo a las mismas discrepancias en que fund\u00f3 el primer reparo contra la sentencia proferida en el juez cognoscente, como si se tratara de una tercera instancia. <\/p>\n
7.2. En el segundo embiste aleg\u00f3 el sedicente que el ad quem desconoci\u00f3 recta v\u00eda los art\u00edculos 98, 99, 110, 122, 498, 839 y 1274 del C\u00f3digo de Comercio, as\u00ed como tambi\u00e9n, los preceptos 203, 2157, 2158 y 2322 del C\u00f3digo Civil, por haber incurrido en indebida interpretaci\u00f3n de los mismos; sin embargo, pas\u00f3 por alto el inconforme que, como se advirti\u00f3 al comienzo de estas consideraciones, cuando se acude a la causal primera de casaci\u00f3n, es imperativo hacerlo con la certeza de que las normas que se aducen quebrantadas son de tipo sustancial, car\u00e1cter que, en el presente caso, solo atiende la primera de las enlistadas (CSJ AC1427-2020, 13 jul, rad. 2015-00461-01), raz\u00f3n por la cual, el an\u00e1lisis del cuestionamiento debe concretarse a determinar s\u00ed, como se requiere, su err\u00f3nea interpretaci\u00f3n fue puesta en evidencia. <\/p>\n
Con tal prop\u00f3sito, arguy\u00f3 el casacionista que se equivoc\u00f3 el sentenciador al \u00abconsiderar que exist\u00eda una sociedad mercantil entre las partes, y solo faltaba su solemnidad, cuando en realidad, no hab\u00eda entre ellos ninguno de los elementos que las normas exigen para este fin\u00bb ausencia que habr\u00eda advertido, de haber desplegado \u00abun correcto ejercicio valorativo de este caso\u00bb. <\/p>\n
Opuesto a la finalidad de la exposici\u00f3n de la pifia, lo que logr\u00f3 el disconforme con sus argumentos fue cristalizar un defecto de t\u00e9cnica por confusi\u00f3n de v\u00edas, comoquiera que, pese a invocar el primer evento casacional, el desarrollo argumentativo refiri\u00f3 defectos en la valoraci\u00f3n probatoria, aspecto propio del quebranto indirecto. <\/p>\n
Tampoco cumpli\u00f3 el impugnante con la carga de dejar en evidencia el quebranto, en la medida en que, pese a reconvenir la supuesta interpretaci\u00f3n equivocada de la disposici\u00f3n contentiva de las exigencias propias de una sociedad de hecho, no explic\u00f3 el alcance que, seg\u00fan \u00e9l, dej\u00f3 de d\u00e1rsele a la misma o la falla del director de la apelaci\u00f3n para identificar el verdadero significado del art\u00edculo mencionado, tan solo se dedic\u00f3 a enlistar los supuestos delineados por aquel y confrontarlos con la que, en su criterio, era la apreciaci\u00f3n adecuada de las pruebas. <\/p>\n
El interesado deb\u00eda, como m\u00ednimo, efectuar un parang\u00f3n entre el contenido de dicha norma y las premisas de la determinaci\u00f3n atacada, en aras de hacer patente el desacierto jur\u00eddico que pretende imputarle al fallador por la indebida interpretaci\u00f3n de tal mandato, as\u00ed como tambi\u00e9n cristalizar el modo en que aquel quebr\u00f3 la determinaci\u00f3n confutada, contrario a ello, se insiste, se restringi\u00f3 a su simple enunciaci\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido se advierte, de un detallado examen de los escritos que contienen la oposici\u00f3n a la demanda ordinaria, as\u00ed como tambi\u00e9n, el de la apelaci\u00f3n presentada frente a la determinaci\u00f3n de primer grado y el de la queja extraordinaria que, las reflexiones que soportaron este \u00faltimo, son las mismas que edificaron los dos anteriores, esencialmente, en lo que ata\u00f1e a la falta de estructuraci\u00f3n de los presupuestos de la acci\u00f3n incoada, disertaciones utilizadas por el all\u00ed convocado, ahora recurrente, para intentar hacer valer su visi\u00f3n personal sobre el contenido de las reglas que regulan el caso, como si de un alegato de instancia se tratara, obviando el objeto de la causal primera y, por contera, tornando inadmisible su reparo. <\/p>\n
7.3. La tercera protesta, edificada sobre la base del quebranto indirecto del mismo articulado enlistado l\u00edneas atr\u00e1s, por error de derecho derivado del desconocimiento del precepto 176 del C\u00f3digo General del Proceso, igualmente resulta inadmisible. <\/p>\n
Afirmase as\u00ed porque, aunque no existe duda de que la norma invocada es de aquellas de contenido demostrativo, as\u00ed se extrae de su ubicaci\u00f3n en la codificaci\u00f3n adjetiva, -secci\u00f3n tercera, r\u00e9gimen probatorio, t\u00edtulo \u00fanico, cap\u00edtulo I, disposiciones generales-; para que pueda darle paso a la admisi\u00f3n del cargo, deb\u00eda el interesado, y no lo hizo, describir de manera detallada la forma en que el enjuiciador la transgredi\u00f3 mediatamente y, con ella, al menos una de car\u00e1cter sustancial que deb\u00eda invocar en su demanda, haciendo palmaria la valoraci\u00f3n parcial de los elementos recaudados, o el desconocimiento del m\u00e9rito probatorio de al menos uno de ellos, lo cual no hizo, porque se dedic\u00f3 el detractor a insistir en la que, a su juicio, era la verdadera lectura que deb\u00eda d\u00e1rsele a las herramientas de convicci\u00f3n, como si se tratara del an\u00e1lisis del error de hecho y no el de derecho al que hizo menci\u00f3n en su titulaci\u00f3n, es decir, incurri\u00f3 en entremezclamiento de los yerros que estructuran la transgresi\u00f3n indirecta de mandatos sustanciales. <\/p>\n
Y es que, si bien discuti\u00f3 un presunto favorecimiento a su contraparte por haberse examinado \u00fanicamente los testimonios que daban lugar a las pretensiones de aquella, aserci\u00f3n de la cual, podr\u00eda inferirse, busc\u00f3 resguardar el estudio sesgado de las pruebas con el que comprobar\u00eda la vulneraci\u00f3n de la norma probatoria, cierto es tambi\u00e9n, que no logr\u00f3 patentizar el desconocimiento de las declaraciones por \u00e9l peticionadas, que pudiera llevar a tener por v\u00e1lido su planteamiento. <\/p>\n
En efecto, en contrav\u00eda de su relato, en la decisi\u00f3n reprochada se aludi\u00f3 al dicho de las personas convocadas por \u00e9l a testificar, con excepci\u00f3n de Ana Milena Meneses D\u00e1vila \u00aben raz\u00f3n a que la testigo se retir\u00f3 de la audiencia virtual por no tener disposici\u00f3n de tiempo para atender las preguntas y permitir la contradicci\u00f3n de la prueba\u00bb. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese del texto de la providencia rebatida que, en relaci\u00f3n con Pedro Tarsicio Mart\u00ednez, Gonzalo \u00c1lvaro Salazar, Eduardo Blanco Berm\u00fadez y Seraf\u00edn Mancipe se dijo que, sus versiones ratificaron las de Ren\u00e9, Carlos, David y Felipe Gil, quienes informaron que \u00abla disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal se hizo por temas eminentemente tributarios pero ellos siguieron siendo socios, pues la empresa sigui\u00f3, la familia sigui\u00f3 y por ello hoy est\u00e1n donde est\u00e1n, y que las actividades que desarrollaban era de manera conjunta, de lo que se establece que adem\u00e1s de la relaci\u00f3n de pareja exist\u00eda un v\u00ednculo comercial, a trav\u00e9s del trabajo mancomunado para la adquisici\u00f3n de bienes comunes y que los aportes de su se\u00f1ora madre adem\u00e1s del dinero, fueron el trabajo y la participaci\u00f3n en la toma de decisiones\u00bb. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, aun cuando el ad quem no hizo menci\u00f3n puntual de cada una de las respuestas brindadas por los deponentes, ninguna de las presuntamente omitidas y expuestas por el censor en sede extraordinaria resulta discordante con la conclusi\u00f3n que arroj\u00f3 aquella evaluaci\u00f3n. <\/p>\n
Por ejemplo, la transcripci\u00f3n que aquel hizo frente al relato del referido se\u00f1or Mart\u00ednez, tan solo revela, como en efecto anot\u00f3 el sentenciador, el desconocimiento de circunstancias puntuales, como el contenido de los libros de cuentas y de la contabilidad detallada de los negocios de la pareja, obviando el opugnante que aquella persona tambi\u00e9n declar\u00f3 que durante los 37 a\u00f1os que trabaj\u00f3 para los esposos Gil Gil, fue testigo de la intervenci\u00f3n conjunta de aquellos en la compra de propiedades, la realizaci\u00f3n de negocios e inversiones y el aporte en trabajo y capital hecho por la demandante, tanto as\u00ed, que a la muerte de su c\u00f3nyuge, \u00e9sta sigui\u00f3 haci\u00e9ndose cargo de aquellas actividades. <\/p>\n
Lo mismo ocurre en cuanto respecta a Gonzalo Salazar, cuyas contestaciones no pod\u00edan apreciarse de manera aislada, como sugiere el casacionista, pues si bien acept\u00f3, como aquel recalc\u00f3, que la demandante \u00abcon sus recursos propios, adquiri\u00f3 bienes inmuebles y tambi\u00e9n fue inversionista en dos sociedades\u00bb, que los aportes que hac\u00eda en las operaciones eran producto del \u00e9xito de una anterior que era reinvertida y que, \u00aben teor\u00eda\u00bb las p\u00e9rdidas eran asumidas por los dos, dado que \u00ablos negocios normalmente dieron utilidad\u00bb, tambi\u00e9n adujo, y as\u00ed se expuso en la providencia en cuesti\u00f3n, que \u00able consta el inicio de la sociedad comercial desde el a\u00f1o 1992 aproximadamente y que las actividades desarrolladas por Carlos y Beatriz eran de inversionistas y rentistas de capital, explicando que en los negocios lo hac\u00edan de manera mancomunada y que fueron pr\u00f3speros, les generaban ganancias y cada uno los declaraba y registraba en su declaraci\u00f3n de renta a t\u00edtulo personal pues \u00e9l era quien elaboraba tales declaraciones desde 1986 hasta 2017\u00bb, aseveraciones que, a m\u00e1s de no resultar opuestas desde ning\u00fan punto de vista, tampoco denotan incoherencia frente al m\u00e9rito dado a los dem\u00e1s medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
A igual conclusi\u00f3n se llega luego de hacer un comparativo entre la rese\u00f1a que del testimonio de Eduardo Blanco Berm\u00fadez se hizo en sede de apelaci\u00f3n y la consignada en el desarrollo del cargo tercero, pues aunque le asiste raz\u00f3n al detractor en cuanto a que el declarante afirm\u00f3 no haber estado presente en la suscripci\u00f3n de los negocios de la pareja, no fue desvirtuada su afirmaci\u00f3n, sintetizada en la sentencia (p\u00e1g. 31), seg\u00fan la cual \u00abdesde el a\u00f1o 1991 en adelante \u00e9l siempre estuvo en contacto con ellos y not\u00f3 que ambos decid\u00edan, inclusive las aprobaciones de la se\u00f1ora Beatriz eran tomadas en cuenta pues ella decid\u00eda si se compraba o si se invert\u00eda (\u2026) las autorizaciones para retirar dinero eran de parte de ambos\u00bb. <\/p>\n
Tampoco se advierte que el an\u00e1lisis que del dicho de Seraf\u00edn Mancipe Vanegas se hizo, pudiera llegar a desatender la apreciaci\u00f3n conjunta que predica el precepto de \u00edndole probatorio enunciado por el inconforme, dado que, sin desconocer que aquel dijo no constarle directamente algunas circunstancias, por haberlas simplemente escuchado de los c\u00f3nyuges Gil Gil, tambi\u00e9n apunt\u00f3 que vio como \u00absiempre trabajaron mancomunadamente los dos, todos los negocios que siempre hac\u00edan eran consultados por los dos\u00bb (3:04:19 a 3:04:25, archivo digital 005 \u201cAudienciaInstrucci\u00f3nJuzgamientoParteIFl935\u201d), que la participaci\u00f3n de Beatriz Eugenia se reflej\u00f3 en trabajo y en dinero porque \u00abaparte de venir a trabajar en los negocios, de estar al pendiente de los negocios, aportaba con dinero siempre (\u2026) porque muchas veces a m\u00ed me mand\u00f3 ella directamente a consignar, a hacer consignaciones, a hacer retiros, y ella era la que me entregaba los cheques para pago de inmuebles que adquirieron\u00bb (3:05:29 a 3:05:47, ib.). <\/p>\n
No revelan mejor suerte para el actor extraordinario las referencias hechas de las documentales rese\u00f1adas, en tanto se acompasan con el an\u00e1lisis que de ellas se hizo en la sentencia atacada, puntualmente, en cuanto al espacio temporal en que tuvieron lugar algunas de las operaciones invocadas por la promotora del tr\u00e1mite declarativo, en apoyo de sus pretensiones. <\/p>\n
En ese orden, los argumentos enervados para soportar la causal, \u00fanicamente permiten vislumbrar el descontento del libelista con la apreciaci\u00f3n que de ellos realiz\u00f3 el sentenciador de segundo grado, incurriendo de esa manera, en el mismo yerro de t\u00e9cnica del cargo anterior, relativo a la presentaci\u00f3n de la cr\u00edtica como un alegato de instancia. <\/p>\n
Dest\u00e1quese que, aunque el aqu\u00ed proponente refiri\u00f3 que el fallador de segundo grado \u00abincurri\u00f3 en esta causal por: i) inobservancia de los requisitos legalmente necesarios para la producci\u00f3n de la prueba, y ii) No asignar el m\u00e9rito que la ley ha dado a determinado medio probatorio\u00bb, ning\u00fan labor\u00edo despleg\u00f3, encaminado a hacer ver que ello ocurri\u00f3. <\/p>\n
En efecto deb\u00eda, a lo sumo, manifestar cuales de los mandatos dispuestos para la producci\u00f3n de la prueba fueron ignorados y, por qu\u00e9 as\u00ed lo consider\u00f3 respecto de las probanzas prenombradas y, adem\u00e1s, establecer razonadamente la forma en que se le rest\u00f3 el m\u00e9rito correspondiente a los pronunciamientos en que edific\u00f3 su arremetida, tarea que, al no haber sido adelantada, impide la admisi\u00f3n de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
S\u00famese a las falencias advertidas en la exposici\u00f3n del cargo, aquella que refiere una mixtura entre los errores de hecho y de derecho. Ello, por cuanto el casacionista enfil\u00f3 su reclamo sobre el segundo yerro mencionado, acusando al Tribunal de no haber desplegado una valoraci\u00f3n conjunta de la prueba; sin embargo, su ataque se desvi\u00f3 a uno propio de una pifia de facto, cuando le atribuy\u00f3 al juzgador haber dado por demostrada la concurrencia de los supuestos de la acci\u00f3n sin existir en el infolio la prueba de ello, asunto t\u00edpico de la suposici\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Sobre este punto ha dicho la Corte que <\/p>\n
\u00abEvidentemente, la dis\u00edmil naturaleza de estos dos tipos de errores no s\u00f3lo confiere elementos suficientes para distinguirlos, sino que exige guardarse de confundirlos; de suerte que quien resuelva impugnar una sentencia en casaci\u00f3n, no puede en ese prop\u00f3sito invocar promiscuamente las diversas causales que para el efecto tiene previstas el legislador, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qu\u00e9 tipo de yerro cometi\u00f3 el sentenciador, y luego, aducir la causal que para ese espec\u00edfico defecto tiene dispuesta la ley. (\u2026) <\/p>\n
Ahora, es sabido que hibridismo de tal calado conspira contra la claridad y precisi\u00f3n que de cada acusaci\u00f3n exige el predicho numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 374 del c\u00f3digo de procedimiento civil, pues en ninguno de los dos casos podr\u00eda la Corte emprender su an\u00e1lisis sin tener de antemano muy bien definido cu\u00e1l es el verdadero motivo de inconformidad (\u2026)\u00bb, (CSJ, AC219-2017, 25 ene. 2017, rad. 2009-00048-01, reiterada en CSJ AC3166-2022, 10 ag., rad. 2019-00040-01). <\/p>\n
Entonces, como el actor enunci\u00f3 como una de las falencias del ad quem, el haber confirmado la concesi\u00f3n de las pretensiones, aun cuando \u00abpor ninguna parte aparece acreditado que los supuestos socios mercantiles de hecho hayan determinado la clase o tipo de sociedad que pretend\u00edan constituir, ni su nombre, ni el domicilio, ni si habr\u00eda de tener sucursales o no, ni el objeto social, ni el capital social, ni la participaci\u00f3n de cada uno de los supuestos socios, ni la forma de administrar los negocios sociales, ni las atribuciones y facultades de los administradores, ni la \u00e9poca y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios, ni la competencia de estas, ni las fechas de confecci\u00f3n de inventarios, ni la duraci\u00f3n precisa de la sociedad, ni las causales de disoluci\u00f3n, ni la forma de dirimir las diferencias, ni sus representantes legales con sus facultades, ni el revisor fiscal, en fin, ninguna, absolutamente ninguna de las exigencias previstas en esta norma\u00bb, imposible resulta desvirtuar la configuraci\u00f3n del defecto de t\u00e9cnica por entremezclamiento preanotado, pues, se itera, aludi\u00f3 a la inexistencia de elementos demostrativos, cuando la senda escogida supone la existencia y apreciaci\u00f3n de los instrumentos probatorios por parte del fallador. <\/p>\n
No puede pasarse por alto que el anterior planteamiento constituye otra de las deficiencias t\u00e9cnicas que impiden la admisi\u00f3n del libelo (medio nuevo), al tratarse de un t\u00f3pico ajeno a los que se alegaron en la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En este punto es preciso memorar que el giro de los acontecimientos fundantes de lo pedido a la administraci\u00f3n de justicia en sede de casaci\u00f3n, constituye una falencia may\u00fascula de quien acude a este especial remedio, por ello, al resolver asuntos semejantes, se ha dicho que: <\/p>\n
Resulta a todas luces, inadmisible la novedosa postura (\u2026) porque, como se ha enfatizado en m\u00faltiples ocasiones, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no puede utilizarse para adicionar alegatos, corregir o enderezar estrategias defensivas o sorprender a la contraparte con nuevos cuestionamientos, pues \u00abun alegato sorpresivo que la doctrina denomina \u2018medio nuevo\u2019, esto es, aquel que uno de los litigantes guarda para erigirlo cuando han fenecido las oportunidades de contradicci\u00f3n previstas en el ordenamiento jur\u00eddico o (\u2026) para revivirlo a pesar de que lo abandon\u00f3 expresamente\u00bb, debe ser repelido en el escenario extraordinario, por ir en desmedro \u00abdel principio de lealtad procesal para con el estamento jurisdiccional y con su contendora\u00bb (CSJ SC131, 12 feb. 2012, rad. 2007-00160-01, reiterada en CSJ AC3378-2021, 11 ag., rad. 2017-00008-01). <\/p>\n
La cristalizaci\u00f3n argumentativa del nexo de causalidad entre el presunto desconocimiento de la regla probatoria en que se resguarda el reproche y la trasgresi\u00f3n del \u00fanico canon de tipo sustancial invocado tampoco fue una de las cargas cumplidas por el libelista, quien se limit\u00f3 a la transcripci\u00f3n del canon de \u00edndole material, sin haber desplegado la carga de enunciar las razones en que la primera falla condujo a la infracci\u00f3n sustancial, inobservancia que fortalece la inexorable consecuencia anunciada, valga decir, la desestimaci\u00f3n de la protesta. <\/p>\n
Vistas las falencias acabadas de enunciar, no queda duda de que el gestor de la casaci\u00f3n dej\u00f3 sin sustentaci\u00f3n la censura referente a la falta de estudio conjunto de los instrumentos de convicci\u00f3n, pues no se ocup\u00f3 de exhibir los puntos de convergencia de los elementos demostrativos que, seg\u00fan \u00e9l, se dejaron de apreciar por parte del sentenciador; y, por el contrario, se limit\u00f3 a citar los fragmentos de las declaraciones rendidas que guardaban m\u00ednima relaci\u00f3n con su postura, para luego hacer un razonamiento adaptado a su propio criterio o a lo que, en su pensar, pudiera ser el verdadero m\u00e9rito de aquellas, sin formular una verdadera infracci\u00f3n del art\u00edculo 176 instrumental que aduce conculcado. <\/p>\n
7.4. Denunci\u00f3 tambi\u00e9n el impugnante la violaci\u00f3n, recta v\u00eda, de los c\u00e1nones 98, 99, 110, 122, 498, 839 y 1274 del C\u00f3digo de Comercio, y los art\u00edculos 203, 2157, 2158 y 2322 del C\u00f3digo Civil, por error de hecho derivado de la preterici\u00f3n de unas pruebas y la suposici\u00f3n del alcance de otras. <\/p>\n
Apoy\u00f3 su queja en que el sentenciador de la segunda instancia \u00abdio por sentada la existencia de la sociedad de hecho con base en parte de las declaraciones de los testigos solicitados por la demandante y desecho (sic) los de la parte pasiva\u00bb (se subray\u00f3), reproche que se muestra desenfocado, habida cuenta que, como qued\u00f3 decantado al examinar el tercer embiste, la mencionada colegiatura hizo menci\u00f3n de cada una de las declaraciones solicitadas por Santiago Gil para soportar su defensa y les reconoci\u00f3 m\u00e9rito probatorio. <\/p>\n
Por la misma v\u00eda aflora la incompletitud de su cuestionamiento cuando lo limit\u00f3 a ciertos apartes de las declaraciones de uno de los sucesores procesales de la reclamante (Ren\u00e9 Gil Gil) y al dicho de la contadora Yaneth Barreto, para de ellos concluir que no estaban acreditados los supuestos de la acci\u00f3n, pues siendo que la providencia reprendida se erigi\u00f3 sobre el estudio de los instrumentos suasorios recaudados a lo largo del juicio, y a ellos hizo referencia, para justificar su conclusi\u00f3n le correspond\u00eda al atacante desvirtuar las conclusiones que emergieron de la evaluaci\u00f3n que de cada una de ellos se hizo, es decir, poner en evidencia por qu\u00e9 raz\u00f3n la hermen\u00e9utica acogida por el fallador resulta caprichosa, absurda o contraevidente, sin que as\u00ed hubiera procedido. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que, aunque el censor hizo una breve descripci\u00f3n de algunas respuestas dadas por quienes \u00e9l mismo llam\u00f3 a testificar, con ello no enfil\u00f3 sus esfuerzos a derribar las consideraciones que determinaron el sentido de la decisi\u00f3n combatida, tan solo hizo notoria su inconformidad con el examen que de ellas despleg\u00f3 el Tribunal, situaci\u00f3n que, a m\u00e1s de tornar contradictorio el embate (pues en principio tild\u00f3 de omitidas dichas probanzas), tambi\u00e9n hizo visible su deseo de imponer una valoraci\u00f3n alternativa de las versiones rendidas en la contienda y, con ello, abandon\u00f3 el quehacer de contrastar esa particular visi\u00f3n con la apreciaci\u00f3n realizada por el colegiado, a fin de demostrar el protuberante \u00aberror de hecho\u00bb, de donde se infiere que, en verdad, su descontento tiene como punto de mira las conclusiones del enjuiciador sobre esas probanzas, a las cuales hace frente con su propio ejercicio de estimaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Al respecto ha dicho esta Sala que la actividad del promotor de la s\u00faplica extraordinaria \u00ab(…) no se reduce a exponer una inconformidad con las conclusiones a las que arrib\u00f3 el juzgador en el plano de los hechos, o que pueda tenerse por satisfecha a partir de aludir simplemente a los medios de prueba, o de transcribir, sin m\u00e1s, pasajes de los mismos, sino que lo obliga a \u201cponer de presente, por un lado, lo que dice, o dej\u00f3 de decir, la sentencia respecto del medio probatorio, y por el otro, el texto concreto del medio, y establecido el paralelo, denotar que existe disparidad o divergencia entre ambos y que esa disparidad es evidente\u201d. (\u2026). Por virtud de lo anterior, no es admisible en casaci\u00f3n el cargo que se limita a presentarle a la Corte un nuevo criterio de apreciaci\u00f3n de las pruebas, o unas conclusiones diferentes de las que obtuvo el juzgador, pues el recurso aludido no constituye una tercera instancia\u00bb (CSJ SC3526-2017, 14 mar., reiterada en CSJ AC5408-2022, 9 dic., rad. 2018-00143-01). <\/p>\n
No se olvide que, de tiempo atr\u00e1s, ata\u00f1edero a la evaluaci\u00f3n de distintos grupos de testigos, se ha dicho que los falladores gozan de una racional y prudente autonom\u00eda, que les permite seleccionar los deponentes a quienes les confiere mayor credibilidad. Bajo ese derrotero, si el Tribunal tuvo por fiables las atestaciones que apoyaban las pretensiones perseguidas por el extremo activo de la litis, no se le puede achacar yerro alguno en la valoraci\u00f3n de esos elementos de cognici\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, recientemente memor\u00f3 la Sala, en la providencia CSJ AC757-2022, 17 mar., rad. 2018-00244-01, que: <\/p>\n
Con otras palabras, cuando el juez opta por dar credibilidad a un grupo de declarantes y no lo hace con otro que se muestra antag\u00f3nico, ejerce la tarea de valorar el acervo de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica (art. 187 C. de P.C.) y, por ende, no se puede calificar dicha determinaci\u00f3n de errada, sino como el cumplimiento de la funci\u00f3n de administrar justicia conforme al ordenamiento que lo regula (CSJ SC1853, 29 may. 2018, rad. 2008-00148-01, postura reiterada en CSJ SC3887-2021, 23 sep., rad. 2016-00488-01, CSJ SC3982-2022, 13 dic., rad. 2019-00267-02 y CSJ SC3979-2022, 14 dic., rad. 2016-00814-01). <\/p>\n
Por la misma l\u00ednea se observa que el embate carece de trascendencia, puesto que, pese a indicar el atacante, frente a los testimonios enunciados que, \u00absi el Tribunal los hubiera tenido en cuenta, hubiesen dado un sentido del fallo totalmente diferente, pues resulta totalmente claro que las partes nunca tuvieron una sociedad de hecho\u00bb, ninguna gesti\u00f3n dirigida a desarrollar tal hip\u00f3tesis, efectu\u00f3. <\/p>\n
Lo anterior porque, como se expuso l\u00edneas atr\u00e1s, tan solo aludi\u00f3 a su percepci\u00f3n sobre segmentos de las declaraciones, sin llegar a analizarlos de cara a la totalidad del contenido de cada una de ellas y del restante caudal persuasivo, ni mucho menos precisar, como, de haberse hecho alusi\u00f3n a ellos en el veredicto, se habr\u00eda dado la variaci\u00f3n que alega, en el sentido del mismo, ya que, como qued\u00f3 expuesto, lejos estuvo de desacreditar el manejo com\u00fan de los negocios, por parte de los involucrados en la sociedad reclamada, predicados por el juzgador ad quem. <\/p>\n
Comoquiera que en la exhibici\u00f3n de esta amonestaci\u00f3n el recurrente nuevamente insisti\u00f3 en la argumentaci\u00f3n destinada a relievar una equivocaci\u00f3n del Tribunal al no haber verificado aspectos como: \u00abla clase o tipo de sociedad que pretend\u00edan constituir (\u2026) Ni su nombre (\u2026) Ni el domicilio (\u2026) Ni si habr\u00eda de tener sucursales o no (\u2026) Ni el objeto social (\u2026) Ni el capital social (\u2026) Ni la participaci\u00f3n de cada uno de los supuestos socios (\u2026) Ni la forma de administrar los negocios sociales (\u2026) Ni las atribuciones y facultades de los administradores (\u2026) Ni la \u00e9poca y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios (\u2026) Ni la competencia de estas (\u2026) Ni las fechas de confecci\u00f3n de inventarios (\u2026) ni la duraci\u00f3n precisa de la sociedad (\u2026) Ni las causales de disoluci\u00f3n (\u2026) Ni la forma de dirimir las diferencias (\u2026) Ni sus representantes legales con sus facultades (\u2026) Ni el revisor fiscal\u00bb, encuentra la Sala estructurada la misma deficiencia advertida respecto del cargo tercero (medio nuevo), pues no plante\u00f3 dicho reparo al sustentar la alzada, lo que impide abrir paso a la censura. <\/p>\n
8. En raz\u00f3n de lo discurrido, las reprensiones planteadas por el casacionista no ser\u00e1n admitidas a tr\u00e1mite, m\u00e1xime cuando tampoco concurren los presupuestos habilitantes de la selecci\u00f3n oficiosa. En esa direcci\u00f3n ind\u00edquese que la decisi\u00f3n confutada no compromete el orden o el patrimonio p\u00fablico, no se advierte que sea vulnerador de los derechos y garant\u00edas constitucionales de las partes, ni que se requiera unificar la jurisprudencia de la Corte sobre la tem\u00e1tica discutida en las instancias. <\/p>\n
Asimismo, se constat\u00f3 que el tr\u00e1mite se ajust\u00f3 a las pautas legales, el prove\u00eddo fue producto de una valoraci\u00f3n reflexiva del marco decisorio fijado por las partes y las probanzas arrimadas al juicio, y se apoy\u00f3 en la regulaci\u00f3n legal aplicable, sin que se divisen equivocaciones evidentes y trascendentes que ameriten su admisi\u00f3n. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
INADMITIR la demanda presentada para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria interpuesta contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Numeral 2\u00b0 de art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC203-2023 (2015-00317-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC203-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-31-03-006-2015-00317-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Santiago Gil Gil para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70366","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70366","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70366"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70366\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70366"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70366"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70366"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}