AC224-2023 (2023-00173-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC224-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00173-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primer estrado, la Cooperativa Casa Nacional del Profesor \u201cCanapro\u201d demand\u00f3 ejecutivamente a Celina Mar\u00edn de Gonz\u00e1lez, Flor del Carmen Medina Mart\u00edn y Sebasti\u00e1n Eduardo Gonz\u00e1lez Medina, para obtener el pago de las prestaciones incorporadas en un pagar\u00e9, cuyo conocimiento atribuy\u00f3 a esa sede por el \u00abdomicilio de la parte demandada\u00bb, que en el l\u00edbelo inicial ubic\u00f3 en \u00abBogot\u00e1\u00bb y en el poder adjunto en la \u00abciudad de Villavicencio\u00bb. <\/p>\n
2. Esa autoridad rechaz\u00f3 el asunto y lo envi\u00f3 a sus pares en la capital del pa\u00eds, acorde con la pauta general de competencia y la manifestaci\u00f3n que aparece en el \u00abpre\u00e1mbulo del libelo\u00bb sobre el \u00abdomicilio en Bogot\u00e1\u00bb de todos los convocados (28 octubre 2022). <\/p>\n
3. La receptora rebati\u00f3 la inferencia de su hom\u00f3logo, a quien cuestion\u00f3 por omitir la \u00abreforma de la demanda\u00bb que radic\u00f3 la ejecutante para aclarar que el \u00abdomicilio de los tres demandados (\u2026) corresponde a la ciudad de Villavicencio\u00bb, circunstancia que tambi\u00e9n se pod\u00eda corroborar \u00aben las r\u00fabricas (\u2026) obrantes en el pagar\u00e9 enero de ejecuci\u00f3n\u00bb. En consecuencia, plante\u00f3 el conflicto y para definirlo envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n (11 enero 2023). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la divergencia se trab\u00f3 entre funcionarios de diferentes distritos judiciales, le incumbe a la Corte dirimirla como superior funcional com\u00fan de los mismos, en Sala Unitaria, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El ordenamiento jur\u00eddico consagra las pautas que orientan la distribuci\u00f3n de las controversias ya sea que la determine uno o varios factores. En punto al territorial, el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en su numeral 1\u00ba, prev\u00e9 como regla general que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n en contrario, es competente el Juez del domicilio del demandado\u00bb, lo que obedece a la necesidad de garantizarle al convocado la posibilidad de ejercer en forma adecuada su defensa desde el lugar donde tiene su asiento. <\/p>\n
Pero existen otros eventos que de igual forma regula el referido precepto, en los que esa pauta concurre con distintos fueros, como acontece con las controversias de \u00edndole contractual o que envuelven un t\u00edtulo valor referidas en el numeral 3\u00ba, que le permite al accionante acudir en esos casos ante el juez del \u00ablugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb, si es que \u00e9ste no coincide con el domicilio de su contradictor. <\/p>\n
De cualquier modo, cuando se trata de fueros concurrentes, la facultad de escoger radica en el actor y a esa elecci\u00f3n deber\u00e1 plegarse la judicatura siempre que sea ejercida de acuerdo con la preceptiva legal o su raz\u00f3n de ser aflore del l\u00edbelo o de cualquier otro elemento de convicci\u00f3n disponible. En tal sentido, como lo destac\u00f3 la Sala en AC057-2019, reiterado en AC612-2020: <\/p>\n
(\u2026) el actor puede escoger entre los dos funcionarios ante los que la ley le permite acudir, el que quiere que tramite y decida su asunto. Voluntad que si es ejercida en consonancia con tales alternativas no puede ser alterada por el elegido, sin perjuicio del debate que en la forma y oportunidad debidas plantee el convocado; pero que si no guarda armon\u00eda obliga a encauzar el asunto dentro de las posibilidades que brinda el ordenamiento, en todo caso respetando en la medida de lo posible el querer del gestor. (Subrayas ajenas al texto original). <\/p>\n
3. En el caso particular, la Cooperativa Casa Nacional del Profesor invoc\u00f3 en el escrito inaugural la pauta general de competencia prevista en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 adjetivo y all\u00ed mismo inform\u00f3 que los convocados eran vecinos de la ciudad de \u00abBogot\u00e1\u00bb; no obstante, en el poder adjunto indic\u00f3 que todos ellos ten\u00edan \u00abdomicilio en la ciudad de Villavicencio\u00bb. <\/p>\n
Esas afirmaciones contradictorias de la promotora le impon\u00edan al funcionario primigenio el deber de exigir la correcci\u00f3n de la demanda en la forma y t\u00e9rminos que establece el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso, antes de rehusar dicha asignaci\u00f3n, pues, seg\u00fan se advirti\u00f3 en el CSJ AC323-2020: <\/p>\n
(\u2026) si la ambigua redacci\u00f3n de la demanda le suscitaba alguna duda al respecto, debi\u00f3 reclamar del actor, previamente a adoptar decisiones apresuradas, las precisiones que fuesen del caso, pues no debe perderse de vista que el examen preliminar de la demanda tiene por finalidad, justamente, la correcci\u00f3n de las imprecisiones de esa especie, con miras a evitar dilaciones injustificadas en el tr\u00e1mite del proceso y el desaprovechamiento de la actividad jurisdiccional. <\/p>\n
Con todo, revisada la actuaci\u00f3n, encuentra la Corte que la discordancia sobre el verdadero domicilio de los accionados es un aspecto ya superado, si se tiene en cuenta el escrito de \u00abreforma a la demanda\u00bb que present\u00f3 la interesada, v\u00eda electr\u00f3nica, en el que precisaba que \u00abpor un lapsus calami de manera err\u00f3nea se transcribi\u00f3 que [su domicilio] correspond\u00eda a Bogot\u00e1, pero en realidad y tal y como consta en el pagare (sic), la ciudad de domicilio de los 3 demandados corresponde a la ciudad de Villavicencio\u00bb (2 noviembre 2022). <\/p>\n
En estas condiciones, debe respetarse la expresa y v\u00e1lida elecci\u00f3n de la ejecutante, sin perjuicio, claro est\u00e1, que en una etapa subsiguiente del litigio y a trav\u00e9s de los mecanismos procesales pertinentes los deudores puedan discutir tal atribuci\u00f3n. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la actuaci\u00f3n retornar\u00e1 al funcionario que inicialmente la recibi\u00f3, para que le imparta el curso pertinente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Primero Municipal de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Villavicencio es el competente para conocer el proceso de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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