AC338-2023 (2023-00479-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC338-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00479-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequ\u00e1tur promovida por Mar\u00eda Elizabeth Ospina L\u00f3pez. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Se formul\u00f3 petici\u00f3n de exequ\u00e1tur, a trav\u00e9s de la cual se pretende el reconocimiento de efectos en la Rep\u00fablica de Colombia del fallo proferido el 13 de mayo de 2022, por el Juzgado de Primera Instancia No. 29 de Madrid, mediante el cual, se declar\u00f3 disuelto por divorcio el matrimonio que el 27 de febrero de 2004 se celebr\u00f3 entre la precursora y Yovanny Castro Salazar [archivo digital 0004]. <\/p>\n
2. Seg\u00fan se indic\u00f3 en el libelo de apertura, la pareja procre\u00f3 un hijo, actualmente mayor de edad y emancipado y la ruptura del v\u00ednculo tuvo lugar \u00abpor mutuo acuerdo\u00bb. Adem\u00e1s, se destac\u00f3 que la providencia cuyo reconocimiento se persigue no se opone a ninguna ley colombiana de orden p\u00fablico, el asunto all\u00ed tratado no es de competencia exclusiva de los jueces nacionales, ni existe en curso alg\u00fan proceso que recaiga sobre materia. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Seg\u00fan lo tiene precisado la jurisprudencia, ninguna providencia dictada por jueces extranjeros puede tener obligatoriedad ni ejecuci\u00f3n forzada en Colombia, a menos que medie la autorizaci\u00f3n del \u00f3rgano judicial local competente, que seg\u00fan el ordenamiento adjetivo es la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
En ese orden, para que una sentencia judicial for\u00e1nea surta efectos vinculantes en nuestro pa\u00eds se requiere el cumplimiento de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, espec\u00edficamente los contenidos en el Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo I del Libro V del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El tr\u00e1mite del exequatur deber\u00e1 ce\u00f1irse, por tanto, a la forma y t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 607 ejusdem, cuyo numeral 2\u00ba prescribe que la demanda deber\u00e1 rechazarse si faltare alguno de los requisitos previstos en los numerales 1\u00ba a 4\u00ba del canon 606. <\/p>\n
2.- Contrastadas las piezas aportadas con las premisas que se indicaron, se advierte que el libelo objeto de examen, no colma los presupuestos para ser admitido, como pasa a verse. <\/p>\n
Es requisito sine qua non, para que la sentencia extranjera pueda surtir efectos en Colombia, que \u00abse encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada\u00bb (num. 3\u00ba art. 606 C.G.P.). Sin embargo, la interesada no aport\u00f3 la decisi\u00f3n judicial objeto de homologaci\u00f3n con la constancia de que se encuentra ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen. <\/p>\n
En efecto, el art\u00edculo 2\u00ba del Convenio 134 de 30 de mayo de 1908, suscrito entre el Reino de Espa\u00f1a y nuestra naci\u00f3n, prev\u00e9 que la firmeza de las sentencias proferidas en aquel territorio \u00abse comprobar\u00e1 por un certificado expedido por el Ministerio de Gobierno o de Gracia y Justicia [hoy correspondiente a la Subdirecci\u00f3n General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y Relaciones con las confesiones del Ministerio de Justicia], siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste a su vez por el agente Diplom\u00e1tico respectivo acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n\u00bb, sin que el documento aportado a folio 10 del archivo digital 0006 cumpla dichas calidades, de ah\u00ed que no se pueda tener por satisfecha la citada exigencia. <\/p>\n
Sobre el punto ha sostenido esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
A efectos de acreditar la ejecutoria de la decisi\u00f3n judicial, el se\u00f1alado instrumento [se refiere al tratado bilateral celebrado el 30 de mayo de 1908 entre Colombia y el Reino de Espa\u00f1a] reclama que es necesario aportar un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste a su vez por el Agente Diplom\u00e1tico respectivo acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n. (SC661, 3 mar. 2020, rad. n.\u00b0 2017-00852-00). <\/p>\n
Tesis que tambi\u00e9n est\u00e1 contenida en los fallos SC5194 del 18 de diciembre de 2020 (rad. n.\u00b0 2020-00368-00) y SC 2918 del 1\u00ba de agosto de 2019 (rad. n.\u00b0 2019-00928-00), entre otros, los cuales ratifican la doctrina probable sobre la materia (CSJ AC054-2023, 23 en., rad. 2023-00021-00). <\/p>\n
3. Tampoco cumpli\u00f3 la libelista con la carga de adjuntar evidencia sobre la reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa, ni de la legislaci\u00f3n for\u00e1nea que regula el thema decidendum, siendo deber de las partes y sus apoderados la obtenci\u00f3n de \u00abdocumentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petici\u00f3n hubiere podido conseguir\u00bb (n\u00fam. 10 art\u00edculo 78 C.G.P.), record\u00e1ndose, adem\u00e1s, que seg\u00fan el inciso segundo del art\u00edculo 173 ibidem, al juez le est\u00e1 vedado ordenar la pr\u00e1ctica de las pruebas que pudieron haberse obtenido por el interesado mediante el derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que \u00abla reciprocidad es un presupuesto neur\u00e1lgico del exequ\u00e1tur, su demostraci\u00f3n constituye carga del interesado (CSJ. SC 15495, 11 nov. 2015), por lo que el fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico de la demanda debe contener alusi\u00f3n sobre el particular, en la cual se sustente la existencia de correspondencia jur\u00eddica de orden diplom\u00e1tico o la subsidiaria de car\u00e1cter legislativo. Trat\u00e1ndose de la reciprocidad legislativa, se deber\u00e1 allegar la prueba id\u00f3nea de la ley extranjera en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (CSJ AC2822-2021, 14 jul, rad. 2021-02087-00, reiterada en CSJ AC4445-2021, 27 sep., rad. 2021-02716-00). <\/p>\n
3. A lo anotado se suma, que no se acredit\u00f3 el tr\u00e1mite de apostillaje, autenticaci\u00f3n consular o diplom\u00e1tica de la totalidad de los documentos provenientes del extranjero, como as\u00ed lo establece el canon 251 del C\u00f3digo General del Proceso y los art\u00edculos 3\u00ba, 4\u00ba y 5\u00ba de la \u00abConvenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros\u00bb aprobada por la Ley 455 de 1998, valga decir, de la \u00abDILIGENCIA DE ORDENACI\u00d3N\u00bb [folio 19, archivo digital 0006] y del certificado otorgado por el Ministerio de Justicia for\u00e1neo donde consta la inscripci\u00f3n del matrimonio de las partes en el Registro Civil de Madrid, [folios 38 a 45, ib.]. <\/p>\n
4. En vista de lo anterior, no queda camino distinto que el rechazo de plano de la demanda, tal como lo ordena el art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Rechazar la demanda de exequ\u00e1tur de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. No hay lugar a devoluci\u00f3n de anexos por haber sido allegados en medio digital. <\/p>\n
TERCERO. Se reconoce personer\u00eda a la abogada Claudia Paola Osorio Mej\u00eda, para actuar en representaci\u00f3n de la demandante, en los t\u00e9rminos y para los fines del mandato conferido. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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