AC408-2023 (2023-00530-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC408-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00530-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados \u201cA\u201d y \u201cB\u201d, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la demanda ejecutiva de alimentos instaurada por \u201cX\u201d contra \u201cY\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los menores de edad involucrados en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permitan su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora present\u00f3 su escrito introductor ante los jueces de familia de \u201cA\u201d, pretendiendo que se libre mandamiento ejecutivo de pago a favor de sus menores hijos de 9 y 17 a\u00f1os de edad. En el ac\u00e1pite de competencia, indic\u00f3 que la misma ven\u00eda dada \u00abpor la naturaleza del asunto y el domicilio de los ni\u00f1os en [el] municipio de Itag\u00fc\u00ed\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado \u201cA\u201d rechaz\u00f3 la demanda, pretextando que la misma fue promovida \u00abcon base en el acuerdo celebrado por las partes y contenido en la sentencia No. 322 proferida el 19 de septiembre de 2018 por el Juzgado [\u201cB\u201d] dentro del proceso (\u2026) de cesaci\u00f3n de los efectos civiles de matrimonio religioso\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, que \u00abel art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso [se\u00f1ala] que cuando la sentencia condene el pago de una suma de dinero, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deber\u00e1 solicitar la ejecuci\u00f3n con base en la sentencia ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n y dentro del mismo expediente en que fue dictada\u00bb, y que seg\u00fan el inciso 4\u00b0 de dicha norma, esta \u00abse aplicar\u00e1 para obtener ante el mismo juez de conocimiento, el cumplimiento forzado de las sumas que hayan sido liquidadas en el proceso y las obligaciones reconocidas mediante conciliaci\u00f3n o transacci\u00f3n aprobadas por el mismo\u00bb. <\/p>\n
3. El estrado receptor, \u201cB\u201d, tambi\u00e9n rehus\u00f3 conocer el asunto, aduciendo que \u00abtrat\u00e1ndose de un procedimiento ejecutivo donde est\u00e9n involucrados menores de edad, de acuerdo con el inciso segundo del numeral 2 del art\u00edculo 28 del C. G. del P., la competencia corresponde de forma privativa al juez del domicilio de estos\u00bb, y que con observancia en pronunciamientos de esta Corporaci\u00f3n, el asunto en cuesti\u00f3n \u00abse trata de uno de esos en los que la regla del art. 306 del CGP debe ceder ante el fuero privativo consagrado en el numeral 2 del art 28 del C. G del P, en tanto se reitera los menores (\u2026)tienen su domicilio en el Municipio de [\u201cA\u201d] y por tanto es el Juzgado \u201cA\u201d el competente para adelantar el conocimiento de este proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
Con ese fundamento, resolvi\u00f3 provocar \u00abconflicto negativo de competencia\u00bb, y como consecuencia, envi\u00f3 el expediente a esta Sala para que se surtiera el respectivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Anotaciones sobre la competencia. <\/p>\n
Aunque la jurisdicci\u00f3n, entendida como la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a trav\u00e9s de pautas de atribuci\u00f3n descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden p\u00fablico: las reglas de competencia. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribuci\u00f3n en comento se realiza mediante la aplicaci\u00f3n de diversos factores, as\u00ed: <\/p>\n
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de los litigantes, debi\u00e9ndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el Gobierno de la Rep\u00fablica (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicci\u00f3n), acorde con el art\u00edculo 30-6 del C\u00f3digo General del Proceso. Esto, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del art\u00edculo 28 ejusdem, seg\u00fan el cual: \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuant\u00eda. <\/p>\n
La naturaleza consiste en una descripci\u00f3n abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunci\u00f3n entre ella y la pretensi\u00f3n en concreto; as\u00ed ocurre con la expropiaci\u00f3n, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito2, o la custodia, cuidado personal y visitas de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en \u00fanica instancia3. <\/p>\n
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, se acudi\u00f3, como patr\u00f3n de atribuci\u00f3n supletivo o complementario, a la cuant\u00eda de las pretensiones, conforme lo disponen los c\u00e1nones 154 y 255 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categor\u00eda e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de m\u00ednima cuant\u00eda corresponde al juez civil municipal, en \u00fanica instancia), que -por s\u00ed solas- son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en espec\u00edfico. <\/p>\n
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuant\u00eda) habr\u00e1 de acompa\u00f1arse, en todo caso, del factor territorial, que se\u00f1ala con precisi\u00f3n el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribuci\u00f3n territorial (pues opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribuci\u00f3n previstas en los numerales 2 (domicilio de los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente) y 12 (\u00faltimo domicilio del causante) del citado canon 28. <\/p>\n
El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes, en aquellos asuntos en los que \u00abse ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos\u00bb (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en trat\u00e1ndose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11). <\/p>\n
Y el fuero contractual ata\u00f1e, finalmente, a \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u00bb en los que \u00abes tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
(iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atenci\u00f3n a las espec\u00edficas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripci\u00f3n de grados de juzgamiento, en la que act\u00faan funcionarios diferentes, pero relacionados entre s\u00ed, de manera jer\u00e1rquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripci\u00f3n judicial. <\/p>\n
(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fen\u00f3meno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulaci\u00f3n de partes \u2013litisconsorcios\u2013), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas. <\/p>\n
3. Las normas de atribuci\u00f3n territorial en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Como viene de verse, la pauta gen\u00e9rica de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1\u00ba del citado art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, foro que opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb, lo que supone la advertencia de que aplicar\u00e1 siempre y cuando el ordenamiento jur\u00eddico no disponga una cosa distinta. <\/p>\n
Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elecci\u00f3n, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), as\u00ed: <\/p>\n
(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer t\u00e9rmino, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podr\u00eda recurrirse a la alternativa subsiguiente. <\/p>\n
(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a t\u00edtulo de ejemplo, con los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicaci\u00f3n del respectivo predio (numeral 7 del art\u00edculo 28, ya citado). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1 Cierto es, como lo recalc\u00f3 el primero de los juzgadores involucrados en esta colisi\u00f3n, que -por regla general- la competencia para adelantar el recaudo coercitivo de una obligaci\u00f3n dineraria impuesta judicialmente, se establece conforme al fuero de atracci\u00f3n previsto en el precepto 306 del C\u00f3digo General del Proceso, que se\u00f1ala que \u00abcuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero (…) el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deber\u00e1 solicitar la ejecuci\u00f3n con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n y dentro del mismo expediente en que fue dictada\u00bb. <\/p>\n
Sobre la comentada disposici\u00f3n, la Sala ha precisado lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEl ordenamiento prev\u00e9 diversos factores para saber qui\u00e9n ha de adelantar cada asunto. Uno de ellos es el de conexi\u00f3n, a trav\u00e9s del cual identifica el funcionario que ha de asumir una determinada actuaci\u00f3n. Su raz\u00f3n de ser se sustenta en el principio de econom\u00eda procesal y sus m\u00e1s connotadas manifestaciones las constituyen las acumulaciones de pretensiones, de demandas y de procesos, as\u00ed como algunos tr\u00e1mites en particular. Tal acontece, verbi gratia, con el inciso primero del art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General de Proceso, seg\u00fan el cual \u201c[c]uando la sentencia condene al pago de una suma de dinero (\u2026) o al cumplimiento de una obligaci\u00f3n de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deber\u00e1 solicitar la ejecuci\u00f3n (\u2026) ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n y dentro del mismo expediente en que fue dictada. (\u2026)\u201d. En esas condiciones, funge como factor determinante, prevalente y excluyente el de atracci\u00f3n o de conexi\u00f3n, por virtud de una disposici\u00f3n especial que repele la aplicaci\u00f3n de las reglas generales\u00bb (CSJ AC270-2019, 1\u00ba feb.). <\/p>\n
4.2 Sin embargo, en este asunto en particular no es factible aplicar el citado precepto, puesto que el juicio ejecutivo en referencia concierne a una obligaci\u00f3n alimentaria impuesta en favor de dos menores de edad y para tal hip\u00f3tesis, el numeral 2 (inciso 2) del art\u00edculo 28 de la citada codificaci\u00f3n, establece una regla de asignaci\u00f3n de especial naturaleza, fijada en funci\u00f3n del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, seg\u00fan la cual \u00aben los procesos de alimentos (\u2026) en los que el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, el precedente de la Sala ense\u00f1a que <\/p>\n
\u00abla atribuci\u00f3n de competencia por el factor territorial, en particular, para los procesos de alimentos en los que se encuentre vinculado un menor, est\u00e1 asignada de manera privativa al juez del domicilio y\/o residencia de \u00e9ste, lo que excluye la vigencia de cualquier otra pauta. As\u00ed lo ha manifestado la Sala al analizar la norma en comento, frente al cobro de alimentos de un menor, al se\u00f1alar que \u00abla atribuci\u00f3n de competencia por el factor territorial en los procesos ejecutivos de alimentos en los que se encuentre vinculado un menor, est\u00e1 asignada de manera privativa al juez del domicilio y\/o residencia de \u00e9ste, sin que pueda regularse por la pauta ordinaria\u00bb AC8147, 28 nov. 2016, rad. 2016-03144-00). El constituyente de 1991 consagr\u00f3 la calidad de sujetos de especial protecci\u00f3n por parte del Estado para los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior y la prevalencia de sus garant\u00edas respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluidos los de su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten en la especie, formaci\u00f3n con valores indispensables para la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, esto es, por beneficios de alto rango\u00bb (AC1982-2020, 31 ago., entre otras). <\/p>\n
4.3. As\u00ed las cosas, como en la demanda se indic\u00f3 que los menores de edad en cuyo favor se promovi\u00f3 la demanda ejecutiva de alimentos tienen su domicilio y residencia en \u201cA\u201d, el funcionario que inicialmente conoci\u00f3 la demanda no pod\u00eda rechazarla, pues ello contrar\u00eda las reglas de asignaci\u00f3n ya explicadas. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se dispondr\u00e1 asignar el conocimiento del presente asunto al Juzgado \u201cA\u201d. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado \u201cA\u201d para conocer de la demanda en referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. REMITIR la actuaci\u00f3n al citado despacho e informar lo decidido a la otra agencia judicial involucrada en la contienda. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
3\u0002 Art\u00edculo 21, numeral 3, \u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 \u00abCorresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no est\u00e9 atribuido expresamente por la ley a otro juez civil\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 \u00abCuando la competencia se determine por la cuant\u00eda, los procesos son de mayor, de menor y de m\u00ednima cuant\u00eda. Son de m\u00ednima cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)\u00bb. <\/p>\n
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