AC418-2023 (2023-00438-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00438-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, desata la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Quinto de Familia del Circuito de Manizales y Doce de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, para conocer el proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria iniciado por Inversiones Pergamino S.A.S., Natalia S\u00e1nchez Jim\u00e9nez y Manuel Jim\u00e9nez Garrido en representaci\u00f3n de su menor hijo Leandro Jim\u00e9nez S\u00e1nchez. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el libelo que correspondi\u00f3 al primer Despacho citado, los precursores solicitaron \u00abse autorice (\u2026) la donaci\u00f3n que pretende hacer la sociedad INVERSIONES PERGAMINO S.A.S. correspondiente a la suma en efectivo de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($744.000.000) a favor del menor de edad LEANDRO S\u00c1NCHEZ JIM\u00c9NEZ\u00bb. <\/p>\n
La competencia para decidir sobre esa solicitud, se atribuy\u00f3 a dicha autoridad, \u00aben raz\u00f3n a lo dispuesto en el literal c del numeral 13 del art\u00edculo 28 del C.G.P., por ser este el domicilio de los interesados\u00bb, [archivo digital 001]. <\/p>\n
2. Ese juzgado rechaz\u00f3 por competencia el pliego introductor, mediante auto del 19 de diciembre de 2022, con fundamento en que \u00abes la regla establecida en el literal c del numeral 13 del art\u00edculo 28 del CGP la que se aplica y no la determina en el numeral 2 de ese mismo articulado, pues en este caso no se trata de un proceso de alimentos, perdida de patria potestad o suspensi\u00f3n de la misma, de investigaci\u00f3n de paternidad o impugnaci\u00f3n, de custodia sobre personas o bienes de dichos procesos de donde emerge la competencia privativa del del (sic) domicilio del menor, sino de un proceso que no est\u00e1 enlistado en dicho articulado, pues se trata de la insinuaci\u00f3n que le corresponde realizar a la empresa quien pretende realizar una donaci\u00f3n y es frente a quien la norma exige la insinuaci\u00f3n que determina la antes referida norma, tr\u00e1mite que tiene una estipulaci\u00f3n territorial espec\u00edfica\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese entendido, como el domicilio de la sociedad solicitante es Medell\u00edn, orden\u00f3 la remisi\u00f3n del legajo a los jueces de familia de esa ciudad, para que le dieran tr\u00e1mite, [archivo digital 003]. <\/p>\n
3. Recibidas las diligencias por el Juzgado Doce de Familia de Oralidad de esa urbe, igualmente se rehus\u00f3 a su conocimiento, sustentado en que \u00abel solicitante no es solo la sociedad INVERSIONES PERGAMINO S.A.S. (\u2026) sino que tambi\u00e9n los se\u00f1ores NATALIA S\u00c1NCHEZ JIM\u00c9NEZ y MANUEL JIM\u00c9NEZ GARRIDO como representantes legales del ni\u00f1o LEANDRO S\u00c1NCHEZ JIM\u00c9NEZ ostentan tal calidad procesal\u00bb quienes tienen su domicilio en Manizales, de ah\u00ed que, en aplicaci\u00f3n de la misma regla rese\u00f1ada por su homologo, le corresponde a aquel y no a \u00e9ste darle curso al asunto. Como consecuencia de ello, plante\u00f3 el conflicto de competencia que hoy se resuelve, [archivo digital 009]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El numeral 13 del art\u00edculo 28 del nuevo estatuto adjetivo, al referirse a la competencia en los juicios de jurisdicci\u00f3n voluntaria, fij\u00f3 las reglas de atribuci\u00f3n para los de \u00abguarda de ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes, interdicci\u00f3n y guarda de personas con discapacidad mental o de sordomudo\u00bb, privilegiando el domicilio de estos y en los \u00abde declaraci\u00f3n de ausencia o de muerte por desaparecimiento de una persona\u00bb el del \u00faltimo domicilio de \u00e9ste, acompasando esto con las reglas de la sucesi\u00f3n mortis causa y, en su literal c) dispuso que, \u00aben los dem\u00e1s casos\u00bb lo debe asumir \u00abel juez del domicilio de quien los promueva\u00bb. <\/p>\n
3. De acuerdo con el art\u00edculo 1443 del C\u00f3digo Civil \u00abla donaci\u00f3n entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere, gratuita e irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra persona que la acepta\u00bb, para cuya validez, cuando exceda de 50 SMMLV, se requiere la insinuaci\u00f3n, entendi\u00e9ndose por esta la autorizaci\u00f3n judicial que se da a petici\u00f3n de parte para la realizaci\u00f3n de aquella. <\/p>\n
Por la naturaleza del asunto, es claro que corresponde a un asunto de jurisdicci\u00f3n voluntaria, pues como se\u00f1ala la doctrina vern\u00e1cula \u00ablo que caracteriza el proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria civiles es que, inicialmente, no existe conflicto de intereses ni de voluntades, en cuanto a la petici\u00f3n en s\u00ed misma que inicia el proceso, y el hecho, por lo tanto, de que la declaraci\u00f3n del juez se solicita respecto de cierta o ciertas personas y no en contra de otras\u2026\u00bb1 <\/p>\n
Es por ello que, en anta\u00f1o, el C\u00f3digo de Procedimiento Civil establec\u00eda de manera expresa que este tipo de asuntos se deb\u00eda sujetar a dicho procedimiento -jurisdicci\u00f3n voluntaria- y si bien el ordenamiento adjetivo vigente ya no lo enuncia igualmente queda sometido a este, conforme lo ordena su art\u00edculo 577 al prever en su numeral 9 esa posibilidad frente a \u00abcualquier otro asunto de jurisdicci\u00f3n voluntaria que no tenga se\u00f1alado tr\u00e1mite diferente\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, en lo que hace a la definici\u00f3n del funcionario competente para adelantar los asuntos jurisdicci\u00f3n voluntaria, por el factor territorial, el art\u00edculo 28 numeral 13 del C\u00f3digo General del Proceso ha fijado algunas pautas que privilegian el juzgador del domicilio de sujetos de especial protecci\u00f3n, como los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, o personas con discapacidad, o el \u00faltimo de quien se pretenda la declaraci\u00f3n de ausencia o muerte por desaparecimiento, y \u00aben los dem\u00e1s casos, el juez del domicilio de quien los promueva\u00bb. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la insinuaci\u00f3n de donaciones, de una mirada ligera de la norma podr\u00eda pensarse, que no siendo el asunto contencioso y que la demanda puede estar suscrita por donante y donatario, cuando esto ocurre, la competencia podr\u00eda asignarse al juez del domicilio de cualquiera de estos, en los eventos en que no tengan uno com\u00fan. <\/p>\n
Empero, tal inferencia no se aviene plausible, en la medida que el inter\u00e9s del donatario deviene derivado de la intencionalidad previa del donante de beneficiarlo econ\u00f3micamente, puesto que la donaci\u00f3n constituye un t\u00edtulo traslaticio del dominio, de suerte que la insinuaci\u00f3n, como tal, tiene el prop\u00f3sito no solo el de garantizar su validez, sino que, al constituir acto de desprendimiento patrimonial, busca prevenir que en su realizaci\u00f3n se afecten injustificadamente los intereses de terceros. <\/p>\n
En respaldo de lo anterior el decreto 1712 de 1989, mediante el cual se facult\u00f3 a los notarios para tramitar la insinuaci\u00f3n de donaciones, cuando estas superan los 50 SMMLV es perentorio al se\u00f1alar en su art\u00edculo 2\u00b0 que: <\/p>\n
\u00abArt. 2o._ La solicitud deber\u00e1 ser presentada personal y conjuntamente por el donante y el donatario o sus apoderados, ante el notario del domicilio del primero de ellos. <\/p>\n
Si el donante tuviere varios domicilios, la solicitud se presentar\u00e1 ante el notario del c\u00edrculo que corresponda al asiento principal de sus negocios. <\/p>\n
Si en el lugar hubiere m\u00e1s de un notario, la solicitud podr\u00e1 presentarse ante cualquiera de ellos\u00bb. (negrillas de la Corte). <\/p>\n
Valga acotar que el referido decreto, en pos de la desjudicializaci\u00f3n de algunos tr\u00e1mites, confiri\u00f3 a los notarios la mentada facultad, la cual podr\u00e1n ejercer siempre y cuando donante y donatario sean plenamente capaces, pues en caso contrario el asunto deber\u00e1 surtirse ante los jueces de familia, amen que la competencia asignada a los notarios no fue privativa. <\/p>\n
Si esto es as\u00ed, siendo que la normatividad en comento, vino a introducir algunas modificaciones en materia de donaciones entre vivos y en ella se asigna de manera perentoria la competencia al notario del domicilio del donante, dicha regla es igualmente la llamada a operar cuando el mismo asunto se debe surtir ante los jueces. <\/p>\n
En ese orden, en el caso bajo estudio se tiene que, muy a pesar que en la demanda promovida para adelantar el tr\u00e1mite de insinuaci\u00f3n de una donaci\u00f3n el abogado signante act\u00faa como apoderado judicial tanto de la donante como de los representantes legales del menor donatario, es indiscutible que la radicaci\u00f3n ante los juzgados de la ciudad de Manizales donde estos \u00faltimos tienen su domicilio no se ajust\u00f3 a las directrices demarcadas en la ley. <\/p>\n
Esto es as\u00ed, por cuanto de acuerdo con el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la sociedad donante \u00e9sta tiene su domicilio en Medell\u00edn Antioquia, circunstancia por la cual, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 2\u00b0 del pluricitado decreto 1712 de 1989, la competencia radica en el funcionario de esa ciudad. <\/p>\n
4. Entonces, como qued\u00f3 decantado, siendo este un asunto de jurisdicci\u00f3n voluntaria, con fundamento en el literal c) del numeral 13 del canon 28 de la ley adjetiva, en armon\u00eda con el decreto 1712 de 1989, la idoneidad de la autoridad del domicilio para llevar a cabo el asunto corresponde a los jueces de familia del circuito de Medell\u00edn Antioquia, en este caso, al Juzgado Doce de Familia de Oralidad, quien debe asumir el conocimiento, como en efecto se dispondr\u00e1 ordenando la remisi\u00f3n del expediente a dicha autoridad, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro funcionario involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR que el Juzgado Doce de Familia de Oralidad de Medell\u00edn es el competente para impulsar la demanda en referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente al citado despacho para que contin\u00fae el tr\u00e1mite del asunto. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Manizales y a los solicitantes. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Devis Echand\u00eda, Compendio de Derecho Procesal, t. I 2\u00aa ed. Bogot\u00e1, Edit. ABC, 1972 p\u00e1g. 135 <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC418-2023 (2023-00438-00) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00438-00 Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70465","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70465","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70465"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70465\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70465"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70465"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70465"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}