ATC083-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC083-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 50001-22-14-000-2022-00293-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 14 de diciembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Luis Eduardo Manotas Solano promovi\u00f3 contra el Juzgado Promiscuo de Familia de In\u00edrida, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de In\u00edrida -Guain\u00eda y a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n constitucional con radicado 2021-0037, si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad Judicial accionada. <\/p>\n
Sostuvo que, el 17 de junio de 2021, ante el incumplimiento de lo ordenado por el Juzgador ad quem formul\u00f3 incidente de desacato, sin que a la fecha se haya resuelto. <\/p>\n
Finalmente inform\u00f3 que, el 19 de noviembre de 2021 radic\u00f3 derecho de petici\u00f3n ante la EPS COOSALUD y tampoco ha obtenido respuesta de la EPS. <\/p>\n
2. Conforme a lo anterior, solicit\u00f3 \u00abSe ordene el cumplimiento de los t\u00e9rminos procesales del incidente por desacato instaurado el 17 de junio de 2021 por el incumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito en la tutela No. 940014089001\u2013 2021\u2013 00037\u201301, de fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil veintiuno (2021)\u00bb <\/p>\n
3. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio, en auto de 2 de diciembre de 2022 avoc\u00f3 conocimiento, y orden\u00f3 notificar al accionado y la vinculaci\u00f3n del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de In\u00edrida Guain\u00eda. <\/p>\n
3.1 En el t\u00e9rmino concedido, el Juzgado Promiscuo de Familia de In\u00edrida, inform\u00f3 que, conoci\u00f3 de la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de ese circuito, en la tutela que Luis Eduardo Manotas Solano instaur\u00f3 en contra del Hospital M E Patarroyo IPS SAS y la EPS Coosalud SA, y en fallo de 18 de mayo de 2021 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado para conceder el amparo en favor del accionante. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, recibi\u00f3 a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico el incidente de desacato promovido por el peticionario, raz\u00f3n por la cual el 21 de junio de 2021, lo remiti\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de In\u00edrida a quien correspond\u00eda conocer y resolver lo pertinente, en tanto que, \u00abestos, son competencia del Juez de tutela de primera o \u00fanica instancia, en virtud de ello, una vez recibida la solicitud fue remitida al despacho competente, esto es al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de In\u00edrida a quien le correspond\u00eda surtir dicho tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
3.2 El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de In\u00edrida, se limit\u00f3 a remitir el enlace del incidente de desacato radicado bajo el n\u00famero 2021\u2013 00037\u201301, en el que se advierte el memorial presentado por el accionante el 17 de junio de 2021, procediendo el despacho a requerir a la EPS accionada, mediante auto del 14 de julio de 2021 decisi\u00f3n que fue notificada a las partes. <\/p>\n
El 29 de abril de 2022 dio apertura del incidente de desacato, decisi\u00f3n que de igual manera notific\u00f3 a los intervinientes, remitiendo COOSALUD EPS informe de cumplimiento y solicitud de cierre del incidente de desacato el 11 de mayo de 2022, encontr\u00e1ndose a la fecha al despacho para sanci\u00f3n o archivo del incidente de desacato interpuesto por el accionante. <\/p>\n
4. El Tribunal Superior de Villavicencio en sentencia de 14 de diciembre de 2022, concedi\u00f3 el amparo frente al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de In\u00edrida, y le orden\u00f3 que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la providencia, procediera a decidir el incidente de desacato interpuesto por Luis Eduardo Manotas Solano, igualmente orden\u00f3 compulsar copias de la actuaci\u00f3n ante la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Villavicencio. <\/p>\n
5. Sin argumentos adicionales, la Juez Primero Promiscuo Municipal de In\u00edrida, impugn\u00f3 la decisi\u00f3n constitucional de primer grado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Si bien es cierto la tutela es un mecanismo preferente y sumario, no es ajena a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, puesto que, como de vieja data lo ha explicado la Corte Constitucional, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
En tal raz\u00f3n, el factor de competencia de esta especial justicia se encuentra previsto en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1., numeral 5 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, seg\u00fan el cual \u00abLas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb <\/p>\n
En este orden, el incumplimiento de tales criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan se prev\u00e9 en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el inciso final del 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. Pues bien, del relato f\u00e1ctico precedente, se desprende la falta de competencia del Tribunal Superior de Villavicencio para definir el amparo reclamado en primera instancia, por cuanto la vulneraci\u00f3n denunciada ata\u00f1e, a la mora en el tr\u00e1mite del incidente de desacato 2021-0037, actuaci\u00f3n que se encuentra en cabeza del Juzgado Primero Municipal de In\u00edrida, tal como qued\u00f3 evidenciado en las piezas digitales allegadas a las presentes diligencias. <\/p>\n
Y es que si bien, la protecci\u00f3n constitucional se dirigi\u00f3 contra el Juzgado Promiscuo de Familia de In\u00edrida, por cuanto ese despacho conoci\u00f3 de la impugnaci\u00f3n del fallo en la acci\u00f3n de tutela 2021-0037, lo cierto es que el incidente de desacato se tramita ante el juez de primera o \u00fanica instancia, para el caso, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal vinculado. <\/p>\n
Por lo anterior, la convocatoria a estas diligencias del Juzgado Promiscuo de Familia de In\u00edrida resulta apenas aparente, en tanto que, las pretensiones se dirigieron exclusivamente contra el incidente de desacato, el cual se encuentra en curso en el Juzgado Primero Municipal de In\u00edrida, pues m\u00e1s all\u00e1, de que exista una menci\u00f3n del Juzgado Promiscuo de Familia, su actuaci\u00f3n no constituy\u00f3 el cimiento de la inconformidad aqu\u00ed planteada. <\/p>\n
Sobre tal tema, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los hechos descritos en la solicitud de tutela son los que permiten determinar la competencia para conocer de dicha acci\u00f3n, de suerte que las reglas all\u00ed descritas logran cabal desarrollo a partir la descripci\u00f3n f\u00e1ctica indicada, por lo que no basta con que se designe a un demandado o que se exponga aisladamente el motivo de su convocatoria, como se hizo en este caso, para que de esa manera, inapropiadamente, el gestor del amparo var\u00ede el funcionario habilitado para el conocimiento de la queja; de otro modo, se radicar\u00eda esa facultad solamente con estribo en la clase de demandado, con prescindencia de que ciertamente se le acuse o no de la infracci\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental, dejando en el vac\u00edo, por tanto, los prop\u00f3sitos de racionalizaci\u00f3n y desconcentraci\u00f3n en el conocimiento de las acciones de tutela, que justifican dichos preceptos legales\u00bb (STC-6613-2021, citado en ATC099-2022). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto en precedencia, se impone declarar la falta de competencia del Tribunal Superior de Villavicencio para conocer en primera instancia esta acci\u00f3n de tutela y, en consecuencia, como se ha proferido sentencia se decretar\u00e1 su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente, a los Juzgados Promiscuos del Circuito de In\u00edrida, por ser los competentes para conocer del amparo en primera instancia. <\/p>\n
Se itera, la situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo estipulado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, alusivo a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos que regulan dicho tr\u00e1mite, siempre que no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
Por tanto, como se encuentra configurada la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, de conformidad con el 138 \u00eddem, implica que \u00ab (\u2026) lo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb, en cumplimiento de esa \u00faltima disposici\u00f3n, que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que se dejar\u00e1 sin efecto el fallo proferido por el a quo constitucional, para que el funcionario habilitado, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de la validez de las pruebas practicadas y las que se requieran, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 ibidem. <\/p>\n
La Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del Decreto 333 de 2021 y dem\u00e1s normas complementarias, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar, <\/p>\n
\u00ab[R]especto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
4. Resta indicar, sobre la imposibilidad de plantear conflicto de competencia en asuntos como el presente, que esta Sala ha reiterado, <\/p>\n
\u00ab[N]o cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ. ATC 16 jul. 2010, rad. 2010-00022-01, reiterado en ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01, entre otros). <\/p>\n
5. Con fundamento en lo expuesto se declarar\u00e1 la nulidad del fallo de primera instancia y se ordenar\u00e1 remitir las diligencias a los Juzgados Promiscuos del Circuito de In\u00edrida, para que asuman el conocimiento de este mecanismo de protecci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Conforme a lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la actuaci\u00f3n adelantada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio por las razones expuestas en precedencia, ordenando la remisi\u00f3n de las presentes diligencias al Juzgado Promiscuo del Circuito de In\u00edrida. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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