ATC092-2023<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC092-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2022-00670-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres (03) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (03) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la consulta del auto de 30 de enero de 2023, por medio del cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn resolvi\u00f3 el incidente de desacato formulado por \u00c1lvaro Eduardo y Andr\u00e9s Felipe Arenas Villegas contra el Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Mediante fallo proferido el 28 de noviembre de 2022, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn (rad. 05-2022-00670-01) ampar\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso de los prenombrados, ordenando al estrado accionado aqu\u00ed sancionado que dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado tramitado por aquellos contra Fernando Enrique Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez y Mar\u00eda Pilar Rodr\u00edguez Acosta (05001-40-03-021-2015-00436-04), emita nueva sentencia de segunda instancia, porque no analiz\u00f3 \u00abel hecho de que uno de los contratantes arrendatario hubiese suscrito el documento denominado \u201cotro s\u00ed\u201d al contrato de arrendamiento. Igualmente adjunto que no hab\u00eda prueba de la compraventa del local comercial a favor de los accionantes, soslayando que a folio 27 del cuaderno principal milita la escritura p\u00fablica 3879 otorgada el 15 de diciembre de 2010 en la Notar\u00eda Diecisiete de Medell\u00edn, relativa a dicho acto jur\u00eddico; guard\u00f3 silencio respecto de los correos electr\u00f3nicos entre los contratantes, as\u00ed como frente a las declaraciones de partes y terceros\u00bb, pese a que, puntualiz\u00f3, esas pruebas \u00abresultaban \u00fatiles para el buen suceso de las pretensiones\u00bb. <\/p>\n
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2. \u00c1lvaro Eduardo y Andr\u00e9s Felipe Arenas Villegas radicaron ante el a-quo constitucional escrito en el que indicaron que en el nuevo fallo emitido por el estrado accionado el 6 de diciembre de 2022 \u00abno cumpli\u00f3 con la sentencia de amparo (\u2026) incurriendo nuevamente en defecto f\u00e1ctico al no valorar concienzudamente las pruebas aportadas al proceso, negando nuevamente nuestras pretensiones\u00bb, porque \u00abomite tener en cuenta que el vinculado y demandado Enrique Rodr\u00edguez y Mar\u00eda Pilar, si conocieron y consintieron la cesi\u00f3n del contrato de arrendamiento con los suscrito, tal como se evidencia en los correos electr\u00f3nicos provenientes del demandado admitiendo la cesi\u00f3n y reconoci\u00e9ndonos como actuales arrendadores. Peso a ello, el Juzgado Octavo Civil del Circuito tozudamente se niega a valorar estas pruebas documentales que dan fe del comportamiento negocial y contractual que revalidad la existencia del contrato de arrendamiento entre nosotros los arrendadores y los demandados\u00bb <\/p>\n
Agregaron, \u00abobs\u00e9rvese como el juzgado accionado insiste en no practicar y valorar las pruebas de forma juiciosa, por lo que se sigue incurriendo en el defecto f\u00e1ctico negativo, al no indicar porque \u00e9stos documentos no demuestran la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita de la cesi\u00f3n del contrato de arrendamiento, donde evidentemente estos demuestran la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita de la cesi\u00f3n del contrato de arrendamiento, donde evidentemente estos demuestran y dan fe de la vigencia del contrato de arrendamiento entre nosotros como arrendadores y propietarios del establecimiento de comercio y local comercial y los demandados como arrendatarios\u00bb. <\/p>\n
3. El Tribunal, por medio de auto de 17 de enero de los corrientes, requiri\u00f3 a Carlos Arturo Higuita, titular del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn, con el fin de que informe sobre el cumplimiento del prenotado fallo de tutela. <\/p>\n
4. El prenombrado funcionario manifest\u00f3 que, para cumplir la orden constitucional dict\u00f3 sentencia el 6 de diciembre pasado, donde acat\u00f3 lo dispuesto en el fallo de tutela, porque realiz\u00f3 la valoraci\u00f3n integral de la prueba, sin que la orden incluyera el acceder a las pretensiones, por lo cual no incurri\u00f3 en el desacato del que se le acusa. <\/p>\n
5. El 19 de enero de 2023 se dispuso tramitar el incidente conforme a lo reglado en el Decreto 2591 de 1991, contra Carlos Arturo Guerra Higuita, como Juez Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn, surtiendo el traslado de rigor; t\u00e9rmino dentro del cual el funcionario insisti\u00f3 en que obedeci\u00f3 lo ordenado por la Colegiatura, porque en la nueva decisi\u00f3n de fondo abord\u00f3 el estudio de la escritura p\u00fablica de compraventa del local comercial y los correos electr\u00f3nicos, medios que, a su juicio \u00abno ten\u00edan la aptitud para varias la decisi\u00f3n inicial y as\u00ed se consign\u00f3\u00bb, sin que, reafirm\u00f3, se le haya impuesto el sentido de la determinaci\u00f3n a emitir. <\/p>\n
6. El 24 de enero siguiente se decretaron como pruebas las documentales aportadas por los accionantes y el accionado, de las cuales se corri\u00f3 traslado. <\/p>\n
7. El d\u00eda 27 de los mismos mes y a\u00f1o, se notific\u00f3 la decisi\u00f3n tomada por esta Sala el d\u00eda 25 anterior, con que confirm\u00f3 el amparo concedido en la sentencia de tutela de primera instancia, prove\u00eddo que en sus consideraciones especific\u00f3 que en la nueva decisi\u00f3n que se le orden\u00f3 proferir al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn, deb\u00eda tenerse en cuenta al analizar las pruebas que, <\/p>\n
si bien se pact\u00f3 en el contrato de arrendamiento que su cesi\u00f3n tendr\u00eda como consecuencia darlo por terminado \u00abipso facto\u00bb, lo cierto es que las pruebas que los accionantes reclamaron analizar en su apelaci\u00f3n, apuntan a demostrar que el acuerdo de voluntades continu\u00f3 ejecut\u00e1ndose, ya que buscan dar cuenta del reconocimiento a ellos como arrendadores debido a varios mensajes de correo electr\u00f3nico, testimonios, la continuaci\u00f3n hasta cierto momento del pago de los c\u00e1nones de arrendamiento etc., todo lo cual amerita una valoraci\u00f3n por parte del juzgador del caso. <\/p>\n
3.2.1. Deber\u00e1 sopesarse en ese estudio que, aun cuando en principio, pudiera tenerse por v\u00e1lido el pacto inicial de prohibici\u00f3n de cesi\u00f3n del contrato tanto para el arrendador como para los arrendatarios, se pas\u00f3 por alto que el \u00abotros\u00ed\u00bb con que se efectu\u00f3 esa disposici\u00f3n de derechos fue suscrito por uno de \u00e9stos, particularidad de indudable trascendencia para el caso, porque esa manifestaci\u00f3n de voluntad del arrendatario puede interpretarse como una modificaci\u00f3n a la estipulaci\u00f3n prohibitiva inicial, revoc\u00e1ndola al expresamente consentirse en la cesi\u00f3n. <\/p>\n
Esa anuencia del arrendatario suscribiente vincular\u00eda a su coarrendataria, pese a que ciertamente \u00e9sta no plasm\u00f3 su r\u00fabrica en el documento, debido a la solidaridad que cobija a los deudores en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 825 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
3.2.2. De otro lado, siempre dependiendo de lo que arroje el an\u00e1lisis conjunto de las pruebas, bien pudiera interpretarse la comentada cl\u00e1usula del contrato de arrendamiento, al tamiz de la conducta reiterada de las partes al ejecutarlo luego de la cesi\u00f3n, pues no se olvide que seg\u00fan la regla hermen\u00e9utica del art\u00edculo 1618 del C\u00f3digo Civil, aplicable al caso por la remisi\u00f3n del art\u00edculo 822 del C\u00f3digo de Comercio, \u00abconocida claramente la intenci\u00f3n de los contratantes, debe estarse a ella m\u00e1s que a lo literal de las palabras\u00bb, lo que traducido al caso particular, se enfatiza, seg\u00fan lo que arroje el an\u00e1lisis de las pruebas, dar\u00eda para evidenciar que la real intenci\u00f3n de las partes no fue dar por terminado el contrato como consecuencia de su cesi\u00f3n, sino continuar ejecut\u00e1ndolo con el cambio de arrendadores. <\/p>\n
Es m\u00e1s, de acreditarse esa ejecuci\u00f3n reiterada del contrato por las partes, cuando menos hasta que se dio el incumplimiento alegado como motivo para su terminaci\u00f3n, bien pudiera tenerse por renunciada la cl\u00e1usula de prohibici\u00f3n de cesi\u00f3n que all\u00ed se incluy\u00f3, como una renuncia leg\u00edtima al derecho que de all\u00ed dimana. <\/p>\n
3.2.3. As\u00ed mismo, no puede pasarse por alto que, si como alegan los demandantes, inmediatamente se efectu\u00f3 la cesi\u00f3n, los arrendatarios continuaron ejecutando el contrato de arrendamiento teni\u00e9ndolos a ellos como nuevos arrendadores, no resultar\u00eda aceptable que llegue a buen suceso la excepci\u00f3n esgrimida por aquellos durante el proceso, con que pretenden desconocer sus propios actos, derivando de tal actuar un provecho injustificado, pues ello implicar\u00eda omitir el principio \u00abvenire contra factum propium non valet\u00bb. <\/p>\n
8. El Tribunal constitucional de primera instancia, con providencia de 30 de enero pasado, sancion\u00f3 por desacato al \u00abdoctor Carlos Arturo Guerra Higuita, titular del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn\u00bb,en consecuencia le impuso \u00abmulta equivalente a un (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente a favor del Tesoro Nacional\u00bb, de conformidad con los art\u00edculos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Para arribar a tal conclusi\u00f3n el a quo, tras destacar la orden que imparti\u00f3, consider\u00f3 que, \u00ab\u2026a trav\u00e9s de la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2022, el juzgado accionado no satisfizo la orden de emitir una nueva decisi\u00f3n en la que valorase como le fue indicado las pruebas aducidas por la parte demandante y recurrente en el proceso radicado 050014003 021 2015 00436 01. Y as\u00ed se aprecia porque el juez de conocimiento no expuso razonadamente el m\u00e9rito que correspond\u00eda a cada prueba, solo se limit\u00f3 a descartar, sin an\u00e1lisis y rigor alguno, los elementos de juicio cuya valoraci\u00f3n se orden\u00f3 en la sentencia de tutela que se estima desacatada, con lo cual pretermiti\u00f3 no solo la orden de tutela, sino tambi\u00e9n las pautas descritas en el art\u00edculo 176 del CGP\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, refiri\u00f3 luego de citar apartes del prove\u00eddo emitido por el juzgador sancionado que, a juicio de \u00e9ste, \u00abel contrato de arrendamiento allegado por los demandantes-tutelantes perdi\u00f3 vigencia al estar prohibida la cesi\u00f3n del mismo y, a partir de all\u00ed, desech\u00f3 sin valoraci\u00f3n jur\u00eddica alguna: el \u201cotro s\u00ed\u201d, la prueba de adquisici\u00f3n del dominio por parte de los actores, el cruce de correos electr\u00f3nicos entre las partes relativos a la continuaci\u00f3n del contrato, y las declaraciones de aquellas y terceros, estas \u00faltimas ni siquiera fueron mencionadas en la nueva decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Para el Tribunal, tal proceder se apart\u00f3 de la orden de tutela \u00abal soslayar que en aquella se le conmin\u00f3 a realizar una valoraci\u00f3n concienzuda de las pruebas. La sentencia que emiti\u00f3 el despacho cognoscente no responde a la pregunta de por qu\u00e9 las declaraciones de las partes y de terceros; el comportamiento contractual de las partes, evidenciado en el cruce de correos electr\u00f3nicos; la suscripci\u00f3n del \u201cotro s\u00ed\u201d por uno de los arrendatarios solidarios; as\u00ed como los dem\u00e1s elementos de persuasi\u00f3n cuyo estudio es obligatorio, no son suficientes para deducir la modificaci\u00f3n de la cl\u00e1usula que prohib\u00eda la cesi\u00f3n del contrato, y por lo mismo la plena vigencia de este. En definitiva, sobre ese particular ninguna explicaci\u00f3n ofreci\u00f3 el juez de la causa\u00bb. <\/p>\n
9. El expediente se remiti\u00f3 a esta Corte para que fuera consultada la decisi\u00f3n adoptada. <\/p>\n
Ante esta sede el funcionario sancionado alleg\u00f3 escrito donde pidi\u00f3 la revocatoria de la decisi\u00f3n en su contra, porque \u00abjam\u00e1s ha sido ni ser\u00e1 [su] intenci\u00f3n desacatar ninguna orden judicial, y menos de [sus] superiores en sede de tutela\u00bb, por lo cual afirm\u00f3 que emitir\u00e1 la sentencia que le fue ordenada, aunque para el cometido presenta la dificultad de que el fallo con el cual pretendi\u00f3 acatar la orden se encuentra ejecutoriado, sin que en el auto sancionatorio se haya dejado sin efecto, particularidad frente a la cual pidi\u00f3 un pronunciamiento por parte de la Corte. <\/p>\n
De otro lado sostuvo que el Tribunal no valor\u00f3 el aspecto subjetivo del desacato, sino \u00fanicamente el objetivo, sin observar que si se analizaron las pruebas tal como se le orden\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del inciso segundo del art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, \u00abla sanci\u00f3n por desacato ser\u00e1 impuesta por el mismo juez\u00bb que profiri\u00f3 la orden, mediante tr\u00e1mite incidental; \u00aben raz\u00f3n a lo cual no existe duda de que la competencia para resolver el incidente propuesto est\u00e1 radicada en cabeza del mismo juzgador o sentenciador que resolvi\u00f3 la tutela a favor de su promotor, salvedad hecha de las \u00f3rdenes de protecci\u00f3n impartidas con ocasi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo denegatorio del amparo, porque en tal caso, la resoluci\u00f3n de la actuaci\u00f3n incidental corresponde al juzgador de la primera instancia\u00bb (ATC, 13 jun. 2012, rad. 2011-02468-04). <\/p>\n
2. Es menester indicar que el fallo emitido en el \u00e1mbito de la acci\u00f3n de tutela \u00abno s\u00f3lo goza de la fuerza vinculante propia de toda decisi\u00f3n judicial, sino que, al encontrar fundamento directo en la Carta Pol\u00edtica y estar consagrada aqu\u00e9lla de modo espec\u00edfico para la guarda y protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de rango constitucional, se reclama la aplicaci\u00f3n urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del sujeto pasivo de ese mandato judicial, por lo que est\u00e1 obligado a su cumplimiento\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
Igualmente, por su especial connotaci\u00f3n, al juez que conoce del desacato no le es permitido analizar nuevamente los t\u00f3picos que fueron objeto de debate en el tr\u00e1mite constitucional, pues de aceptarse tal proceder revivir\u00eda una controversia concluida. Es por ello que \u00ab\u2026 su actuaci\u00f3n se encuentre delimitada por la parte resolutiva de la decisi\u00f3n que se acusa incumplida, limitaci\u00f3n con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden de protecci\u00f3n, su contenido y el t\u00e9rmino otorgado para su cumplimiento\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
3. Con base en las anteriores premisas, para establecer si en el caso sub examine el convocado atendi\u00f3 la orden constitucional y comoquiera que el alcance de la protecci\u00f3n brindada constituye la base para ello, es preciso remitirse a la sentencia que otorg\u00f3 el amparo. <\/p>\n
4. En esa decisi\u00f3n fue ordenado al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn, como qued\u00f3 dicho, que en el t\u00e9rmino de 48 horas a partir de la notificaci\u00f3n de ese fallo, \u00abteniendo en cuenta lo aqu\u00ed dilucidado, emita nuevamente una decisi\u00f3n que resuelva la segunda instancia en el asunto mencionado\u00bb. <\/p>\n
Donde el fundamento de la orden consisti\u00f3 en que, <\/p>\n
\u2026la lectura al fallo de segundo grado se concluye que el funcionario decisor omiti\u00f3 apreciar en conjunto las pruebas, limit\u00e1ndose solo a expresar que el contrato de arrendamiento hab\u00eda perdido vigencia dada la cl\u00e1usula s\u00e9ptima del mismo, en la que se prescribi\u00f3 \u00ab[s]e proh\u00edbe la cesi\u00f3n o el subarriendo, parcial o total, del contrato de arrendamiento. La violaci\u00f3n de esta obligaci\u00f3n da lugar a la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento ipso facto\u00bb, sin merecerle ning\u00fan an\u00e1lisis el hecho de que uno de los contratantes arrendatario hubiese suscrito el documento denominado \u201cotro s\u00ed\u201d al contrato de arrendamiento. Igualmente, adujo que no hab\u00eda prueba de la compraventa del local comercial a favor de los accionantes, soslayando que a folio 27 del cuaderno principal milita la escritura p\u00fablica 3.879 otorgada el 15 de diciembre de 2010 en la Notar\u00eda Diecisiete de Medell\u00edn, relativa a dicho acto jur\u00eddico; guard\u00f3 silencio respecto a los correos electr\u00f3nicos entre los contratantes, as\u00ed como frente a las declaraciones de partes y terceros. En tal sentido, la omisi\u00f3n antedicha impidi\u00f3 que el juzgado analizara si esos elementos de persuasi\u00f3n resultaban \u00fatiles para el buen suceso de las pretensiones, al tiempo que olvid\u00f3 la regla instituida en el art\u00edculo 176 del CGP. <\/p>\n
5. A partir de lo dispuesto en el mencionado fallo constitucional es que esta Corte debe cotejar si la persona destinataria de ese mandato se sujet\u00f3 a sus lineamientos, pues de encontrar una respuesta negativa, como es apenas natural deber\u00e1 accederse a la aspiraci\u00f3n de los promotores del presente incidente. <\/p>\n
Para el cometido, se observa que, en la decisi\u00f3n emitida a instancias de la orden constitucional, el estrado accionado nuevamente confirm\u00f3 la decisi\u00f3n con se negaron las pretensiones de la demanda, y en punto al reexamen probatorio ordenado consider\u00f3 que, <\/p>\n
Realizada una valoraci\u00f3n probatoria en conjunto, como fue ordenado, se llega a colegir que la apelaci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y que lo que se impone es la confirmaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia, pues como se ha dicho, el contrato de arrendamiento perdi\u00f3 vigencia al estar prohibida la cesi\u00f3n, sin que el afirmado \u201cotro s\u00ed\u201d tenga la aptitud legal para derruir tal prohibici\u00f3n; como tampoco la tiene la escritura p\u00fablica 3.879 otorgada el 15 de diciembre de 2010 en la Notar\u00eda Diecisiete de Medell\u00edn de la compraventa del local comercial a favor de los accionantes, que se dice visible a folio 27 del cuaderno principal, relativa a dicho acto jur\u00eddico por medio de la cual se dice que los demandantes adquirieron, en tanto, se repite, la cesi\u00f3n estaba prohibida contractualmente. Recu\u00e9rdese que el contrato inicial dada de agosto 23 de 2002, y la cesi\u00f3n a trav\u00e9s de \u201cotro s\u00ed\u201d es de enero de 2011. <\/p>\n
Es que, si demandantes a pesar del haber adquirido el bien, establecimiento de comercio, al proceso no allegaron tal escritura p\u00fablica como t\u00edtulo o base de la restituci\u00f3n, sino que aportaron el tantas veces mencionado \u201cotro s\u00ed\u201d, que, como se dijo, no deja sin efecto la prohibici\u00f3n convenida. V\u00e9ase que, aunque as\u00ed fuera, que los arrendadores hubiesen vendido el establecimiento de comercio y esto incluyera el contrato de arrendamiento, la prohibici\u00f3n persistir\u00eda en los t\u00e9rminos pactados, tal y como se dijo en primera y segunda instancia. <\/p>\n
Como anexo, se present\u00f3 el contrato de arrendamiento de local comercial suscrito entre los se\u00f1ores JANETH ESQUENAZI, cuyo apoderado general es el se\u00f1or ROBERTO ESQUENAZI, y un \u201cOTRO S\u00cd\u201d a dicho contrato, de fecha enero 11 de 2011 que contiene la cesi\u00f3n que de dicho contrato hizo el arrendador a los ahora demandantes; documento firmado por el codemandado ENRIQUE RODRIGUEZ, pero no por la co-demandada MARIA PILAR RODR\u00cdGUEZ ACOSTA. <\/p>\n
Finalmente, lo dicho sirve de sustento para decir que los correos electr\u00f3nicos habidos entre las partes, que a juicio del apelante y ahora tutelante evidencian la aceptaci\u00f3n de la cesi\u00f3n por parte de los demandados, tampoco son prueba apta y suficiente para avalar el que se revoque la decisi\u00f3n de primera instancia, dado que, se reitera, la cesi\u00f3n estaba prohibida. Todo lo anterior lleva a que, nuevamente y cumpliendo con lo ordenado por el Superior, se desestime la apelaci\u00f3n y se confirme la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
6. Analizadas las anteriores consideraciones se observa que, si bien incluyen un an\u00e1lisis probatorio, el mismo no acompasa con el rigor y alcance que exigi\u00f3 el Tribunal a quo en su decisi\u00f3n, sin embargo, tambi\u00e9n es cierto que la Colegiatura no fue muy precisa al respecto, de ah\u00ed que esta Sala, al resolver la impugnaci\u00f3n, brind\u00f3 par\u00e1metros m\u00e1s claros para guiar el estudio probatorio ordenado en primera instancia. <\/p>\n
De este modo, objetivamente se puede considerar desacatada la orden constitucional, pero al haber sido la decisi\u00f3n de esta Sala la que especific\u00f3 su alcance, sin que el juzgador accionado la haya podido sopesar por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que la desconoc\u00eda para el momento en que emiti\u00f3 el nuevo fallo, no puede hablarse de una intenci\u00f3n subjetiva de apartarse de la orden de tutela, sino de una equivocaci\u00f3n en la interpretaci\u00f3n de la misma, situaci\u00f3n que entonces impide configurar el desacato solicitado. <\/p>\n
N\u00f3tese como la valoraci\u00f3n probatoria realizada por el accionado no puede necesariamente interpretarse como un actuar voluntariamente direccionado en contra de la orden constitucional, pues el funcionario destin\u00f3 un aparte espec\u00edfico del fallo a efectuar la misma, s\u00f3lo que sin el alcance y rigor que el fallo de esta Sala posteriormente encontr\u00f3 necesario. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la sanci\u00f3n resulta de haberse probado en el tr\u00e1mite incidental que el compelido no solo desobedeci\u00f3 la orden constitucional, sino que lo hizo con probada negligencia o culpa, pues como lo ha explicado la Corte Constitucional, <\/p>\n
El desacato es un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir, que debe haber negligencia comprobada en la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el s\u00f3lo hecho del incumplimiento (\u2026)1. <\/p>\n
Analizada dicha providencia advierte la Corte que esta no refleja lo que hab\u00eda previsto la Corporaci\u00f3n en el fallo de tutela, sin embargo, tal diferencia no traduce ese prop\u00f3sito de apartarse del mismo, sino al parecer es el resultado de una percepci\u00f3n equivocada del sentido del amparo concedido y subsecuentemente de la orden emitida. No encuentra la Sala manifestaciones dirigidas, de manera clara y contundente, a desviar la protecci\u00f3n concedida, o sea, no hay esa actitud subjetiva de desconocer la determinaci\u00f3n procedente de esta Corporaci\u00f3n, y en esas circunstancias, sin duda alguna, es palpable que no hay lugar a sanci\u00f3n por desacato. Desde luego, lo anterior no es \u00f3bice para zanjar la situaci\u00f3n planteada con miras a evitar mayores dilaciones y, generar, plenamente, la satisfacci\u00f3n del derecho protegido. (CSJ, exp 11001 02 03 000 2009 01427 00, 14 sept. 2009). <\/p>\n
M\u00e1s recientemente, en otro asunto de contornos similares se dijo que, <\/p>\n
Ahora, aun cuando objetivamente se incumpli\u00f3 el fallo de tutela, ello no obedeci\u00f3 a una intenci\u00f3n subjetiva de la autoridad encargada de honrarlo y, por tanto, no se incurri\u00f3 en desacato. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta, adem\u00e1s, que, para sancionar en el procedimiento incidental, no s\u00f3lo debe mediar el desobedecimiento manifiesto, debidamente probado, sino tambi\u00e9n aspectos subjetivos de quien incumple la decisi\u00f3n de tutela, pues no puede endilgarse culpa ni presumirse, ni debe olvidarse que la responsabilidad objetiva, en materia sancionatoria, est\u00e1 proscrita en nuestro ordenamiento (ATC882-2021). <\/p>\n
7. De otro lado, se tiene establecido que el prop\u00f3sito del desacato no es la sanci\u00f3n, sino lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela, para de esa manera garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, de ah\u00ed que, como en este caso no hubo desacato, pero si incumplimiento, para la efectividad de la protecci\u00f3n dispensada sobre las garant\u00edas superiores de los accionantes, se dejar\u00e1 sin efecto el fallo emitido por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn el 6 de diciembre de 2022 y se le reiterar\u00e1 a \u00e9ste que cumpla con la orden constitucional que se le imparti\u00f3 dentro del asunto, en los t\u00e9rminos dictaminados en ambas instancias. <\/p>\n
8. Por tanto, la determinaci\u00f3n consultada habr\u00e1 de revocarse en cuanto a la declaratoria de desacato del accionado, pero se mantendr\u00e1 respecto al cumplimiento de la orden de tutela, para lo cual se dejar\u00e1 sin efecto la sentencia antes individualizada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero. REVOCAR el prove\u00eddo de 30 de enero de 2023, emitido dentro del asunto, en cuanto declar\u00f3 en desacato a Carlos Arturo Guerra Higuita, titular del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn, respecto de la orden impartida por la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad el 28 de noviembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela que contra aquel promovieron \u00c1lvaro y Andr\u00e9s Felipe Arenas Villegas. <\/p>\n
En consecuencia, tambi\u00e9n queda sin efecto la sanci\u00f3n all\u00ed impuesta. <\/p>\n
Segundo. DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2022 por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn, dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que \u00c1lvaro y Andr\u00e9s Felipe Arenas Villegas promovieron contra Fernando Enrique Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez y Mar\u00eda Pilar Rodr\u00edguez Acosta (05001-40-03-021-2015-00436-04). <\/p>\n
Tercero. ORDENAR al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn que cumpla con la orden de tutela que le fue impartida por el Tribunal el 28 de noviembre de 2022 y confirmada por esta Corte en prove\u00eddo STC294-2023, dentro del asunto, en el t\u00e9rmino all\u00ed se\u00f1alado, contado a partir del momento en que reciba el expediente de parte del Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn. <\/p>\n
A su turno, el precitado estrado deber\u00e1 enviar al despacho accionado el dossier del descrito proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, en el lapso m\u00e1ximo de un (1) d\u00eda siguiente a aquel en el que resulte notificado, a fin de que se pueda impartir cumplimiento a lo aqu\u00ed mandado. <\/p>\n
Quinto. ORDENAR la devoluci\u00f3n de las diligencias al despacho de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y dem\u00e1s intervinientes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
14 Corte Constitucional Sentencia T- 763 de 1998. <\/p>\n
6 <\/p>\n
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ATC092-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC092-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2022-00670-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres (03) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., tres (03) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la consulta del auto de 30 de enero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70492","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70492","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70492"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70492\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70492"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70492"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70492"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}