ATC107-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC107-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2022-00215-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Ser\u00eda del caso dirimir la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de Tunja frente a la sentencia de 12 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Camilo Medina Murillo contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1 y Casanare, as\u00ed como respecto a las \u00ab\u00c1rea de Rese\u00f1a\u00bb, \u00abOficina de Redenci\u00f3n\u00bb y \u00abAtenci\u00f3n al Interno – Asesor\u00eda Jur\u00eddica\u00bb, todas de la C\u00e1rcel y Penitenciar\u00eda con Alta y Mediana Seguridad El Barne (CPAMSEB), si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo rituado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El convocante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su prerrogativa fundamental a la \u00abpetici\u00f3n\u00bb, presuntamente conculcada por las entidades requeridas. Y en concreto, que le brinden las respuestas echadas de menos, sin perjuicio de las facultades extra y ultra petita inherentes al mecanismo de marras. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento, sostuvo haber elevado las siguientes solicitudes: I) el 6 de octubre de 2022 ante la dependencia de \u00abAtenci\u00f3n al Interno\u00bb de la c\u00e1rcel El Barne, donde se encuentra purgando condena en raz\u00f3n de una causa penal bajo vigilancia actual del Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas de Tunja, para efectos de que le fuera expedido \u00abcuadro sin\u00f3ptico\u00bb en procura de determinar cu\u00e1nto tiempo le faltar\u00eda de cara a alcanzar el beneficio de \u00abprisi\u00f3n domiciliaria\u00bb; II) el 1\u00b0 de noviembre posterior al Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1 y Casanare, con el cometido de incoar \u00abvigilancia administrativa\u00bb en torno al referido estrado judicial y a una rogativa de permiso de 72 horas; III) en similar fecha (1\u00b0 nov.) dirigida al \u00ab\u00c1rea de Rese\u00f1a\u00bb del reclusorio con el prop\u00f3sito de obtener transferencia bancaria a tercero; y IV) el d\u00eda 15 del mismo mes -nov.- y a\u00f1o a la \u00abOficina de Redenci\u00f3n\u00bb del complejo penitenciario, para que gestionara, ante el arriba descrito despacho de ejecuci\u00f3n, un certificado de tiempo cumplido de pena, para una eventual s\u00faplica similar. <\/p>\n
Se doli\u00f3, entonces, de la falta de contestaci\u00f3n a las prenotadas peticiones. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Tribunal a-quo acab\u00f3 por admitir el libelo supralegal y, luego de surtido el debate, dispuso conceder la salvaguarda all\u00ed procurada, en tanto que, a la postre, no se le ha otorgado soluci\u00f3n a los clamores del aqu\u00ed quejoso, por cuenta del juzgado de ejecuci\u00f3n de penas, debido a la demora en la digitalizaci\u00f3n del expediente punitivo a partir del cual permanece condenado en prisi\u00f3n, en manos del \u00abcontratista\u00bb que para el efecto designara la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de Tunja; inoperancia que aquel \u00abno tiene por qu\u00e9 asumir\u00bb. <\/p>\n
Por ende, orden\u00f3 diversos lineamientos para que todos los involucrados en la dilaci\u00f3n atisbada zanjaran, con prontitud, tanto el decurso de digitalizaci\u00f3n como la atenci\u00f3n de las peticiones procesales del inicialista. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Impugn\u00f3 la aludida Direcci\u00f3n Ejecutiva, la que, en resumen, invoc\u00f3 una \u00abcarencia actual de objeto\u00bb en relaci\u00f3n consigo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. De los medios de convicci\u00f3n obrantes se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de la Corte para decidir, en impugnaci\u00f3n, el presente asunto, pues salvo la de transferencia a tercero las \u00abpeticiones\u00bb materia de controversia constitucional, incluso la dirigida al Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1 y Casanare, fueron impetradas con directa referencia a la causa penal n.\u00b0 \u00ab2007-80155\u00bb, a cargo del Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas de Tunja y en raz\u00f3n del cual el tutelante permanece privado de su libertad, en la c\u00e1rcel de El Barne. No en vano, la descrita solicitud de vigilancia tambi\u00e9n fue enfilada hacia el despacho jurisdiccional en cita2 y, en la de redenci\u00f3n, hubo de implorarse su tramitaci\u00f3n dentro del paginario punitivo. <\/p>\n
Lo anteriormente esbozado impide a esta Sala de Casaci\u00f3n desatar v\u00e1lidamente la opugnaci\u00f3n de marras, dado que como en lo pertinente ense\u00f1a el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015 (modificado por el canon 1\u00b0 del 333 de 2021): \u00ab[l]as acciones de tutela (\u2026) contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb, m\u00e1xime si, como se vio, la censura del ep\u00edgrafe es extensiva -por pasiva- al estrado de ejecuci\u00f3n ya descrito (Subrayas intencionales). <\/p>\n
2. En consecuencia, el veredicto dimanado en este rito por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil-Familia, est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el precepto 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de amparo por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992, pues la atribuci\u00f3n para conocer del asunto en primer grado s\u00ed le ata\u00f1e a la aducida colegiatura, pero en Sala Penal. <\/p>\n
Al respecto, se ha se\u00f1alado en este nivel: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo3, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396 de 2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684, ATC1686 y ATC2521, todos de ese mismo a\u00f1o). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017 (asimilables al nuevo decreto 333 de 2021), se ha tenido precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) respecto a que los jueces \u201cno est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u201d el cual \u201c(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u00ab[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u201cseg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u201cel cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u00bb (ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
4. Por lo consignado, se adoptar\u00e1n las medidas necesarias para enderezar el decurso iusfundamental sub examine. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil-Familia, en el plenario de la referencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, remitir de inmediato el expediente al mismo Tribunal Superior de la capital boyacense, pero en su Sala Penal, para que efect\u00fae el reparto respectivo, tendiente a la realizaci\u00f3n del tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El dossier fue remitido a la Corte, para tales fines, hasta el 18\/01\/2023, por correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
2\u0002 V\u00e9ase que el encabezado de la petici\u00f3n de vigilancia, el ac\u00e1 quejoso tambi\u00e9n lo dirigi\u00f3 al juez del decurso penal, en los siguientes t\u00e9rminos: \u00abCAUSA NI: 19435. JEPMS 6\u00b0 TUNJA\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
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ATC107-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC107-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2022-00215-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Ser\u00eda del caso dirimir la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de Tunja frente a la sentencia de 12 de diciembre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70500","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70500","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70500"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70500\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70500"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70500"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70500"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}