ATC108-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC108-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2022-00643-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena el 16 de enero de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Nelson Augusto Carrillo Ramos formul\u00f3 contra la Fiscal\u00eda Doce Seccional de la misma ciudad y la Direcci\u00f3n de Fiscal\u00edas de la Seccional Bol\u00edvar, si no fuera porque se advierte una irregularidad que configura la nulidad que pasa a explicarse. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n por cuanto, pese al tiempo transcurrido desde el 2 de noviembre de 2022, la Fiscal\u00eda Doce Seccional de Cartagena, no le hab\u00eda contestado una solicitud que, en su condici\u00f3n de v\u00edctima, le present\u00f3 en el proceso penal de radicado n\u00famero 13001-60-01-128-2017-03662, motivo por el que solicit\u00f3 pronta respuesta. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Tribunal Superior de Cartagena concedi\u00f3 el amparo, toda vez que la fiscal\u00eda accionada no le hab\u00eda entregado al accionante la respuesta esperada, de otra parte, encontr\u00f3 configurado un hecho superado, en relaci\u00f3n con otra petici\u00f3n de 16 de noviembre de 2022, que el se\u00f1or Carrillo Ramos hab\u00eda radicado ante la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas del departamento de Bol\u00edvar, la que prob\u00f3 haber contestado durante el tr\u00e1mite de primera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Inconforme, el accionante impugn\u00f3 para se\u00f1alar que no observaba satisfecha su pretensi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena carec\u00eda de competencia para adelantar esta acci\u00f3n, en tanto que fue interpuesta en contra de una autoridad frente a la que no era Superior funcional. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En efecto, conforme a lo dispuesto en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021: \u00abLas acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones de los Fiscales y Procuradores [deben ser] repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad judicial ante quien intervienen.\u00bb. [\u00c9nfasis no original] <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda Doce Seccional de Cartagena, que en el expediente 2022-03662, investiga los delitos de \u00abfraude procesal y falsedad en documento privado\u00bb, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 36 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, interviene ante los \u00abjueces penales del circuito\u00bb de la misma ciudad, por ser este el lugar en el que -presuntamente- se cometieron los referidos il\u00edcitos1, por lo que, era claro que, si bien la tutela interpuesta en contra de esa Fiscal\u00eda deb\u00eda ser conocida por el Tribunal Superior de Cartagena, deb\u00eda asumirla la Sala Penal, y no la Civil Familia, como err\u00f3neamente sucedi\u00f3, ya que es la primera de las mencionadas el superior de la accionada, y no la segunda. <\/p>\n
<\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, resulta necesario dejar sin valor y efecto lo actuado en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto a los efectos de la \u00abdeclaratoria de falta de competencia\u00bb, y ordenar la remisi\u00f3n inmediata del expediente digital a la autoridad competente, la que, para el presente caso, es la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, no sin antes recordar que esta Corte, desde el auto de 13 de mayo de 2009 (rad. 2009-00083-01) ha venido reiterando (entre otros en ATC1486-2022) que, <\/p>\n
(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n
Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n
An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales. <\/p>\n
5. Finalmente, y sin perjuicio de lo anterior, observ\u00f3 la Sala que en las primeras cuatro (4) hojas del expediente digital en estudio, se agreg\u00f3 una demanda de tutela presentada por Roberto Jos\u00e9 Vergara, en condici\u00f3n de apoderado judicial de Vital Caribe SAS contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangu\u00e9, que no corresponde al expediente de la referencia y cuyo tr\u00e1mite se desconoce, motivo por el cual, se requiere al a quo para que adopte las decisiones que corresponda, a fin de aclarar la procedencia y destino del aludido escrito de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de la Sentencia proferida el 16 de enero de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, en el asunto de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Ordenar la remisi\u00f3n de las diligencias a la oficina encargada del reparto ante Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, para que asuma el conocimiento en primera instancia. <\/p>\n
Tercero: Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los intervinientes y al a quo por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Orden de Archivo de 12 de enero de 2023 expediente de tutela. <\/p>\n
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