ATC138-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC138-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 50001-22-14-000-2023-00003-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Villavicencio el 24 de enero de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Germ\u00e1n Delgadillo Vel\u00e1squez formul\u00f3 contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Granada y el Juzgado Promiscuo de Fuente de Oro, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Promiscuo Municipal de Lejan\u00edas, Marcos Enrique Rodr\u00edguez Moreno, John Jairo Galindo Calder\u00f3n, Lilio Oscar Ni\u00f1o Verano, Edith Ram\u00edrez Conde, Ang\u00e9lica Rodr\u00edguez Cardona, Diana Shirley Gonz\u00e1lez Molina, Edwin Galindo, la Procuradur\u00eda Provincial de Villavicencio y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, y citadas las partes e intervinientes en el proceso disciplinario adelantado en el Juzgado Promiscuo Municipal de Fuente de Oro bajo el radicado n\u00b0 50287-40-89-001-2019-00200-00, si no fuera porque se advierte una irregularidad que configura la nulidad que pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, por cuanto, pese a haber invocado la nulidad del tr\u00e1mite disciplinario adelantado en su contra, fue sancionado el 1\u00b0 de marzo de 2022, sin que en su momento le hubiesen designado un abogado de oficio que lo defendiera. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Tribunal Superior de Villavicencio concedi\u00f3 el amparo, tras evidenciar que, oportunamente, el accionante hab\u00eda solicitado la asignaci\u00f3n de un profesional del derecho que lo representara, sin embargo, no se atendi\u00f3 su petici\u00f3n. As\u00ed, declar\u00f3 la nulidad de lo actuado y orden\u00f3 lo pertinente. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Inconforme, el interesado impugn\u00f3 para recalcar, que las autoridades accionadas ya no eran competentes para juzgarlo, como si lo es la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Villavicencio carec\u00eda de competencia para adelantar esta acci\u00f3n, en tanto que fue interpuesta por un empleado de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en el cargo de \u00abEscribiente en Propiedad\u00bb y, en su momento, de Juez y Secretario Municipal, como expresamente lo manifest\u00f3 en su escrito de tutela1. <\/p>\n
2. En tal virtud, la especialidad de lo contencioso administrativo es la competente para dirimir la controversia suscitada, de conformidad con lo establecido en el inciso 2\u00ba del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 20212, que se\u00f1ala, <\/p>\n
\u00abCuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo.\u00bb. [\u00c9nfasis no original] <\/p>\n
<\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, resulta necesario dejar sin valor y efecto lo actuado en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto a los efectos de la \u00abdeclaratoria de falta de competencia\u00bb, y ordenar la remisi\u00f3n inmediata del expediente digital a la autoridad competente, la que para el presente caso, por dirigirse -adem\u00e1s- contra un Juez Promiscuo de Familia del Circuito de Granda, Meta (el de mayor jerarqu\u00eda de los accionados) al tenor de lo dispuesto en los numerales 5\u00b0 y 11\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 supra referido3, es el Tribunal Administrativo del Meta. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Debe tenerse presente, que la Sala, en auto de 13 de mayo de 2009 (rad. 2009-00083-01), reiterado entre otros en ATC1486-2022 se\u00f1al\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n
Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n
An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Villavicencio el 24 de enero de 2023, en el asunto de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Ordenar la remisi\u00f3n de las diligencias a la oficina encargada del reparto ante el Tribunal Administrativo del Meta, para que asuma el conocimiento en primera instancia. <\/p>\n
Tercero: Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los intervinientes y al a quo por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Hoja 28 Escrito de tutela. <\/p>\n
2\u0002 \u201cPor medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho\u201d <\/p>\n
3\u0002 Que se\u00f1alan: \u00abLas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada.\u00bb [5\u00b0] y \u00abCuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo.\u00bb. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC138-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente ATC138-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 50001-22-14-000-2023-00003-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70523","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70523","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70523"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70523\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70523"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70523"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70523"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}