ATC143-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC143-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-02706-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 14 de diciembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por el Partido Alianza Verde contra el Consejo Nacional Electoral y la Gobernaci\u00f3n de Santander; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por las autoridades convocadas. <\/p>\n
Indic\u00f3 el gestor que Carlos Albero Rom\u00e1n Ochoa fue elegido como Alcalde de Gir\u00f3n para el periodo 2020-2023 por la colaci\u00f3n \u00abCarlos Rom\u00e1n Alcalde\u00bb; y que se present\u00f3 una demanda de nulidad electoral, la que fue denegada por el Tribunal Administrativo de Santander, pero que el Consejo de Estado revoc\u00f3 el 3 de diciembre de 2020, declarando la nulidad de dicha elecci\u00f3n con efectos ex nunc. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que Carlos Albero Rom\u00e1n Ochoa interpuso tutela, la que le fue denegada en primera instancia, concedida en segunda y revocada por la Corte Constitucional en la SU213\/22; que el 20 de octubre de 2022 el Gobernador de Santander expidi\u00f3 resoluci\u00f3n departamental por medio de la que design\u00f3 provisionalmente como alcalde del aludido municipio a Javier Orlando Acevedo Beltr\u00e1n y orden\u00f3 a la Registradur\u00eda que certificara a que partido o movimiento deb\u00eda requerir para la terna, adem\u00e1s de pedirle a la coalici\u00f3n que la presentara. <\/p>\n
Adujo que la certificaci\u00f3n expedida por la Registradur\u00eda indicaba como se deb\u00eda conformar la terna una vez se diera la vacancia absoluta del cargo del Alcalde de Gir\u00f3n; que el Gobernador le solicit\u00f3 a la \u00abCoalici\u00f3n Carlos Rom\u00e1n Alcalde\u00bb la presentaci\u00f3n de la terna; y que inform\u00f3 que hab\u00eda requerido a los partidos de la coalici\u00f3n para que remitieran el segundo y tercer integrante de la terna conforme a lo estipulado en el acuerdo y en caso de que no lo hicieran, har\u00eda uso de su derecho a conformarla. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que los partidos no cumplieron con el anotado acuerdo de coalici\u00f3n; que el comit\u00e9 ejecutivo de esa colectividad se reuni\u00f3, defini\u00f3 la terna y la remiti\u00f3; que mediante Resoluci\u00f3n 27040 de 2022 el Gobernador design\u00f3 como Alcalde de Gir\u00f3n a Javier Orlando Acevedo Beltr\u00e1n, nombramiento que desconoci\u00f3 la terna presentada y conformada en uso de su derecho leg\u00edtimo, en \u00abun ejercicio arbitrario y grotesco de su poder, a todas luces configurativo de una desviaci\u00f3n del poder p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que dicho acto administrativo era una actuaci\u00f3n subjetiva que redundaba en beneficio del Gobernador y materializaba sus intereses particulares; que si bien era improcedente la tutela frente a un acto administrativo, no lo era ante la existencia de un perjuicio irremediable; y que requer\u00eda la intervenci\u00f3n constitucional, pues acudir a la acci\u00f3n contenciosa no era expedito y mantendr\u00eda la vulneraci\u00f3n, en tanto que el periodo fenec\u00eda en 2023. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene al Consejo Nacional Electoral y a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil \u00abpronunciarse sobre la procedencia de la designaci\u00f3n de Alcalde designado a trav\u00e9s del mecanismo de terna\u2026 y el acuerdo de coalici\u00f3n signado entre los partidos que avalaron la candidatura de Carlos Alberto Rom\u00e1n Ochoa\u00bb y al Gobernador de Santander \u00abel cumplimiento de los preceptos normativos\u2026, en el entendido de designar Alcalde de la terna que le fue presentada debidamente por el Partido Verde\u2026\u00bb y \u00ababstenerse de continuar trasgrediendo los derechos fundamentales de esta colectividad a trav\u00e9s de la expedici\u00f3n de conceptos o actos administrativos cuyo objeto sea encargar las funciones del cargo de alcalde de Gir\u00f3n, o designar persona alguna para su ejercicio atendiendo intereses particulares y subjetivos\u00bb; adem\u00e1s que se compulsen \u00abcopias a los entes de control respectivo para que se investiguen los hechos configurativos de falta disciplinaria y del delito de prevaricato por acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que la discusi\u00f3n entorno a la legalidad o no de un acto administrativo expedido por la Gobernaci\u00f3n de Santander por la designaci\u00f3n del Alcalde de Gir\u00f3n, que considera que desconoce la terna que para el efecto le remiti\u00f3 el Partido Verde, no puede ser ventilada en esta acci\u00f3n, pues deb\u00eda acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa por los medios de nulidad simple y\/o nulidad y restablecimiento del derecho, acompa\u00f1\u00e1ndolo con la solicitud de suspensi\u00f3n provisional del acto administrativo; que no se advert\u00eda la ocurrencia de un perjuicio irremediable; que no se observaba petici\u00f3n elevada ante el Consejo Nacional Electoral ni ante la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil para que se pronunciaran sobre la designaci\u00f3n del Alcalde a trav\u00e9s de la terna y frente al acuerdo de coalici\u00f3n que estuviese pendiente por resolver, por lo que no era viable emitir una orden al respecto; y que no era procedente remitir el tr\u00e1mite a que se acumulara con el que se adelantaba en el Consejo de Estado, pues cuando se admiti\u00f3 esta acci\u00f3n, no se hab\u00eda expedido el acto administrativo que ahora se atacaba, esto es, la Resoluci\u00f3n Departamental No. 27040 de 2022 del Gobernador de Santander. <\/p>\n
3. El accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n que se acaba de rese\u00f1ar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del extracto f\u00e1ctico de la demanda de resguardo, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corte para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a quo constitucional carec\u00eda de aquella para tramitarla en primer grado. <\/p>\n
Ello en la medida en que el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, en su art\u00edculo 2.2.3.1.2.1., establece que \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, ha de resaltarse que en auxilio supralegal del ep\u00edgrafe, el peticionario pretende que se ampare el derecho presuntamente vulnerado con ocasi\u00f3n de la expedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n 27040 de 2022 de la Gobernaci\u00f3n de Santander, mediante la que se design\u00f3 a Javier Orlando Acevedo Beltr\u00e1n como alcalde del municipio de Gir\u00f3n por el t\u00e9rmino que resta del periodo institucional 2020-2023. <\/p>\n
Luego, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 carec\u00eda de competencia para asumir el conocimiento de la demanda de tutela, pues las quejas formuladas involucran \u00fanicamente a dicho ente departamental. <\/p>\n
Destac\u00e1ndose, que la situaci\u00f3n descrita no var\u00eda por la vinculaci\u00f3n pasiva del Consejo Nacional Electoral, en tanto que es \u00abaparente\u00bb la misma, si en cuenta se tiene que del panorama f\u00e1ctico sobre el que se sustent\u00f3 la presunta violaci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales no se desprende censura alguna contra aquel. Sobre el particular, se ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026no puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; reiterado en ATC, 13 sep. 2013, rad. 00134-01). <\/p>\n
3. En ese orden, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de la entidad convocada como sujeto pasivo de la tutela, r\u00e1pidamente se observa que la competencia para conocer de la salvaguarda, en primera instancia, correspond\u00eda a los Jueces Civiles Municipales de Bogot\u00e1, acorde con la regla consagrada en el ya citado numeral 1\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 333 de 2021. <\/p>\n
4. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.2 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
5. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, cuyo razonamiento ahora se hace extensivo al recientemente expedido Decreto 333 de 2021, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
6. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a los Juzgados Civiles Municipales de Bogot\u00e1, de acuerdo con el reparto, por ser los competentes para resolver el reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad del fallo dictado el 14 de diciembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente a la oficina de reparto de los Juzgados Civiles Municipales de Bogot\u00e1, para que efectuada la asignaci\u00f3n correspondiente, se imprima al asunto el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n
3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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