ATC145-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC145-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-30-000-2022-01329-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Jairo de Jes\u00fas Ramos Lago, en calidad de Juez Sexto Penal Municipal de Santa Marta, contra el Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, si no fuera porque se observa que en la tramitaci\u00f3n surtida en la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la salvaguarda de su garant\u00eda fundamental a la informaci\u00f3n, aduciendo la condici\u00f3n de funcionario judicial de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
1.1. En sustento narr\u00f3 que, el 5 de octubre de 2022, solicit\u00f3 a la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta informaci\u00f3n sobre el nombramiento en provisionalidad del Juez Cuarto Penal del Circuito de esa ciudad, concretamente, el nombre del magistrado que lo postul\u00f3 y copia de los documentos asociados a su designaci\u00f3n. <\/p>\n
1.2. El gestor reprocha que el 20 de octubre de 2022 recibi\u00f3 una respuesta que no fue \u00abNI CLARA NI MUCHO MENOS CONGRUENRE\u00bb; en consecuencia, solicita que se ordene a la autoridad accionada responder su petici\u00f3n y que le remita el listado de los dem\u00e1s candidatos propuestos junto con los m\u00e9ritos que se tuvieron en cuenta para la selecci\u00f3n, la documentaci\u00f3n soporte de la deliberaci\u00f3n respectiva y el acto de nombramiento. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo, determinaci\u00f3n que fue impugnada por el promotor. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente caso, como se anticip\u00f3, se advierte una irregularidad consistente en que la competencia para conocer en primera instancia del amparo correspond\u00eda al Consejo de Estado y no a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, pues el tutelante funge como Juez Sexto Penal Municipal de Santa Marta, perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, y en esa condici\u00f3n interpuso la presente tutela. Lo anterior, de conformidad con lo reglado en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el inciso 2\u00ba numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, a cuyo tenor: <\/p>\n
Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. En los dem\u00e1s casos de tutelas promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela ser\u00e1n conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado. (Se subraya). <\/p>\n
3. En consecuencia, lo actuado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte est\u00e1 viciado de nulidad por falta de competencia, de acuerdo con lo estipulado en el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual resulta aplicable a los juicios de tutela por la remisi\u00f3n expresa del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 19921. Al respecto, ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (CSJ ATC1396-2016, reiterado en ATC2521-2016 y en CSJ ATC1178-2022). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en lo concerniente a la potestad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas de reparto, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones… (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
4. Por lo referido, se insiste, el tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad, raz\u00f3n por la cual se invalidar\u00e1 la actuaci\u00f3n surtida y se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la presente queja constitucional al Consejo de Estado, dado que el accionado es un Tribunal Superior. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n constitucional por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, a partir del auto admisorio de la demanda, inclusive, sin perjuicio de la validez y eficacia de las pruebas aportadas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR que por Secretar\u00eda se remita el expediente al Consejo de Estado, por ser el competente para resolverlo. <\/p>\n
TERCERO. COMUNICAR lo resuelto a la Corporaci\u00f3n que conoci\u00f3 en primera instancia, as\u00ed como a los interesados a trav\u00e9s de medio expedito y librar las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Integrado en el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015. <\/p>\n
<\/p>\n
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