ATC147-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC147-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 76001-22-10-000-2022-00156-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por J.E.A, en calidad de Juez de Paz de la C.XXX de Cali, contra el Juzgado Cuarto de Familia de Oralidad de la misma ciudad y la Defensor\u00eda del Pueblo1, si no fuera porque se observa que en la tramitaci\u00f3n surtida en la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor pretende la salvaguarda de su garant\u00eda fundamental a la informaci\u00f3n, aduciendo la condici\u00f3n de funcionario judicial de la jurisdicci\u00f3n de paz. <\/p>\n
1.1. En sustento de su queja narr\u00f3 que, el 31 de agosto de 2022, present\u00f3, ante el Juzgado Cuarto de Familia de Oralidad de Cali, una demanda de nulidad de custodia provisional respecto de la hija menor de edad de N.J.D.R. y, el 19 de septiembre y el 3 de octubre de 2022, pidi\u00f3 al Despacho informaci\u00f3n del radicado y del estado del proceso. De otro lado, el 28 de octubre de la misma anualidad, solicit\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo que asignaran un abogado para el referido tr\u00e1mite judicial, pues como Juez de Paz no pod\u00eda formular la demanda y el interesado no ten\u00eda recursos. <\/p>\n
1.2. El gestor reprocha que ni el Juzgado querellado ni la Defensor\u00eda del Pueblo contestaron sus requerimientos; en consecuencia, reclama que se ordene a las autoridades accionadas responder sus peticiones. <\/p>\n
2. La Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali neg\u00f3 el amparo, tras considerar que las peticiones fueron atendidas, determinaci\u00f3n que fue impugnada por el tutelante. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente caso, como se anticip\u00f3, se advierte una irregularidad consistente en que la competencia para conocer la tutela en primera instancia correspond\u00eda a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, pues el tutelante es Juez de Paz de la C. XXX de Cali, perteneciente a la Jurisdicci\u00f3n de Paz, seg\u00fan lo establecido en el literal d) del art\u00edculo 11 de la Ley 270 de 1996. Lo anterior, de acuerdo con lo reglado por el inciso 2\u00ba numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, a cuyo tenor: <\/p>\n
Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. En los dem\u00e1s casos de tutelas promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela ser\u00e1n conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado. (Se subraya). <\/p>\n
2. En consecuencia, lo actuado por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali est\u00e1 viciado de nulidad por falta de competencia, conforme lo estipulado en el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual resulta aplicable a los juicios de tutela por la remisi\u00f3n expresa del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 19922. Al respecto, ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (CSJ ATC1396-2016, reiterado en ATC2521-2016 y en CSJ ATC1178-2022). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en lo concerniente a la potestad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas de reparto, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones… (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
3. De acuerdo con lo discurrido, se invalidar\u00e1 toda la actuaci\u00f3n surtida en la acci\u00f3n de tutela de la referencia y se ordenar\u00e1 la remisi\u00f3n del asunto a la Secretar\u00eda de esta Sala, para que realice el reparto y radicaci\u00f3n del asunto en primera instancia, en raz\u00f3n a que el accionado es el Juzgado Cuarto de Familia de Oralidad de Cali. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR la nulidad de todo lo actuado por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali en el asunto de la referencia, a partir del auto admisorio de la demanda, inclusive, sin perjuicio de la validez y eficacia de las pruebas aportadas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO. Por Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil efect\u00faese la radicaci\u00f3n y reparto del asunto para tr\u00e1mite en primera instancia, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n
TERCERO. COMUNICAR lo resuelto a la Corporaci\u00f3n que conoci\u00f3 en primera instancia, as\u00ed como a los interesados a trav\u00e9s de medio expedito y librar las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Integrado en el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015. <\/p>\n
<\/p>\n
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