ATC153-2023<\/p>\n
<\/p>\n
ENRIQUE VIVEROS CASTELLANOS <\/p>\n
Conjuez Ponente <\/p>\n
ATC153-2023 <\/p>\n
Radicado No. 11001-02-04-000-2021-02501-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se deciden los impedimentos manifestados por los Magistrados y Magistradas: Luis Alonso Rico Puerta, Francisco Jos\u00e9 Ternera Barrios, Hilda Gonz\u00e1lez Neira, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Octavio Augusto Tejeiro Duque y Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez, para conocer de la apelaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de primera instancia proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, obrando como Juez colegiado constitucional en la acci\u00f3n de tutela promovida por el accionante Dick Laurence Puentes Acosta contra las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencias STC 12451-2021 y STC 14327-2021, respectivamente, que resolvieron negativamente una acci\u00f3n de tutela promovida contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 (Tolima), los Juzgado Primero Promiscuo municipal de Familia de EL Espinal (Tolima) y Promiscuo Municipal de El Guamo (Tolima), la defensor\u00eda de Familia del ICBF y la Procuradur\u00eda delegada de Familia, tr\u00e1mite que se hizo extensivo a las partes de un proceso ejecutivo por alimentos instaurada por Jinna Paola Aranda Garz\u00f3n en representaci\u00f3n de su menor hija, contra de Dick Laurence Puentes Acosta; tutela que pretende dejar sin efectos las sentencias antes citadas, toda vez que a juicio del accionante vulneran sus derechos fundamentales, concretamente al debido proceso por desconocimiento del precedente judicial en materia de las v\u00eda de hecho y por indebida valoraci\u00f3n probatoria en sede de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los hechos que dieron lugar a la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el accionante Dick Laurence Puentes Acosta, contra las sentencias CSJ- STC 12451-2021 y STC 14327-2021, proferidas por las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral, respectivamente, fueron narrados por las corporaciones accionadas en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
2. En el tr\u00e1mite del susodicho proceso ejecutivo, en aplicaci\u00f3n de la p\u00e9rdida de competencia establecida en el art\u00edculo 212 del C\u00f3digo General del Proceso, el conocimiento del asunto pas\u00f3 del Juzgado Promiscuo de Familia del Guamo al Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Espinal (Tolima), autoridad judicial que, tras diversas decisiones constitucionales, termin\u00f3 avocando conocimiento con radicaci\u00f3n n\u00b02018-00260. <\/p>\n
3. El 20 de mayo de 2021, la ejecutante desisti\u00f3 de las pretensiones, tras advertir que lo procedente, para satisfacer sus peticiones, era iniciar un incidente contra el pagador, solicitud que fue coadyuvada por el defensor de familia. <\/p>\n
4. En diligencia de la misma fecha, el despacho acept\u00f3 el desistimiento, al tiempo que no conden\u00f3 en costas a la parte actora y dispuso remitir los t\u00edtulos obrantes al Juzgado Promiscuo de Familia de El Guamo; determinaci\u00f3n que mantuvo al desatar el remedio horizontal presentado por el accionante, concediendo el recurso de apelaci\u00f3n formulado subsidiariamente. <\/p>\n
5. El 13 de julio de 2021, el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 inadmiti\u00f3 la alzada, al considerar que, en atenci\u00f3n al numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 21 del C\u00f3digo General del Proceso, el asunto era de \u00fanica instancia. <\/p>\n
6. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso Dick Laurence Puentes Acosta, de las decisiones referidas a espacio, pues, no se aplic\u00f3 debidamente las disposiciones contenidas en los c\u00e1nones 314 y 316 del CGP, en raz\u00f3n a que \u00abes deber del juez imponer la condena en costas y perjuicios, pues no se puede premiar la actitud caprichosa de una parte que mantuvo sometido a su contraparte mediante embargos a su sueldo afect\u00e1ndose su m\u00ednimo vital durante casi 5 a\u00f1os\u00bb; adem\u00e1s, \u00abla falladora para favorecer a la demandante le ordena entregar los t\u00edtulos, lo que equivale a decir que la decisi\u00f3n de desistimiento es un auto de seguir adelante ejecuci\u00f3n, pues solamente en firme el auto o la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u2026 es que el operador judicial podr\u00eda ordenar la entrega de t\u00edtulos judiciales a la ejecutante, situaci\u00f3n que no se predica en el sub judice pues el proceso termin\u00f3 por desistimiento de las pretensiones izado por la ejecutante en audiencia, sin consenso del ejecutado pues es la misma juez con el concurso del defensor de familia de EL Espinal quienes acordaron y dispusieron la entrega de t\u00edtulos judiciales a la demandante obrando contra legem \u00bb. <\/p>\n
7. De otro lado el accionante manifest\u00f3 que el Tribunal quebrant\u00f3 sus prerrogativas, pues con auto de 13 de julio de 2021 \u00abcoadyuva las v\u00edas de hecho del inferior\u00bb, toda vez que, al advertir tales irregularidades, debi\u00f3 emitir un pronunciamiento de fondo, sin embargo, \u00abmantiene latente la violaci\u00f3n al debido proceso previsto en el art\u00edculo 29 constitucional\u00bb. <\/p>\n
8. As\u00ed las cosas, la Sala Civil de Corte Suprema de Justicia, obrando como Juzgador Constitucional avoc\u00f3 el conocimiento de la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
9. Adelantadas las actuaciones procesales ordenadas por la Corporaci\u00f3n Constitucional, concluy\u00f3 que en el caso que concitaba la atenci\u00f3n de la Sala, encontraba la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal Superior criticado, en prove\u00eddo del 13 de julio de 2021, que inadmiti\u00f3 la alzada que formul\u00f3 el gestor contra la decisi\u00f3n del 20 de mayo anterior, expres\u00f3 los motivos por los cuales resultaba inviable estudiar la misma, respecto de lo cual consign\u00f3 que , \u00ab ya que por expresa disposici\u00f3n normativa el tema debatido es de \u00fanica instancia y por ende no puede ser analizado por esta Corporaci\u00f3n a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual debe inadmitirse la alzada y ordenarse su devoluci\u00f3n al Juzgador de origen para que contin\u00fae con el tr\u00e1mite procesal correspondiente\u201d. Finalmente concluy\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil, que respecto a la actuaci\u00f3n controvertida del Tribunal \u00abno luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional\u00bb. <\/p>\n
10. Asimismo, agreg\u00f3 la Corte, frente a la ausencia de condena en costas a la ejecutante, tras aceptar el desistimiento de las pretensiones, la solicitud de amparo tambi\u00e9n deviene improcedente, pues la decisi\u00f3n del fallador no la avizoraba arbitraria, al margen de que se comparta. En efecto, la juzgadora de El Espinal accionada refiri\u00f3 que no hab\u00eda lugar a dicha condena, habida cuenta de que el acceso a la administraci\u00f3n de justicia es gratuito; que si el proceso avanz\u00f3 fue porque el actor y su apoderado, ambos profesionales en derecho, no advirtieron las irregularidades del juicio; sumado a que acceder a dicha condena ir\u00eda en contra de las prerrogativas de la menor, pues finalmente dicha sanci\u00f3n ser\u00eda en contra de ella (minuto 35:05 y siguientes); de ah\u00ed que, no hab\u00eda lugar a proceder a dicha sanci\u00f3n. <\/p>\n
En este orden de ideas, enfatiz\u00f3 la Corte, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir, si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC 7135, 2 juni.2016rad. 2016-01050)\u00bb. <\/p>\n
11. \u00abPor otra parte, frente a la supuesta orden de entrega de los t\u00edtulos a favor de la ejecutante, advirti\u00f3 la Corte, \u201cque el amparo tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad habida cuenta de que se torna prematuro, en la medida que, lo dispuesto por la falladora encausada fue la remisi\u00f3n de tales t\u00edtulos al Juzgado Promiscuo de Familia de El Guamo, de donde claramente se extrae a\u00fan no se ha dispuesto sobre la entrega de los mismos, destacando, por dem\u00e1s, que el despacho receptor, tal como lo inform\u00f3 el accionante en el curso de la tutela, devolvi\u00f3 dichos t\u00edtulos al estrado de El Espinal por ser quien debe decidir sobre el destino de estos, por lo que, se itera, a\u00fan no se ha dispuesto sobre los mismos\u201d. (\u2026). \u201cLo anterior traduce que como no existe decisi\u00f3n sobre la disposici\u00f3n de dichos t\u00edtulos, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia. <\/p>\n
12. Frente a la no obligaci\u00f3n de disponer la pr\u00e1ctica de pruebas pedidas en sede de tutela, la Corte consider\u00f3 <\/p>\n
:\u201d \u2026el juez de tutela no est\u00e1 obligado, en principio, a ordenar las pruebas que se le piden, porque basta con que est\u00e9 seguro de las circunstancias que originaron la controversia y la forma de desatar el pleito, para que pueda resolver. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed lo explic\u00f3 la Sala cuando asegur\u00f3 que \u201cresulta claro el mandato del ordenamiento jur\u00eddico cuando se\u00f1ala que, en materia de amparo constitucional, \u2018El Juez., tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situaci\u00f3n litigiosa, podr\u00e1 proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas\u2019 (art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 1991) (sentencia de 8 de febrero de 2012, exp 00150-00) (CSJ STC, 12 mar. 2013, rad. 2013-00004-01; reiterada en CSJ STC- 5449-2016, rad. 2016-00122-01)\u00bb. <\/p>\n
13.\u201d Finalmente, frente a las supuestas irregularidades del proceso que, en sentir del quejoso, requieren ser investigados penal y disciplinariamente, dijo la Corte en la sentencia en cuesti\u00f3n que es menester precisar que si aqu\u00e9l considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular en el tr\u00e1mite que fustiga, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Lo anterior para Sala era suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
14. La anterior Sentencia objeto de la acci\u00f3n de tutela en comentario, fue aprobada en sesi\u00f3n virtual de 22 de septiembre de 2021, (Radicaci\u00f3n n\u00b011001-02-03-000-2021-02377-00), y aparece suscrita por los miembros de la Sala de Decisi\u00f3n que intervinieron, Magistrados y Magistradas : Francisco Ternera Barrios, Presidente de la Sala; Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Magistrado ponente; \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo; Hilda Gonz\u00e1lez Neira; Luis Alonso Rico Puerta y Octavio Augusto Tejeiro Duque. <\/p>\n
15. Notificada la decisi\u00f3n el accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n de la Sala Civil, con fecha 13 de Octubre de 2021, La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, obrando como juzgador de segunda instancia con ponencia del Magistrado Omar \u00c1ngel Mej\u00eda Amador profiri\u00f3 sentencia de segunda instancia, distinguida con el numero STL 14327, en la que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el se\u00f1or Dick Laurence Puentes Acosta, contra el fallo proferido el 22 de septiembre por la Sala Civil de la Corte, en la que luego de hacer un recuento pormenorizado de los antecedentes del caso, confirm\u00f3 la Sentencia de primera instancia proferida, una vez ponderadas las disquisiciones expuestas por el Juez colegiado a-quo, pr\u00e1cticamente por las mismas razones de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, las cuales someti\u00f3 a examen concienzudo, ordenando la notificaci\u00f3n de los interesados y la remisi\u00f3n del expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
16. No conforme con lo decidido por la Corte , Dick Laurence Puentes Acosta, interpuso acci\u00f3n de tutela contra las Salas de Casaci\u00f3n Laboral y Civil de la Corte Suprema de justicia, la Sala Civil Familia del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, el Juzgado promiscuo municipal del Guamo (Tolima), el juzgado primero promiscuo municipal de familia de El Espinal y el Juzgado, por la presunto vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas, dentro del amparo radicado con No 110010203000202102377 que resolvieron negativamente las citadas salas de casaci\u00f3n en primera y segunda instancia <\/p>\n
17. En prove\u00eddo de 12 de noviembre de 2021, la Sala de Casaci\u00f3n Civil dispuso remitir las diligencias a la secretaria General de esta Corte para que procediera a su reparto en Sala plena, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 44 del Reglamento General, adicionado por el art\u00edculo 44 del Reglamento General, como quiera que, estim\u00f3, el reclamo involucraba a dos de las Salas de Casaci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n -Civil y Laboral. <\/p>\n
18. Efectuado el reparto antes ordenado, el asunto le correspondi\u00f3 al Magistrado Omar \u00c1ngel Mej\u00eda Amador de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, quien, en auto de 22 de noviembre de 2021, lo remiti\u00f3 a la Sala de casaci\u00f3n Penal, al considerar que esa autoridad era la habilitada para conocer del asunto, comoquiera que las pretensiones de amparo estaban encaminadas a que dejen sin efectos las sentencias CSJ STC12451-2021 y CSJ STL 14327-2021, proferidas por las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral de esta Corporaci\u00f3n respectivamente. <\/p>\n
19 En prove\u00eddo de 29 de noviembre siguiente, el Magistrado Jos\u00e9 Francisco Acu\u00f1a Vizcaya de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, asumi\u00f3 el conocimiento del caso y orden\u00f3 impartirle el tr\u00e1mite correspondiente y con posterioridad en sentencia de 14 de diciembre de 2021, deneg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada por Dick Laurence Puentes Acosta frente a las autoridades accionadas. <\/p>\n
20. El accionante apel\u00f3 la anterior decisi\u00f3n y en auto de 22 de septiembre de 2022, se concedi\u00f3 el recurso y las diligencias se enviaron a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para lo de su cargo. La ponencia le correspondi\u00f3 al Magistrado Luis Alfonso Rico Puerta, quien con fundamento del numeral 6 del art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004, manifest\u00f3 su impedimento para conocer de la impugnaci\u00f3n rese\u00f1ada al haber suscrito la sentencia STC12451-2021 aprobada en sesi\u00f3n del 22 de septiembre de 2021, determinaci\u00f3n controvertida por el aqu\u00ed accionante <\/p>\n
15. Los Magistrados (as) : Francisco Ternera Barrios, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo ; Hilda Gonz\u00e1lez Neira; Luis Alonso Rico Puerta y Octavio Augusto Tejeiro Duque, en igual sentido se declararon impedidos por haber participado en la sesi\u00f3n de la Sala que aprob\u00f3 la decisi\u00f3n STC 12451 de 22 de septiembre de 2021, invocando el numeral 6 del art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004, aplicable en materia de tutelas en virtud de la remisi\u00f3n del art\u00edculo 39 del Decreto 2591 de 1991, que estable como causal de impedimento al funcionario que haya dictado la providencia de cuya revisi\u00f3n se trata, o hubiera participado dentro del proceso. <\/p>\n
18. No obstante, la Magistrada Martha Patricia Guzm\u00e1n, posteriormente, en prove\u00eddo de 17 de agosto de 2022, obrando ya como ponente de fallo de segunda instancia de la referida acci\u00f3n de tutela expreso textualmente: <\/p>\n
\u201c\u2026es el caso de manifestar el impedimento para conocer del referido amparo en raz\u00f3n a que la acci\u00f3n de tutela fue propuesta contra las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia por la gesti\u00f3n adelantada dentro de la tutela con radicado 110010203000202102377 toda vez que integra como Magistrada de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, autoridad directamente accionada y cuesti\u00f3n que le permite manifestar la causal de impedimento del numeral 1 del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y agrega \u201c que resultar\u00eda inviable adoptar, en calidad de ponente una determinaci\u00f3n argumentando la procedencia o improcedencia de una acci\u00f3n constitucional contra la misma corporaci\u00f3n de la cual hago parte, quedando en discusi\u00f3n, el principio de imparcialidad judicial\u201d. Agrega adem\u00e1s textualmente \u201cque se evidencia que, a la Sala de Casaci\u00f3n Civil, no le compete definir la impugnaci\u00f3n rese\u00f1ada, pues la tutela se propuso contra ella misma y definirla en tales t\u00e9rminos, afectar\u00eda adem\u00e1s la garant\u00eda del Juez Natural y los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, los cuales no pueden ser sacrificados so pretexto de la prematura y prevalencia de este particular tr\u00e1mite\u201d. En el mismo sentido la Magistrada insisti\u00f3 de nuevo sobre el impedimento que le asiste para conocer de la acci\u00f3n de tutela en comentario en auto de fecha 8 de noviembre de 2022, insistiendo que conforme lo manifest\u00f3 en el prove\u00eddo del 17 de agosto de 2022\u201d <\/p>\n
20. Una vez sorteado el Conjuez Ponente en sustituci\u00f3n de la Doctora Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez, se realiz\u00f3 el sorteo conforme al reglamento y la designaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Conjuez ponente Enrique Viveros Castellanos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Esta Sala de Conjueces de la Sala Civil de la Corte Suprema de justicia, procede a pronunciarse respecto a los impedimentos formulados por los citados magistrados (as) Francisco Ternera Barrios, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Hilda Gonz\u00e1lez Neira, Luis Alonso Rico Puerta, Octavio Augusto Tejeiro Duque y Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez, para conocer de la segunda instancia de la acci\u00f3n de tutela promovida por Dick Laurence Puentes Acosta contra las sentencias STC12451-2021 y STL 14327-2021, proferidas las Salas Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, para conocer de la segunda instancia de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Dick Laurence Puentes Acosta contra las sentencias STC12451-2021 y CSJ STL 14327-2021, proferidas por las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral de esta Corporaci\u00f3n, a los que aluden los antecedentes de este prove\u00eddo. <\/p>\n
En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de las altas Cortes ha resaltado la naturaleza constitucional del instituto de los impedimentos y las recusaciones, en raz\u00f3n a que el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica dispone que la administraci\u00f3n de justicia es funci\u00f3n p\u00fablica y que sus decisiones son independientes y, a su vez, el art\u00edculo 230 prev\u00e9 que en sus providencias los jueces s\u00f3lo est\u00e1n sometidos al imperio de la Derecho. <\/p>\n
En este sentido, para dar aplicaci\u00f3n material al principio de imparcialidad, el ordenamiento procesal ha instituido causales de orden objetivo y subjetivo, bajo cuyo gobierno el juez debe apartarse del conocimiento del asunto, garantizando de esta manera a las partes, terceros y dem\u00e1s intervinientes, transparencia en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
En el caso sub-iudice, sin duda alguna, deben aceptarse los impedimentos formulados por los Magistrados (as) : Francisco Ternera Barrios, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Hilda Gonz\u00e1lez Neira, Luis Alonso Rico Puerta y Octavio Augusto Tejeiro Duque, toda vez que participaron en la sesi\u00f3n de la sala que aprob\u00f3 la decisi\u00f3n STC 12451 de 22 de septiembre de 2021, con fundamento legal del numeral 6 del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, por remisi\u00f3n del art\u00edculo 39 del Decreto 2591 de 1991,que erige para el funcionario judicial como causal de impedimento \u201cque haya dictado la providencia de cuya revisi\u00f3n se trata\u201d, por tanto sin titubeos ni ambages as\u00ed se declarar\u00e1 en el ac\u00e1pite resolutivo de esta providencia, garantizando de esta manera la transparencia en la decisi\u00f3n apart\u00e1ndolos del conocimiento de la segunda instancia de la acci\u00f3n de tutela en curso. <\/p>\n
No obstante lo anterior, lo mismo no puede decirse respecto al impedimento formulado por la ilustre Magistrada Martha Patricia Guzm\u00e1n en providencia del 17 de agosto de 2022, en la que arguye que no se encuentra habilitada para conocer de estas diligencias toda vez que como Magistrada integra la Sala Civil de esta Corporaci\u00f3n, autoridad directamente accionada, situaci\u00f3n que le permite manifestar la causal de impedimento consagrada en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de procedimiento Penal, agregando \u201cque ser\u00eda inviable adoptar en calidad de ponente una determinaci\u00f3n contra la misma corporaci\u00f3n de la cual hace parte, quedando en discusi\u00f3n, incluso, el principio de imparcialidad judicial\u201d. <\/p>\n
La norma invocada es del siguiente tenor literal. \u201cSon causales de impedimento 1. Que el funcionario judicial, su c\u00f3nyuge o compa\u00f1era permanente o alg\u00fan pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga inter\u00e9s en la actuaci\u00f3n judicial\u201d. (Se resalta en negrilla). <\/p>\n
Al respecto, herm\u00e9ticamente hablando, la disposici\u00f3n legal se refiere al inter\u00e9s personal del funcionario o de sus parientes por consanguinidad, civil o afinidad, en el grado indicado, del cual pueda resultar un provecho directo o indirecto para el funcionario judicial que este conociendo y ese inter\u00e9s ser\u00eda, por ejemplo, que el funcionario obtuviera de su actuaci\u00f3n alguna ventaja de tipo patrimonial a partir de las resultas del proceso. Ahora si lo que se pretende es probar la existencia de un inter\u00e9s moral, debe acreditarse con absoluta claridad la afectaci\u00f3n del fuero interno del funcionario, o en otras palabras, la capacidad subjetiva del funcionario judicial para deliberar y fallar. Dichas causales tienen el car\u00e1cter de normas de orden p\u00fablico, son taxativas y por consiguiente no pueden deducirse por v\u00eda anal\u00f3gica o por interpretaci\u00f3n extensiva. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, a regl\u00f3n seguido se aceptar\u00e1n los impedimentos para conocer la tutela acci\u00f3n de tutela Esta Sala de Conjueces de la Sala Civil de la Corte Suprema de justicia, procede a pronunciarse respecto a los impedimentos formulados por los citados magistrados (as) Francisco Ternera Barrios, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Hilda Gonz\u00e1lez Neira, Luis Alonso Rico Puerta, Octavio Augusto Tejeiro Duque y Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez, para conocer de la segunda instancia de la acci\u00f3n de tutela promovida por Dick Laurence Puentes Acosta contra las sentencias STC12451-2021 y STL 14327-2021, proferidas las Salas Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, para conocer de la segunda instancia de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Dick Laurence Puentes Acosta contra las sentencias STC12451-2021 y CSJ STL 14327-2021, proferidas por las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral de esta Corporaci\u00f3n, a los que aluden los antecedentes de este prove\u00eddo. <\/p>\n
En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de las altas Cortes ha resaltado la naturaleza constitucional del instituto de los impedimentos y las recusaciones, en raz\u00f3n a que el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica dispone que la administraci\u00f3n de justicia es funci\u00f3n p\u00fablica y que sus decisiones son independientes y, a su vez, el art\u00edculo 230 prev\u00e9 que en sus providencias los jueces s\u00f3lo est\u00e1n sometidos al imperio de la Derecho. <\/p>\n
En este sentido, para dar aplicaci\u00f3n material al principio de imparcialidad, el ordenamiento procesal ha instituido causales de orden objetivo y subjetivo, bajo cuyo gobierno el juez debe apartarse del conocimiento del asunto, garantizando de esta manera a las partes, terceros y dem\u00e1s intervinientes, transparencia en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
En el caso sub-iudice, sin duda alguna, deben aceptarse los impedimentos formulados por los Magistrados (as) : Francisco Ternera Barrios, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Hilda Gonz\u00e1lez Neira, Luis Alonso Rico Puerta y Octavio Augusto Tejeiro Duque, toda vez que participaron en la sesi\u00f3n de la sala que aprob\u00f3 la decisi\u00f3n STC 12451 de 22 de septiembre de 2021, con fundamento legal del numeral 6 del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, por remisi\u00f3n del art\u00edculo 39 del Decreto 2591 de 1991,que erige para el funcionario judicial como causal de impedimento \u201cque haya dictado la providencia de cuya revisi\u00f3n se trata\u201d, por tanto sin titubeos ni ambages as\u00ed se declarar\u00e1 en el ac\u00e1pite resolutivo de esta providencia, garantizando de esta manera la transparencia en la decisi\u00f3n apart\u00e1ndolos del conocimiento de la segunda instancia de la acci\u00f3n de tutela en curso. <\/p>\n
No obstante lo anterior, lo mismo no puede decirse respecto al impedimento formulado por la ilustre Magistrada Martha Patricia Guzm\u00e1n en providencia del 17 de agosto de 2022, en la que arguye que no se encuentra habilitada para conocer de estas diligencias toda vez que como Magistrada integra la Sala Civil de esta Corporaci\u00f3n, autoridad directamente accionada, situaci\u00f3n que le permite manifestar la causal de impedimento consagrada en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de procedimiento Penal, agregando \u201cque ser\u00eda inviable adoptar en calidad de ponente una determinaci\u00f3n contra la misma corporaci\u00f3n de la cual hace parte, quedando en discusi\u00f3n, incluso, el principio de imparcialidad judicial\u201d. <\/p>\n
La norma invocada es del siguiente tenor literal. \u201cSon causales de impedimento 1. Que el funcionario judicial, su c\u00f3nyuge o compa\u00f1era permanente o alg\u00fan pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga inter\u00e9s en la actuaci\u00f3n judicial\u201d. (Se resalta en negrilla). <\/p>\n
Al respecto, herm\u00e9ticamente hablando, la disposici\u00f3n legal se refiere al inter\u00e9s personal del funcionario o de sus parientes por consanguinidad, civil o afinidad, en el grado indicado, del cual pueda resultar un provecho directo o indirecto para el funcionario judicial que este conociendo y ese inter\u00e9s ser\u00eda, por ejemplo, que el funcionario obtuviera de su actuaci\u00f3n alguna ventaja de tipo patrimonial a partir de las resultas del proceso. Ahora si lo que se pretende es probar la existencia de un inter\u00e9s moral, debe acreditarse con absoluta claridad la afectaci\u00f3n del fuero interno del funcionario, o, en otras palabras, la capacidad subjetiva del funcionario judicial para deliberar y fallar. Dichas causales tienen el car\u00e1cter de normas de orden p\u00fablico, son taxativas y por consiguiente no pueden deducirse por v\u00eda anal\u00f3gica o por interpretaci\u00f3n extensiva. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, a regl\u00f3n seguido se aceptar\u00e1n los impedimentos para conocer la tutela acci\u00f3n de tutela en menci\u00f3n a los antes mencionados magistrados (as) : Francisco Ternera Barrios, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Hilda Gonz\u00e1lez Neira, Luis Alonso Rico Puerta y Octavio Augusto Tejeiro Duque, y no se aceptar\u00e1 el impedimento de la Magistrada Martha Patricia Guzm\u00e1n Alvarez, en raz\u00f3n a que la Sala no avizora circunstancia alguna que pueda afectar su imparcialidad y objetividad en el caso sub-lite. <\/p>\n
en menci\u00f3n a los antes mencionados magistrados (as) : Francisco Ternera Barrios, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Hilda Gonz\u00e1lez Neira, Luis Alonso Rico Puerta y Octavio Augusto Tejeiro Duque, y no se aceptar\u00e1 el impedimento de la Magistrada Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez, en raz\u00f3n a que la Sala no avizora circunstancia alguna que pueda afectar su imparcialidad y objetividad en el caso sub-lite. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Conjueces de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: ACEPTAR los impedimentos manifestados por los Magistrados (as) Francisco Ternera Barrios, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Hilda Gonz\u00e1lez Neira, Luis Alonso Rico Puerta y Octavio Augusto Tejeiro Duque para conocer de la segunda instancia de la acci\u00f3n de tutela promovida por Dick Laurence Puentes Acosta contra las sentencias STC12451-2021 y STL 14327-2021, proferidas las Salas Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, por la razones expuestas en la parte motiva de esta providencia <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y cumplido lo anterior retorne la actuaci\u00f3n al Despacho la actuaci\u00f3n de la Magistrada Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez para continuar con el tr\u00e1mite pertinente <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
ENRIQUE VIVEROS CASTELLANOS <\/p>\n
Conjuez Ponente <\/p>\n
LUIS RAMON GARC\u00c9S DIAZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
HERNANDO HERRERA MERCADO <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
GABRIEL HERN\u00c1NDEZ VILLARREAL <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
<\/p>\n
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ATC153-2023 ENRIQUE VIVEROS CASTELLANOS Conjuez Ponente ATC153-2023 Radicado No. 11001-02-04-000-2021-02501-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Se deciden los impedimentos manifestados por los Magistrados y Magistradas: Luis Alonso Rico […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70531","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70531","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70531"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70531\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70531"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70531"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70531"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}