STC1000-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1000-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2022-00998-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 17 de enero de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por el Edificio Torres de Calabria, contra los Juzgados Tercero Civil del Circuito y Trece de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Catorce de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Barranquilla, Construse\u00f1ales SA, la Procuradur\u00eda Judicial Delegada Ante el Tribunal para Asuntos Civiles, y a las partes e intervinientes en el proceso de nulidad de radicado 2012-00926-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante por intermedio de apoderado invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, Contrase\u00f1ares SA, present\u00f3 demanda de nulidad contra el Edificio Torres de Calabria, en el que se admiti\u00f3 la demanda, se llev\u00f3 a cabo la audiencia de que trataba el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y se orden\u00f3 el decreto y pr\u00e1ctica de pruebas. Juicio del que actualmente conoce el Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Barranquilla. <\/p>\n
Inform\u00f3 que, el 17 de enero de 2020, su apoderado judicial present\u00f3 solicitud de desistimiento t\u00e1cito por haber transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde la \u00faltima actuaci\u00f3n, y el 5 de marzo siguiente, \u00abel apoderado del actor present\u00f3 impulso procesal\u00bb, sin que el despacho accionado hubiese realizado pronunciamiento, por lo que reiter\u00f3 la petici\u00f3n de desistimiento t\u00e1cito el 18 de mayo de 2021 y el 18 de mayo de 2022, sin recibir manifestaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, el 11 de julio de 2022 recurri\u00f3 la anterior decisi\u00f3n en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria, as\u00ed como solicitud de p\u00e9rdida de competencia de conformidad con el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, y el 28 de julio siguiente, pidi\u00f3 impulso procesal. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, mediante auto de 4 de agosto de 2022, el Juzgado de conocimiento mantuvo el auto atacado, concedi\u00f3 el de apelaci\u00f3n, y adem\u00e1s decret\u00f3 la p\u00e9rdida de la competencia remitiendo el expediente al Juzgado Catorce de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Barranquilla, providencia que demuestra la conducta del Juzgado y la desidia del demandante respecto del proceso, <\/p>\n
Explic\u00f3 que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad en providencia de 5 de septiembre de 2022, confirm\u00f3 la providencia recurrida sin tener en cuenta que el proceso estuvo inactivo por m\u00e1s de 5 a\u00f1os, y que las \u00fanicas solicitudes elevadas fueron las del Edifico Demandado. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 \u00abDeclarar la nulidad de los autos, adiado 08 de julio de 2.022 dictado por el JUZGADO TRECE PEQUE\u00d1AS CAUSAS Y COMPETENCIA M\u00daLTIPLE DE BARRANQUILLA y la Providencia de 05 de septiembre de 2.022 emanada del JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, del proceso de Radicado: 08001400301820120092600\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla, sostuvo que, la decisi\u00f3n de 5 de septiembre de 2022 la adopt\u00f3 acorde al estudio cr\u00edtico del expediente, a la valoraci\u00f3n de las pruebas obrantes y a las actuaciones adelantadas, atendiendo adem\u00e1s los lineamientos legales y constitucionales. <\/p>\n
2. El Juzgado Trece de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Barranquilla, manifest\u00f3 que las decisiones atacadas se encuentran suficientemente motivadas y no responden a una postura caprichosa. <\/p>\n
3. El Juzgado Catorce de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Barranquilla, expres\u00f3 que, en atenci\u00f3n a los hechos denunciados, no vulner\u00f3 derechos fundamentales. <\/p>\n
4. Construse\u00f1ales SA, en calidad de demandante en el proceso objeto de esta acci\u00f3n constitucional, refiri\u00f3 que no exist\u00edan cargas pendientes por las partes, sino en el director del proceso. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Barranquilla, neg\u00f3 el amparo, con fundamento en que al margen de que se comparta o no la decisi\u00f3n censurada al Juzgado del Circuito accionado, no puede calificarse de caprichosa o arbitraria, ni puede tenerse como una interpretaci\u00f3n desviada de la ley, que configure un defecto sustantivo o material, de modo que no existe motivo que justifique la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante, con fundamento en que la providencia atacada, desconoce el deber objetivo que deb\u00eda tener el demandante durante el tr\u00e1mite, puesto que transcurrieron m\u00e1s de dos a\u00f1os sin pedir cumplimiento o impulso del Juzgador a quo, quien coadyuv\u00f3 que transcurrieron m\u00e1s de cinco a\u00f1os para realizar un acto procesal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, haber agotado, ante el juez natural, los recursos ordinarios existentes en la ley, para remediar la situaci\u00f3n de que se trate, debido el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se imponer se\u00f1ala que este tr\u00e1mite constitucional fue promovido por un profesional del derecho, quien obrando en representaci\u00f3n del Edificio Torres de Calabria solicit\u00f3 \u00abDeclarar la nulidad de los autos\u00bb, proferidos el 8 de julio de 2022 por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Barranquilla, y el 5 de septiembre de 2022 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla, pretensi\u00f3n que no tiene vocaci\u00f3n de ser acogida, puesto que revisada la queja constitucional y los soportes incorporados, se advierte que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad raz\u00f3n por la que se impone confirmar la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
Lo anterior se afirma, porque, revisada la foliatura se advierte que la accionante no ha elevado solicitud en ese sentido ante el juez de conocimiento, cerrando el paso a la acci\u00f3n de tutela, que como es sabido es de car\u00e1cter residual y especial, como quiera que no ha sido instituida para reemplazar los recursos contemplados por el legislador para definir las protestas de quienes participan en un proceso, tema sobre el que la Sala ha se\u00f1alado, <\/p>\n
\u00abSi no se ha realizado la solicitud a la autoridad correspondiente, la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 llamada a prosperar, pues la acci\u00f3n de tutela no se instituy\u00f3 para inmiscuirse en las actuaciones a cargo de las otras autoridades, ni de los particulares, sino para impedir o desterrar las acciones u omisiones que causen quebranto en los derechos b\u00e1sicos, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial\u00bb (CSJ. STC 30 en. 2013, rad. 2012-00275-01, reiterada entre otras, en STC1119-2019, STC547-2022, STC605-2022 y, STC2287-2022, entre muchas). <\/p>\n
Esas circunstancias enmarcan este amparo en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades. <\/p>\n
3. Ahora, si se tuvieran en cuenta los antecedentes f\u00e1cticos relatados por el Edificio accionante, este tr\u00e1mite constitucional tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperar, puesto que, se compartan o no los argumentos desarrollados por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla en el auto de 5 de septiembre de 2022 por el que confirm\u00f3 la negativa de terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, estos resultan l\u00f3gicos, consistentes, claros y est\u00e1n exentos del capricho, para ameritar la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Seguidamente, tuvo en cuenta que, de conformidad con las reglas de transici\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso, correspond\u00eda fijar audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, \u00fanicamente para efectos de alegatos y sentencia, sostuvo que, \u00abAhora bien, el Juzgador de primera instancia de conformidad en lo dispuesto por el literal b numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 625 del CGP, que establece el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n en los procesos ordinarios \u201cSi ya se hubiese proferido el auto que decrete pruebas, estas se practicar\u00e1n conforme a la legislaci\u00f3n anterior. Concluida la etapa probatoria, se convocar\u00e1 a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento de que trata el presente C\u00f3digo, \u00fanicamente para efectos de alegatos y sentencia\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, destac\u00f3 que encontr\u00f3 \u00abajustada en derecho la decisi\u00f3n del A-quo, en la que dispuso negar la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, toda vez que la etapa subsiguiente correspond\u00eda al funcionario judicial y no a las partes, definir la instancia, previa aplicaci\u00f3n de la transitoriedad de la norma adjetiva y fijaci\u00f3n de fecha para la vista p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
4. El anterior recuento, impone acoger la decisi\u00f3n de primera instancia en lo relativo a que la determinaci\u00f3n cuestionada se encuentra motivada razonablemente conforme a las actuaciones obrantes en el expediente y contiene una respetable interpretaci\u00f3n del ordenamiento. <\/p>\n
Lo anterior porque, de conformidad con el expediente remitido mediante auto de 22 de julio de 2015, se decretaron las pruebas pedidas (01. Demanda. P\u00e1g. 84), etapa que se adelant\u00f3 hasta el 10 de mayo de 2017, oportunidad en la que se puso en traslado de las partes un dictamen pericial (01. Demanda. P\u00e1g. 105), \u00faltima actuaci\u00f3n del despacho que se observa, previo al otorgamiento de poder por parte de la demandada -14 de diciembre de 2017- (01. Demanda pdf., p\u00e1gina 106). <\/p>\n
Con posterioridad, esto es el 17 de enero de 2020, el Edificio demandado y aqu\u00ed accionante solicit\u00f3 al Juzgado Trece Civil del Circuito de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Barranquilla, la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito (02. solicitudDT), y el 5 de marzo siguiente, la parte demandante pidi\u00f3 impulso procesal (01. Demanda pdf. P\u00e1g. 109), sin que a esa fecha se hubiese proferido la actuaci\u00f3n judicial pendiente, estado en el que estuvo el proceso hasta el 3 de junio de 2022, momento en el que la demandada insisti\u00f3 en dicha terminaci\u00f3n (03. Impulso solicitud). <\/p>\n
A ra\u00edz de esta \u00faltima petici\u00f3n, se dej\u00f3 constancia secretarial relativa a que \u00abel expediente se encontraba en f\u00edsico en la sede del juzgado dentro de los procesos archivados sin tr\u00e1mite\u00bb, y secundariamente, en auto de 8 de julio de 2022 el Juzgado de conocimiento neg\u00f3 decretar el desistimiento t\u00e1cito, al concluir que no hab\u00eda \u00ababandono de la Litis por las partes, sino una carga en cabeza del Juzgado referente a la fijaci\u00f3n de fecha para la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, prevista en el art\u00edculo 372 del CGP, para efectos de alegatos y sentencia\u00bb. <\/p>\n
Cabe advertir, que era viable entender que la actividad pendiente en ese momento se encontraba en cabeza del juzgador, atendiendo que, de conformidad con el literal b) del numeral 1) del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso, en los procesos ordinarios, \u00abSi ya se hubiese proferido el auto que decrete pruebas, estas se practicar\u00e1n conforme a la legislaci\u00f3n anterior. Concluida la etapa probatoria, se convocar\u00e1 a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento de que trata el presente c\u00f3digo, \u00fanicamente para efectos de alegatos y sentencia. A partir del auto que convoca la audiencia, el proceso se tramitar\u00e1 con base en la nueva legislaci\u00f3n\u00bb (Destaca la Sala). <\/p>\n
5. No obstante, el aqu\u00ed accionante reproch\u00f3 que no se tuvo en cuenta que durante todo ese tiempo el demandante no solicit\u00f3 al despacho que profiriera la decisi\u00f3n correspondiente, argumento que no tiene vocaci\u00f3n de prosperar, puesto que no es materia de discusi\u00f3n que la inactividad deriv\u00f3 de una actuaci\u00f3n pediente del Juzgado de conocimiento y que ante tal situaci\u00f3n, resulta razonable negar la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, tal como la Sala ha ense\u00f1ado, <\/p>\n
(\u2026) Al respecto, en un asunto similar, la Sala sostuvo que no era procedente la acci\u00f3n de tutela, porque la decisi\u00f3n de no decretar el desistimiento t\u00e1cito se sustent\u00f3 en que la inactividad fue producto de una actuaci\u00f3n del juzado de conocimiento y de no de las partes, precisando que, <\/p>\n
\u00ab\u2026en rigor, lo que aqu\u00ed plantearon los inconformes es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado interpret\u00f3 la norma que regula el desistimiento t\u00e1cito y concluy\u00f3 que no se reun\u00edan los presupuestos all\u00ed consagrados para acceder a la terminaci\u00f3n que deprecaron los ejecutados, comoquiera que la par\u00e1lisis a la que se vio sometido el proceso no era imputable a la parte actora, sino al despacho judicial de conocimiento. <\/p>\n
Tales deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias\u2026\u00bb. (CSJ STC1646-2021, 24 feb. 2021, Rad. 2021-00297, reiterado en STC4720-2022)1. <\/p>\n
En ese orden, se impone recordar que, ante una interpretaci\u00f3n razonable, no hay lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, puesto que esta acci\u00f3n corresponde a un mecanismo excepcional y residual, en el que la divergencia de posturas no es motivo para que salga avante, atendiendo que no se trata de \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb. (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; exp. 2012-01828-01, STC825-2020, STC 10259 de 2021 y STC2621-2022, reiteradas en STC11814-2022). <\/p>\n
6. Por todo lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional de primera instancia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Determinaci\u00f3n confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en providencia STL4081-2021 del 7 de abril de 2021, en la cual se indic\u00f3 que, \u00abEn efecto, el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, en tanto que la decisi\u00f3n del juez colegiado, de confirmar la decisi\u00f3n del juez de primer grado, tuvo sustento en que al revisar las pruebas que comportan el proceso, junto con la normatividad aplicable al asunto, no era procedente dar aplicaci\u00f3n a la figura del desistimiento t\u00e1cito y por ende, a la terminaci\u00f3n del proceso, en tanto que las diligencias mismas dan cuenta que la inactividad que aduce la parte quejosa, no deviene de la parte ejecutante sino del despacho, en tanto que el proceso permaneci\u00f3 quieto a la espera de la decisi\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, situaci\u00f3n que no permite dar aplicaci\u00f3n a la figura solicitada, tal como lo prescribe el art\u00edculo 317 de estatuto procesal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
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STC1000-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC1000-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2022-00998-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70546","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70546","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70546"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70546\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70546"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70546"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70546"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}