STC1005-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1005-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-02757-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 16 de enero de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por el Consorcio Procolombia 2016, y las sociedades que la integran, G\u00e9nesis Ingenier\u00eda Civil & Forestal SAS, y Hacer de Colombia Ltda., contra el Tribunal de Arbitramento para el caso 134745, tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a los Juzgados Veinticuatro Civil del Circuito y Treinta y Siete Administrativo Secci\u00f3n Tercera, ambos de esta ciudad, Proyectar RJR SAS, Seguros del Estado SA y Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior SA \u2013 Fiducoldex, <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por intermedio de apoderado los solicitantes invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la defensa, debido proceso, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
Manifestaron que, las sociedades G\u00e9nesis Ingenier\u00eda Civil & Forestal SAS y Hacer de Colombia Ltda, que integran el Consorcio Procolombia 2016 y la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior SA \u2013 Fiducoldex, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Aut\u00f3nomo Procolombia suscribieron contrato de obra n\u00famero 004 el 1\u00ba de febrero de 2017, cuyo interventor es Proyectar RJR SAS. <\/p>\n
Agregaron que, Fiducoldex present\u00f3 demanda arbitral ante la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, en donde se constituy\u00f3 Tribunal de Arbitramento para resolver s\u00faplicas por incumplimiento de ese negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
Informaron que, el 23 de septiembre de 2022 el Consorcio Procolombia 2016 present\u00f3 ante el Tribunal de Arbitramento una solicitud de vinculaci\u00f3n en calidad de coadyuvante \u00abde la parte convocada\u00bb, justificando su inter\u00e9s en el eventual pronunciamiento que se profiera, que se neg\u00f3 en auto de 17 de noviembre de 2022 con sustento en que los consorcios no cuentan con habilitaci\u00f3n para ser parte procesal, y porque no se aportaron entre otros documentos, los que respaldaran la existencia y representaci\u00f3n legal. <\/p>\n
Aseveraron que, las sociedades Proyectar RJR SAS, y Seguros del Estado SA, presentaron recurso de reposici\u00f3n en audiencia, el cual coadyuvaron los accionantes, y aportaron la documentaci\u00f3n faltante. Sin embargo, se mantuvo esa denegatoria por falta de legitimaci\u00f3n de dichas sociedades, y porque la documental era extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Denunciaron que, esa decisi\u00f3n el Tribunal de Arbitramento accionado incurre en defecto procedimental absoluto, por exceso ritual manifiesto, adem\u00e1s que desconoce la jurisprudencia sobre legitimaci\u00f3n de los consorcios, exigi\u00f3 requisitos no contemplado en el art\u00edculo 71 del C\u00f3digo General del Proceso, y que el art\u00edculo 37 de la Ley 1563 de 2012, garantiza la intervenci\u00f3n de terceros en esos tr\u00e1mites. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 que se \u00abrevoque el Auto 26 del 17 de noviembre de 2022 y el Auto 28 del 1 de diciembre de 2022, expedidos dentro del tr\u00e1mite arbitral 134745 por ser vulneratorio del debido proceso\u00bb y se ordene, \u00abexpedir Auto que permita la vinculaci\u00f3n del CONSORCIO PROCOLOMBIA 2016 en calidad de coadyuvante de la parte convocada en el tr\u00e1mite arbitral 134745\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El \u00e1rbitro \u00fanico del Tribunal del Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones relacionadas con este tr\u00e1mite, y destac\u00f3 que, la solicitud de coadyuvancia la present\u00f3 el consorcio y no las sociedades accionantes, adem\u00e1s que, no se aportaron documentos que acreditaran la existencia y representaci\u00f3n del consorcio, tampoco de las sociedades que lo integran, y poder para actuar en el pacto arbitral. <\/p>\n
2. La titular del Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, manifest\u00f3 que conoce de la demanda verbal promovida por Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior SA. \u2013 Fiducoldex, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Aut\u00f3nomo Procolombia en contra de G\u00e9nesis Ingenier\u00eda Civil & Forestal SAS, Hacer de Colombia Ltda., y Allianz Seguros SA, la cual admiti\u00f3 mediante auto de 4 de febrero de 2022. <\/p>\n
3. Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A – Fiducoldex S.A., actuando como vocera y administradora del Patrimonio Aut\u00f3nomo PROCOLOMBIA, refiri\u00f3 que el accionado no incurri\u00f3 en defecto procedimental al proferir los Autos 26, 27 y 28, con los que, acertadamente, neg\u00f3 la solicitud de intervenci\u00f3n. <\/p>\n
4. Proyectar RJR SAS, refiri\u00f3 que se vulner\u00f3 el debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, puesto que proced\u00eda dicha vinculaci\u00f3n, en la medida que cualquier determinaci\u00f3n que se tome puede afectarlas directa o indirectamente. <\/p>\n
5. Seguros del Estado SA, coadyuv\u00f3 esta acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, declar\u00f3 improcedente el amparo, con fundamento en que no encontr\u00f3 satisfecha la legitimaci\u00f3n de la apoderada por falta de mandato suscrito por las sociedades integrantes del consorcio accionante, tampoco se dijo que estas estuvieran imposibilitadas para el ejercicio de sus derechos, y no puede colegirse que se hubiese solicitado amparo en nombre propio. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la apoderada accionante quien luego de controvertir lo resuelto en punto el requerimiento para que aportara poder en el tr\u00e1mite de la tutela asever\u00f3 allegar estos en esa oportunidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, haber agotado, ante el juez natural, los recursos ordinarios existentes en la ley, para remediar la situaci\u00f3n de que se trate, debido el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la abogada que promovi\u00f3 esta acci\u00f3n constitucional aport\u00f3 el poder que la acredita como apoderada judicial de las sociedades accionantes, abriendo paso al estudio de las peticiones elevados, consistentes en que se ordene, la vinculaci\u00f3n del Consorcio Procolombia 2016, en calidad de coadyuvante de la convocada. <\/p>\n
No obstante, tal pretensi\u00f3n que no tiene vocaci\u00f3n de ser acogida, puesto que, revisada la queja constitucional y los soportes incorporados a este tr\u00e1mite, se advierte que la decisi\u00f3n no es arbitraria, o caprichosa, raz\u00f3n por la que se impone confirmar la decisi\u00f3n impugnada. Veamos porque, <\/p>\n
2.1 En el proceso arbitral convocado ante el Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior SA \u2013 Fiducoldex-, como vocera y administradora del Patrimonio Aut\u00f3nomo ProColombia, para dirimir sus controversias con Proyectar RJR SAS y Seguros del Estado SA., de radicado 134745, se solicit\u00f3 la \u00abvinculaci\u00f3n del CONSORCIO PROCOLOMBIA 2016 en calidad de coadyuvante de la parte convocada\u00bb, petici\u00f3n que se neg\u00f3 en auto 26 proferido en audiencia de 17 de noviembre de 2022 (02. Demanda). <\/p>\n
En esa oportunidad, se sostuvo que los consorcios no reconocen capacidad para ser parte a los consorcios, porque el art\u00edculo 53 del C\u00f3digo General del Proceso, dispone que, \u00abtienen capacidad para ser parte en un proceso: 1. Las personas naturales y jur\u00eddicas; 2. Los patrimonios aut\u00f3nomos; 3. El concebido, para la defensa de sus derechos; y, 4. Los dem\u00e1s que determine la ley\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, se echaron de menos, i) los documentos que acreditaran la existencia y representaci\u00f3n legal del consorcio, y de las sociedades que lo integran, ii) poder para actuar y, iii) documentos que acreditaran la calidad de abogada de quien present\u00f3 la solicitud (02. Demanda). <\/p>\n
2.2 Contra esa determinaci\u00f3n las sociedades convocadas, recurrieron en reposici\u00f3n, y afirmaron que el Consorcio solicitante podr\u00eda resultar afectado directa o indirectamente con la decisi\u00f3n que se pudiera emitir (10.1345745), adem\u00e1s ese recurso fue coadyuvado por el mismo consorcio, y a trav\u00e9s de este aport\u00f3 i) certificados de existencia y representaci\u00f3n de las sociedades que integran dicho consorcio; ii) documento de existencia y representaci\u00f3n legal de este \u00faltimo; y iii) tarjeta profesional y c\u00e9dula de la abogada (12.134745 memorial consorcio procolombia coadyuvancia). <\/p>\n
2.3 En auto 28 proferido en audiencia de 1\u00ba de diciembre de 2022, se neg\u00f3 reponer la anterior decisi\u00f3n, y se sostuvo que las sociedades convocadas a ese juicio no fueron quienes formularon la solicitud de coadyuvancia y por tanto, no ten\u00edan legitimaci\u00f3n, adem\u00e1s no sustentaron por qu\u00e9 se deb\u00eda aceptar la coadyuvancia si no los documentos extra\u00f1ados (Fiducoldex vs Proyectar y Seguros del Estado). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la \u00abcoadyuvancia al recurso presentado por la parte convocada y Seguros del Estado\u00bb, advirti\u00f3 que los documentos anexados no pod\u00edan ser tenidos en cuenta, porque fueron incorporados despu\u00e9s de proferida la decisi\u00f3n que fue negada y el Estatuto Procesal no contempla la inadmisi\u00f3n, cuando quiera que se trate de solicitudes de coadyuvancia (Fiducoldex vs Proyectar y Seguros del Estado). <\/p>\n
3. Para la Corte los argumentos desarrollados por el Tribunal de Arbitramento accionado, al resolver la solicitud de coadyuvancia elevada por el consorcio resultan l\u00f3gicos, consistentes y claros, como para ameritar la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Para lo anterior, se tiene en cuenta que la postura relativa a que los consorcios no son personas jur\u00eddicas, y que no pueden demandar directamente tampoco ser demandados, a menos que se haga por intermedio de las personas que de manera independiente lo integran, no es arbitraria o caprichosa puesto que esa circunstancia traduce que carecen de capacidad para ser parte, tema sobre el cual, que la Sala ha explicado, <\/p>\n
(\u2026) Discurre el cargo en funci\u00f3n de la aptitud que tendr\u00edan los consorcios conformados con el prop\u00f3sito de ofertar y contratar con las entidades de derecho p\u00fablico, para constituirse en elementos subjetivos de una relaci\u00f3n procesal, y colmar el presupuesto de capacidad para ser parte, problem\u00e1tica que obliga a indagar por su naturaleza jur\u00eddica. <\/p>\n
(\u2026) el Tribunal incurri\u00f3 en el error jur\u00eddico por el cual se le emplaza, pues no obstante reconocer que los consorcios \u201cno son personas, sino entes que las agrupan, bien sea naturales o jur\u00eddicas, para la adjudicaci\u00f3n, celebraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de un contrato estatal, de acuerdo con lo estipulado en el art\u00edculo 7\u00ba de la ley 80 \/93\u201d, termin\u00f3 por aceptar que el consorcio Pedro G\u00f3mez Ing. & Co. Ltda. \u2013 Dicon Ltda., oficiare como parte en la contienda, pese a que esa aptitud corresponde, en los t\u00e9rminos del art. 44 \u2013 1 del C. de P.C. a \u201ctoda persona natural o jur\u00eddica\u201d, personalidad que no ostenta quien accion\u00f3, y sin la cual no est\u00e1 autorizada su gesti\u00f3n procesal, am\u00e9n de que, tampoco es dable predicar que goce de capacidad excepcional para ese fin, como antes se explic\u00f3. Como lo anot\u00f3 la Corte en pronunciamiento reciente, sabido es \u201cque los consorcios no son personas jur\u00eddicas, motivo por el cual no pueden demandar directamente ni ser demandados, a menos que se haga por intermedio de las personas que de manera independiente lo integran\u201d (auto del 7 de junio de 2006). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Como el error del sentenciador fue determinante de la decisi\u00f3n impugnada, pues debido a \u00e9l sentenci\u00f3 de fondo imponi\u00e9ndole al banco demandado la obligaci\u00f3n indemnizatoria suplicada por el consorcio demandante, en lugar de abstenerse de pronunciar sentencia de m\u00e9rito, por faltar el presupuesto procesal de capacidad para ser parte en quien funge como demandante, quebrantando de ese modo las normas sustanciales que relacionada el cargo, el ataque resulta pr\u00f3spero y conduce a la casaci\u00f3n del fallo (\u2026) (SC 13 sep. 2006, rad. n\u00ba 2002-00271-01, citada en STC6858-2016). <\/p>\n
Olvidaron las accionante que, ante una interpretaci\u00f3n razonable, no hay lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, dado que esta acci\u00f3n corresponde a un remedio excepcional y residual, en el que la divergencia de posturas no es motivo para que salga avante, atendiendo que no se trata de \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb. (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; exp. 2012-01828-01, STC825-2020, STC 10259 de 2021 y STC2621-2022, reiteradas en STC11814-2022). <\/p>\n
Cabe recordar que, con respecto al an\u00e1lisis de las providencias judiciales por v\u00eda de tutela, esta Corte ha establecido que el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para escoger cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juez natural, o de las partes o intervinientes, resultan m\u00e1s apropiados, y menos \u00abbajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ. STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01). <\/p>\n
5. Por las razones anteriores, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional de primera instancia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, Confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1005-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC1005-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-02757-01 Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 16 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70551","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70551","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70551"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70551\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70551"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70551"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70551"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}