STC1009-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1009-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00320-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Cl\u00ednica Imporcl\u00ednicas JG S.A.S. contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a los estrados querellados \u00abrevertir la providencia de fecha 07 de junio de 2022 y en consecuencia se ordene seguir con la ejecuci\u00f3n y se decrete las medidas cautelares\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.2. Luego, la ejecutada solicit\u00f3 dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 1966 de 2019, esto es, terminar el proceso y ordenar el levantamiento de las cautelas, por encontrarse inmersa en un programa de saneamiento fiscal y financiero adoptado por el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico. <\/p>\n
2.3. El 7 de septiembre de 2020 el estrado querellado accedi\u00f3 a las referidas pretensiones; determinaci\u00f3n que, en sede de alzada, el 7 de junio de 2022 confirm\u00f3 el Tribunal, al considerar que, al estar demostrada la categorizaci\u00f3n del riesgo, as\u00ed como la efectiva presentaci\u00f3n del plan de saneamiento fiscal, su viabilidad y admisi\u00f3n, la certificaci\u00f3n de que el plan est\u00e1 vigente y en ejecuci\u00f3n, la terminaci\u00f3n del proceso y el levantamiento de cautelas, es procedente conforme la Ley 1966 de 2019, pues la finalidad de dicho programa de saneamiento fiscal, es el pago de las deudas adquiridas por dicha entidad para la prestaci\u00f3n del servicio de salud a sus afiliados. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele la actora, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, ya que el ESE Hospital Materno Infantil de Soledad no est\u00e1 categorizado en alto riesgo, raz\u00f3n por la que no le es aplicable el plan de saneamiento fiscal de la Ley 1966 de 2019; adem\u00e1s, ese plan que suscribi\u00f3 con el Ministerio de Hacienda ha sido incumplido; sumado a que, los documentos aportados por la ejecutada \u00abno es soporte jur\u00eddico id\u00f3neo que realmente demuestre que la entidad demandada se encuentre en plan de saneamiento fiscal y financiero, teniendo en cuenta que los soportes anexados en ese entonces, carecen de credibilidad, por cuanto no existe un pronunciamiento de fondo del Ministerio de Hacienda que afirme tal aseveraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que el hospital ejecutado \u00abfue categorizado en riesgo medio a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 2164 de 2016, expedida por el ministerio de Salud y protecci\u00f3n social. En virtud de esta categorizaci\u00f3n y entendiendo lo dispuesto en el art\u00edculo 81 de la ley 438 de 2011, esta presento ante el Ministerio Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico un Programa de Saneamiento Fiscal y financiero PSFF. El cual fue viabilizado y comunicado al Gobernador del Departamento; sin embargo, el mismo culmino en la vigencia 2020, determin\u00e1ndose como resultado de la evaluaci\u00f3n su incumplimiento\u00bb. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que las sedes judiciales, previo a adoptar alguna determinaci\u00f3n, debieron decretar pruebas de oficio, con el fin de verificar la informaci\u00f3n respecto a la veracidad de dicho saneamiento fiscal, empero, no lo hicieron, pues para cuando se resolvi\u00f3 la alzada, el plan de saneamiento estaba incumplido. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que \u00abno tiene la culpa de los malos manejos econ\u00f3micos, financieros y pol\u00edticos que el mismo estado y sus funcionarios corruptos le han dado a las entidades p\u00fablicas\u00bb, para que posteriormente no le cancelen los servicios prestados; insistiendo que el Hospital Materno Infantil \u00abno se encuentra cobijado bajo el art\u00edculo 9 de la Ley 1966 de 2019, pues esta entidad no llen\u00f3 los requisitos que exi[ge] la norma y las mismas entidades del ministerio de hacienda y cr\u00e9dito p\u00fablico y por tanto la ESE fue excluida tal y como as\u00ed est\u00e1 probado en las respuestas emitidas por estas entidades\u00bb, por lo que con la decisi\u00f3n de 7 de junio de 2022 se le est\u00e1 causando un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda de amparo, orden\u00f3 enterar a la autoridad judicial accionada, a las partes y terceros intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que, la decisi\u00f3n criticada, esto es, la emitida por el Tribunal el 7 de junio de 2022, supera el lapso de los 6 meses permitidos por la jurisprudencia constitucional para acudir a este mecanismo supralegal; refiri\u00f3 que accedi\u00f3 a la terminaci\u00f3n del proceso en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 1966 de 2019, ya que el programa de saneamiento fiscal ten\u00eda vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, esto es, con posterioridad a dicha terminaci\u00f3n, la cual fue el 7 de septiembre anterior; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del prenotado requisito de inmediatez, atendiendo que la \u00faltima de la decisi\u00f3n cuestionada data del 7 de junio de 2022. <\/p>\n
Entonces, entre dicha data (7 de junio de 2022) y la de interposici\u00f3n de la demanda de amparo bajo an\u00e1lisis, 27 de enero de 2023, transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses, fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
(\u2026) \u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n
3. Se destaca que la anterior conclusi\u00f3n no sufre ninguna modificaci\u00f3n por el hecho de que la parte demandante hubiera formulado los recursos reposici\u00f3n y s\u00faplica respecto del prove\u00eddo que dict\u00f3 el Tribunal criticado, pues tal censura era \u00ababiertamente improcedente\u00bb, comoquiera que era evidente que el auto recurrido resolv\u00eda una apelaci\u00f3n, por lo cual no era susceptible de ning\u00fan remedio opugnativo, tal y como lo concluy\u00f3 el Tribunal cuando rechaz\u00f3 tales remedios. <\/p>\n
Sobre el particular, en un asunto con alguna simetr\u00eda al ac\u00e1 auscultado, de cara a la interposici\u00f3n de los remedios improcedentes a fin de justificar el presupuesto de inmediatez, esta Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
Se advierte el fracaso de este auxilio, por la desatenci\u00f3n del querellante en relaci\u00f3n con el presupuesto de inmediatez, pues entre la data del prove\u00eddo atacado, 8 de agosto de 2018, y la fecha de formulaci\u00f3n del resguardo, 17 de junio de 2019, trasegaron m\u00e1s de diez (10) meses, sin evidenciarse circunstancias que justifiquen la inactividad del supuesto afectado. <\/p>\n
El per\u00edodo trasegado entre tales cronolog\u00edas supera el plazo de seis (6) meses adoptados por esta Sala como razonable para reclamar la protecci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Cabe precisar que la interposici\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n no ten\u00eda la virtud de interrumpir el memorado lapso, toda vez que el citado mecanismo de defensa era abiertamente improcedente, pues las pretensiones econ\u00f3micas rechazadas por el ad quem ascend\u00edan a $612.000.000, distando por mucho del l\u00edmite m\u00ednimo del \u201cinter\u00e9s para recurrir estatuido por el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso (CSJ STC8697-2019). <\/p>\n
4. Lo anterior resulta suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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