STC1010-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1010-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2022-00461-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 19 de diciembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jair Enrique Iglesias Jim\u00e9nez, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Corporaci\u00f3n Social, Deportiva y Cultural de Pereira -Corpereira-, y citados los intervinientes en el proceso de insolvencia radicado 2013-00221. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por intermedio de apoderado el solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, y a la igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, el 24 de mayo de 2012, la Superintendencia de Sociedades acept\u00f3 la iniciaci\u00f3n de la promoci\u00f3n de acuerdo de restructuraci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n Social Deportiva y Cultural de Pereira, el cual fue aprobado el 13 de junio de 2013, y por incumplimiento de este se termin\u00f3 ese tr\u00e1mite, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, admiti\u00f3 el 8 de julio de 2014, la consecuente liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Asever\u00f3 que, entre el accionante y la Corporaci\u00f3n mencionada existi\u00f3 contrato de trabajo entre el 16 de diciembre de 2014 y el 22 de diciembre de 2016, por lo cual adelant\u00f3 proceso judicial que finaliz\u00f3 con sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, en el que se conden\u00f3 a la demandada a pagarle una suma de dinero por despido injusto, y pese a tratarse de un gasto de administraci\u00f3n y de pago inmediato, no procedi\u00f3 en ese sentido. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, por lo anterior, concurri\u00f3 al proceso de liquidaci\u00f3n judicial, y promovi\u00f3 proceso ejecutivo para el pago de la acreencia, y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira mediante auto de 18 de agosto de 2020, libr\u00f3 mandamiento de pago, el 24 de septiembre de 2021, dispuso seguir la ejecuci\u00f3n, y el 22 de enero siguiente, aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el 5 de octubre de 2022 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira realiz\u00f3 la adjudicaci\u00f3n de bienes, disponiendo una cantidad liquida de dinero para el pago de gastos de administraci\u00f3n con los que procedi\u00f3 a solventar cr\u00e9ditos laborales posacuerdo, sin que se haya incluido en este rubro su acreencia, decisi\u00f3n que desconoci\u00f3 el art\u00edculo 71 de la Ley 1116 de 2006, y la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, puesto que lo cobrado es un gasto de administraci\u00f3n y deb\u00eda ser graduado de esta manera. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 \u00abdejar sin efectos el auto proferido el 5 de octubre por Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira distinguido con el radicado 2013-00221, en lo que tiene que ver con el se\u00f1or Jair Enrique Iglesias\u00bb y, \u00abOrdenar al juzgado primero civil del Circuito de Pereira, proferir un nuevo auto en el que se le d\u00e9 trato de gasto de administraci\u00f3n a la acreencia reconocida en favor del se\u00f1or Jair Enrique Iglesias\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, refiri\u00f3 que conoce del tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n en referencia, en el que profiri\u00f3 providencia el 4 de octubre de 2022 de adjudicaci\u00f3n, de conformidad con lo establecido por el inciso final del art\u00edculo 57 de la Ley 1116 de 2006, e indic\u00f3 la forma de pago de los dineros consignados a \u00f3rdenes del Juzgado. <\/p>\n
2. \u00c1lvaro de Jes\u00fas L\u00f3pez Bedoya, Inversiones L\u00f3pez Lda., L\u00f3pez Bedoya y Asociados & CIA S. EN C, en calidad de acreedores, manifestaron que, los valores reclamados con ocasi\u00f3n de los fallos judiciales constituyen cr\u00e9ditos legalmente postergados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pereira, neg\u00f3 el amparo porque no encontr\u00f3 satisfecho el requisito de la inmediatez, atendiendo que desde el momento en que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n censurada, se super\u00f3 el t\u00e9rmino razonable para plantear acciones de esa naturaleza. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Reclam\u00f3 que la violaci\u00f3n flagrante por parte del despacho accionado se materializ\u00f3 en el auto de adjudicaci\u00f3n, atendiendo que no se trat\u00f3 su acreencia como gasto de administraci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, haber agotado, ante el juez natural, los recursos ordinarios existentes en la ley, para remediar la situaci\u00f3n de que se trate, debido el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Jair Enrique Iglesias Jim\u00e9nez solicit\u00f3 dejar sin efectos la providencia notificada en estado de 5 de octubre de 2022, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en el tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n en referencia, y se ordene tener en cuenta su acreencia como un gasto de administraci\u00f3n, pretensi\u00f3n que se acoge parcialmente puesto que, revisada la queja constitucional y los soportes incorporados, se advierte que la decisi\u00f3n censurada contiene una deficiente motivaci\u00f3n, raz\u00f3n por la que se impone revocar la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
2.1 No es materia de discusi\u00f3n que, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, mediante auto de 8 de julio de 2014 decret\u00f3 la apertura de la Liquidaci\u00f3n Judicial de los bienes y haberes de la Corporaci\u00f3n Social, Deportiva y Cultural de Pereira \u2013 Corpereira (01Cdno. 1 Tomo1 Parte 1). <\/p>\n
De igual modo, no se debate que, en ese tr\u00e1mite mediante auto de 18 de agosto de 2020, se libr\u00f3 mandamiento de pago en favor del accionante, y en contra de la referida corporaci\u00f3n, aportando como t\u00edtulo ejecutivo la sentencia de 15 de noviembre de 2017, proferida por el Juzgado Quinto Civil Laboral del Circuito de Pereira (04 LibraMandPago), y que, en providencia de 25 de agosto de 2021, se orden\u00f3 seguir la ejecuci\u00f3n (14Auto20210923). <\/p>\n
As\u00ed mismo, es tema pac\u00edfico que, como lo aleg\u00f3 el accionante en el escrito de tutela, \u00abEn el cuadro de adjudicaci\u00f3n, [su] cr\u00e9dito [\u2026] fue graduado por debajo de los de quinta categor\u00eda del acuerdo y se le denomin\u00f3 cr\u00e9dito postergado\u00bb (hecho 32 escrito de tutela), y que en el informe rendido por el Juzgado accionado sostuvo que, \u00abRespecto de la ubicaci\u00f3n de la acreencia para su respectivo pago, se tiene que de acuerdo con lo establecido por el art\u00edculo 69 en el tercer inciso del segundo par\u00e1grafo, ese tipo de obligaciones (fallo judicial) constituye un cr\u00e9dito legalmente postergado, connotaci\u00f3n que fue le atribuida, por lo tanto, la decisi\u00f3n del despacho no fue arbitraria ni antojadiza, todo lo contrario, se ajust\u00f3 a la normativa vigente\u00bb. <\/p>\n
No obstante, advierte la Sala que en la liquidaci\u00f3n en referencia, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira en el auto notificado en estado de 5 de octubre de 2022, por el que procedi\u00f3 a resolver sobre la adjudicaci\u00f3n de bienes, y entre otras determinaciones, dispuso pagar como gastos de administraci\u00f3n, los honorarios de liquidador, provisiones para conservaci\u00f3n del archivo y liquidaci\u00f3n de contratos laborales de personas del nivel administrativo, nada dijo sobre la acreencia del accionante. <\/p>\n
2.2 Inicialmente debe se\u00f1alarse que en este asunto se cumple el requisito de inmediatez porque desde la fecha de esa providencia al momento en que se radic\u00f3 esta acci\u00f3n constitucional, no se ha vencido el t\u00e9rmino razonable de 6 meses establecido por la jurisprudencia para el ejercicio de una acci\u00f3n de esta naturaleza. De igual manera, se satisface el requisito de subsidiariedad, atendiendo que el art\u00edculo 37 de la Ley 1116 de 2006, dispone que, contra el acto que decrete la adjudicaci\u00f3n de los bienes no proceder\u00e1 recurso alguno. <\/p>\n
2.3 Ahora bien, en la decisi\u00f3n reprochada no se advierte una explicaci\u00f3n que sustente razonadamente en derecho por qu\u00e9 el cr\u00e9dito de Jair Enrique Iglesias, no ten\u00eda preferencia para efectuar su pago, cuando se present\u00f3 en el juicio a cobrar coactivamente una obligaci\u00f3n causada con posterioridad (15-11-2017) a la fecha del inicio del tr\u00e1mite de insolvencia (8-07-2014), que de conformidad con el art\u00edculo 71 de la Ley 1116 de 2006, corresponde a gastos de administraci\u00f3n, y tienen preferencia sobre aquellas objeto del acuerdo de reorganizaci\u00f3n o del proceso de liquidaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, el mencionado precepto consagra que, \u00abLas obligaciones causadas con posterioridad a la fecha de inicio del proceso de insolvencia son gastos de administraci\u00f3n y tendr\u00e1n preferencia en su pago sobre aquellas objeto del acuerdo de reorganizaci\u00f3n o del proceso de liquidaci\u00f3n judicial, seg\u00fan sea el caso, y podr\u00e1 exigirse coactivamente su cobro, sin perjuicio de la prioridad que corresponde a mesadas pensionales y contribuciones parafiscales de origen laboral, causadas antes y despu\u00e9s del inicio del proceso de liquidaci\u00f3n judicial. Igualmente tendr\u00e1n preferencia en su pago, inclusive sobre los gastos de administraci\u00f3n, los cr\u00e9ditos por concepto de facilidades de pago a que hace referencia el par\u00e1grafo del art\u00edculo 10 y el par\u00e1grafo 2o del art\u00edculo 34 de esta ley\u00bb. <\/p>\n
No es posible entender razonadamente en la determinaci\u00f3n cuestionada los motivos que llevaron al juez de la liquidaci\u00f3n al momento de hacer la adjudicaci\u00f3n o pago a encajar la acreencia cobrada por el accionante en alguna de las clases de obligaciones que hacen parte de la masa a liquidar (concordataria, posconcordataria o legalmente postergada). <\/p>\n
Se echa de menos una explicaci\u00f3n en cuanto a por qu\u00e9 no hab\u00eda lugar a ordenar el pago preferente, o de manera precisa por qu\u00e9 no hacia parte de \u00ablas obligaciones posconcordatarias, que hacen referencia a los gastos de administraci\u00f3n y conservaci\u00f3n de los bienes del deudor y aquellos necesarios para el sostenimiento de la empresa mientras dura la liquidaci\u00f3n, obligaciones que seg\u00fan el art\u00edculo 71 ib. gozan de preferencia para su pago respecto de cualquier otro cr\u00e9dito cobrado\u00bb (negrita fuera de texto, CSJ. STL. 1 ag. 2009, rad. 2011-00047-01). <\/p>\n
Esa motivaci\u00f3n resultaba necesaria porque dentro de los gastos de administraci\u00f3n tambi\u00e9n se ha considerado que estos corresponden a obligaciones contractuales y legales que adquiera la entidad durante el desarrollo del proceso de reorganizaci\u00f3n o liquidaci\u00f3n, tema sobre el que la Sala ha explicado, <\/p>\n
(\u2026) Los gastos de administraci\u00f3n dicen relaci\u00f3n a todos aquellos cr\u00e9ditos que se causan como consecuencia del inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n o liquidaci\u00f3n judicial, seg\u00fan sea el caso, tales como la remuneraci\u00f3n del promotor o liquidador y de los auxiliares que se requieran. Tambi\u00e9n comprenden las expensas necesarias para el mantenimiento o funcionamiento de la empresa, las deudas contra\u00eddas por el representante del tr\u00e1mite de insolvencia en ejercicio de sus funciones y, todas aquellas obligaciones contractuales y legales que adquiera la entidad durante el desarrollo del proceso de reorganizaci\u00f3n o liquidaci\u00f3n\u00bb. A la par, se\u00f1al\u00f3 que \u00abDe ah\u00ed que no es necesario que los cr\u00e9ditos con preferencia tengan una naturaleza eminentemente administrativa, pues tambi\u00e9n son considerados como tales \u2013 aunque en sentido estricto no lo sean\u2013 las obligaciones de origen legal o extracontractual que se causan despu\u00e9s de la apertura del proceso de insolvencia, independientemente que sirvan o no a los fines del proceso concursal. La raz\u00f3n de tal privilegio radica en que estos \u00faltimos cr\u00e9ditos no tienen su origen en el pasivo que la empresa conform\u00f3 en virtud de su objeto social originario y que constituye el prop\u00f3sito de la reorganizaci\u00f3n o es materia de la liquidaci\u00f3n judicial, sino que nacen para llevar hasta su fin el proceso de insolvencia, o bien se producen por mandato legal despu\u00e9s de iniciada la liquidaci\u00f3n, lo que significa que no pueden equipararse a las deudas ordinarias que han de pagarse con el patrimonio anterior de la empresa y que constituye prenda com\u00fan de los acreedores (CSJ. STC 1 Oct. 2014, rad. 01430-01, reiterada en STC7239-2015). <\/p>\n
No escapa a la Sala, que a la luz del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 69 de la Ley 1116 de 2006, son cr\u00e9ditos legalmente postergados en el proceso de reorganizaci\u00f3n y de liquidaci\u00f3n judicial, las obligaciones con personas especialmente relacionadas con el deudor, y que de conformidad, con el inciso tercero del par\u00e1grafo segundo de esa disposici\u00f3n, entre estas se encuentran los \u00abAdministradores, revisores fiscales y apoderados judiciales por salarios u honorarios no contabilizados en su respectivo ejercicio, as\u00ed como indemnizaciones, sanciones y moratorias, provenientes de conciliaciones, fallos judiciales o actos similares\u00bb (Negrilla fuera de texto). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se advierte en la reprochada providencia un ejercicio argumentativo que permita razonablemente entender por qu\u00e9 la acreencia del accionante encaja en una u otra categor\u00eda de la delgada l\u00ednea que puede darse entre las obligaciones posconcordatarias con pago preferente contempladas en el art\u00edculo 71 de dicha ley, y las legalmente postergadas establecidas en el art\u00edculo 69 ibidem, ejercicio intelectivo que requer\u00eda de una adecuada explicaci\u00f3n, y de ser necesario recurrir a herramientas jur\u00eddicas para establecer la prevalencia de una regla sobre otra. <\/p>\n
En ese orden, a pesar de que el art\u00edculo 58 de la Ley 1116 de 2006, dispone que, \u00ablos bienes no enajenados por el liquidador, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo anterior, ser\u00e1n adjudicados a los acreedores mediante providencia motivada\u00bb (Destaca la Sala), el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, falt\u00f3 a ese deber puesto que no explic\u00f3 de manera razonada, por qu\u00e9 la acreencia del accionante causada con posterioridad al inicio del proceso de liquidaci\u00f3n, no ten\u00eda preferencia en su pago al momento de hacer la adjudicaci\u00f3n, de conformidad con el art\u00edculo 71 ibidem. <\/p>\n
3. Sobre la necesidad de sustentar adecuadamente las providencias judiciales, de vieja data la Corte Constitucional, al ejercer el respectivo control a la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia, y respecto del art\u00edculo 55, sostuvo, <\/p>\n
\u00abno cabe duda que la m\u00e1s trascendental de las atribuciones asignadas al juez y la que constituye la esencia misma del deber constitucional de administrar justicia, es la de resolver, con imparcialidad, en forma oportuna, efectiva y definitiva los asuntos que los sujetos procesales someten a su consideraci\u00f3n (Art. 228 C.P.). Para ello, es indispensable, como acertadamente se dice al inicio de la disposici\u00f3n que se revisa, que sean analizados todos los hechos y asuntos planteados dentro del debate judicial e, inclusive, que se expliquen en forma di\u00e1fana, juiciosa y debidamente sustentada, las razones que llevaron al juez para desechar o para aprobar los cargos que fundamenten el caso en concreto\u00bb (CC T-233\/07). <\/p>\n
Para esta Sala, el defecto referido se produce cuando la autoridad judicial accionada no analiza el asunto bajo su conocimiento o lo hace de manera parcial o sesgada, lo que lleva a que deba realizarse un nuevo abordaje y definici\u00f3n del caso, en tanto que, \u00abla motivaci\u00f3n de las decisiones constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual esta debe ser, para el asunto concreto, suficiente, es decir, \u201c\u2026la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n\u201d\u00bb (CSJ. STC 13 mar. 2013, rad. 00208-01, citada entre otras en STC1903-2021, 1\u00b0 mar. 2021, rad. 00210-00, STC5517-2022 y STC6008-2022). <\/p>\n
En ese mismo sentido, ha reiterado que \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC, 2 mar. 2008, rad. 00384-00), y que \u00abla imposici\u00f3n de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas los motivos que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso\u00bb (CSJ STC7221-2017, 24 may. 2017, rad. 00123-01, citada en STC12483-2021, 22 sep. 2021, rad. 00275-01 y STC5517-2022). <\/p>\n
4. Lo anterior es suficiente para revocar la sentencia impugnada para en su lugar conceder la acci\u00f3n de tutela, ordenando al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, dejar sin efecto el auto de 4 de octubre de 2022, proferido en el tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n radicado 2013-00221, solo respecto de Jair Enrique Iglesias, para que proceda a definir el tema propuesto por el solicitante, motivando la decisi\u00f3n en los t\u00e9rminos de la Ley 1116 de 2006 y teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, conforme a lo expuesto, para CONCEDER el amparo de derecho fundamental del debido proceso de Jair Enrique Iglesias Jim\u00e9nez. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin valor y efecto la providencia de 4 de octubre de 2022, solo respecto de Jair Enrique Iglesias. <\/p>\n
TERCERO. ORDENAR al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira que, cumplido lo anterior y, en un t\u00e9rmino no superior a diez (10) d\u00edas, adicione el auto de 4 de octubre de 2022, y proceda a definir el tema propuesto por el solicitante, motivando la decisi\u00f3n en los t\u00e9rminos de la Ley 1116 de 2006, y teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
CUARTO. Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1010-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC1010-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2022-00461-01 Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 19 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70556","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70556","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70556"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70556\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70556"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70556"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70556"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}