STC1011-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1011-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2022-00466-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 12 de enero de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Mar\u00eda R\u00edos Gonz\u00e1lez contra el Juzgado Tercero de Familia de Ibagu\u00e9, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por el despacho judicial accionado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al estrado querellado \u00abdejar sin efecto la sentencia de \u00fanica instancia, proferida el 14 de junio de 2022\u2026 dentro del proceso de levantamiento de afectaci\u00f3n a vivienda familiar, identificado con el radicado n\u00b0 73001-31-10-003-2020-00235-00\u2026\u00bb y, en consecuencia, \u00abprofiera una nueva decisi\u00f3n\u2026 de acuerdo con los par\u00e1metros se\u00f1alados en reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y en observancia del precedente judicial sobre la legitimaci\u00f3n extraordinaria para promover acciones judiciales en uso de la acci\u00f3n pauliana, simulaci\u00f3n y acci\u00f3n oblicua\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Diana Mar\u00eda R\u00edos Gonz\u00e1lez inco\u00f3 demanda de levantamiento de afectaci\u00f3n de vivienda familiar respecto del inmueble con folio inmobiliario n\u00b0 350-197404, acci\u00f3n que dirigi\u00f3 contra Jorge Erwin Lara Salinas y Sandra Juliet Castro Carvajal; esto, con el fin de poder solicitar el embargo del bien al interior de un proceso ejecutivo por c\u00e1nones de arrendamiento que promovi\u00f3 en contra de Lara Salinas; el conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero de Familia de Ibagu\u00e9, autoridad que, tras surtir el tr\u00e1mite de rigor, el 14 de junio de 2022 neg\u00f3 las pretensiones, al considerar que, conforme la causal 6\u00b0 del art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 258 de 1996, la promotora carece de legitimaci\u00f3n para promover la acci\u00f3n y, conforme la causal 7\u00b0 \u00eddem no se acredit\u00f3 el \u00e1nimo de defraudaci\u00f3n o el perjuicio alegado. <\/p>\n
2.2. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, contrario a lo indicado por el fallador encausado, s\u00ed se encuentra legitimada para invocar la acci\u00f3n, toda vez que, en un caso de ineficacia de contratos, en uso de la \u00abacci\u00f3n oblicua\u00bb un acreedor est\u00e1 facultado para ejercer la acci\u00f3n, asimismo, en un caso de simulaci\u00f3n de contratos, que para el caso, los demandados \u00abse han sustra\u00eddo de solicitar el levantamiento de la afectaci\u00f3n de vivienda familiar\u2026 bien sea de com\u00fan acuerdo o en sede judicial, [lo que] la habilita\u2026 en calidad de acreedora debidamente demostrada a invocar la causal 6 del art\u00edculo 4 de la Ley 258 de 1996, en atenci\u00f3n a que el v\u00ednculo conyugal se encuentra disuelto y de mantenerse la afectaci\u00f3n a vivienda familiar se estar\u00eda frustrando la posibilidad de satisfacer los cr\u00e9ditos a su favor\u00bb. <\/p>\n
2.3. Destac\u00f3 que conforme la causal 7\u00aa del art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 258 de 1996, en calidad de tercero est\u00e1 siendo defraudada, toda vez que, \u00abla conservaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar a pesar de la existencia de causales para cancelaci\u00f3n si defrauda y lesiona los intereses del acreedor, quien ha visto truncado la posibilidad de acudir a hacer efectivo el pago de sus acreencias ante dicha limitaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.4. Refiri\u00f3 que el Juez accionado \u00abtuvo por ciertas las manifestaciones realizadas por el apoderado de la parte demandada en lo relativo a que en el proceso ejecutivo 2019-263 versan embargos que podr\u00edan cubrir la obligaci\u00f3n, afirmaciones que carecen de todo sustento probatorio dentro del expediente de levantamiento a afectaci\u00f3n a vivienda familiar y que se alejan de toda realidad f\u00e1ctica y jur\u00eddica, en atenci\u00f3n que en el proceso ejecutivo se han intentado materializar medidas de embargo, sin que las mismas hasta la fecha hayan logrado cumplir o cubrir la acreencia adeudada, a pesar de que el proceso est\u00e1 vigente desde agosto de 2019 y a la fecha solo se ha cancelado valor cercano a los $66.000.000 y la deuda supera los $700.000.000\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que mantener la afectaci\u00f3n a vivienda familiar, impide que en calidad de acreedora logre satisfacer su cr\u00e9dito, es decir, \u00abuna posible defraudaci\u00f3n a terceros\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Jorge Erwin Lara Salinas inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, pues est\u00e1 ajustada a recaudo probatorio; anot\u00f3 que no puede hablarse de simulaci\u00f3n, acci\u00f3n pauliana o cual otro tipo de acci\u00f3n, cuando resulta obvio que la afectaci\u00f3n a la vivienda se dio 10 a\u00f1os antes de que \u00e9l adquiriera obligaciones con la actora, adem\u00e1s su exesposa no tiene ning\u00fan tipo de obligaci\u00f3n con ella; que en el juicio ejecutivo existen varios embargos a otros inmuebles de su propiedad, salarios y\/o honorarios, as\u00ed como a las acciones de la empresa Servicio Cardiocr\u00edtico del Tolima S.A.S.; que la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 dise\u00f1ada para atacar decisiones adoptadas legalmente por funcionarios judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Sandra Juliet Carvajal Castro pidi\u00f3 negar la salvaguarda, comoquiera que, el estrado querellado no ha vulnerado las garant\u00edas invocadas; indic\u00f3 que ella no ha adquirido ninguna obligaci\u00f3n con la accionante, empero, ha sido afectada por la acciones judiciales que ha incoado en contra; que no existe \u00e1nimo de defraudaci\u00f3n con la afectaci\u00f3n de vivienda familiar, pues la misma se constituy\u00f3 en el a\u00f1o 2011 y la obligaci\u00f3n que su exesposo contrajo fue en el a\u00f1o 2017, es decir, con posterioridad; que en dicho inmueble reside ella junto con su hija, es decir, que pese a la separaci\u00f3n con su esposo, el mismo conserva la calidad de vivienda familiar. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Tercero de Familia de Ibagu\u00e9 inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, de un lado, porque la decisi\u00f3n data de junio de 2022 y, por otra parte, porque la actora cuenta con otras v\u00edas judiciales para hacer valer su cr\u00e9dito; manifest\u00f3 que su decisi\u00f3n est\u00e1 ajustada a las probanzas allegadas el proceso, pues no avizor\u00f3 los defectos denunciados por la accionante; que si bien la Ley 258 de 1996 consagra unas causales para proceder al levantamiento de la afectaci\u00f3n de vivienda familiar, entre ellas, cuando se disuelva la sociedad conyugal, ello no significa que la acci\u00f3n debe prosperar, m\u00e1xime cuando lo primordial es la protecci\u00f3n a la familia, que para el caso concreto, se demostr\u00f3 que Sandra Juliet Carvajal, adem\u00e1s que no tiene injerencia en el juicio ejecutivo, reside en el inmueble objeto de afectaci\u00f3n junto con sus hijas; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo deneg\u00f3 la salvaguarda al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, pues, conforme a las causales alegadas por la promotora, estas son, las 6\u00aa y 7\u00aa del art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 258 de 1996, no se encontraron acreditadas, toda vez que, conforme la primera se\u00f1alada, tal facultad radica en cabeza de los c\u00f3nyuges y, sobre la 7\u00aa no se acredit\u00f3 el \u00e1nimo de defraudaci\u00f3n a la actora, con dicha afectaci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte accionante reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que s\u00ed est\u00e1 legitimada y, adem\u00e1s, si bien \u00abla afectaci\u00f3n a vivienda familiar fue constituida muchos a\u00f1os antes de la existencia del t\u00edtulo que da la calidad de acreedora\u2026, lo cierto es que dicha defraudaci\u00f3n se demuestra, en el entendido de que no tiene sustento legal la continuidad de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar, toda vez que se cumplen los requisitos necesarios para ser cancelada y por la presunta desidia y falta de convivencia de los ex c\u00f3nyuges no se ha levantado, teniendo como clara justificaci\u00f3n que de hacerse el inmueble ser\u00eda embargable\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Descendiendo al caso sub examine esta Sala concluye que la solicitud de resguardo se torna improcedente, comoquiera que, con sentencia de 14 de junio de 2022, que neg\u00f3 las pretensiones de levantamiento de la afectaci\u00f3n a la vivienda familiar que recae sobre el predio con folio inmobiliario n\u00b0 350-197404, el Juzgado tras citar las causales invocadas, estas son, la 6\u00aa y 7\u00aa del art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 258 de 1996, con apoyo en la jurisprudencia del Alto Tribunal Constitucional, analiz\u00f3 las probanzas allegadas el plenario, precisando respecto de la primera causal citada, que: <\/p>\n
Con las pruebas incorporadas al proceso, en principio se estructura la causal prevista en el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 4\u00b0 de la ley 258 de 1996 para proceder al levantamiento de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar constituida por los se\u00f1ores Jorge Luis Lara Salinas y Sandra Juliet Carvajal Castro, esto, en cuanto se declara disuelta la sociedad conyugal; sin embargo, para invocar est\u00e1 causal no se encuentra legitimada la actora, pues la \u00fanica causal que la leg\u00edtima para actuar en esta clase de proceso, es la contenida en el numeral 7\u00b0 art\u00edculo 4\u00b0 de la ley 258 de 1996, es decir, a petici\u00f3n de un tercero perjudicado con afectaci\u00f3n, por lo tanto no pr\u00f3spera la pretensi\u00f3n solicitada frente a la causal 6\u00aa \u2026 (Minuto 3:09:21 y siguientes). <\/p>\n
Precisado lo anterior, analiz\u00f3 la configuraci\u00f3n de la causal 7\u00b0 del art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 258 de 1996, consignando que: <\/p>\n
En cuanto a esta causal 7\u00aa del art\u00edculo 4\u00b0 de la ley 258 de 1996, es decir procedencia levantamiento de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar a petici\u00f3n de un tercero perjudicado defraudado con la afectaci\u00f3n, no encuentra el despacho el perjuicio o la defraudaci\u00f3n por parte de los demandados a la demandante, toda vez que la afectaci\u00f3n del bien se efectu\u00f3 mediante escritura p\u00fablica n\u00b0 688 de 7 de mayo 2011, cuyo registro en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria correspondiente se realiz\u00f3 el 2 de junio de 2011, mientras que el contrato arrendamiento del cual surge la obligaci\u00f3n del demandado Jorge Erwin Lara Salinas se suscribi\u00f3 el 1\u00b0 de mayo de 2017, luego, no se vislumbra que con dicha afectaci\u00f3n se haya ocasionado un perjuicio o una defraudaci\u00f3n, pues como se observa el gravamen a la vivienda familiar fue aproximadamente 6 a\u00f1os antes a la obligaci\u00f3n contractual contra\u00edda o surgida con la se\u00f1ora R\u00edos y el se\u00f1or Lara, lo que hace deducir que la aqu\u00ed demandante ten\u00eda conocimiento del gravamen del bien propiedad del se\u00f1or Jorge Erwin Lara Salinas\u2026 <\/p>\n
Luego, respecto a la procedencia de la afectaci\u00f3n, para el caso concreto, dijo que: <\/p>\n
\u2026adem\u00e1s, es de tener en cuenta que pese a que se configura la causal 6\u00aa del art\u00edculo 4\u00b0 de la ley 258 de 1996 y como se indic\u00f3, es a los demandados a quienes les corresponde solicitar dicha cancelaci\u00f3n, bien sea por proceso separado o dentro del tr\u00e1mite del proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal como lo expone el art\u00edculo 10 de la citada ley, pues a diferencia de lo sostenido por la actora, la se\u00f1ora Sandra Juliet y su hija Ana Sof\u00eda residen el dicho inmueble, por lo que sigue estando al uso de la familia, as\u00ed no habite en dicha vivienda el tambi\u00e9n demandado Jorge Edwin Lara; aunado a lo anterior, no es posible levantar dicha afectaci\u00f3n perjudicando a la se\u00f1ora Sandra Juliet cuando ella no es parte del negocio o relaci\u00f3n contractual suscrita por el se\u00f1or Lara Salinas con la demandante, vi\u00e9ndose en este caso primero proceder a la liquidaci\u00f3n de los bienes objeto de la sociedad conyugal y as\u00ed la demandante ejercitar las acciones que crea pertinente para perseguir los bienes que le sean adjudicados al demandado Jorge Erwin <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la quejosa, es una diferencia de criterio acerca de la forma en la cual el Juzgado acusado analiz\u00f3 la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso concreto, concluyendo que, conforme a la causal 6\u00aa del art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 258 de 1996 la promotora carece de legitimaci\u00f3n para incoar la misma, pues si bien existe disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, tal facultad radica en ambos c\u00f3nyuges o a solicitud de uno de ellos; ahora, respecto de la causal 7\u00aa de la citada norma, no se acredit\u00f3 que la afectaci\u00f3n a vivienda de la que se reclama su levantamiento, haya surgido con \u00e1nimo de defraudaci\u00f3n o perjuicio, pues lo demostrado fue que tal afectaci\u00f3n se realiz\u00f3 en el a\u00f1o 2011, empero, el negocio contractual que refiere la gestora por el que debe perseguir el inmueble, se origin\u00f3 en mayo de 2017, es decir, casi 6 a\u00f1os despu\u00e9s, de donde ella conoc\u00eda la anotaci\u00f3n en el folio inmobiliario de la misma; asimismo, destac\u00f3 que, dicha afectaci\u00f3n tiene como finalidad proteger la familia, que para el caso, se prob\u00f3 que all\u00ed reside Sandra Juliet junto con sus hijas, por lo que tampoco podr\u00eda ser procedente; relievando la Sala, por dem\u00e1s, que tampoco es procedente los precedentes jurisprudenciales citados por la promotora en cuanto a la \u00ablegitimaci\u00f3n extraordinaria\u00bb, pues tales citas corresponden a asuntos de simulaci\u00f3n o inexistencia de contratos, siendo situaciones f\u00e1cticas y normativas diferentes a las ahora estudiadas. <\/p>\n
En ese orden, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135-2016, 2 jun., rad. 2016-01050). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Lo considerado impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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