STC1015-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1015-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02273-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo proferido el 16 de noviembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Diego Fernando Pel\u00e1ez Gonz\u00e1lez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro \u2013 Valle, la Secretar\u00eda de la Corporaci\u00f3n accionada, a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, petici\u00f3n, vida y salud, que dice vulnerados por las autoridades encartadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene al Tribunal \u00abtomar de forma pronta, la decisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n presentado y sustentado desde julio 2021 contra la sentencia penal de primera instancia\u2026 del 8 de junio de 2021 proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro \u2013 Valle en el cual [lo] conden\u00f3\u2026 a la pena principal de 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, pidi\u00f3 se ordene al INPEC i). informar el dictamen m\u00e9dico \u00abque determina obligar a tomar medicamentos al interno, que tipo de medicamentos son, cual es la patolog\u00eda, quien es el m\u00e9dico tratante, as\u00ed como expedir la respectiva historia cl\u00ednica actualizada\u00bb; ii). autorizar su traslado a su residencia, para que tenga una adecuada atenci\u00f3n y cuidados, tras su patolog\u00eda m\u00e9dica; iii). informar \u00abel r\u00e9gimen de medicamentos que le est\u00e1n obligando a tomar\u2026 as\u00ed mismo aportar copia de la historia cl\u00ednica donde se manifieste la orden del m\u00e9dico de la c\u00e1rcel para que tome dicho medicamentos\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Diego Fernando Pel\u00e1ez Gonz\u00e1lez se adelant\u00f3 proceso penal por el delito de \u00abviolencia intrafamiliar\u00bb; surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 8 de junio de 2021 el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro – Valle lo conden\u00f3 a 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n al encontrarlo responsable del punible endilgado; determinaci\u00f3n que recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n; sin embargo, pese a las diferentes solicitudes, a la fecha no existe pronunciamiento de fondo. <\/p>\n
2.2. Anot\u00f3 que est\u00e1 privado de la libertad desde el 19 de noviembre de 2020; que es padre de un menor de edad, no tiene antecedentes penales y adem\u00e1s tiene padecimientos m\u00e9dicos que requieren atenci\u00f3n m\u00e9dica especial; raz\u00f3n por la que pidi\u00f3 prisi\u00f3n domiciliaria, sin embargo, \u00abque[d\u00f3] a la espera de la decisi\u00f3n de segunda instancia en apelaci\u00f3n del mes de julio de 2021\u00bb. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 que en el establecimiento carcelario \u00ablo est\u00e1n obligando a tomarse unos medicamentos que \u00e9l no sabe para que son\u00bb; adem\u00e1s que, no le han entregado la f\u00f3rmula m\u00e9dica y el dictamen del m\u00e9dico que los prescribi\u00f3; tampoco conoce su historia cl\u00ednica. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que con anterioridad su mandatario present\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, la que se rechaz\u00f3 por falta de poder especial. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Instituto Nacional Penitencio y Carcelario -INPEC- manifest\u00f3 que no existe prueba alguna que demuestre que en cumplimiento de sus labores de vigilancia y custodia, le haya negado al accionante el libre acceso a las \u00e1reas de sanidad en el centro penitenciario donde este habita, tampoco existe evidencia que permita colegir una conducta negativa; que en cuanto al tr\u00e1mite del traslado a domicilio, los competentes son el juzgado que vigila la pena y el Centro Penitenciario y Carcelario COJAM \u2013 JAMUND\u00cd; pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro \u2013 Valle remiti\u00f3 link para consulta del expediente fustigado; refiri\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva para atender las pretensiones constitucionales. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Fiduciaria Central S.A. sostuvo que no es el llamado a responder las pretensiones supralegales, pues el encargo de dar cumplimiento a una eventual orden de tutela es el Patrimonio Aut\u00f3nomo Fideicomiso Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad; que no son encargados de las historias cl\u00ednicas de los reclusos; que al consultar el aplicativo Millenium, se evidencia que el accionante cuenta con autorizaciones para el servicio de consulta integral de control o de seguimiento por equipo interdisciplinario, dirigidas al operador extramural Vivir IPS Ltda., donde se le presta tratamiento y dispensa los medicamentos al padecimiento de salud del gestor, conforme los criterios m\u00e9dicos definidos por el equipo interdisciplinario, sin embargo, U.T. Eron Salud Uni\u00f3n Temporal ejerce la distribuci\u00f3n y materializaci\u00f3n de entrega de medicamentos a la poblaci\u00f3n privada de la libertad. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Sala Penal del Tribunal Superior de Buga inform\u00f3 que el 8 de julio de 2021 recepci\u00f3n el proceso penal seguido en contra del promotor, con el fin de desatar al alzada formulada contra el fallo condenatorio, asign\u00e1ndosele el respectivo turno para emitir decisi\u00f3n; que si bien no ha proferido sentencia, ello obedece a la alta carga laboral que tiene el despacho, pues a la fecha cuenta con 59 procesos penales ordinarios para resolver, adem\u00e1s, debe atender la fecha de prescripci\u00f3n de los delitos; que seg\u00fan las actas de control interno, durante el a\u00f1o 2021 resolvi\u00f3 483 asuntos, entre ellos 211 providencias constitucionales, sin dejar de lado los asuntos administrativos que tuvo que atender; no obstante lo anterior, ante la situaci\u00f3n, le est\u00e1 impartiendo prioridad al proceso, por lo que se est\u00e1 elaborando el proyecto con el fin de ser radicados ante los integrantes de las Sala. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que la tardanza endilgada al Tribunal es justificada, esto, atendiendo la alta carga laboral, sumado a la mermada capacidad log\u00edstica y humana de ese colegiado, relievando que, se encuentra en la elaboraci\u00f3n del proyecto para ser sometido a discusi\u00f3n. <\/p>\n
En cuanto a los servicios de salud, destac\u00f3 que no se evidencia vulneraci\u00f3n, comoquiera que, conforme las probanzas allegadas al plenario, el actor tiene autorizaciones para consulta integral o seguimiento de equipo interdisciplinario, para tratar su diagn\u00f3stico m\u00e9dico, asimismo, Vivir IPS Ltda. le suministra los medicamentos que requiere. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, en cuanto a que se le informe los nombres de los medicamentos que le suministran, el dictamen m\u00e9dico tratante que los orden\u00f3 y la historia cl\u00ednica, Diego Fernando no acredit\u00f3 haber presentado alguna solicitud en tal sentido, ante el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamund\u00ed, la U.T. Eron Uni\u00f3n Temporal y Vivir IPS Ltda. <\/p>\n
Finalmente, respecto a que se le ordene al Inpec estudiar su posibilidad de trasladarlo a su lugar de residencia, la solicitud de amparo incumple el presupuesto de subsidiariedad, pues es al Juez de primera instancia a quien le compete pronunciarse sobre ese pedimento, empero, no se acredit\u00f3 que el actor haya acudido a esa autoridad, con tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora, reparando, exclusivamente, en punto a la mora judicial endilgada al Tribunal, pues, en su sentir, la misma no es justificada en la medida en que est\u00e1 para resolver desde el 8 de julio de 2021; manifest\u00f3 que \u00abimpugna porque a pesar de que se encuentra en la elaboraci\u00f3n del proyecto de decisi\u00f3n para presentarlo a los dem\u00e1s integrantes de la Sala, no ha demostrado que ello sea as\u00ed, por lo que se requiere una respuesta de fondo, m\u00e1xime que la apelaci\u00f3n en s\u00ed, versa sobre si la condena debe ser 1 a\u00f1o o 6 a\u00f1os ante lo que se manifiesta que ha pasado el doble de un a\u00f1o\u00bb, por lo que pidi\u00f3 que, por lo menos se allegue prueba \u00abde que ya present\u00f3 el proyecto de decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
OTRAS ACTUACIONES <\/p>\n
Con auto de 16 de enero de 2023 la Sala de Casaci\u00f3n Penal remiti\u00f3 copia de la sentencia emitida en segunda instancia en el juicio penal adelantado contra el promotor, por la Sala Penal del Tribunal de Buga el 13 de diciembre de 2022, con el fin de ser atendida al momento de resolver la opugnaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n formulada, esto es, la falta de resoluci\u00f3n de la alzada interpuesta por el actor contra la sentencia condenatoria emitida en su contra el 8 de junio de 2021 por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro \u2013 Valle, pues, aduce, las diligencias est\u00e1n para resolver desde el 9 de julio de ese a\u00f1o, sin que exista decisi\u00f3n de fondo; de entrada, se advierte la improcedencia del amparo rogado. <\/p>\n
Ciertamente, del informe allegado por la autoridad accionada en el curso de la presente impugnaci\u00f3n, junto con sus anexos, se desprende que con sentencia del 13 de diciembre de 2022 el Tribunal resolvi\u00f3 el referido remedio vertical, modificando la condena que le fue impuesta a 48 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
De esta manera, es claro que en el curso del presente tr\u00e1mite supralegal se super\u00f3 la situaci\u00f3n denunciada como quebrantadora de derechos fundamentales, raz\u00f3n por la cual se colige que la supuesta vulneraci\u00f3n ha cesado, por lo que el resguardo no puede prosperar, al vislumbrarse un \u00abhecho superado\u00bb, aspecto frente al cual esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01; y STC 18211-2016). <\/p>\n
3. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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