STC1016-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1016-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00286-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Marvalsan SAS contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por las autoridades judiciales accionadas, por lo que solicit\u00f3 \u00abse declare la nulidad [del] auto fechado\u2026 cuatro (4) de marzo de 2022\u2026 y del [prove\u00eddo] del tres (3) de agosto del mismo a\u00f1o\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Eriberto Peralta Contreras se adelanta proceso de justicia y paz, tr\u00e1mite en el que se dispuso cautelar los predios identificados con matr\u00edculas inmobiliarias 50C-1345206 y 50C-1345207, con las medidas de \u00absuspensi\u00f3n del poder dispositivo de dominio, embargo y secuestro\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 7 de febrero de 2020, Marvalsan SAS, actual propietaria de los prenotados bienes, formul\u00f3 incidente de oposici\u00f3n a las referidas cautelas, que fue desestimado con providencia del 4 de marzo de 2022, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la incidentante, siendo confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n con prove\u00eddo del 3 de agosto siguiente. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que los falladores accionados no realizaron \u00abun debido an\u00e1lisis o apreciaci\u00f3n probatoria de la totalidad de los medios de convicci\u00f3n decretados y practicados dentro del incidente de oposici\u00f3n de las medidas cautelares\u00bb, comoquiera que los referidos elementos de juicio demostraron que \u00abdentro de [los] supuestos actos de colaboraci\u00f3n ajena fue la participaci\u00f3n de los hijos menores y de\u2026 Sandra Patricia Castiblanco y por ende la falta de participaci\u00f3n por intermedio de la empresa Marvalsan SAS\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que la falencia que denuncia \u00abse deriva de la forma en que se hizo el estudio de las pruebas\u00bb, como quiera que \u00abnunca se hizo el estudio conjunto de [\u00e9stas], y menos se hizo luego el estudio de cada uno de ellas para darle el valor de convicci\u00f3n que le compete\u00bb, a lo que se suma que \u00abno se evidencia la cr\u00edtica que se le debe dar a unas declaraciones de los desmovilizados que se contradicen con su mismo dicho\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 rindi\u00f3 informe sobre las actuaciones que adelant\u00f3 en el asunto materia de censura. <\/p>\n
2. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 -Despacho de Control de Garant\u00edas- destac\u00f3 que la decisi\u00f3n criticada \u00abcomporta una medida eminentemente instrumental y provisional, correspondi\u00e9ndole al Juez de Conocimiento\u2026, pronunciarse definitivamente si procede o no, la extinci\u00f3n del derecho de dominio de los bienes intervenidos preventivamente, al momento de proferir sentencia\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda Veintid\u00f3s Delegada ante el Tribunal Superior Grupo Interno de Persecuci\u00f3n de Bienes rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
4. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia solicit\u00f3 desestimar el resguardo, por cuanto: \u00abi) no se observa vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales; ii) la acci\u00f3n de tutela es utilizada para insistir en la parte, a pesar de haber concluido la actuaci\u00f3n y, iii) no se cumplen con los presupuestos espec\u00edficos para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda 15 Judicial II Penal de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n criticada. <\/p>\n
6. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, sea lo primero precisar que el estudio que se realizar\u00e1 en esta instancia se restringir\u00e1 a la providencia de 3 de agosto de la pasada anualidad, que confirm\u00f3 la dictada el 4 de marzo de 2022, toda vez que fue esa decisi\u00f3n la que concluy\u00f3 el debate suscitado en torno a la viabilidad del incidente de oposici\u00f3n de cautelas que formul\u00f3 la quejosa en el juicio fustigado. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, concluye esta Colegiatura que el amparo carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que, en la citada providencia de 3 de agosto de 2022, la Sala de Casaci\u00f3n Penal expres\u00f3 los motivos por los que resultaba inviable la oposici\u00f3n que formul\u00f3 la promotora, sobre lo cual expres\u00f3 que: <\/p>\n
La primera instancia se abstuvo de levantar las medidas cautelares vigentes sobre los inmuebles identificados con las matr\u00edculas inmobiliarias 50C-1345206 y 50C-1345207, ubicados, respectivamente, en la carrera 36 No. 9-68 y carrera 36 No. 9-58, barrio Pensilvania, de Bogot\u00e1, al considerar que al adquirirlos la opositora actu\u00f3 de manera imprudente y negligente, porque sab\u00eda que ten\u00edan una relaci\u00f3n directa con el conflicto armado, no s\u00f3lo por estar ubicados en una reconocida zona que tuvo marcada influencia del bloque Capital de las AUC \u2013San Andresito de la 38 de Bogot\u00e1-; sino por cuanto en \u00e9stos se realizaron reuniones de miembros del grupo paramilitar para organizar y planear la materializaci\u00f3n de actos delictivos; incluso, all\u00ed se cometieron varios de ellos. Adicionalmente, porque era la residencia y\/o domicilio de algunos de los integrantes urbanos de la organizaci\u00f3n. <\/p>\n
32. El recurrente consider\u00f3, por el contrario, que la Sociedad Comercial Marvalsan S.A.S., compr\u00f3 las bodegas al titular inscrito del derecho de dominio siguiendo los derroteros de la buena fe exenta de culpa. Adem\u00e1s, la Fiscal\u00eda en ning\u00fan momento demostr\u00f3 que los inmuebles hayan pertenecido o fueron adquiridos, directa o indirectamente, por el grupo armado ilegal o por sus integrantes. <\/p>\n
33. Sobre el ofrecimiento del bien por el postulado o la titularidad real o aparente de \u00e9ste en cabeza de los miembros de la organizaci\u00f3n delincuencial, tiene dicho esta Corporaci\u00f3n que el tr\u00e1mite de oposici\u00f3n a las medidas cautelares no es el escenario para discutir estas circunstancias. De manera tal, que ello no ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis en esta providencia, como parece pretender el apelante. Al respecto ha referido la Corte: <\/p>\n
\u00ab\u2026 el tr\u00e1mite de oposici\u00f3n a las medidas cautelares no es el escenario de controversia sobre el ofrecimiento del postulado para reparar a las v\u00edctimas o censurar las razones por las cuales la magistratura afect\u00f3 el bien con medidas cautelares, en tanto el levantamiento de estas procede solo si el tercero afectado acredita que ha actuado con buena fe exenta de culpa\u2026\u00bb <\/p>\n
34. As\u00ed las cosas, corresponde a la Sala determinar si se hizo un adecuado an\u00e1lisis probatorio dentro de la decisi\u00f3n recurrida, y si la sociedad Marvalsan S.A.S., por medio de su representante legal Sandra Patricia Castiblanco Lozano, observ\u00f3 buena fe cualificada exenta de culpa, en la compra de los inmuebles de la carrera 36 No. 9-58 y 9-68 del sector de San Andresito de la 38 de esta capital, sobre los cuales pesa las medidas de embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo, tanto en el componente subjetivo como objetivo, o si como lo consider\u00f3 la Magistrada con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de la Sala de Justicia y Paz, \u00e9sta no guard\u00f3 la debida diligencia y cuidado en la realizaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
35. Pues bien, las pruebas acopiadas en el tr\u00e1mite incidental demuestran que los inmuebles cautelados con fines de extinci\u00f3n de dominio en favor de las v\u00edctimas del Bloque Capital de las AUC, no fueron adquiridos con buena fe exenta de culpa por la sociedad Marvalsan S.A.S., circunstancia que imposibilitaba acceder a su pretensi\u00f3n como acertadamente lo adujo la primera instancia. <\/p>\n
36. Como se precis\u00f3, la buena fe calificada o creadora de derechos difiere de la buena fe simple, en que esta s\u00f3lo exige la conciencia de haber actuado de forma recta y honesta, mientras que la calificada demanda la conciencia de obrar con lealtad y tener la seguridad de que el tradente es realmente el propietario y que el bien tiene origen l\u00edcito, lo cual exige averiguaciones adicionales que comprueben tal situaci\u00f3n. <\/p>\n
37. En este caso, la Sala advierte que Sandra Patricia Castiblanco Lozano, ten\u00eda conocimiento de la vinculaci\u00f3n de las bodegas objeto de cautela con el Bloque Capital de las AUC y, no obstante ello, decidi\u00f3 comprarlos, hecho que evidentemente no est\u00e1 prohibido, pero que desvanece la posibilidad de aducir la buena fe exenta de culpa en su adquisici\u00f3n; m\u00e1xime cuando las evidencias permiten inferir que se prest\u00f3 para ocultar su verdadera titularidad y de esta manera dificultar su persecuci\u00f3n. <\/p>\n
38. As\u00ed, sobre los bienes en cuesti\u00f3n, el postulado Eriberto Peralta Contreras, comandante operativo y militar del Bloque Capital de las AUC, en la versi\u00f3n libre del 20 de junio de 2017, denunci\u00f3 como bienes para indemnizar a las v\u00edctimas, las bodegas ubicadas en la carrera 36 con calle 9\u00aa, sector de San Andresito de la 38, de Bogot\u00e1, comoquiera que en \u00e9stas, entre los a\u00f1os 2003 y 2005, realiz\u00f3 varias reuniones con los integrantes del grupo paramilitar. Aspecto que reiter\u00f3 en la versi\u00f3n libre del 12 de septiembre de 2017; no obstante, precisar que all\u00ed viv\u00eda \u201cTomasito\u201d, integrante urbano de la organizaci\u00f3n. <\/p>\n
Por su parte, en el testimonio que rindi\u00f3 el 25 de agosto de 2021, en el presente tr\u00e1mite incidental, Eriberto Peralta Contreras, adem\u00e1s de ratificar su comandancia operativa y militar en el Bloque Capital de las AUC, se\u00f1al\u00f3 que tuvo conocimiento de los inmuebles, porque en el a\u00f1o 2004 estuvo en esas bodegas realizando reuniones con los integrantes del grupo paramilitar para llamarlos al orden, hablarles de la disciplina que deb\u00edan tener, que no maltrataran a la poblaci\u00f3n civil, etc.; era conversaciones de la ideolog\u00eda pol\u00edtico militar que se deb\u00eda implementar. <\/p>\n
39. El postulado Jos\u00e9 Fernando Fajardo Rueda, en la versi\u00f3n libre que rindi\u00f3 el 28 de febrero de 2018 , ratific\u00f3 no solo que en los inmuebles objeto de cautela resid\u00eda alias Tomasito, sino que all\u00ed realizaban reuniones para organizar las actividades il\u00edcitas que llevaban a cabo en el sector de San Andresito de la 38 de esta capital; incluso, aclar\u00f3 que estos bienes deb\u00edan ser del bloque Capital al cual pertenec\u00eda \u00abporque si viv\u00eda un integrante de las autodefensas ah\u00ed y \u00e9l era el que ordenaba la entrada y salida de la gente, entonces yo digo que eso era de las autodefensas\u00bb <\/p>\n
40. Por su parte, John Fredy Tovar Rodr\u00edguez, alias \u201cTomasito\u201d, en la entrevista que rindi\u00f3 el 3 de octubre de 2017, adem\u00e1s de se\u00f1alar que hizo parte del Bloque Capital de la autodefensas, cuya zona de influencia era San Andresito de la 38, entre otros sectores, de esta capital, indic\u00f3 que en el a\u00f1o 2004, vivi\u00f3 junto con su esposa e hijos, en un apartamento ubicado en el tercer piso de unas bodegas ubicadas en la carrera 36 entre calles 9a y 10a, de propiedad de\u2026 Roberto Jaramillo; pues, necesitaba estar cerca del punto de operaciones de la organizaci\u00f3n. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que Roberto Jaramillo ten\u00eda conocimiento de su pertenencia al grupo de autodefensas, como de las reuniones que se llevaban a cabo en sus bodegas. <\/p>\n
En la declaraci\u00f3n jurada que se le practic\u00f3 el 16 de abril de 2018, alias \u201cTomasito\u201d, insisti\u00f3 en se\u00f1alar que en las bodegas de propiedad de Roberto Jaramillo, donde vivi\u00f3 por espacio de 4 meses en el a\u00f1o 2004, realizaron reuniones para \u00abcoordinar los homicidios, desaparecer a la gente, porque ah\u00ed se desaparec\u00edan personas\u00bb. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que Luis Roberto Jaramillo conoc\u00eda de su pertenencia al grupo paramilitar, pues mientras estuvo en sus bodegas andaba armado \u00abarmas cortas largas, el armamento casi del grupo se sacaba de ah\u00ed, ten\u00edamos pistolas 9 mm, ah\u00ed ten\u00edamos todas las armas\u00bb; incluso, le dio un radio de comunicaciones para que hablara con los celadores y saber qu\u00e9 ocurr\u00eda en el sector. <\/p>\n
Es m\u00e1s, alias \u201cTomasito\u201d asegur\u00f3 que Jaramillo \u00abcolaboraba con la organizaci\u00f3n, y \u00e9l tambi\u00e9n tiene unos homicidios conmigo, es decir, \u00e9l est\u00e1 comprometido con unos homicidios que hizo la organizaci\u00f3n\u00bb; por ello, los comandantes le dieron la orden de cuidarlo mientras permanec\u00eda en el sector, raz\u00f3n por la que en varias oportunidades lo \u00abescolt\u00f3\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, en el testimonio que rindi\u00f3 el 6 de septiembre de 2021, dentro del presente tr\u00e1mite incidental, John Fredy Tovar Rodr\u00edguez, reiter\u00f3 su pertenencia al Bloque Centauros, Frente Capital y que en las bodegas ubicadas en la carrera 38 con calle 9\u00aa, sector de San Andresito, el grupo paramilitar llev\u00f3 a cabo varias reuniones, las cuales se realizaron para tratar \u00abnegocios il\u00edcitos, negocios de homicidios, de muchas cosas que no van como con la ley, por eso se llama un grupo ilegal al margen de ley diferente al estado.\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3, que el propietario de estas bodegas era\u2026 Roberto Jaramillo, lugar donde vivi\u00f3 como 4 meses aproximadamente, por orden de sus comandantes, sujeto que conoc\u00eda de su pertenencia al grupo paramilitar. <\/p>\n
Al cuestion\u00e1rsele si sobre estas bodegas ten\u00eda injerencia las autodefensas, o la actividad comercial que all\u00ed se realizaba, chatarrer\u00eda, era una simple fachada del grupo ilegal, contest\u00f3: \u00abDoctor, yo ah\u00ed si no le puedo contestar, porque yo en ese entonces era un patrullero, cumpl\u00eda \u00f3rdenes, me enviaron pa ya, no s\u00e9 porque me enviaron pa ya, solamente cumpl\u00eda \u00f3rdenes, all\u00e1 iban a hacer las reuniones, solamente s\u00e9 el nombre del se\u00f1or del due\u00f1o de ah\u00ed, entraban mulas, sal\u00edan mulas, mucho movimiento, no se m\u00e1s nada.\u00bb. <\/p>\n
Al pregunt\u00e1rsele sobre c\u00f3mo Roberto Jaramillo colaboraba con las autodefensas, dijo no saber c\u00f3mo lo hac\u00eda, pues lo \u00fanico que le hab\u00edan se\u00f1alado era que ten\u00eda que cuidarlo. <\/p>\n
41. De esta manera, seg\u00fan declararon los postulados y ex integrantes del Bloque Capital de las AUC, las bodegas ubicadas en la carrera 36 No. 9-68 y 9-58, barrio Pensilvania, de Bogot\u00e1, no solo fueron destinadas para la ejecuci\u00f3n de acciones il\u00edcitas, sino que su propietario, esto es\u2026, Roberto Jaramillo, era colaborador del grupo paramilitar; incluso, seg\u00fan alias \u00abTomasito\u00bb, llev\u00f3 a cabo varios actos il\u00edcitos como integrante de la organizaci\u00f3n. <\/p>\n
42. Ahora, demostrado se encuentra que la representante legal de Marvalsan SAS\u2026, Sandra Patricia Castiblanco Lozano, para la \u00e9poca en que hizo presencia la AUC en el sector de San Andresito de la 38, era la compa\u00f1era sentimental de Luis Roberto Jaramillo D\u00edaz, y copropietaria de los inmuebles objeto de cautela; de suerte que, debi\u00f3 conocer el v\u00ednculo de los paramilitares con sus bienes, con mayor raz\u00f3n cuando sosten\u00eda una relaci\u00f3n sentimental de m\u00e1s de 15 a\u00f1os con uno de sus colaboradores. <\/p>\n
43. Acorde con los Folios de matr\u00edcula inmobiliaria Nos. 50C-1345206 y 50C-1345207, informe del CTI del 13 de octubre de 2017 , e informes de alistamiento de los predios de la carrera 36 No. 9-68 y carrera 36 No. 9-58 de Bogot\u00e1, se estableci\u00f3 que: <\/p>\n
i) Mediante sentencia del 26 de febrero de 1993, proferida por el Juzgado 4\u00ba Civil del Circuito de Bogot\u00e1, se declar\u00f3 la pertenencia por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio de los citados inmuebles a favor de Luis Roberto Jaramillo D\u00edaz. <\/p>\n
ii) El 20 de diciembre de 2002 -escritura p\u00fablica 3693-, dicho ciudadano vendi\u00f3 las bodegas a la sociedad Reciclaje Industriales Jaramillo y Castiblanco & Compa\u00f1\u00eda Sociedad en comandita simple; empresa que, seg\u00fan registro de C\u00e1mara y Comercio, es de propiedad de Luis Roberto Jaramillo D\u00edaz, Sandra Patricia Castiblanco Lozano, y sus menores hijos R.A.J.C. y B.S.J.C. <\/p>\n
iii) El 31 de diciembre de 2009, la sociedad Reciclaje Industriales Jaramillo y Castiblanco & Compa\u00f1\u00eda Sociedad en Comandita Simple, transfiri\u00f3 el dominio de los inmuebles a la Inmobiliaria Estatal Ltda., -escrituras p\u00fablicas 3068 y 3064 , de la Notar\u00eda 69 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1-, cada uno por un valor de $299.843.000. <\/p>\n
44. La tradici\u00f3n de los inmuebles permite entonces sostener que Sandra Patricia Castiblanco Lozano, para la fecha en que hizo presencia el Bloque Capital de las AUC \u2013a\u00f1os 2003 y 2005-, era copropietaria de las bodegas objeto de cautela. <\/p>\n
45. Y aunque dicha ciudadana dijo no tener ning\u00fan tipo de relaci\u00f3n con Luis Roberto Jaramillo D\u00edaz para aquella \u00e9poca, ni conocer de sus actividades, al haber terminado su relaci\u00f3n de pareja en el mes de diciembre del a\u00f1o 2003; para la Sala estas afirmaciones no resultan convincentes, dadas las contradicciones e incoherencias en que incurri\u00f3 en sus diferentes salidas procesales al narrar tal situaci\u00f3n. <\/p>\n
46. En la entrevista recepcionada el 11 de julio de 2019, por el investigador de la Defensa, Sandra Patricia Castiblanco Lozano, si bien refiri\u00f3 que por los maltratos f\u00edsicos y psicol\u00f3gicos que recib\u00eda de parte de su esposo, Luis Roberto Jaramillo D\u00edaz, no solo termin\u00f3 su relaci\u00f3n, sino que el 31 de diciembre de 2003, se fue de la casa; tambi\u00e9n lo es que a rengl\u00f3n seguido aclar\u00f3 que el 4 de enero regres\u00f3 nuevamente a su hogar: \u00abYo me fui el 31 de diciembre del a\u00f1o 2003 para comenzar el 2004. Me fui para Sotaquir\u00e1, Boyac\u00e1, ah\u00ed me quede hasta el 03 de enero de 2004 y me devuelvo nuevamente para Bogot\u00e1, donde viv\u00eda con el se\u00f1or LUIS ROBERTO JARAMILLO DIAZ. Me quede viviendo con mis dos hijos. Ronald y Bernardo Jaramillo. Nos ponemos de acuerdo que me voy a quedar viviendo ah\u00ed con mis hijos y \u00e9l se queda viviendo en la bodega y se hac\u00eda cargo del sustento de nosotros\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, en la declaraci\u00f3n que rindi\u00f3 el 25 de enero de 2018, ante el Fiscal adscrito al Despacho 5\u00ba de la Direcci\u00f3n de Fiscal\u00eda Nacional Especializada de Justicia y Transicional, se\u00f1al\u00f3 una situaci\u00f3n totalmente diferente, pues aunque Sandra Patricia dio a conocer que se hab\u00eda separado de su compa\u00f1ero sentimental Luis Roberto Jaramillo D\u00edaz, afirm\u00f3 que ello ocurri\u00f3 el 31 de diciembre de 2001. \u00ab\u2026 me cas\u00e9 a los 17 a\u00f1os con \u00e9l (Luis Roberto Jaramillo), me cas\u00e9 y viv\u00ed en estos predios, en el segundo piso de la carrera 9\u00aa No. 58, yo manejaba la b\u00e1scula y la compra de la chatarra, aproximadamente estuve ac\u00e1 desde 1991 hasta el 2001, me fui exactamente el 31 de diciembre de 2001\u2026 los contactos que tuve con el se\u00f1or Jaramillo fueron m\u00ednimos porque el solo me buscaba para agredirme\u2026\u00bb. <\/p>\n
47. Existen en consecuencia oscilaciones bastantes significativas en los relatos de la incidentante, que sin lugar a dudas reducen su eficacia, especialmente, cuando lo pretendido era demostrar que nunca estuvo en las bodegas destinadas por su excompa\u00f1ero sentimental y grupo paramilitar, para cometer actividades il\u00edcitas. <\/p>\n
48. Y si bien, al tr\u00e1mite incidental no se aport\u00f3 prueba que refiera la vinculaci\u00f3n de Sandra Patricia Castiblanco Lozano con grupos organizados al margen de la ley, es m\u00e1s, los ex combatientes que declararon se\u00f1alaron no conocerla; sin embargo, ello no es suficiente para predicar su falta de conocimiento acerca de lo que ocurr\u00eda en sus bodegas, pues seg\u00fan su propio dicho, si bien finalmente se separ\u00f3 de Roberto Jaramillo en noviembre de 2004, decisi\u00f3n legalizada ante la respectiva autoridad judicial, tambi\u00e9n fue enf\u00e1tica en indicar que por la actividad que se desarrollaba en los inmuebles objeto de cautela, -venta de chatarra-, continu\u00f3 realizando transacciones comerciales all\u00ed. \u00abEl se\u00f1or Jaramillo en la Bodega de la carrera 36 9-68 ten\u00eda un acopio de DIACO y yo le vend\u00eda la chatarra que en ese momento no le serv\u00eda a sider\u00fargica nacional.\u00bb. <\/p>\n
49. No est\u00e1 dem\u00e1s precisar, que el objeto del incidente no es investigar al opositor sino determinar si actu\u00f3 con conciencia y certeza de la legalidad del derecho invocado y si agot\u00f3 las acciones pertinentes para verificar ese aspecto, exigencia no satisfecha en este evento, pues como se viene refiriendo, Sandra Patricia Castiblanco Lozano, jam\u00e1s se desvincul\u00f3 de sus inmuebles. <\/p>\n
50. Adicionalmente, es cuestionable que la incidentante afirme en sus entrevistas, que desde el momento en que se separ\u00f3 de Roberto Jaramillo, a\u00f1o 2004, su situaci\u00f3n econ\u00f3mica fue muy dif\u00edcil, ni siquiera ten\u00eda para alimentar a sus hijos, viv\u00eda de lo que su nuevo compa\u00f1ero sentimental consegu\u00eda manejando taxi y lo que le pagaban por trabajar en una bodega de chatarrer\u00eda en la calle 6\u00aa con carrera 40, lugar en el que labor\u00f3 durante todo el a\u00f1o 2004 y 2005; sin embargo, para el a\u00f1o 2007, seg\u00fan el formato de declaraci\u00f3n de renta que present\u00f3 ante la DIAN, el total de su patrimonio bruto ascend\u00eda a $1.225.036.000, el patrimonio l\u00edquido era de $ 577.008.000m y el total de sus ingresos fue de $4.587.818.000. <\/p>\n
51. Aspecto que corrobora a\u00fan m\u00e1s su no desvinculaci\u00f3n de las actividades comerciales que se desarrollaba con su ex compa\u00f1ero sentimental en las mencionadas bodegas; pues no de otra manera se puede entender, que luego de una separaci\u00f3n, donde seg\u00fan su propio dicho, qued\u00f3 en \u00abla calle\u00bb, su patrimonio en un a\u00f1o ascienda considerablemente. <\/p>\n
52. Desde luego que el cuestionamiento no se dirige, al origen de los dineros de la representante legal de Marvalsan S.A.S., sino a la decisi\u00f3n de adquirir unos bienes, a pesar de saber que los mismos hab\u00edan sido destinados por el Bloque Capital de las AUC para cometer actos ilegales. <\/p>\n
53. Y es que aun aceptando que Sandra Patricia no conoci\u00f3 de las actividades il\u00edcitas cometidas por los paramilitares en las bodegas, el solo hecho de continuar ejerciendo su actividad comercial en un sector donde hac\u00eda presencia un grupo paramilitar, le obligaba a investigar con mayor diligencia la real situaci\u00f3n de los bienes antes de adquirirlos, si es que en realidad ello ocurri\u00f3 de esa manera, pues como se ver\u00e1 a continuaci\u00f3n, los bienes jam\u00e1s salieron de su patrimonio, lo que ratifica su comprensi\u00f3n respecto de lo que suced\u00eda en los mismos. <\/p>\n
54. Retomando la tradici\u00f3n de los bienes, aunque se prob\u00f3 que el 31 de diciembre de 2009, la sociedad Reciclaje Industriales Jaramillo y Castiblanco & Compa\u00f1\u00eda Sociedad en Comandita Simple, vendi\u00f3 los inmuebles a la Inmobiliaria Estatal Ltda., -escrituras p\u00fablicas 3068 y 3064, de la Notar\u00eda 69 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1-; tambi\u00e9n se acredit\u00f3 que las bodegas siempre estuvieron en la esfera de dominio de Luis Roberto Jaramillo D\u00edaz y Sandra Patricia Castiblanco Lozano. Al parecer todo se trat\u00f3 de una venta simulada para garantizar un pr\u00e9stamo que la Inmobiliaria le hab\u00eda realizado a Jaramillo D\u00edaz. <\/p>\n
As\u00ed lo dio a conocer el representante legal de la Inmobiliaria Estatal Ltda., en respuesta a derecho de petici\u00f3n elevado por la incidentante: <\/p>\n
\u00ab\u2026 Para el a\u00f1o 2002 se le otorga un cr\u00e9dito a Luis Roberto Jaramillo, que fue respaldado con garant\u00eda hipotecaria sobre los inmuebles identificados con matricula inmobiliaria 50C 1345207; 50C1345206; 50C20077\u2026 Para finales del a\u00f1o 2003 el se\u00f1or Jaramillo pag\u00f3 las obligaciones motivo por el cual se levant\u00f3 el gravamen hipotecario. En los a\u00f1os posteriores se realizaron nuevas operaciones raz\u00f3n por la cual en virtud del monto de las mismas y que el Departamento de Riesgo y Cr\u00e9dito consider\u00f3 que algunas deudas tributarias, laborales y de la liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal que ostentaba el cliente para esa \u00e9poca, se hac\u00eda insuficiente cubrir ampliamente las acreencias con una garant\u00eda hipotecaria. Para evitar que los bienes en cabeza del deudor pudieran sufrir alg\u00fan riesgo de persecuci\u00f3n y dejar al descubierto las garant\u00edas en detrimento de nuestra compa\u00f1\u00eda, se le solicit\u00f3 garant\u00eda real de venta de las bodegas a favor de la Inmobiliaria Estatal con una opci\u00f3n de recompra privada de las mismas, una vez se cancelara la totalidad de los cr\u00e9ditos otorgados con sus respectivos intereses, se levantar\u00edan las garant\u00edas\u2026\u00bb. <\/p>\n
Es as\u00ed que al verificarse la cancelaci\u00f3n de las deudas a favor de la Inmobiliaria Estatal Ltda., \u00e9sta sociedad procedi\u00f3 a suscribir las escrituras p\u00fablicas a favor de Marvalsan S.A.S. \u00aben cumplimento de lo acordado con el cliente Luis Roberto Jaramillo D\u00edaz y de la autorizaci\u00f3n que este hab\u00eda dado\u00bb <\/p>\n
55. Como se puede observar, los bienes objeto de cautela siempre han estado en cabeza de la familia Jaramillo Castiblanco, por ende, no podr\u00eda se\u00f1alarse, como lo hace la defensa, que Sandra Patricia desconoc\u00eda lo que ocurr\u00eda dentro de las mencionadas bodegas, especialmente cuando no se demostr\u00f3 que \u00e9stos salieran en alg\u00fan momento de su dominio. <\/p>\n
56. En ese contexto, no se puede predicar que Sandra Patricia Castiblanco Lozano actu\u00f3 con prudencia y diligencia al comprar las bodegas objeto de cautela, y que a pesar de ello se hizo imposible descubrir la verdadera destinaci\u00f3n de los inmuebles; pues, es claro que conoc\u00eda los antecedentes de los predios, y aun as\u00ed asumi\u00f3 las consecuencias que ello implicaba. <\/p>\n
57. Y aunque es cierto, como aduce el recurrente, que por mandato constitucional la buena fe se presume, tambi\u00e9n lo es que el art\u00edculo17C de la Ley 975 de 2005, exige que la persona interesada en que se levanten las medidas cautelares impuestas en Justicia y Paz, aporte las pruebas de que es tercero de buena fe exenta de culpa y de que su derecho debe prevalecer, aspectos que como se acaban de observar no se cumplen. <\/p>\n
58. Recu\u00e9rdese que las reglas de cuidado y diligencia m\u00ednimas exigibles a cualquier ciudadano en el desarrollo de sus asuntos demandan verificar si el bien ha estado vinculado de alguna manera con actividades ilegales o con personas dedicadas a infringir la ley, prudencia que la incidentante no tuvo, porque conoc\u00eda que los inmuebles fueron destinados y asignados a integrantes del bloque Capital para cometer delitos, no obstante, procedi\u00f3 a adquirirlos. <\/p>\n
59. Entonces, no se requer\u00eda de una inscripci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria para alertar a Sandra Patricia Castiblanco Lozano sobre los peligros de adquirir los inmuebles de la carrera 36 con calle 9a, como lo infiere el impugnante, dado su conocimiento previo acerca de los mismos. <\/p>\n
60. Por dem\u00e1s, la prudencia y diligencia en la gesti\u00f3n de los asuntos propios impon\u00eda a la incidentante, considerar y sopesar los v\u00ednculos de los inmuebles con la ilegalidad, a efectos de cuidar su patrimonio y evitar participar en el ocultamiento de su verdadera titularidad y de esta manera dificultar su persecuci\u00f3n. <\/p>\n
61. As\u00ed las cosas, es cuando menos aventurado sostener, como lo hace el apelante, que la responsabilidad de Sandra Patricia Castiblanco Lozano, en t\u00e9rminos de buena fe exenta de culpa, se limitaba a verificar qui\u00e9n era su vendedor, sin importarle lo que hab\u00eda sucedido en ellos, como si esta \u00faltima negociaci\u00f3n pudiera purgar la ilicitud que se ven\u00eda cometiendo en los predios, y de la que sin lugar a dudas tuvo conocimiento. <\/p>\n
62. Conforme con lo anterior, al comprar los inmuebles ubicados en la carrera 36 No. 9-68 y carrera 36 No. 9-58, barrio Pensilvania, de Bogot\u00e1, Marvalsan S.A.S. y\/o Sandra Patricia Castiblanco Lozano, no actu\u00f3 con el cuidado, prudencia y diligencia exigibles a quien adquiere un inmueble ubicado en zonas de influencia de grupos paramilitares, precauciones que deb\u00edan extremarse en su caso, pues, como se demostr\u00f3 fehacientemente, era conocedora directa de la situaci\u00f3n en la que se encontraban, por lo que no resulta posible reconocer una actuaci\u00f3n consistente con el concepto de buena fe exenta de culpa, dado que enfrent\u00f3 una situaci\u00f3n y una coyuntura que, para una persona prudente, diligente y cuidadosa, era posible de descubrir y desentra\u00f1ar antes de adquirir los inmuebles, por lo que se trat\u00f3 de un derecho puramente en apariencia. <\/p>\n
63. Aspecto \u00faltimo que se ratifica, como bien lo se\u00f1al\u00f3 la Magistrada A-quo, con las inconsistencias que se presentaron al momento de adquirir los inmuebles. <\/p>\n
Tan solo para citar algunos ejemplos, no es razonable que Sandra Patricia Castiblanco Lozano se\u00f1ale que al \u201ccomprarle\u201d las bodegas a su expareja Roberto Jaramillo, se comprometi\u00f3 a cancelar la deudas que \u00e9ste ten\u00eda con la Inmobiliaria Estatal Ltda., motivo por el cual le gir\u00f3 a dicha sociedad dos cheques, cada uno por valor de $100.000.000.oo, no obstante, su representante legal afirme que el valor que se le cancel\u00f3 fue de $376.639.000.oo, pagados con 10 cheques girados cada uno por valor de $37.663.000.oo. <\/p>\n
Tampoco es comprensible que la incidentante asegure que finalmente por la compra de los inmuebles tuvo que cancelar $312.000.000.oo; sin embargo, al revisar el contrato que suscribi\u00f3 con Roberto Jaramillo para tales efectos, se observe que ese valor es totalmente diferente, pues all\u00ed se registra que fue por $2.000.000.000.oo . <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la tutelante no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Entonces, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. Las consideraciones precedentes, resultan suficientes para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, niega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC1016-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC1016-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00286-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Marvalsan SAS contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70561","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70561","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70561"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70561\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70561"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70561"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70561"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}