STC1019-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1019-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2022-00182-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el 16 de diciembre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Javier Mauricio Navarrete Mu\u00f1oz contra los Juzgados Promiscuo Municipal de La Uni\u00f3n y Promiscuo de Familia de Roldanillo, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, que dice vulneradas por las sedes judiciales acusadas, por lo que pidi\u00f3 se disponga \u00abla nulidad de todo lo actuado por el Juzgado Promiscuo Municipal de La Uni\u00f3n\u00bb y que se ordene \u00abque se tramite por el juez competente en debida forma el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Diego Fernando Navarrete Ocampo promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva de alimentos de mayor de edad contra Javier Mauricio Navarrete Mu\u00f1oz, libr\u00e1ndose mandamiento de pago el 12 de mayo de 2021. <\/p>\n
2.2. Notificado el demandado, present\u00f3 escrito de excepciones, que fue inadmitido con auto del 16 de junio de 2021, concedi\u00e9ndosele \u00abun t\u00e9rmino de cinco\u2026 d\u00edas, para que corrija los defectos, so pena de no tenerse por contestada la demanda\u00bb. <\/p>\n
2.4. Posteriormente, el 11 de mayo de 2022, el ejecutado solicit\u00f3 la nulidad \u00abde todo lo actuado\u00bb, que fue negada con prove\u00eddo de 8 de junio de 2022, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el peticionario, recurso concedido por el a quo con auto del 22 de junio de 2022. <\/p>\n
2.5. Recibidas las diligencias por el superior, con auto del 12 de julio de 2022, rechaz\u00f3 la alzada. <\/p>\n
2.6. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00abno se le dio tr\u00e1mite al recurso de apelaci\u00f3n en debida forma por la sencilla raz\u00f3n que no se le remiti\u00f3 al despacho competente el escrito de alzada imposibilit\u00e1ndole al mismo inmiscuirse y tomar la decisi\u00f3n que en derecho correspond\u00eda\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Municipal de La Uni\u00f3n precis\u00f3 que \u00abno ha transgredido derechos fundamentales al accionante, ya que el tr\u00e1mite dado al proceso ejecutivo ha sido conforme a derecho\u00bb; y, adem\u00e1s, esgrimi\u00f3 que \u00abel amparo deviene improcedente, por cuanto\u2026 desde la inadmisi\u00f3n de la contestaci\u00f3n de la demanda y el rechazo de [\u00e9sta], ha transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o, sin que el\u2026 demandado hubiera interpuesto recurso alguno contra dichas providencias\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo de Familia de Roldanillo rindi\u00f3 informe de las actuaciones que adelant\u00f3 en el juicio criticado. <\/p>\n
3. La Personer\u00eda Municipal de La Uni\u00f3n defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n criticada. <\/p>\n
4. El abogado Oscar Mauricio G\u00f3mez Padilla, quien dijo fungir \u00aben calidad de apoderado especial de\u2026 Diego Fernando Navarrete Ocampo\u00bb, sin que aportara mandato que lo facultara para representarlo en el presente tr\u00e1mite, pidi\u00f3 desestimar el resguardo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abh\u00e1yase o no remitido el escrito contentivo del recurso de apelaci\u00f3n al juzgado ad-quem, su rechazo por parte de \u00e9ste deven\u00eda imperativa en raz\u00f3n a que la providencia impugnada hab\u00eda sido proferida en un proceso de \u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor manifest\u00f3 que el a quo constitucional \u00abcentra su argumentaci\u00f3n en que, como el proceso primigenio, (ejecutivo de alimentos) \u2026 es de \u00fanica instancia no le merec\u00eda el recurso\u00bb y que si bien \u00aben su expresi\u00f3n gramatical y estricta el C\u00f3digo General del Proceso en su art\u00edculo 17 numeral 6 y en concordancia con el articulo 21 numeral 7 avala dicha postura\u2026 cuando se concede el recurso\u2026 se afecta la seguridad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abel proceso se encuentra contaminado, por cuanto no se tuvo por contestada la demanda y no se reconoci\u00f3 personer\u00eda jur\u00eddica para actuar\u2026, situaci\u00f3n que se le puso en conocimiento al operador de justicia\u2026 cosa que no se resolvi\u00f3\u00bb; y que \u00abno se le dio un derecho de defensa\u2026 [y] es por ello que al a quem le incumbe desatar estos problemas jur\u00eddicos\u2026\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, se concluye que la solicitud de resguardo es inviable, habida cuenta que el accionante omiti\u00f3 censurar en reposici\u00f3n el prove\u00eddo de 12 de julio de 2022, que rechaz\u00f3 la alzada que formul\u00f3 contra el auto que desestim\u00f3 su petici\u00f3n de nulidad, siendo ese el escenario procedente para esgrimir las cr\u00edticas que por v\u00eda constitucional elev\u00f3. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico o no se hace uso de los mismos en debida forma, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el quejoso del amparo: <\/p>\n
(\u2026) desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
3. Baste lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed expuestas, sin que se imponga analizar de fondo la situaci\u00f3n planteada, porque el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad impide tal estudio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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