STC1020-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1020-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2022-01561-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Andr\u00e9s Mauricio Rojas Roberto contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al trabajo, igualdad, m\u00ednimo vital, \u00ablibre desarrollo de la profesi\u00f3n\u00bb, \u00abequidad\u00bb y \u00abfavorabilidad\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se le ordene al accionado que \u00abexpida [su] tarjeta profesional definitiva y permanente de abogado, a la cual t[iene] derecho por haber cumplido con los requisitos exigidos en la p\u00e1gina SIRNA \u2013 Rama Judicial \u2013 Consejo Superior de la Judicatura\u00bb <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 el accionante que el 8 de agosto de 2018 inici\u00f3 sus estudios de derecho en la Universidad La Gran Colombia y el 24 de junio de 2022 se gradu\u00f3; que el 1\u00ba de julio siguiente radic\u00f3 los requisitos exigidos para el tr\u00e1mite de su tarjeta profesional, el 16 de septiembre de ese a\u00f1o se le indic\u00f3 que la empresa 472 la recogi\u00f3 y el 21 de ese mes recibi\u00f3 un documento provisional en lugar del definitivo. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1al\u00f3 que el 28 de julio de 2018 se promulg\u00f3 la Ley 1905 de 2018 por la que se dictaron disposiciones relacionadas con la profesi\u00f3n de abogado y se incluy\u00f3 la aprobaci\u00f3n del examen de estado para la expedici\u00f3n de dicha tarjeta profesional. <\/p>\n
2.3. Sostuvo que investig\u00f3 que muchos de sus colegas estuvieron en su misma situaci\u00f3n e interpusieron tutelas que les fueron concedidas, por lo que se les entregaron las tarjetas profesionales; y que actualmente no hab\u00eda regulaci\u00f3n concreta ni fecha cierta para la realizaci\u00f3n del examen. <\/p>\n
2.4. Adujo que \u00c1mbito Jur\u00eddico indic\u00f3 que pese a que estaba vigente la norma, su reglamentaci\u00f3n se encontraba en curso, en tanto que el convenio interadministrativo con el Icfes estaba en la fase I y su plazo era de 11 meses, luego se constuir\u00eda la prueba y solo eventualmente hasta el 2024 se llevar\u00eda a cabo el examen. <\/p>\n
2.5. Refiri\u00f3 que en muchas oportunidades se trat\u00f3 de comunicar con el Consejo Superior para obtener informaci\u00f3n pero que hab\u00eda sido dif\u00edcil; que el 18 de noviembre de 2022 elev\u00f3 una petici\u00f3n deprecando la restituci\u00f3n de sus derechos y la expedici\u00f3n de la tarjeta profesional; y que el 22 de noviembre le contestaron que le dar\u00edan tr\u00e1mite a su solicitud, pero agotado el t\u00e9rmino legal no ten\u00eda respuesta. <\/p>\n
2.6. Asever\u00f3 que no era correcto afectar a los ciudadanos por una ley sin reglamentar, que limitaba sus derechos; y que en las convocatorias y ascensos laborales exig\u00edan la tarjeta definitiva, no documentos provisionales, siendo competencia laboral actual un motivo de rechazo. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que por un hecho ajeno a su voluntad se ve\u00eda limitado el ejercicio de su profesi\u00f3n; y que hab\u00edan transcurrido cuatro a\u00f1os desde la expedici\u00f3n de la Ley 1905 de 2018, sin que el Consejo Superior le haya dado celeridad a lo all\u00ed establecido, lo que generaba traumatismos y retrasos. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura refiri\u00f3 que con el prop\u00f3sito de dar cumplimiento a la Ley 1905 de 2018 se autoriz\u00f3 al Director Ejecutivo de Administraci\u00f3n Judicial la suscripci\u00f3n de un convenio interadministrativo con el ICFES con el objeto de definir, construir y validar el marco de referencia para la implementaci\u00f3n del examen para ejercer la profesi\u00f3n de abogado; que expidi\u00f3 el Acuerdo PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022 conforme a la que los graduandos destinatarios de la referida ley, que a\u00fan no presentaran el examen, tendr\u00edan la inscripci\u00f3n en el Registro Nacional de Abogados y la tarjeta profesional con car\u00e1cter provisional, con vigencia hasta la publicaci\u00f3n de los resultados de la primera prueba; que el accionante inici\u00f3 la carrera el 8 de agosto de 2018 y finaliz\u00f3 el 24 de junio de 2022; que conforme con la aludida regulaci\u00f3n y los documentos allegados asign\u00f3 la tarjeta profesional con vigencia provisional, la que le fue entregada al actor; que el 18 de noviembre de 2022 contest\u00f3 la petici\u00f3n elevada; que estaba adelantando acciones con el fin de propiciar un trato igual entre los usuarios a los que se les entregaron tarjetas definitivas y provisionales; que las tarjetas expedidas fueron en cumplimiento de \u00f3rdenes de tutela; que el prenatodo Acuerdo era posterior a la expedici\u00f3n de la Ley 1905 de 2018, por lo que no se vulneraba el principio de irretroactividad de la ley; que exist\u00eda hecho superado, en tanto que al gestor ya le fue expedida la tarjeta profesional con car\u00e1cter provisional; y que no hab\u00eda conculcado derecho fundamental alguno. <\/p>\n
2. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, no se vislumbra que el accionante hubiese agotado los mecanismos de defensa que ten\u00eda a su alcance. <\/p>\n
En efecto, el gestor cumpliendo con los requisitos previstos para el efecto, bien pudo o puede acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa para cuestionar la legalidad de los actos administrativos censurados, concretamente, a trav\u00e9s de las acciones de nulidad y\/o nulidad y restablecimiento del derecho dispuestas en los art\u00edculos 137 y 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que configura la causal de improcedencia contemplada en el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En un caso de similares contornos, el Consejo de Estado se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u2026se observa que, la contestaci\u00f3n contenida en el oficio del 10 de octubre de 2022, remitido al correo electr\u00f3nico del actor, constituye un acto administrativo definitivo, puesto que decidi\u00f3 directamente el fondo del asunto cuestionado por el actor y adem\u00e1s hace imposible continuar la actuaci\u00f3n, en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 44 de la Ley 1437 de 2011. <\/p>\n
Adicionalmente, se precisa que la parte actora tambi\u00e9n puede cuestionar el acta de inscripci\u00f3n y registro de la tarjeta como abogado con vigencia provisional, en este caso la n\u00famero 18087 del 2 de septiembre de 2022, la cual tambi\u00e9n le fue notificada por la unidad. Asimismo, se observa que la expedici\u00f3n de la tarjeta profesional es producto del cumplimiento de tal inscripci\u00f3n. En dicho documento, se indic\u00f3 lo siguiente\u2026 <\/p>\n
De manera que, la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente por no cumplir con el presupuesto de la subsidiariedad, ante la existencia de una decisi\u00f3n administrativa que es susceptible de ser demandada ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, a trav\u00e9s de los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, contemplados en los art\u00edculos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011, bajo la presunta vulneraci\u00f3n de su derecho a la igualdad, entre otros y en los que tambi\u00e9n puede solicitar el decreto de medidas cautelares reguladas tambi\u00e9n en dicha norma\u2026 <\/p>\n
Finalmente, la Sala no advierte tampoco la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable bajo los planteamientos del actor, seg\u00fan los cuales se vulneraron sus derechos al trabajo y al libre desarrollo de la profesi\u00f3n, puesto que, como qued\u00f3 acreditado el actor puede ejercer la profesi\u00f3n de abogado \u00abhasta el 30 de abril de 2024\u00bb por medio de su tarjeta profesional provisional. <\/p>\n
Por lo que, el hecho de que su tarjeta profesional tenga la anotaci\u00f3n de provisional, no establece limitaci\u00f3n alguna para el ejercicio de la profesi\u00f3n, puesto que no se condiciona de manera alguna la facultad de representaci\u00f3n que con fundamento en dicho documento le asiste a la parte actora, por lo que no se advierte una vulneraci\u00f3n alguna de sus derechos fundamentales, en la medida en que, el actor ya puede ejercer su profesi\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, se declarar\u00e1 la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela por no cumplir con el presupuesto de la subsidiariedad, puesto que, el accionante cuenta con otros medios judiciales de defensa de sus derechos fundamentales, sin lograr acreditar la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable que habilitara el an\u00e1lisis de fondo en esta v\u00eda constitucional (CE, 27 oc. 2022, rad. 2022-05285-00). <\/p>\n
3. Ahora bien, aunado a que al promotor se le expidi\u00f3 la tarjeta profesional provisional, se le recuerda que las controversias que susciten los actos administrativos deben ser expuestas ante la autoridad competente, escenario en el que es posible solicitar la suspensi\u00f3n provisional de dichos actos, conforme lo indicado en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 230 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026\u2018por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces Contencioso Administrativos competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que, a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho\u2026\u2019. Adem\u00e1s, en este escenario la interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. As\u00ed las cosas, y en vista de que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, la Corte confirmar\u00e1\u2026, la decisi\u00f3n de primera instancia que resolvi\u00f3 negar el amparo (CSJ STC, 9 dic. 2011, rad. 00330-01; reiterada en CSJ STC, 13 jul. 2012, rad. 00153-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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