STC1021-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1021-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02225-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el 1\u00ba de noviembre de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Yadlin Yulieth Guti\u00e9rrez Ladino contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Villavicencio, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso de extinci\u00f3n de dominio 2018-00024. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, actuando por conducto de apoderado, acudi\u00f3 al presente mecanismo constitucional buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, que considera lesionado por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. De la demanda, as\u00ed como de los medios de convicci\u00f3n obrantes se puede extractar que en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Villavicencio curs\u00f3 un proceso de dicha naturaleza (rad. 2018-00024) en el cual se vincul\u00f3 el inmueble distinguido con matr\u00edcula 230-648782, cuyos nudos propietarios eran la ac\u00e1 gestora y sus hermanos Noharbedt Enrique y Ancizar Herney Guti\u00e9rrez Ladino dado que all\u00ed, su padre Luis Henry Guti\u00e9rrez Trujillo -quien les don\u00f3 la heredad seg\u00fan escritura p\u00fablica 4755 de 1\u00ba de septiembre de 2009 de la notar\u00eda Segunda de Villavicencio reserv\u00e1ndose el derecho usufructo- almacenaba armas de fuego, raz\u00f3n por la que fue condenado en las actuaciones penales 2009-80839 y 2013-81375. <\/p>\n
Mediante sentencia del 28 de octubre de 2020 y luego de agotadas las etapas procesales de rigor, la aludida c\u00e9lula judicial declar\u00f3 la p\u00e9rdida del derecho de propiedad de la edificaci\u00f3n indicada precedentemente, ordenando su tradici\u00f3n a favor del Estado. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n los hermanos Guti\u00e9rrez Ladino y su apoderada formularon recursos de apelaci\u00f3n, que fueron resueltos el 7 de octubre de 2022 por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en el sentido de ratificar la consecuencia patrimonial declarada por el fallador a quo. <\/p>\n
3. Para la accionante los juzgadores de instancia incurrieron en \u00abdefecto f\u00e1ctico\u2026 error inducido [y] violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb pues, de un lado, ignoraron los aspectos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que sirvieron a las autoridades penales para proferir las condenas en contra de su padre. <\/p>\n
Frente a este t\u00f3pico resalt\u00f3 que \u00abel verbo rector\u00bb atribuido en las causas criminales adelantadas, fue el de \u00abportar\u00bb, siendo que \u00abla tenencia de armas de fuego jam\u00e1s fue base de la condena de quien para la fecha se encontraba en el inmueble al que se orden\u00f3 la extinci\u00f3n del dominio\u00bb de all\u00ed que se le haya dado \u00abun valor probatorio que no obra en el expediente y que viola el art\u00edculo 29 de nuestra Carta Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
4. Por las anteriores razones solicita remover los efectos de las sentencias cuestionadas. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Villavicencio se opuso a la prosperidad del resguardo dada la \u00abausencia de vulneraci\u00f3n de derechos a la accionante\u00bb comoquiera que \u00absiempre garantiz\u00f3 el\u2026 debido proceso al interior de la actuaci\u00f3n judicial\u2026 habi\u00e9ndose brindado todas las oportunidades y mecanismos procesales para que la se\u00f1ora\u2026 Guti\u00e9rrez Ladino interviniera dentro de la fase de juicio\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, defendi\u00f3 la legalidad de la sentencia de primer grado asegurando que \u00abel valor probatorio que se le confiri\u00f3 a cada uno de los elementos materiales\u2026 no se realiz\u00f3 de manera caprichosa ni arbitraria\u2026 la totalidad del material probatorio fue analizado en su integridad\u2026 y no existi\u00f3 desconocimiento de las reglas de la sana cr\u00edtica\u00bb y menos se \u00abdej\u00f3 de interpretar y aplicar una disposici\u00f3n legal de conformidad con el precedente constitucional\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo anterior advirti\u00f3 que \u00ablos fundamentos que estructuran la acci\u00f3n de tutela, resultan ser discrepancias relacionadas con las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales\u2026 lo que en ning\u00fan caso denota la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales o la incursi\u00f3n\u2026 en un defecto f\u00e1ctico o la presencia de un error inducido\u00bb. <\/p>\n
2. La Fiscal Diecis\u00e9is adscrita a la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio manifest\u00f3 que \u00aben todas y cada una de las actuaciones surtidas\u2026 siempre se ha salvaguardado las garant\u00edas de todos los sujetos intervinientes en el proceso\u00bb. <\/p>\n
3. El vicepresidente jur\u00eddico de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., luego de exponer in extenso las atribuciones de esa entidad como administradora del Fondo para la Rehabilitaci\u00f3n, Inversi\u00f3n Social y Lucha contra el Crimen Organizado -Frisco-, en particular las ejercidas sobre los bienes que fueron vinculados a la actuaci\u00f3n extintiva objeto del presente resguardo (inmueble y establecimiento de comercio), solicit\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb del presente tr\u00e1mite habida consideraci\u00f3n que \u00abno existe vulneraci\u00f3n al derecho del debido proceso, toda vez que la\u2026 S.A.E. S.A.S., ha actuado conforme a la ley a las \u00f3rdenes emitidas por la fiscal\u00eda general de la naci\u00f3n [sic]\u00bb. <\/p>\n
4. En similares t\u00e9rminos se pronunci\u00f3 el director jur\u00eddico del Ministerio de Justicia y del Derecho, aduciendo que, si bien act\u00faa en el proceso de extinci\u00f3n de dominio, \u00abla intervenci\u00f3n que ejerce esta cartera\u2026 no implica facultad decisoria ni injerencia alguna en las decisiones por parte de los funcionarios judiciales competentes\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal concedi\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada tras considerar que la colegiatura ad quem incurri\u00f3 en defecto de orden f\u00e1ctico dado que desconoci\u00f3 que \u00ablas sentencias de condena dictadas [contra Luis Henry Guti\u00e9rrez Trujillo] en ambos casos, tuvieron lugar con ocasi\u00f3n a preacuerdos celebrados\u2026 que fueron aprobados por los jueces penales y lo declararon penalmente responsable del delito de porte ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, bajo el verbo rector portar consigo [sic]\u2026 no se dice nada de la destinaci\u00f3n del inmueble. No se concluye que el procesado estuviera utilizando el predio para la tenencia de armas de defensa personal\u00bb. <\/p>\n
En efecto, agreg\u00f3, al haber sido esa la calificaci\u00f3n dada a las conductas punibles y que como dicha circunstancia fue declarada judicialmente en las sentencias que se incorporaron al proceso de extinci\u00f3n, deb\u00eda ser ese el derrotero a partir del cual le correspond\u00eda a los jueces especializados realizar el an\u00e1lisis del asunto pues, aun cuando existieron informes de polic\u00eda judicial relativos a allanamientos practicados el 26 de abril de 2009 y el 25 de febrero de 2013, \u00abno existe elemento de convicci\u00f3n que soporte\u2026 el aspecto objetivo de la causal 5\u00aa del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio\u00bb <\/p>\n
Frente a este t\u00f3pico advirti\u00f3 que se \u00abignor\u00f3 la calidad de nuda propietaria de Yadlin Yulieth Guti\u00e9rrez Ladino frente al inmueble objeto de extinci\u00f3n\u00bb de all\u00ed que \u00ablas conclusiones\u2026 se fundaron en la errada exigencia de que\u2026 no deb\u00eda recibir la donaci\u00f3n\u00bb pues \u00abpara el momento en que [se] traslad\u00f3 el dominio\u2026 no exist\u00eda ninguna restricci\u00f3n legal que se lo impidiera\u00bb y dicho acto negocial \u00abno fue declarad[o] inv\u00e1lid[o] por v\u00eda judicial o que incumpliera los presupuestos legales. Entonces, ese contrato surte efectos en el tr\u00e1fico jur\u00eddico\u00bb por lo que la gestora detenta la calidad \u00abde tercera de buena fe exenta de culpa\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, resalt\u00f3 que como con la donaci\u00f3n solo se transfiri\u00f3 la nuda propiedad, reserv\u00e1ndose el donante el usufructo del bien, no le era exigible a la gestora \u00abque ejerciera sobre aquel inmueble un control para el cual no estaba facultada y menos a\u00fan, que evitara la conducta que su padre despleg\u00f3\u2026 en el predio\u00bb, al tiempo que \u00abno se se\u00f1alaron cu\u00e1les eran las acciones que deb\u00eda efectuar [como] nuda propietaria y que pudiendo hacerlas no las hubiere hecho, que permitan concluir que no es una tercera de buena fe exenta de culpa\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, agreg\u00f3 que las medidas cautelares decretadas al interior de la actuaci\u00f3n extintiva solo fueron inscritas \u00ab9 a\u00f1os despu\u00e9s de la donaci\u00f3n\u2026 cuando incluso el [donante] ya hab\u00eda fallecido\u00bb de manera que no le era posible exigir a la donataria \u00abque se imaginara que en futuro la fiscal\u00eda demandar\u00eda la extinci\u00f3n de dominio del predio que su padre le adjudic\u00f3\u00bb, m\u00e1xime cuando la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00abse abstuvo de ordenar el comiso de ese bien cuando acaeci\u00f3 el primer allanamiento\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, removi\u00f3 los efectos del fallo de segundo grado y le orden\u00f3 a la colegiatura accionada proferir uno nuevo \u00abque guarde consonancia con los argumentos contenidos en la parte motiva de esta sentencia de tutela\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Disintieron de la anterior determinaci\u00f3n dos magistrados de la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio, quienes presentaron conjuntamente sus reparos, y la Fiscal Diecis\u00e9is Especializada. <\/p>\n
1. Los dos primeros funcionarios recabaron en la naturaleza aut\u00f3noma e independiente de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio respecto de otras, en especial de la penal, as\u00ed como la declaratoria de responsabilidad, dado su car\u00e1cter eminentemente patrimonial pues a trav\u00e9s de ella \u00abse persigue[n] los bienes con independencia de quien los tenga en su poder o los haya adquirido\u00bb. <\/p>\n
El anterior entendimiento, aseguraron, fue el que soport\u00f3 la p\u00e9rdida del derecho de propiedad en el asunto examinado, comoquiera que \u00abdesde el allanamiento del 26 de abril de 2009, cuando sucedi\u00f3 el primer hallazgo, la propiedad cuestionada ya se hab\u00eda manchado, porque su titular la us\u00f3 guardando armas sin los permisos de ley\u2026 entonces, al haberse perfeccionado la causal 5\u00aa del art\u00edculo 16, es predicable que ya el bien era pasible de extinci\u00f3n, careciendo de inter\u00e9s, si la venidera nuda propietaria ejerci\u00f3 o no control\u00bb sin que \u00abel acaecer punitivo\u00bb tenga incidencia en la declaratoria de extinci\u00f3n pues lo que se busca en esta especialidad judicial es \u00abestablecer el v\u00ednculo de la fortuna con la causal o causales reprochadas por la persecutora\u00bb de manera que, aun cuando se trasladen elementos de convicci\u00f3n desde un asunto de naturaleza penal, \u00absu apreciaci\u00f3n en [esta sede] puede no coincidir en su totalidad, aunque sea su punto de partida\u00bb. <\/p>\n
En torno a la buena fe exenta de culpa, reclamada por la gestora y prohijada en el fallo de primer grado, resaltaron que \u00abes un instituto que se proclama en los casos en los cuales lo que se revisa en sede extintiva\u2026 es el origen o fuente de la propiedad\u00bb; sin embargo, en el asunto sobre el que recae la salvaguarda \u00ablo que la Fiscal\u00eda increp\u00f3 es que [los bienes]\u2026 hab\u00edan sido destinados o utilizados desde\u00f1ando los art\u00edculos 34 y 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb por lo que, contrario a lo exigido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, no correspond\u00eda verificar el aludido principio, sino que bastaba la comprobaci\u00f3n de que \u00aben dos momentos esa fortuna fue utilizada en la perpetraci\u00f3n del delito de porte ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones\u00bb. <\/p>\n
Para el caso concreto, agregaron, el an\u00e1lisis gravit\u00f3 alrededor de la buena fe simple en tanto que, al haberse atribuido la causal de destinaci\u00f3n il\u00edcita, tal examen se limitaba \u00aba la prudencia y diligencia en el actuar del propietario a la hora de ejercer los deberes de vigilancia y cuidado, as\u00ed como en el cumplimiento de la funci\u00f3n social de la propiedad\u00bb de modo que \u00abno solo resultaba impertinente la alusi\u00f3n a la\u2026 buena fe exenta de culpa como creadora de derechos, sino que, adem\u00e1s, no se logr[\u00f3] establecer que el comportamiento de los titulares haya estado investido de una simple y mera buena fe, pues esta procede de un comportamiento diligente y prudente que en el ejercicio de la carga din\u00e1mica de la prueba, los afectados no lograron acreditar\u00bb. <\/p>\n
En torno a lo anterior destacaron que \u00abel hecho controversial no es que no pudiera donar[se la cosa], sino por qu\u00e9 [se] hizo\u00bb, concluy\u00e9ndose que, como tal negociaci\u00f3n se realiz\u00f3 despu\u00e9s de un evento criminal, la intenci\u00f3n del donante era evadir las consecuencias que de \u00e9ste se desprendieran, \u00abentonces, no es que Yadlin no fuera nuda propietaria\u2026 sino que ella lleg\u00f3 a serlo cuando ya hab\u00eda acaecido el evento configurante de la causal extintiva, recibiendo manchado lo que su padre ingeniosamente le leg\u00f3, guard\u00e1ndose para s\u00ed el usufructo, m\u00e1s a\u00fan, en ejercicio de este provecho es que ocurre el segundo evento antisocial; tal es la reflexi\u00f3n necesaria para decantar que el ius vigilandi tan caro al proceso ordinario, reca\u00eda en todo caso en Luis Henry, siendo indiferente lo que cualquiera de sus hijos, incluida la accionante hubiera hecho o no\u00bb. <\/p>\n
En suma, defendieron la legalidad del prove\u00eddo cuestionado pues \u00abse encuentra debidamente soportad[o] en la evidencia obrante\u2026 se adopt\u00f3 estrictamente en derecho y con los est\u00e1ndares propios de la Ley 1708 de 2014 con sus modificaciones\u00bb, y solicitaron restablecer sus efectos jur\u00eddicos, manteni\u00e9ndolo inc\u00f3lume. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la accionante y sus hermanos estuvieron representados por una profesional del derecho; empero, \u00abno efectuaron solicitudes probatorias\u00bb por lo que \u00abmal ahora podr\u00eda alegal que se vulner\u00f3 el derecho fundamental\u2026 [cuando ni siquiera] solicitaron ser escuchados en las diligencias, desde\u00f1ando el traslado que para el efecto se les confiri\u00f3\u00bb, por el contrario, agreg\u00f3, la evidencia recaudada permiti\u00f3 dar soporte a la estructuraci\u00f3n de la causal extintiva invocada. <\/p>\n
En efecto, dijo, al expediente fueron allegados informes de polic\u00eda judicial que daban cuenta de las actividades il\u00edcitas llevadas a cabo por el entonces propietario del inmueble Luis Henry Guti\u00e9rrez Trujillo y que \u00ablos titulares del bien tuvieron conocimiento de esa situaci\u00f3n [pero] no hicieron nada para evitarlo, pudiendo hacerlo\u00bb incumpliendo con ello la funci\u00f3n social y ecol\u00f3gica contemplada en la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, revocar la sentencia de primer grado y, en su lugar, denegar el amparo suplicado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales de la accionantes, dentro del proceso 2018-00024 porque, seg\u00fan dice, la sentencia proferida en sede de segunda instancia, en la que se confirm\u00f3 la p\u00e9rdida del derecho de propiedad del bien vinculado a dicho tr\u00e1mite, adolece de defecto f\u00e1ctico en tanto que, de un lado, se desconoci\u00f3 la calificaci\u00f3n jur\u00eddica realizada al interior de la actuaci\u00f3n penal respecto de las conductas punibles atribuidas a su padre -quien le don\u00f3 la nuda propiedad del inmueble- y, de otro, le rest\u00f3 validez y eficacia al aludido negocio jur\u00eddico, pese a no existir restricci\u00f3n alguna, desconociendo as\u00ed que actu\u00f3 amparada en la buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
Lo anterior porque, si bien el reclamo se dirige contra las determinaciones de primera y segunda instancia, el examen que en esta oportunidad har\u00e1 la Corte se circunscribir\u00e1 a la proferida por el juez colegiado el 7 de octubre del a\u00f1o pasado dado que fue la que dirimi\u00f3 la discusi\u00f3n aqu\u00ed planteada, pues tal como lo ha se\u00f1alado el precedente de esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfil[e] su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015) <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica <\/p>\n
Auscultadas las razones en que se fundament\u00f3 el presente amparo y confrontadas con las pruebas recopiladas por la primera instancia, resalta la Sala que ninguna irregularidad se advierte en la determinaci\u00f3n objeto de reproche, pues en ella, la colegiatura convocada, efectu\u00f3 un an\u00e1lisis integral de los argumentos defensivos presentados por la ac\u00e1 quejosa, afectada en el tr\u00e1mite extintivo, y de su apoderada, as\u00ed como de los medios de convicci\u00f3n obrantes en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
En efecto, el tribunal, luego de efectuar un recuento de las circunstancias f\u00e1cticas que dieron origen al proceso de extinci\u00f3n de dominio, formul\u00f3 los siguientes problemas jur\u00eddicos \u00abestablecer i.) \u00bfEn la presente actuaci\u00f3n existen vulneraciones al debido proceso\u2026 que obliguen a retrotraer el legajo a un estanco anterior?; ii.) \u00bfen este asunto se configura el instituto de la tercer\u00eda de buena fe exenta de culpa\u2026?; iii.) \u00bfDel material probatorio obrante puede inferirse la causal extintiva enrostrada o esta deviene como un acto arbitrario de la jurisdicci\u00f3n\u2026?; iv.) \u00bfqu\u00e9 incidencia tiene en estas averiguaciones que en los procesos penales de los cuales deriva, las sentencias emitidas lo fueran incluyendo el verbo rector \u201cportar\u201d?\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, al abordar la resoluci\u00f3n de los motivos de disenso formulados frente a la sentencia de primera instancia, se ocup\u00f3, en primer lugar, de la presunta lesi\u00f3n a la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 29 Superior alegada por la apoderada de la aqu\u00ed accionante, descartando la incursi\u00f3n en alguna causal de invalidaci\u00f3n de lo actuado, en tanto que \u00ablos afectados\u2026 fueron notificados en debida forma de la demanda de extinci\u00f3n\u2026 tanto as\u00ed que confirieron poder para su representaci\u00f3n; pese a ello, ni la abogada como tampoco los Guti\u00e9rrez Ladino efectuaron solicitudes probatorias ni reivindicaron ser escuchados en las diligencias, desde\u00f1ando el traslado que para el efecto se les confiri\u00f3, guardando silencio\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, respecto de los reparos formulados sobre la configuraci\u00f3n de la causal extintiva (art. 16-5\u00ba Ley 1708 de 2014), refiri\u00f3 que, aun cuando en el proceso penal la atribuci\u00f3n de responsabilidad efectuada al padre de la ac\u00e1 promotora fue en la modalidad de portar armas de fuego, la realidad f\u00e1ctica no pod\u00eda desdibujarse comoquiera que, de cara al material probatorio obrante, lo cierto era que los elementos b\u00e9licos eran almacenados en su heredad; en tal sentido advirti\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Vale recabar que en juntos casos las armas, a la llegada de la Polic\u00eda, estaban en el inmueble, uno en el cuarto que ocupaba Mu\u00f1oz, como vigilante del parqueadero y la otra, debajo de un colch\u00f3n, o sea, que no la transportaba nadie, dicho de otro modo, se almacenaba en el predio\u2026 se concluye que la censora soslaya a su conveniencia que en esa oportunidad no solo fue motivo de pesquisa el rev\u00f3lver que custodiaba por \u00f3rdenes de Luis su empleado Dar\u00edo Antonio, sino adem\u00e1s el otro que se hall\u00f3 permanec\u00eda oculto\u2026 <\/p>\n
Para concluir, al amparo de los principios de autonom\u00eda e independencia con los que se encuentran revestidos la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio y la facultad jurisdiccional de los funcionarios de esa especialidad, que: <\/p>\n
En nada influye en esta oportunidad que en dicho momento no se hubiera imputado el delito previsto en el art\u00edculo 377 del C\u00f3digo Penal, no que en deslucida actuaci\u00f3n de persecuci\u00f3n criminal la Fiscal\u00eda se abstuviera de ordenar el comiso de los bienes aqu\u00ed afectados, como le era posible, dado que los dos pertenec\u00edan al avezado coleccionista de rev\u00f3lveres sin permiso, a la postre delincuente condenado; ya desde ese momento se hab\u00eda consolidado la causal 5\u00aa del art\u00edculo 16 del CED. Estima la sala que el episodio de 26 de abril de 2009 es suficiente para extinguir el dominio del bien, pues para entonces ya se observan satisfechos los aspectos objetivo y subjetivo propios del articulado en cuesti\u00f3n y Luis Henry Guti\u00e9rrez Trujillo lo sab\u00eda\u2026 es un evento incontrastable que en la heredad se encontraron dos armas sin salvoconducto\u2026 -factor objetivo- y el due\u00f1o del predio acept\u00f3 cargos -factor subjetivo- (\u2026)\u00bb [\u00c9nfasis propio de la Sala] <\/p>\n
En punto de la buena fe exenta de culpa alegada tanto por los afectados (la accionante y sus hermanos) como por su apoderada advirti\u00f3, con apoyo de la sentencia CC C-1007 de 2002, que aun cuando en los registros inmobiliarios aquellos figuran como titulares del bien, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en realidad en el momento en que aparentemente les fue dado el se\u00f1or\u00edo, no se hicieron due\u00f1os, a la saz\u00f3n, no se configura ninguna buena fe creadora porque no estaban obteniendo el bien con plena certeza de no incurrir en error; en realidad nada recibieron, porque nadie puede transferir derechos que no ostenta, y ese es justamente aqu\u00ed el caso: cuando el 26 de abril de 2009\u2026 se consolid\u00f3 la causal extintiva del dominio que aqu\u00ed se estudia, por tanto, Luis no pod\u00eda transferir los derechos patrimoniales que se hab\u00edan fisurado como consecuencia de las actividades delictivas que hasta ese momento hab\u00eda desplegado; dicho de otra manera, fue una entelequia la titularidad recibida\u2026 y por tanto sus derechos son ilusorios; el Estado no puede reconocerlos porque ven\u00edan manchados, contaminados, por los actos de los que fue protagonista\u2026 su propietario (\u2026)\u00bb [Negrillas y subrayado fuera del texto original]. <\/p>\n
A partir de all\u00ed, explic\u00f3 por qu\u00e9 la referida donaci\u00f3n no hab\u00eda sido m\u00e1s que aparente, pues el entonces titular del derecho de dominio hizo uso de tal figura jur\u00eddica para proteger el patrimonio contaminado con su actuar delictivo, adem\u00e1s de rememorar que cuando la causal sobre la que se cimenta la pretensi\u00f3n extintiva del Estado es la de destinaci\u00f3n il\u00edcita, no es viable acudir a la buena fe cualificada, sino que el examen se circunscribe a la simple bajo el prisma del ius vigilandi. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Como infractor de la ley, Luis Henry sab\u00eda que se enfrentaba a dos consecuencias judiciales diferentes, una envuelta en el proceso penal por el que fue condenado y la m\u00e1s gravosa para \u00e9l, la acci\u00f3n extintiva, por haber infringido el r\u00e9gimen constitucional de la propiedad privada regulado en los apartados 34 y 58 de la Carta; es por eso que habilidosamente se apresur\u00f3 a enajenar sus bienes a sus hijos\u2026 <\/p>\n
De lo dicho se desprende el desmoronamiento de la pretendida tercer\u00eda de buena fe que se plantea en las apelaciones porque en esta oportunidad no se cuestiona el origen de los recursos empleados para comprar el bien, sino la destinaci\u00f3n que se le dio por parte de\u2026 Guti\u00e9rrez Trujillo\u2026 vale refrescar lo que de tiempo atr\u00e1s ha considerado esta Sala en torno al instituto de la buena fe exenta de culpa\u2026 en el contexto del incumplimiento de la funci\u00f3n social y ecol\u00f3gica de la propiedad privada\u2026 <\/p>\n
\u201c(\u2026) la extinci\u00f3n del derecho de dominio sobre los bienes de los cuales se puede predicar la misma, procede sin perjuicio de los derechos del tercero de buena fe exento de culpa en el sentido que \u201cquien ha adquirido un buen desconociendo, pese a la prudencia de su obrar, su ileg\u00edtima procedencia, no puede ser afectado con la extinci\u00f3n del dominio as\u00ed adquirido\u2026 <\/p>\n
De ah\u00ed que resulta impertinente establecer si la afectada es o no tercero de buena fe\u2026 creadora de derecho, toda vez que lo que aqu\u00ed se cuestiona no es la procedencia il\u00edcita de la propiedad, sino que el automotor fue destinado para fines delictivos <\/p>\n
En otras palabras, los extremos de la relaci\u00f3n jur\u00eddico sustancial diverge, as\u00ed cuando el objeto de juicio es el origen il\u00edcito del bien, aquella relaci\u00f3n se traba entre el Estado y quien alega ser el titular del derecho\u2026 que puede tener la calidad de afectado o de tercero, y en esa medida, es posible para \u00e9l defender sus intereses alegando haber actuado con buena fe exenta de culpa\u2026 <\/p>\n
Cosa distinta ocurre en el evento de la destinaci\u00f3n l\u00edcita de los bienes. All\u00ed, tambi\u00e9n la relaci\u00f3n jur\u00eddico sustancial se traba entre el Estado y el titular del dominio, que no es otro que el afectado, cuyo derecho no se crea a partir de su actuar de buena fe exenta de culpa porque su derecho ya exist\u00eda, aqu\u00ed\u2026 diverge y plantea una disyuntiva que abre dos posibles hip\u00f3tesis: la que se predica del evento en que el titular\u2026 es quien destina il\u00edcitamente el bien de su propiedad, caso en el que no opera la buena fe, y la hip\u00f3tesis en la que el titular del derecho es el afectado, y un tercero es la persona que incurre en la destinaci\u00f3n il\u00edcita del bien que le fue confiado.\u201d (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con el anterior recuento, es claro que la decisi\u00f3n objeto de reproche est\u00e1 debidamente sustentada en tanto que la corporaci\u00f3n demandada indic\u00f3 las razones por las cuales consider\u00f3 que se configuraba la causal 5\u00aa del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio para declarar la p\u00e9rdida del derecho de propiedad sobre el bien reclamado por la gestora, adem\u00e1s de encontrar soporte en la abundante jurisprudencia constitucional3 relativa a la autonom\u00eda de la acci\u00f3n extintiva respecto de otras (en especial de la penal) y la independencia de la funci\u00f3n jurisdiccional, particularmente, en lo atinente a la libre apreciaci\u00f3n de las pruebas y formaci\u00f3n del convencimiento. <\/p>\n
Y este no es un tema menor, pues aun cuando la acci\u00f3n de extinci\u00f3n del derecho de dominio en la mayor\u00eda de los casos se desprende de una actuaci\u00f3n de car\u00e1cter punitivo, no por ello las decisiones que se lleguen a adoptar en aquella quedan supeditadas a lo que se resuelva por la autoridad penal dado su origen constitucional (art\u00edculo 34 de la Carta Pol\u00edtica), de manera que resulta impropio subordinar las conclusiones y declaraciones a lo probado en un asunto de diversa naturaleza. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte Constitucional en la sentencia C-406 de 2021, recab\u00f3 en los \u00abrasgos definitorios\u00bb de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) (i) Autonom\u00eda. De la anterior configuraci\u00f3n surge, como una de las caracter\u00edsticas m\u00e1s relevantes de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio, su autonom\u00eda. La acci\u00f3n extintiva, ante todo, es independiente de la acci\u00f3n penal y del ejercicio estatal del ius puniendi. Aunque en la pr\u00e1ctica ella pueda ser promovida con ocasi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de una conducta punible, no consiste jur\u00eddicamente en una pena y procede al margen del hipot\u00e9tico juicio de culpabilidad de que sea susceptible el afectado. Esto, por cuanto el Constituyente la introdujo con un alcance m\u00e1s amplio a la sola comisi\u00f3n de delitos. Tambi\u00e9n es aut\u00f3noma de la acci\u00f3n civil, en tanto, pese a tener efectos patrimoniales, no est\u00e1 motivada por intereses econ\u00f3micos sino por finalidades p\u00fablicas superiores, conforme al marco constitucional ilustrado. <\/p>\n
(\u2026) la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio fue introducida en el Art\u00edculo 34 de la Constituci\u00f3n, como un mecanismo para desvirtuar la presunci\u00f3n del derecho de dominio sobre patrimonios adquiridos, no espec\u00edficamente s\u00f3lo mediante un delito, sino por razones m\u00e1s amplias, vinculadas tambi\u00e9n a la afectaci\u00f3n al tesoro p\u00fablico y al grave deterioro de la moral social. Consecuentemente, el Legislador puede establecer causales espec\u00edficas, a partir de las anteriores razones, no necesariamente circunscritas a la ejecuci\u00f3n de conductas punibles\u2026 <\/p>\n
(\u2026) la jurisprudencia ha precisado que, en tanto no tiene un car\u00e1cter sancionatorio, el tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio tampoco se halla sujeto a las garant\u00edas especiales creadas por el Constituyente para el proceso penal. Al tr\u00e1mite no son trasladables las garant\u00edas constitucionales sobre el delito, el proceso y la pena. No se aplica en este caso, por ejemplo, la presunci\u00f3n de inocencia y, por ende, la prohibici\u00f3n de la carga de la prueba en cabeza del afectado, carga que entonces opera para cualquiera de los sujetos procesales e intervinientes, conforme a las reglas procesales generales. Tampoco resultan aplicables garant\u00edas como la de la legalidad de la pena, irretroactividad de la ley penal y favorabilidad. Por las mismas razones, la Sala Plena ha considerado que no es posible extender al proceso de extinci\u00f3n de dominio la prohibici\u00f3n de la reforma en perjuicio, propia del derecho sancionatorio. <\/p>\n
(\u2026) (ii) Car\u00e1cter directo. Como correlato del car\u00e1cter aut\u00f3nomo, la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio es directa. Esto implica que su procedencia solamente est\u00e1 condicionada a la demostraci\u00f3n de las causales espec\u00edficas previstas por el Legislador, las cuales se derivan, a su vez, de las tres razones generales que el Constituyente consagr\u00f3 en el Art\u00edculo 34 de la Carta. No requiere una previa declaratoria de responsabilidad penal o de otra \u00edndole. <\/p>\n
(\u2026) (iii) Es p\u00fablica. Sobre la base de su consagraci\u00f3n a nivel constitucional, la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio es p\u00fablica, en la medida en que a trav\u00e9s suyo se protegen intereses superiores como el tesoro p\u00fablico y la moral social\u2026 <\/p>\n
(\u2026) iv) Es real y patrimonial. La acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio es real y patrimonial. De un lado, el Art\u00edculo 34 de la Constituci\u00f3n fue dise\u00f1ado para desvirtuar la presunci\u00f3n del derecho de dominio sobre bienes adquiridos en las circunstancias all\u00ed enunciadas. En este sentido, tiene un car\u00e1cter real. De otro lado, en tanto la extinci\u00f3n opera en virtud del provecho il\u00edcito que se materializa en una determinada porci\u00f3n de patrimonio, la facultad persecutoria opera, no exclusivamente sobre los bienes producto directo o indirecto de una actividad contraria al ordenamiento jur\u00eddico, sino que puede extenderse a otros que pese a tener origen l\u00edcito, hacen parte del patrimonio que se ha visto incrementado por las actividades il\u00edcitas. <\/p>\n
(\u2026) (v) Judicial. Se trata de una acci\u00f3n judicial, en la medida en que se precisa de la sentencia de una autoridad judicial, mediante la cual se desvirt\u00fae la legitimidad del dominio ejercido sobre unos bienes. De este modo, es un t\u00edpico acto jurisdiccional del Estado, lo cual implica que el respectivo proceso debe estar rodeado de las garant\u00edas propias del debido proceso. <\/p>\n
(\u2026) (vi) R\u00e9gimen procedimental propio. Debido a su autonom\u00eda y a sus particularidades, las normas procesales para la aplicaci\u00f3n de la acci\u00f3n extintiva del dominio no se sujetan ni deben coincidir, de forma necesaria, con instituciones de otros tr\u00e1mites y actuaciones. Las reglas que han de componer el procedimiento correspondiente son, y pueden ser, propias y especiales. Puesto que el Constituyente introdujo directamente la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio y estableci\u00f3 algunos elementos b\u00e1sicos, el margen de configuraci\u00f3n del Legislador en torno a la construcci\u00f3n del procedimiento se ubica en un punto intermedio. <\/p>\n
(\u2026) Por \u00faltimo, debe advertirse que en el ejercicio de esta potestad de configuraci\u00f3n adquiere relevancia el hecho de que se trata de una acci\u00f3n que, adem\u00e1s de tener car\u00e1cter constitucional, es aut\u00f3noma, respecto de otras acciones y, en particular, de la acci\u00f3n penal. As\u00ed mismo, la circunstancia de que como atributos intr\u00ednsecamente articulados, posee car\u00e1cter directo, p\u00fablico y judicial (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Fue con fundamento en los anteriores principios que la corporaci\u00f3n querellada determin\u00f3 que el inmueble pasible de extinci\u00f3n se utiliz\u00f3 por su entonces propietario para el almacenamiento de armas de fuego (con independencia que el perpetrador de tal conducta punible hubiere sido condenado bajo la modalidad de portarlas), que la donaci\u00f3n de la nuda propiedad que aquel efectu\u00f3 a favor de sus descendientes fue apenas aparente, ante el resquebrajamiento del t\u00edtulo por la incursi\u00f3n en una causal espec\u00edfica de extinci\u00f3n y que resultaba inviable acudir a la figura de la buena fe cualificada en tanto el motivo sobre el que vers\u00f3 el proceso especial gravit\u00f3 en torno a la destinaci\u00f3n del bien para actividades il\u00edcitas y no su adquisici\u00f3n, caso en el cual bastaba solo con el examen de la buena fe simple con que actu\u00f3 quien para ese momento figuraba como due\u00f1o de la cosa. <\/p>\n
Bajo el anterior entendimiento, para la Corte la providencia emanada de la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio no adolece de los yerros atribuidos, descart\u00e1ndose el acaecimiento de una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, habida consideraci\u00f3n que encuentra sustento no solo en las disposiciones legales y supralegales llamadas a gobernar el asunto, sino tambi\u00e9n en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en las pruebas v\u00e1lidamente allegadas al juicio especial. <\/p>\n
Adem\u00e1s, al confrontar la presente solicitud de amparo con las intervenciones de la afectada al interior del tr\u00e1mite extintivo (que se extractan del fallo de segunda instancia), se observa que lo pretendido es insistir en argumentos que fueron analizados y desestimados por las autoridades jurisdiccionales con apoyo de los principios superiores consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, buscando hacer prevalecer su particular intelecci\u00f3n de las normas que gobiernan la material, de la jurisprudencia aplicable y a\u00fan de las pruebas recaudadas, sobre la hermen\u00e9utica de la sala convocada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen del criterio que esta Corporaci\u00f3n pudiera tener frente al razonamiento expresado por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en torno al asunto debatido, mientras el mismo no se observe infundado, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de indiscutible arbitrariedad judicial, pues m\u00e1s all\u00e1, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713) <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y en su lugar NIEGA el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La actuaci\u00f3n arrib\u00f3 a esta Sala para desatar la impugnaci\u00f3n, s\u00f3lo hasta el pasado 30 de enero. <\/p>\n
2\u0002 En el funcionaba establecimiento de comercio denominado \u00abParqueadero Tairona\u00bb con registro mercantil 197501 <\/p>\n
3\u0002 Ver entre muchas otras las sentencias CC C-740 de 2003, CC C-958 de 2014 y CC C-406 de 2021. <\/p>\n
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STC1021-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC1021-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02225-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70566","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70566","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70566"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70566\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70566"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70566"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70566"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}