STC1022-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC1022-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2022-00266-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 17 de enero de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en la tutela que Diana Marcela y Mar\u00eda Lucero Morales Gallego le instauraron al Juzgado Segundo Civil Circuito de esa ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2020-00584. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Las libelistas exigieron la protecci\u00f3n de la prerrogativas al \u00abdebido proceso, igualdad, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara al estrado acusado \u00abdeje sin efecto la providencia adiada el 01 de diciembre hoga\u00f1o (\u2026) mediante [la] cual mantuvo en firme la providencia del 29 de agosto de 2022, proferida en primera instancia por el Juzgado 08 Civil Municipal de la Ciudad De Manizales\u00bb y, en consecuencia, \u00absustente la decisi\u00f3n de segunda instancia bajo el argumento contemplado en el art\u00edculo 19 del Decreto 1420 de 1988, que fuera compilado por el decreto 1170 del 2015 por el art\u00edculo 2.2.2.3.18\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujeron que el Juzgado Octavo Civil Municipal de Manizales en el juicio divisorio ad-valorem que le incoaron a H\u00e9ctor Morales Gallego (n\u00ba 2020-00584), adjudic\u00f3 a este \u00abel derecho del 66,66% del dominio respecto al bien inmueble distinguido con la matr\u00edcula inmobiliaria Nro. 100-42653 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Manizales\u00bb (29 ag. 2022), cuyo aval\u00fao fue de $255\u00b4670.000,oo. <\/p>\n
Apelaron esa decisi\u00f3n porque en la \u00abfecha de elaboraci\u00f3n del avalu\u00f3 asignado al inmueble, que tiene como fecha la data del 19 de octubre del a\u00f1o 2019, pues para la data del 14 de febrero de 2022, hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os y cuatro (4) meses de vigencia del avalu\u00f3\u00bb, lo que estaba \u00abdirectamente en contrasentido [con] lo rituado por el art\u00edculo 01 del Decreto 1420 de 1988, que fuera compilado por el decreto 1170 del 2015 por el art\u00edculo 2.2.2.3.1 [y] el art\u00edculo 19 del Decreto 1420 de 1988, que fuera compilado por el decreto 1170 del 2015 por el art\u00edculo 2.2.2.3.18\u00bb; sin embargo, el superior la ratific\u00f3 (1\u00ba dic.). <\/p>\n
En su criterio, tales determinaciones son arbitrarias, toda vez que, insistiendo en los reparos esbozados ante el juez natural, \u00abla decisi\u00f3n judicial de primera instancia est\u00e1 dando v\u00eda libre a que una de las partes en el proceso, se vea favorecida de manera ostensible con la actualizaci\u00f3n del aval\u00fao catastral y en perjuicio de los dem\u00e1s comuneros que en nada se benefician con dicho incremento\u00bb; adem\u00e1s, trajeron a colaci\u00f3n las sentencias T-531 del 25 de junio de 2010 de la Corte Constitucional, en torno a la \u00abfijaci\u00f3n del precio real del inmueble\u00bb y, T-175 y T-294 de 1997 respecto a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales comunic\u00f3 que \u00aben [ese] proceso las demandantes, DIANA MARCELA y MARIA LUCERO MORALES GALLEGO han pretendido que se modifique y actualice el valor del inmueble objeto de litis, no solo a trav\u00e9s de incidente de mayor valor del bien inmueble, sino a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n frente a la sentencia de primera instancia dictada por el a quo Juzgado Octavo Civil Municipal de esta Localidad, los cuales han sido resueltos conforme a derecho y que hoy pretende nuevamente a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n de amparo, sean resueltas\u00bb; de ah\u00ed que, esa oficina \u00abse abstiene de hacer alg\u00fan otro pronunciamiento, est\u00e1ndose a lo que se pruebe dentro del tr\u00e1mite de tutela y a lo que su Honorable Despacho, como Juez constitucional decida\u00bb. <\/p>\n
El Octavo Civil Municipal explic\u00f3 que \u00abno considera ser transgresor de derechos fundamentales de las accionantes por haber tramitado el proceso conforme al ordenamiento sustancial y procesal aplicable a la materia, respetando el derecho al debido proceso y de defensa de la parte demandante\u00bb. <\/p>\n
H\u00e9ctor Morales Gallego se opuso al pet\u00edtum y resalt\u00f3 que \u00abla parte demandante ha estado debidamente representada por el profesional del derecho, quien ha agotado todos los medios, recursos e incluso dilaciones posibles (\u2026)\u00bb, por lo que, \u00abcon los mecanismos utilizados, (\u2026) pretende[n] subsanar su propia culpa y error, vali\u00e9ndose de ella y alegar la propia culpa para obtener el resultado que se pretende en sede de tutela y en consecuencia seguir dilatando injustificadamente\u00bb el proceso. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de Manizales desestim\u00f3 el auxilio, por hallar razonable la directriz combatida, en tanto su \u00abmotivaci\u00f3n no determina una v\u00eda de hecho susceptible de ser modificada por esta v\u00eda constitucional, por cuanto el fallador que actu\u00f3 como \u00f3rgano de cierre en este caso concreto, fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en preceptos normativos, jurisprudenciales y doctrinales que, a su juicio, se aplicaban en el sub judice y no a su mero capricho o veleidad\u00bb, tanto m\u00e1s, si \u00abninguno de los extremos de la litis manifest\u00f3 en el momento procesal oportuno reparo alguno frente a la determinaci\u00f3n de tener como \u00fanico aval\u00fao el allegado por la parte demandante, esto es frente al auto del 14 de febrero de 2022, proferido por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Manizales \u2013 Caldas, que entre otras, decret\u00f3 dentro del proceso divisorio instaurado por las se\u00f1oras Diana Marcela y Mar\u00eda Lucero Morales Gallego en contra del se\u00f1or H\u00e9ctor Morales Gallero, la divisi\u00f3n Ad Valorem a trav\u00e9s de venta en p\u00fablica subasta, reconoci\u00f3 las mejoras plantadas en el inmueble objeto de litigio a la parte ejecutada; providencia que qued\u00f3 ejecutoriada el 17 de febrero de la misma anualidad\u00bb. <\/p>\n
4.-Refutaron las precursoras con los mismos argumentos inaugurales, enunciando que han reiterado el desconocimiento (i) \u00ab[P]or parte de ambas instancias [de] la aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de una norma lealmente expedida, por regular de manera concreta lo referente a los aval\u00faos para la adquisici\u00f3n de inmuebles por enajenaci\u00f3n forzosa\u00bb y; (ii) \u00ab[D]e manera flagrante [de] la temporalidad que la norma determina con respecto a la vigencia de los aval\u00faos, t\u00e9rmino este que aunado a una nueva estratificaci\u00f3n catastral vigente para el a\u00f1o 2022 permite establecer un nuevo avalu\u00f3 catastral\u00bb. <\/p>\n
Agregaron que, \u00abLa norma sustancial invocada dentro del tr\u00e1mite \u201cINCIDENTE DE MAYOR VALOR\u201d fue desatendida, para privilegiar la norma procesal sustento de la decisi\u00f3n judicial y reiterada en el fallo de esta acci\u00f3n constitucional, desconociendo con ello de manera palmaria el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que ordenada darle prelaci\u00f3n a lo sustancial sobre lo procesal\u00bb, aunado a la desatenci\u00f3n \u00abjurisprudencial constitucional en la que se ha cuestionado la rigurosidad procesal para sacrificar normas de orden sustancial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Si bien, la queja se dirige tambi\u00e9n contra el prove\u00eddo expedido por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Manizales (29 ag. 2022), se analizar\u00e1 \u00fanicamente el del Segundo Civil del Circuito de esa localidad (1\u00ba dic.), por ser el que zanj\u00f3 de manera definitiva la cuesti\u00f3n debatida. <\/p>\n
2.- En el sub lite, de entrada, se advierte la convalidaci\u00f3n del veredicto opugnado, en raz\u00f3n a que ning\u00fan atropello a las garant\u00edas de las impulsoras se caus\u00f3 con la providencia expedida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales. <\/p>\n
Afirmase as\u00ed porque, distinto a lo expuesto por las actoras, las reflexiones que la edificaron resultan consecuentes con el devenir procesal, ya que, en efecto, comenz\u00f3 delimitando el problema jur\u00eddico, as\u00ed: \u00ab\u00bfExisti\u00f3 por parte de la Juez de Primera Instancia ausencia de estudio respecto la carencia de vigencia del aval\u00fao, base para efectuar la divisi\u00f3n ad valorem del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 100-42653 de propiedad de las partes?\u00bb y, para dirimirlo, luego de citar los art\u00edculos 406 a 418 de la Ley 1564 de 2012, junto con el canon 74 de la Ley 14 de 1983, modificada por la Ley 75 de 1986, y Decreto 1420 de 1998, que modific\u00f3 la Ley 9 de 1989 y Ley 388 de 1997. <\/p>\n
Despu\u00e9s, estudi\u00f3 las tres desavenencias de las recurrentes, primera de las cuales, solucion\u00f3 as\u00ed: \u00abPRIMER RESUPUESTO (sic): INCIDENTE DE MAYOR VALOR. Al respecto no habr\u00e1 de realizarse ninguna manifestaci\u00f3n toda vez que dicha situaci\u00f3n ya fue resuelta por esta colegiatura mediante auto del 27 de octubre del 2022, raz\u00f3n por la cual esta decantado\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, escudri\u00f1\u00f3 el reproche referente a la falta de actualizaci\u00f3n del \u00abavalu\u00f3\u00bb conforme al Decreto 1420 de 1988 y, sobre su aplicaci\u00f3n en el divisorio objetado esgrimi\u00f3: <\/p>\n
Al respecto encuentra esta c\u00e9lula Judicial que la normatividad con la cual la parte recurrente fundamenta su alzada, no resulta ser la aplicable en el proceso divisorio, si bien es cierto que existi\u00f3 una actualizaci\u00f3n catastral por cuenta de la autoridad competente y la administraci\u00f3n municipal de Manizales, tambi\u00e9n lo es que dicha actualizaci\u00f3n no vincula ni mucho menos obliga al operador judicial a actualizar los aval\u00faos corporativos (comerciales) o catastrales, dentro de los procesos en los cuales se est\u00e9 discutiendo un derecho real, o versen sobre bienes inmuebles, como es el caso del proceso divisorio. <\/p>\n
Teniendo entonces que el a quo, no incurri\u00f3 en vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno, ni mucho menos omito la aplicaci\u00f3n de normatividad aplique al caso de marras, ya que como se dijo, la norma enunciada por la parte apelante no resulta ser la aplicable en el proceso divisorio, no puede equiparar la parte demandante el proceso de enajenaci\u00f3n voluntaria o forzosa en declaratoria p\u00fablica, con el proceso divisorio, que si bien resulta ser un tr\u00e1mite contencioso, en el sub judice, no existi\u00f3 una enajenaci\u00f3n forzosa, m\u00e1s a\u00fan cuando si se quisiere por analog\u00eda traer dicha normatividad, se obvio por la parte insatisfecha, que fueron ellas mismas quienes iniciaron el tr\u00e1mite que hoy nos ata\u00f1e y que el demandado se\u00f1or Hector Morales, no se opuso a las pretensiones de la demanda, solo solicit\u00f3 se reconociera su derecho de mejora\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto a la vigencia del \u00abaval\u00fao\u00bb, apostill\u00f3: <\/p>\n
\u00abTERCER RESUPUESTO (sic): CARENCIA DE VIGENCIA DEL AVAL\u00daO. <\/p>\n
Menciona la parte recurrente que el aval\u00fao corporativo base de la divisi\u00f3n efectuada por valor de $255.670.000 carece de vigencia, toda vez que el mismo, supera el a\u00f1o de desde su expedici\u00f3n, olvidando la parte actora que dicha condici\u00f3n no es \u00fanica, puesto que la misma normatividad que alude el precitado indica en su mismo articulado que \u201cLos aval\u00faos tendr\u00e1n una vigencia de un (1) a\u00f1o, contado desde la fecha de su expedici\u00f3n o desde aquella en que se decidi\u00f3 la revisi\u00f3n o impugnaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Obviando la parte recurrente que su impugnaci\u00f3n se efectu\u00f3 mediante la proposici\u00f3n del incidente de mayor valor, la cual fue incoada en el mes de julio hoga\u00f1o y resuelta en recurso de apelaci\u00f3n por esta C\u00e9lula Judicial el 27 de octubre del 2022, teniendo con ello que la vigencia del aval\u00fao atacado conforme a la analog\u00eda presentada por la parte recurrente, todav\u00eda se encuentra t\u00e9rmino. <\/p>\n
Dicho lo anterior no le asiste fundamento a la parte recurrente en el sub judice, por lo arriba expuesto, ya que el a quo no vulnero derecho fundamental alguno a las demandantes y el aval\u00fao comercial atacado conserva su plena vigencia\u00bb. <\/p>\n
3.- Dicha elucubraci\u00f3n no luce descabellada o antojadiza; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia, de ah\u00ed que, no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario; m\u00e1xime si, el contenido de los \u00abreparos objeto de apelaci\u00f3n\u00bb es id\u00e9ntico a los razonamientos trazados en el escrito genitor para asentar los motivos de clamor supralegal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como buscan las gestoras, pues el despacho querellado emprendi\u00f3 una labor intelectiva adecuada al \u00abanalizar el material demostrativo\u00bb prenotado, con un pormenorizado examen de los hechos; y al margen de que la Sala o las promotoras compartan o no tales deducciones, no es este el escenario que habilite a estas a imponer su propia visi\u00f3n acerca del desenlace que debi\u00f3 darse a la Litis, en tanto este sendero especial no constituye una tercera instancia con el fin de discutir \u00ablos fundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC8170-2022). <\/p>\n
4.- En lo que ata\u00f1e con la aplicaci\u00f3n de los pronunciamientos T-175 y T-294 de 1997 y T-531 de 2010, la salvaguarda tambi\u00e9n est\u00e1 llamada al fracaso, en la medida que cada \u00abcuesti\u00f3n tutelar\u00bb tiene particularidades que lo diferencia de los dem\u00e1s y de \u00e9ste, luego no conducen a solventar de manera id\u00e9ntica, m\u00e1s, cuando las resoluciones adoptadas en sede constitucional son \u00abinter partes [y] (\u2026) no [tienen] la virtualidad de extender sus efectos a la situaci\u00f3n que [se] plantea en relaci\u00f3n con [el interesado] en este tr\u00e1mite\u00bb (CSJ STC, 22 may. 2009, rad. 00124-01, reiterada en STC15739-2022), de conformidad con el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 48 de la Ley 270 de 1996. <\/p>\n
5.- Como colof\u00f3n, se avalar\u00e1 el proveimiento confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1022-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente STC1022-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2022-00266-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 17 de enero de 2023 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70567","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70567","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70567"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70567\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70567"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70567"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70567"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}