STC1038-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1038-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 23001-22-14-000-2023-00004-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 23 de enero de 2023, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1lvaro Gustavo Montealegre Dau contra los Juzgados Promiscuo de Familia y Primero Promiscuo Municipal, ambos de Lorica \u2013 C\u00f3rdoba. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. Nevis Nedit Negrette Narv\u00e1ez present\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el municipio de Lorica, en procura de obtener su nombramiento en el cargo de \u00abProfesional Universitario, C\u00f3digo 219, grado 03\u00bb, pues ocup\u00f3 el primer puesto en la lista de elegibles1; cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de esa ciudad (rad. n.\u00ba 2022-00511), quien ampar\u00f3 el derecho de petici\u00f3n de la all\u00ed censora; pero, impugnada esa decisi\u00f3n, el estrado Promiscuo de Familia de esa urbe la revoc\u00f3, para, en su lugar, conceder la protecci\u00f3n y ordenar el inicio de los tr\u00e1mites pertinentes. <\/p>\n
2.2. Sin embargo, \u00c1lvaro Gustavo Montealegre Dau, aqu\u00ed libelista, nunca fue vinculado ni notificado del inicio de esa causa, pese a que, en la actualidad, ocupa en provisionalidad el mencionado empleo, de modo que \u00abcon el actuar omisivo de las unidades judiciales que tuvieron conocimiento expreso de la acci\u00f3n, en primera y segunda instancia, se configur\u00f3 una vulneraci\u00f3n clara a mi derecho fundamental al debido proceso, ya que, en su momento, no se me dio la oportunidad de intervenir como tercero vinculado, en vista de que me asist\u00eda un inter\u00e9s directo en ambas instancias, por ser el titular del cargo que actualmente se pretende reclamar por v\u00eda de tutela\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, (i) \u00ab[decretar] la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso de tutela Rad. 23-417-40-89-001-2022-00511-00, con conocimiento del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica en primera instancia y por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica en segunda instancia\u00bb y (ii) \u00ab[ordenar] al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica a vincular como tercero vinculado al se\u00f1or \u00c1lvaro Gustavo Montealegre Dau, por asistirle un inter\u00e9s directo en el resultado del proceso, por ser la persona que actualmente ocupa el cargo de Profesional Universitario, C\u00f3digo 219, Grado 3 de la Alcald\u00eda Municipal de Lorica, C\u00f3rdoba\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil \u2013CNSC compareci\u00f3 al tr\u00e1mite oponi\u00e9ndose a la prosperidad del petitum, en tanto que, \u00absi bien en el fallo de segunda instancia se ordena iniciar con los tr\u00e1mites administrativos de nombramiento de la se\u00f1ora Nevis Nedit Negrette Narv\u00e1ez, en el cargo que actualmente ocupa el se\u00f1or \u00c1lvaro Gustavo Montealegre Dau, es de indicar que el accionante se encuentra nombrado en provisionalidad, mientras que la se\u00f1ora Nevis Nedit Negrette Narv\u00e1ez, fue la ganadora del del PROCESOS DE SELECCI\u00d3N TERRITORIAL 2019 – ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE LORICA, del Sistema General de Carrera Administrativa, en el cual se ofert\u00f3 una (1) vacante para proveer el empleo denominado PROFESIONAL UNIVERSITARIO, C\u00f3digo 219, Grado 3, identificado con el C\u00f3digo OPEC No. 5212. En consecuencia, es obligaci\u00f3n de la entidad nominadora ocupar el cargo con quien gan\u00f3 el concurso de m\u00e9ritos\u00bb. <\/p>\n
2. Nevis Negrette Narv\u00e1ez tambi\u00e9n solicit\u00f3 la denegaci\u00f3n de la salvaguarda, comoquiera que \u00abel accionante fundamenta su escrito de acci\u00f3n de tutela en pocas palabras, por la supuesta violaci\u00f3n al debido proceso, ya que no fue vinculado como tercero con inter\u00e9s directo dentro del proceso de tutela que fueron fallados y que son aqu\u00ed debatidos, porque ocupa el cargo el cual ostento. Cargo que me gan[\u00e9] por concurso de m\u00e9ritos y que por omisi\u00f3n y negativa de la Alcald\u00eda de Santa Cruz de Lorica me vi en la necesidad de interponer acci\u00f3n de tutela para que cumpliera con lo ordenado en las resoluciones N\u00b05407 de fecha 10\/11\/2021 y N\u00b05754 de fecha 15\/07\/2022 expedidas por Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil \u201cCNSC\u201d, encargada de la realizaci\u00f3n de dicho proceso\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo concedi\u00f3 el amparo, porque \u00abse avizora la configuraci\u00f3n de un defecto procedimental absoluto, toda vez que el proceder adecuado por parte del juez constitucional en el proceso con radicado No. 2022-00527 (sic) [2022-00511], debi\u00f3 ser la vinculaci\u00f3n y notificaci\u00f3n de los terceros que ser\u00edan afectados con la decisi\u00f3n, por tener inter\u00e9s en aquel asunto, tal como lo indica el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 de 1991, lo cual en efecto no ocurri\u00f3 y conlleva a que la presente acci\u00f3n sea procedente\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, precis\u00f3 que \u00abluego de haber estudiado las pruebas que obran en el plenario, esta Colegiatura considera pertinente tutelar el derecho fundamental invocado por el accionante, pues no existe evidencia de que \u00e9ste haya sido vinculado y notificado en el proceso que dio origen a esta acci\u00f3n constitucional, lo cual evit\u00f3 que tuviera la posibilidad de alegar y acreditar alguna condici\u00f3n o situaci\u00f3n de especial protecci\u00f3n, que conllevara al juez constitucional una decisi\u00f3n distinta en aquel proceso. Por lo anterior, no cabe duda de que no solo se vulner\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso del tutelante, sino el derecho de defensa y contradicci\u00f3n. Por tal motivo, resulta forzoso dejar sin efectos las providencias de primera y segunda instancia, proferidas por los juzgados accionados los d\u00edas 25 de octubre de 2022 y 05 de diciembre del mismo a\u00f1o, dentro el proceso con radicado No. 23417-40-89-001- 2022-00527 (sic) [2022-00511], para que en su lugar se proceda a vincular y notificar en debida forma al se\u00f1or \u00c1lvaro Gustavo Montealegre Dau\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La vinculada Negrette Narv\u00e1ez recurri\u00f3 la precitada providencia, reiterando los argumentos expuestos en su intervenci\u00f3n y agregando que \u00abno se puede hablar de indebida notificaci\u00f3n o falta de conformaci\u00f3n de la \u201cLitis\u201d, cuando previamente se hab\u00edan agotado todos los mecanismos necesarios para informarle sobre la posibilidad de concursar, pero, adem\u00e1s, que deb\u00eda retirarse de su cargo por haber llegado la persona en propiedad. Luego, en ese instante, deb\u00eda considerar el inicio de cualquier tipo de acci\u00f3n, no hacerlo posteriormente mediante un mecanismo que carece de idoneidad para el pleito en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, se\u00f1al\u00f3 que, \u00ab[con ese proceder] se estar\u00eda patrocinando y dilatando el deber legal que tiene el alcalde de Lorica \u2013 C\u00f3rdoba de cumplir con lo ordenado mediante los actos administrativos o resoluciones N\u00b05407 de fecha 10\/11\/2021 y N\u00b05754 de fecha 15\/07\/2022 expedidas por Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil \u201cCNSC\u201d, donde le ordenan realizarme el nombramiento en el cargo que fui seleccionada como la primera de la lista de elegibles con firmeza completa, proceso este que se encuentra en firme\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas incurrieron en presunta v\u00eda de hecho en el curso de la acci\u00f3n de tutela que Nevis Negrette Narv\u00e1ez interpuso contra el municipio de Lorica y otros (rad. n.\u00ba 2022-00511), por no haber vinculado al tr\u00e1mite a \u00c1lvaro Gustavo Montealegre Dau, aqu\u00ed libelista, pese a que, en la actualidad, detentar\u00eda en provisionalidad el cargo al que aspira ser nombrada la all\u00ed solicitante. <\/p>\n
2. Eventos de excepci\u00f3n en los que procede la acci\u00f3n de tutela contra asuntos de id\u00e9ntica naturaleza. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n se ha pronunciado sobre la posibilidad de acudir a esta justicia especial, en aras de controvertir decisiones emanadas de otras acciones de igual naturaleza, afirmando, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) s\u00f3lo en el evento de flagrantes violaciones \u201cal debido proceso\u201d, por omitir vincular a interesados o indebida notificaci\u00f3n de las partes es posible estudiar la queja contra un auxilio anterior, al asegurar que \u00abpor regla de principio, la tutela contra tutela no est\u00e1 consagrada en la ley y, por consiguiente, es improcedente\u00bb. Empero, por v\u00eda de excepci\u00f3n, y \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, ser\u00eda admisible la acci\u00f3n de amparo, para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental. <\/p>\n
(\u2026) cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo, la protecci\u00f3n no puede tener cabida, pues en caso contrario, esta Corte ha dicho que se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo. (\u2026) la inconformidad que se suscite frente a un fallo de amparo, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo mecanismo jur\u00eddico, pues para el efecto, el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, \u00abcomo el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ, STC4314-2018, 4 abr., rad. 2018-00734, reiterada, entre otras, en STC7107-2018, 31 may., rad. 2018-00069 y STC6081-2021, 28 may., rad. 2021-00009). <\/p>\n
As\u00ed mismo, sobre el particular, la Corte Constitucional ha resaltado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. (\u2026) [As\u00ed], si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (\u2026) regla que no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional. <\/p>\n
(\u2026) [s]i la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) Si la acci\u00f3n se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
(\u2026) Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n\u00bb (CC, SU-627\/15). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que se realiza al reclamo constitucional, los anexos y las probanzas adosadas a este asunto, la Sala establece que habr\u00e1 de ratificarse la concesi\u00f3n del auxilio deprecado, comoquiera que se advierte la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales del actor \u2013en especial, del debido proceso, en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, originada en la tutela rad. n.\u00ba 2022-00511, tramitada en las instancias por los Juzgados Primero Promiscuo Municipal y Promiscuo de Familia, ambos de Lorica, respectivamente, al observarse la incursi\u00f3n en una de las causales de procedibilidad del amparo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, la cr\u00edtica del convocante consisti\u00f3 en que no fue vinculado ni notificado del inicio de la acci\u00f3n de tutela referenciada, pese a que, en la actualidad, estar\u00eda ejerciendo en provisionalidad el cargo de \u00abProfesional Universitario, C\u00f3digo 219, grado 03\u00bb en el citado ente territorial, al cual aspir\u00f3 ser nombrada \u2013en propiedad\u2013 la se\u00f1ora Negrette Narv\u00e1ez, al ocupar el primer puesto en el registro de elegibles, producto del concurso de m\u00e9ritos adelantado por la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil. <\/p>\n
En consecuencia, al discutirse la situaci\u00f3n respecto del mencionado puesto de trabajo \u2013que, se itera, viene desempe\u00f1ando en provisionalidad el aqu\u00ed inconforme\u2013, cualquier orden que se expidiera sobre el particular \u2013con independencia de su sentido\u2013 deb\u00eda estar precedida del enteramiento a las personas eventualmente perjudicadas, lo que, ciertamente, no ocurri\u00f3; y, tal como acaba de verse, ese alegato se subsume en una de las hip\u00f3tesis de viabilidad excepcional de la \u00abtutela contra tutela\u00bb, descritas en la jurisprudencia en cita. <\/p>\n
En ese orden, la falta de vinculaci\u00f3n y notificaci\u00f3n en el sub-lite adquiere mayor relevancia porque, adem\u00e1s de no haber podido intervenir desde el inicio en el desarrollo de esas diligencias \u2013por ejemplo, rindiendo informe sobre el objeto de la acci\u00f3n o controvirtiendo los fundamentos invocados por Negrette Narv\u00e1ez\u2013, la decisi\u00f3n de segundo grado comprendi\u00f3 \u00f3rdenes concretas y directas al municipio de Lorica, las cuales tendr\u00edan incidencia en la situaci\u00f3n laboral del aqu\u00ed censor. <\/p>\n
Por lo tanto, esa espec\u00edfica circunstancia estructura la causal de nulidad prevista en el numeral 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan la cual \u00abel proceso es nulo, en todo o en parte (\u2026) cuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes\u00bb, aplicable en virtud de la remisi\u00f3n normativa del canon 4 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Sobre el tema, es oportuno reiterar que, en asuntos similares, la Corte Constitucional ha precisado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) respecto de la notificaci\u00f3n del auto admisorio, es necesario que las personas directamente interesadas en el proceso lo conozcan -lo que incluye, al accionante, al accionado y a los terceros vinculados por la autoridad judicial- a fin de que puedan comprender la decisi\u00f3n judicial con la que se inicia el tr\u00e1mite constitucional, los efectos que tiene y en raz\u00f3n a ello, actuar dentro del mismo seg\u00fan sus intereses. <\/p>\n
Igualmente ha reconocido la importancia de notificar la primera actuaci\u00f3n procesal incluso cuando se presenten dificultades asociadas a la ubicaci\u00f3n de las personas interesadas, a la existencia de zonas geogr\u00e1ficas de dif\u00edcil acceso o al desconocimiento del lugar de residencia. En esa direcci\u00f3n, mediante Auto 252 de 2007 se analiz\u00f3 el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n de tutela en la que fue incumplido el deber de notificaci\u00f3n de la providencia de admisi\u00f3n, debido a que la parte accionada se encontraba en una zona rural apartada. En esa oportunidad, este tribunal decret\u00f3 la nulidad de todo lo actuado, pues precis\u00f3 que la notificaci\u00f3n eficaz de la decisi\u00f3n de admisi\u00f3n es un aspecto central para garantizar el derecho de defensa y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia. La dificultad de cumplir ese requisito no puede servir de base para continuar con el tr\u00e1mite y, posteriormente, negar la protecci\u00f3n de los derechos invocados. (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) el juez constitucional tiene la obligaci\u00f3n de notificar tanto a las partes como a los terceros interesados, todas las providencias judiciales que se generen en el transcurso del tr\u00e1mite de tutela, incluyendo el auto que la admite. Dicha obligaci\u00f3n impone al juez el deber de escoger una v\u00eda de comunicaci\u00f3n eficaz, es decir, que pueda garantizar -en atenci\u00f3n a las circunstancias particulares de cada caso concreto- la transmisi\u00f3n efectiva y fidedigna del contenido de la providencia judicial; de manera que, de no realizarse la notificaci\u00f3n de alguna providencia o existir duda sobre su eficacia, el tr\u00e1mite estar\u00eda viciado de una irregularidad que afecta su validez, pues se genera una vulneraci\u00f3n del debido proceso\u00bb. (CC, A-397\/18) Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En el mismo sentido, esta Corporaci\u00f3n ha indicado que una omisi\u00f3n de tal naturaleza compromete las prerrogativas derivadas del debido proceso, es decir, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) un conjunto de garant\u00edas fundamentales que deben respetarse en todo procedimiento, tr\u00e1mite, juicio o actuaciones administrativas, asisti\u00e9ndole el derecho a las partes, y dem\u00e1s personas que tengan inter\u00e9s leg\u00edtimo de intervenir a elevar solicitudes, aducir pruebas y controvertir las allegadas, postulados estos que est\u00e1n consagrados como derecho fundamental en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb (CSJ SC, 5 may. 2011 rad. 00063-01, reiterada en ATC1153-2015, 5 mar.). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
4.1. Se confirmar\u00e1 la concesi\u00f3n decretada por el tribunal, pero precisando el alcance de la orden, para que, nuevamente, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica \u2013como a quo en la causa n.\u00ba 2022-00511\u2013, reanude las actuaciones a su cargo, disponiendo la vinculaci\u00f3n de \u00c1lvaro Gustavo Montealegre y de los dem\u00e1s eventuales interesados y\/o afectados. <\/p>\n
4.2. De igual forma, se corregir\u00e1 el precitado mandato, para aclarar que el radicado del tr\u00e1mite constitucional auscultado es el previamente referido, y no el \u00ab23417-40-89- 001-2022-00527\u00bb (sic) que se indic\u00f3, por equivocaci\u00f3n, en la parte resolutiva de la providencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la concesi\u00f3n del amparo; pero MODIFICA y CORRIGE el ordinal SEGUNDO del fallo impugnado, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
\u00abSEGUNDO: DEJAR sin valor ni efectos las actuaciones surtidas en el curso de la acci\u00f3n de tutela rad. n.\u00ba 23417-40-89-001-2022-00511-00, desde el auto admisorio, inclusive, as\u00ed como de las dem\u00e1s decisiones que de all\u00ed se desprendan; y, su lugar, ORDENAR al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica que, como a quo en ese asunto, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, reanude las gestiones a su cargo, disponiendo la vinculaci\u00f3n de \u00c1lvaro Gustavo Montealegre Dau, as\u00ed como de los dem\u00e1s interesados y\/o afectados\u00bb. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abCargo de Profesional Univesitario, C\u00f3digo 219, Grado3, identificado con el C\u00f3digo OPEC No.5212, Procesos de Selecci\u00f3n Terrotorial 2019- Alcald\u00eda de Santa Cruz de Lorica, del cual obtuvo el primer lugar de acuerdo a la Resoluci\u00f3n 5645 del 10 de noviembre de 2021, expedida de la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, ratificada mediante Resoluci\u00f3n N\u00b0 5754 de fecha 15\/07\/2022\u00bb. Ordinal segundo del fallo del ad quem en la causa revisada. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1038-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC1038-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 23001-22-14-000-2023-00004-01 (Aprobado en Sala de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 23 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70580","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70580","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70580"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70580\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70580"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70580"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70580"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}