STC1042-2023<\/p>\n
<\/p>\n
GABRIEL HERN\u00c1NDEZ VILLARREAL <\/p>\n
STC1042-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-01251-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve (09) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (09) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Le corresponde a la Sala de Conjueces resolver la acci\u00f3n de tutela que el ciudadano LUIS HERN\u00c1N \u00c1LVAREZ formul\u00f3 en contra de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n N\u00famero 2 de la Corte Suprema de Justicia, y para tal fin a continuaci\u00f3n se exponen las razones por las que la misma habr\u00e1 de ser declarada improcedente. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTO DE LA ACCI\u00d3N <\/p>\n
De la informaci\u00f3n obtenida y las diligencias allegadas con la demanda, se pudo establecer lo siguiente: <\/p>\n
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1. El ciudadano LUIS HERN\u00c1N \u00c1LVAREZ promovi\u00f3 dos procesos ordinarios laborales en contra de la UNIVERSIDAD DE LA SABANA, los cuales fueron acumulados en uno solo por el juzgado de primera instancia. Luego de haberse surtido el tr\u00e1mite de rigor y, ante su inconformidad con la sentencia de segundo grado proferida el 6 de marzo de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, impugn\u00f3 este prove\u00eddo mediante la formulaci\u00f3n del respectivo recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Al dilucidar lo pertinente, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n N\u00famero 2 de la Corte Suprema de Justicia expidi\u00f3 la sentencia SL 5532 del 6 de diciembre de 2021, y en ella resolvi\u00f3 no casar la providencia recurrida. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, el aludido accionante instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela encaminada a controvertir lo decidido en esta \u00faltima sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Despu\u00e9s de haberse surtido la actuaci\u00f3n propia de una acci\u00f3n de esta naturaleza, mediante sentencias del 5 de abril y 7 de septiembre de 2022, las Salas de Casaci\u00f3n Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia negaron, en ese mismo orden, la solicitud de amparo constitucional elevada por el se\u00f1or \u00c1LVAREZ. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Circunscritos al tr\u00e1mite que con ocasi\u00f3n del se\u00f1alado pedido de resguardo llev\u00f3 a cabo la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n, en sentencia STC 11792-2022 del 7 de septiembre de 2022, ella decidi\u00f3 la impugnaci\u00f3n que se hab\u00eda formulado en contra del fallo del 5 de abril1 de ese mismo a\u00f1o proferido por su hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
<\/p>\n
6. A juicio de la Sala Civil, \u201cLa providencia cuestionada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas\u201d. (El \u00e9nfasis es del texto original). <\/p>\n
<\/p>\n
7. Ulteriormente, el se\u00f1or LUIS HERN\u00c1N \u00c1LVAREZ radic\u00f3 una nueva tutela, que es la que ahora nos concita, dirigida a confutar una vez m\u00e1s la sentencia SL 5532-2021 del 6 de diciembre de 2021, en la que \u2014como ya se indic\u00f3 en precedencia\u2014 la Sala dos de Descongesti\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvi\u00f3 de manera adversa a sus intereses el recurso de casaci\u00f3n que \u00e9l hab\u00eda interpuesto. <\/p>\n
<\/p>\n
8. Pese a que el actor volvi\u00f3 a centrar su discrepancia con el anterior prove\u00eddo, tambi\u00e9n extendi\u00f3 su censura a las determinaciones que en su momento adoptaron las Salas Penal y Civil de la Corte. En concreto, en su libelo demandatorio le reproch\u00f3 a estas que, aunque \u201cSoy una persona en situaci\u00f3n de discapacidad que radic\u00f3 acci\u00f3n de tutela el pasado 15 de marzo de los corrientes; las salas de Decisi\u00f3n de tutelas dos de la sala de Casaci\u00f3n Penal (4\/Ago\/22) y, de Casaci\u00f3n Civil de la CSJ (8\/sep\/22) resolvieron no amparar los derechos trasgredidos (sic), y luego de casi seis meses no ofrecieron las razones del por qu\u00e9 en el caso concreto, fue inflexible y preferente el apego a las formas y rigorismos propias del recurso de casaci\u00f3n (\u2026) [sobre] la patente y premeditada violaci\u00f3n de derechos fundamentales causadas por la demandada, Universidad de la Sabana\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
9. Con posterioridad y en su condici\u00f3n de interviniente dentro de la petici\u00f3n de salvaguarda supralegal que en esta sede se dilucida, en escrito radicado el d\u00eda 30 de enero del a\u00f1o en curso la doctora CECILIA MARGARITA DUR\u00c1N UJUETA, magistrada de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n N\u00famero 2 de la Corte Suprema de Justicia, se pronunci\u00f3 sobre la tutela instaurada por el se\u00f1or LUIS HERN\u00c1N \u00c1LVAREZ. En esencia, y luego de relievar que \u201cCon ponencia de la suscrita, mediante sentencia CSJ SL5532- 2021, se decidi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Luis Hern\u00e1n \u00c1lvarez contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1\u201d, fue enf\u00e1tica en se\u00f1alar que la acci\u00f3n de tutela deb\u00eda desestimarse, toda vez que la misma \u201c(\u2026) resulta completamente improcedente por cosa juzgada constitucional\u201d. Como sustento de esa afirmaci\u00f3n, explic\u00f3, entre otros aspectos, que \u201cel aqu\u00ed accionante present\u00f3 otra acci\u00f3n de amparo contra esta misma Sala al advertir una supuesta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad al proferirse la sentencia CSJ SL5532-2021, que no cas\u00f3 la decisi\u00f3n segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral que adelant\u00f3 contra la Universidad de la Sabana, ya que, en su criterio, se present\u00f3 un apego excesivo a las normas rituales y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas que rigen el recurso de casaci\u00f3n (\u2026)\u201d. Asimismo, adujo que \u201cEl reclam\u00f3 constitucional en esa oportunidad se resolvi\u00f3 en primera instancia por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, mediante fallo STP9811-2022, que neg\u00f3 el amparo solicitado, pues consider\u00f3, en s\u00edntesis, que no puede aducirse la estructuraci\u00f3n del exceso ritual manifiesto para evadir el cumplimiento de los requisitos definidos por la ley y concluy\u00f3 que exist\u00eda razonabilidad de la decisi\u00f3n que no casa la sentencia que niega la existencia de un contrato realidad por deficiencia t\u00e9cnica de casaci\u00f3n; que al ser impugnada esta determinaci\u00f3n fue confirmada por su hom\u00f3loga Civil el 7 de septiembre de 2002, a trav\u00e9s de providencia STC11792-2022, la cual no fue seleccionada para revisi\u00f3n por la Corte Constitucional el 29 de noviembre de 2022.\u201d <\/p>\n
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10. Por su parte, el d\u00eda 31 de enero de 2023 la UNIVERSIDAD DE LA SABANA dio respuesta, mediante apoderada, a la acci\u00f3n de amparo constitucional. En ese escrito, en resumen, solicit\u00f3 que la acci\u00f3n se declarase improcedente por cuanto no solo no existi\u00f3 ninguna violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del quejoso, sino adem\u00e1s debido a que no se hab\u00edan acreditado los elementos que tornan procedente la acci\u00f3n de tutela en contra de las providencias judiciales. Rememor\u00f3 lo acaecido alrededor del tr\u00e1mite procesal de las dos demandas laborales que el actor formul\u00f3 en su contra, afirmando que \u201cel 17 de abril de 2018, dicho Despacho (\u2026)\u201d (el de primera instancia) le dio la raz\u00f3n parcial al demandante. Tambi\u00e9n expres\u00f3 que, como resultado de esa decisi\u00f3n, ambas partes recurrieron la providencia de primer grado, y que mediante sentencia \u201cproferida el d\u00eda 6 de marzo de 2019\u201d el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u201cdetermin\u00f3 confirmar el fallo apelado\u201d. De esa manera evidenci\u00f3 que, aunque \u201cContra la anterior decisi\u00f3n, la parte demandante propuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n (\u2026) El d\u00eda 06 de diciembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral. Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0 2, a trav\u00e9s de la magistrada Cecilia Margarita Dur\u00e1n Ujueta (\u2026)\u201d, mediante sentencia SL5532-2021 dispuso no casar el aludido fallo. Argument\u00f3 que el accionante pretende, en lo fundamental, \u201crevivir discusiones ya clausuradas dentro del litigio en la medida que tales aspectos no fueron objeto del recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo de primera instancia y al no haber sido apeladas, se entiende que la discusi\u00f3n queda clausurada en relaci\u00f3n con tales aspectos\u201d. Asever\u00f3, igualmente, que lo que era objeto de discusi\u00f3n ya hab\u00eda sido resuelto cuando se dilucid\u00f3 lo atinente a la primera tutela que el se\u00f1or LUIS HERN\u00c1N \u00c1LVAREZ hab\u00eda interpuesto en contra de la sentencia SL5532-2021 del 6 de diciembre de 2021 (aquella a trav\u00e9s de la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n N\u00famero 2 la Corte Suprema de Justicia resolvi\u00f3 no casar la sentencia del 6 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1). En ese sentido, manifest\u00f3 que algunas de las pretensiones eran \u201ctemerarias\u201d, y finaliz\u00f3 argumentando que la acci\u00f3n de tutela no pod\u00eda constituirse en una instancia adicional; que no hab\u00eda lugar a predicar la existencia de v\u00edas de hecho; que, desde su perspectiva, y con apoyo en algunas transcripciones de jurisprudencia de la Corte Constitucional, no se acreditaban los requisitos de procedencia de tutela en contra de providencias judiciales; que el actor estaba abusando de esta figura constitucional y generando (\u2026) congesti\u00f3n injustificada de la administraci\u00f3n de justicia (\u2026) al pretender configurar v\u00edas de hecho en asuntos en donde francamente no existen\u201d; y que no se cumpl\u00edan los requisitos de \u201cinminencia, urgencia y gravedad\u201d, en la medida en que el se\u00f1or \u201cLUIS HERN\u00c1N \u00c1LVAREZ no se encuentra en medio de un perjuicio irremediable, as\u00ed como tampoco se encuentra en riesgo de estarlo\u201d. <\/p>\n
II. TR\u00c1MITE DE LA PRIMIGENIA ACCI\u00d3N DE TUTELA <\/p>\n
Como se desprende de lo expuesto en la sentencia STP9811-2022 del 5 de abril de 2022, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela que el se\u00f1or LUIS HERN\u00c1N \u00c1LVAREZ hab\u00eda interpuesto en contra de la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
Esta primera petici\u00f3n de amparo constitucional hab\u00eda sido elevada por el se\u00f1alado ciudadano, quien consider\u00f3 en esa oportunidad que sus derechos fundamentales fueron vulnerados a ra\u00edz de la expedici\u00f3n de la sentencia SL 5532-2021 del 6 de diciembre del a\u00f1o 2021, que resolvi\u00f3 no casar el fallo del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el cual, a su vez, confirm\u00f3 el del Juzgado 23 laboral del Circuito de Bogot\u00e1, en donde se le hab\u00eda dado parcialmente la raz\u00f3n dentro de los dos procesos laborales (que fueron acumulados en uno solo), instaurados por \u00e9l en contra de la Universidad de la Sabana. <\/p>\n
En concreto, la sentencia STP9811-2022 consign\u00f3 que \u201cEn cuanto a la Sala accionada, la acus\u00f3 por no flexibilizar \u201clas cargas t\u00e9cnicas\u201d en la elaboraci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pues debi\u00f3 superar los errores de t\u00e9cnica y analizar de fondo el asunto propuesto. Adem\u00e1s, le critic\u00f3 que acogi\u00f3 \u201clos errores\u201d del tribunal y b\u00e1sicamente atribuy\u00f3 a la Corporaci\u00f3n demandada los mismos yerros en la valoraci\u00f3n de las pruebas, el desconocimiento del precedente en cuanto a la sanci\u00f3n moratoria y la indebida motivaci\u00f3n, que enrostr\u00f3 a las instancias. Como consecuencia de lo anterior, el postulante de la acci\u00f3n busca que se deje sin efectos la sentencia proferida en sede de casaci\u00f3n y se ordene a la Sala de Descongesti\u00f3n No 2 dictar una nueva providencia que favorezca sus intereses\u201d. <\/p>\n
Posteriormente, y luego de explicar con apoyo en diversas fuentes la figura del \u201cexceso ritual manifiesto\u201d, la sentencia acot\u00f3 que \u201ctales postulados no significan en modo alguno, como pareciera entenderlo la parte accionante, que, al amparo del principio de prevalencia del derecho sustancial consagrado en el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sea posible omitir, soslayar o sustituir los procedimientos, o prescindir de las exigencias adjetivas que la normatividad procesal exige en algunos casos como condici\u00f3n necesaria para tener acceso al ejercicio de un derecho, por cuanto estos tambi\u00e9n cuentan, como ya se dijo, \u201ccon firme fundamento constitucional y deben ser fielmente acatadas en las actuaciones de los jueces\u201d (Corte Constitucional, sentencia C-173-19)\u201d. <\/p>\n
A partir de esas reflexiones, y con apoyo en algunos extractos de jurisprudencia constitucional, preceptu\u00f3 que \u201cPor tanto, estas exigencias de argumentaci\u00f3n m\u00ednima y coherente no pueden considerarse una barrera formal, ni un obst\u00e1culo para el ejercicio del derecho, puesto que es de la esencia del recurso de casaci\u00f3n que quien lo invoca, enuncie de manera clara, precisa y concisa el error denunciado, y lo demuestre, en virtud de la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad que ampara el fallo de segundo grado, para que el juez de casaci\u00f3n pueda conocer el contenido de la impugnaci\u00f3n y decidir de fondo. Trasladando estas premisas al caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, refulge evidente que al promotor de la acci\u00f3n no se le priv\u00f3 del derecho a acceder al recurso extraordinario, ni se le pusieron trabas o rituales indebidos para su ejercicio. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral analiz\u00f3 la demanda y concluy\u00f3 un\u00e1nimemente que, debido a falencias insalvables, no cumpl\u00eda las exigencias m\u00ednimas de fundamentaci\u00f3n para su estudio de fondo, pues pretend\u00eda que la Corte dedujera cu\u00e1l era el yerro de hecho que llevaba al desconocimiento de los arts. 13, 14, 21, 22, 23, 24, 27, 55, 142 y 340 del C.S.T. y la raz\u00f3n por la cual eran esos preceptos los llamados a regular la situaci\u00f3n f\u00e1ctica expuesta ante las instancias.\u201d <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido se ocup\u00f3 de evidenciar las falencias y errores en que incurri\u00f3 el se\u00f1or LUIS HERN\u00c1N \u00c1LVAREZ en la formulaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y entre otros elementos resalt\u00f3 que, en relaci\u00f3n con la indemnizaci\u00f3n moratoria que reclamaba en esa ocasi\u00f3n (y cuyo reconocimiento solicit\u00f3 una vez m\u00e1s en la actual acci\u00f3n de tutela) \u201c(\u2026) el accionante pretend\u00eda introducir en la impugnaci\u00f3n un tema ajeno a la demanda inicial, de ah\u00ed que el juez de la apelaci\u00f3n la neg\u00f3 por tal raz\u00f3n, sin ahondar en los requisitos previstos en el art. 65 del C.S.T.; ello, en aplicaci\u00f3n del principio de congruencia contemplado en el art. 281 del C\u00f3digo General del Proceso.\u201d <\/p>\n
De ese modo, finaliz\u00f3 se\u00f1alando que \u201clas aserciones contenidas en la sentencia confutada son percibidas por esta instancia como suficientes, ampliamente motivadas y obedecen al desarrollo pleno del ejercicio de valoraci\u00f3n que corresponde realizar a los funcionarios de la jurisdicci\u00f3n natural, conforme al principio de la libre formaci\u00f3n del convencimiento, de lo cual deriva que la providencia censurada sea irreformable por medio de este mecanismo constitucional. Recu\u00e9rdese aqu\u00ed que la aplicaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las disposiciones jur\u00eddicas y la interpretaci\u00f3n ponderada de los falladores, al resolver un asunto dentro del \u00e1mbito de su competencia, pertenece a su autonom\u00eda como administradores de justicia. Corolario de lo anotado en precedencia, no es posible acceder a la protecci\u00f3n reclamada, habida cuenta que la decisi\u00f3n acusada no denota proceder ileg\u00edtimo que le permita actuar a este mecanismo escogido, como que lo resuelto por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral obedeci\u00f3 a una labor de hermen\u00e9utica y valoraci\u00f3n probatoria en la que, por regla general, no puede inmiscuirse el juez de tutela, dado que tiene raigambre constitucional (arts. 228 y 230 de la C.P.), salvo que se aprecie, como se acot\u00f3, la materializaci\u00f3n de una inequ\u00edvoca v\u00eda de hecho que, por sus connotaciones y consecuencias, es de suyo excepcional\u201d. (negrilla y resaltado fuera del original). <\/p>\n
Estas conclusiones guardan simetr\u00eda con aquellas a las que lleg\u00f3 la Sala Civil al resolver la impugnaci\u00f3n de este fallo, cuando en la sentencia SCT11792-2022 expuso, luego de relievar la labor argumentativa no solo de la Sala Laboral que profiri\u00f3 el fallo de casaci\u00f3n que dio origen a la controversia, sino de la Sala Penal que, como se expuso, fue la que fall\u00f3 la tutela en primera instancia, que: \u201cConforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses.\u201d. (negrilla fuera del original). <\/p>\n
M\u00e1s adelante indic\u00f3 que \u201cDe otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas.\u201d Despu\u00e9s de ello recalc\u00f3 que, \u201cEn lo que ata\u00f1e a la solicitud del accionante, relacionada con que se investigue al apoderado de la parte demandada en el ordinario laboral, la misma no ser\u00e1 acogida pues sobre el punto, de tiempo atr\u00e1s el criterio de esta Corte ha sido que si el interesado \u00abestima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u201cEn relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u201d (\u2026)\u00bb (CSJ STC13871-2016, 29 sep., rad. 00321-01, citado en STC10041-2022, 4 ago., rad. 00386-01)\u201d. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
En la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional condicion\u00f3 el tr\u00e1mite del resguardo que se hace valer a trav\u00e9s de este medio, al cumplimiento de \u201cciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad\u201d, los cuales diferenci\u00f3 entre \u201cunos de car\u00e1cter general, que habilitan la interposici\u00f3n de la tutela, y otros de car\u00e1cter espec\u00edfico, que tocan con la procedencia misma del amparo una vez interpuesto.\u201d2 <\/p>\n
En lo que concierne a los \u201cRequisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias\u201d, la Corte Constitucional decant\u00f3 los siguientes: (i) Que la cuesti\u00f3n que se discute sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; (iv) Que cuando se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna; (v) Que la parte accionante identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n, los derechos vulnerados y que hubiese alegado tales violaciones durante el proceso y, (vi.) Que la acci\u00f3n no se interponga contra sentencias de tutela. <\/p>\n
Circunscritos a esta \u00faltima exigencia formal y, para que sea viable asumir el estudio del amparo deprecado, en el referido fallo la Corte Constitucional precis\u00f3: <\/p>\n
\u201cf. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho m\u00e1s si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selecci\u00f3n ante esta Corporaci\u00f3n, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisi\u00f3n, por decisi\u00f3n de la sala respectiva, se tornan definitivas.\u201d3 <\/p>\n
Previamente, por medio de la Sentencia SU-1219 de 2001, la misma Corporaci\u00f3n hab\u00eda fijado la regla de la improcedencia de las acciones de tutela interpuestas en contra de fallos de tutela, debido a que: <\/p>\n
\u201cEl mecanismo constitucional dise\u00f1ado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisi\u00f3n del propio Constituyente, es el de la revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional. Esta regulaci\u00f3n, no s\u00f3lo busca unificar la interpretaci\u00f3n constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como m\u00e1ximo tribunal de derechos constitucionales y como \u00f3rgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Adem\u00e1s, excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acci\u00f3n de tutela – bajo la modalidad de presuntas v\u00edas de hecho – porque la Constituci\u00f3n defini\u00f3 directamente las etapas b\u00e1sicas del procedimiento de tutela y previ\u00f3 que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un \u00f3rgano creado por \u00e9l – la Corte Constitucional – y por un medio establecido tambi\u00e9n por \u00e9l – la revisi\u00f3n.\u201d4 <\/p>\n
No obstante, la Corte Constitucional ha admitido, de manera excepcional, que en ciertos casos s\u00ed procede la acci\u00f3n de tutela, pero \u00fanica y exclusivamente en las dos hip\u00f3tesis que con absoluta diafanidad ella ha escindido de la siguiente manera: una, la tutela contra sentencias de tutela cuando su fundamento es la cosa juzgada fraudulenta; y otra, la procedencia del amparo contra actuaciones de los jueces de tutela que se hubieren surtido con anterioridad o posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e a la primera de las citadas hip\u00f3tesis, las Sentencias T-218 de 2012 y T-951 de 2013,5 as\u00ed como la SU-627 de 2015 (que reiter\u00f3 las mismas reglas que a continuaci\u00f3n se indican), precisaron: <\/p>\n
\u201c12. En ese sentido, la Sala identifica que la ratio decidendi de la Sentencia T-218 de 2012, en la cual se declar\u00f3 la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra una decisi\u00f3n de la misma naturaleza, implica el cumplimiento de los siguientes supuestos: <\/p>\n
<\/p>\n
a. La acci\u00f3n de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se est\u00e1 en presencia del fen\u00f3meno de cosa juzgada. <\/p>\n
b. Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en una anterior acci\u00f3n de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit). <\/p>\n
c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situaci\u00f3n, esto es, que tiene un car\u00e1cter residual.\u201d6 <\/p>\n
Frente a la segunda hip\u00f3tesis o modalidad extraordinaria de procedencia de tutela contra tutela, cuando el amparo se formula por actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia, la Corte Constitucional ha puntualizado, en Sentencia SU-627 de 2015, que: <\/p>\n
\u201c4.6.3. Si la acci\u00f3n se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u201d.7 <\/p>\n
Respecto de la cosa juzgada en materia de tutela, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: \u201cSeg\u00fan lo ha reiterado la Corte Constitucional al referirse al inciso primero del art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela se encuentra sujeta a los par\u00e1metros de la cosa juzgada. As\u00ed, las sentencias proferidas por las salas de revisi\u00f3n de tutelas de la Corte Constitucional hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada. Igual sucede con las sentencias de tutela que no son seleccionadas para revisi\u00f3n por la Corporaci\u00f3n\u201d.8 <\/p>\n
Frente a este mismo t\u00f3pico \u2014el de la cosa juzgada constitucional\u2014 se ha precisado igualmente que, \u201cvariaciones o alteraciones parciales\u201d en las partes no es un aspecto que por v\u00eda general tenga la suficiente relevancia como para desvirtuar esta figura. As\u00ed, expres\u00f3 tambi\u00e9n que \u201c(\u2026) la jurisprudencia de esta Corte ha indicado que la existencia de variaciones o alteraciones parciales en las partes procesales no es raz\u00f3n suficiente para no concluir la existencia de cosa juzgada\u201d9 <\/p>\n
Pues bien, y con sustento en estas consideraciones jurisprudenciales, en el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Sala de Conjueces resulta clara la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela incoada por el ciudadano LUIS HERNAN \u00c1LVAREZ, comoquiera que: <\/p>\n
Aunque a primera vista y en el plano puramente formal el objeto directo de la segunda acci\u00f3n de tutela por \u00e9l incoada no va dirigido en contra de las sentencias STP 9811-2022 y STC 11792-2022 proferidas por las Salas Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia al resolver, en primera y segunda instancia, respectivamente, la primigenia acci\u00f3n de tutela que el demandante instaur\u00f3 en contra de la sentencia de casaci\u00f3n SL 5532-2021 del 6 de diciembre del a\u00f1o 2021; s\u00ed resulta di\u00e1fano que en virtud de la decisi\u00f3n adoptada en esos fallos de tutela, la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, jur\u00eddica y argumentativa que se plantea en la nueva solicitud de amparo constitucional ya fue resuelta con antelaci\u00f3n y se encuentra cobijada por la autoridad de la cosa juzgada, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que no fueron seleccionados para revisi\u00f3n por la Corte Constitucional en prove\u00eddo del 29 de noviembre de 2022. <\/p>\n
Ciertamente, y para dejar en evidencia que ya oper\u00f3 la antedicha cosa juzgada, destacamos que el quejoso acusa de nuevo a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral n\u00famero 2 de la Corte Suprema de Justicia de haber vulnerado, con el proferimiento del fallo SL 5532-2021 del 6 de diciembre del a\u00f1o 2021, sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Empero, sus reclamos en este sentido ya se los juzg\u00f3 la administraci\u00f3n de justicia; y as\u00ed, en la sentencia STP9811-2022 que resolvi\u00f3 la primera tutela, la Sala Penal recuerda que el actor \u201c3. Pretende, que se deje sin efectos la determinaci\u00f3n SL5532-2021 del 6 de diciembre de 2021 y en consecuencia \u00abse ordene (\u2026) declarar la (\u2026) existencia de un contrato realidad (\u2026) desde el 15 de abril y hasta el 14 de septiembre del a\u00f1o 2014, para que se liquiden y cancelen los salarios, dem\u00e1s pagos legales y, sanci\u00f3n moratoria del Art\u00edculo 65 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. (\u2026) [y] se ordene investigar a la defensa de la demandada por faltar contra la lealtad debida con la administraci\u00f3n de justicia\u00bb.\u201d. <\/p>\n
Aspecto que guarda identidad casi literal con la pretensi\u00f3n segunda de la actual demanda, en la que solicita que \u201cComo consecuencia de lo anterior, [se] declar[e] sin ning\u00fan valor ni efecto la sentencia SL 5532-2021 del 6 de diciembre del a\u00f1o 2021 proferida por la S2DLCSJ, respecto de la decisi\u00f3n de NO CASAR la sentencia del 6 de Marzo de 2019 de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que a su vez confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 del d\u00eda 17 de Abril de 2018, en cuanto decidi\u00f3 CONDENAR a la demandada a pagar a mi favor, la reliquidaci\u00f3n de las prestaciones sociales y los aportes efectuados para la pensi\u00f3n y, de las dem\u00e1s pretensiones resolvi\u00f3 absolverla\u201d (negrilla y resaltado fuera del original). <\/p>\n
Es protuberante entonces que esta solicitud ya fue resuelta \u2014de manera desfavorable\u2014en la primera acci\u00f3n de tutela que fue negada por las salas Penal y Civil de esta Corporaci\u00f3n mediante sentencias del 5 de abril y 7 de septiembre de 2022, respectivamente. <\/p>\n
Por otra parte, se tiene que los fundamentos de estirpe f\u00e1ctica y jur\u00eddica en los que el peticionario sustenta los reproches que ahora eleva en contra del fallo de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral n\u00famero 2 de la Corte Suprema de Justicia, son b\u00e1sicamente iguales a los que formul\u00f3 en la primera acusaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, mientras en la sentencia de primer grado que resolvi\u00f3 la tutela inicial que el se\u00f1or \u00c1LVAREZ hab\u00eda interpuesto, la Sala Penal describi\u00f3 tales fundamentos diciendo que \u201c(\u2026) en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 dej\u00f3 inc\u00f3lume lo dispuesto por el ad quem, pues advirti\u00f3 que \u00abel escrito con el que se pretende sustentar la acusaci\u00f3n contiene deficiencias t\u00e9cnicas que comprometen la prosperidad de los cargos propuestos\u00bb. Resoluciones que, en sentir del aqu\u00ed gestor, incurrieron en (i) defecto f\u00e1ctico por \u00abvaloraci\u00f3n defectuosa del material probatorio (\u2026) [respecto de] la convocatoria de profesores hecha por la demandada.(\u2026) [Y] [p]or la no valoraci\u00f3n del acervo probatorio (\u2026) [en tanto se] dej[aron] de juzgar m\u00e1s de 56 correos aportados, y algunos eran de obligatoria valoraci\u00f3n por su poder probatorio y determinante que cambiaba (sic) 180 grados (\u2026) [el] [veredicto]\u00bb y en (ii) desconocimiento del precedente relacionado con la indemnizaci\u00f3n moratoria, dado que \u00aben el caso particular existen sentencias que apoyan la intervenci\u00f3n obligatoria de las instancias para sobreponer el no haber pretendido expresamente la sanci\u00f3n moratoria del Art\u00edculo 65 CST con el deber imperativo de restablecer derechos m\u00ednimos e irrenunciables\u00bb. Adicional a ello, indic\u00f3 que la decisi\u00f3n de casaci\u00f3n \u00abpresent\u00f3 un apego excesivo a las normas rituales y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas que rigen el recurso de casaci\u00f3n, desconociendo el principio de supremac\u00eda de lo sustancial sobre lo formal (Art\u00edculo. 228 CP)\u00bb.\u201d (negrilla fuera del original). <\/p>\n
En esta segunda acci\u00f3n de tutela sometida al escrutinio de la Sala de Conjueces se advierte que el peticionario dirige su censura en contra de la susodicha sentencia de casaci\u00f3n (tal y como lo hizo en la primera acci\u00f3n de tutela que ya fue resuelta), de haber incurrido en un defecto f\u00e1ctico, una vez m\u00e1s, por la \u201cno valoraci\u00f3n del acervo probatorio\u201d; de adoptar una decisi\u00f3n \u201csin motivaci\u00f3n\u201d; y tambi\u00e9n, del \u201c(\u2026) desconocimiento del precedente (\u2026)\u201d en relaci\u00f3n con la sanci\u00f3n moratoria del art\u00edculo 65 del CST. <\/p>\n
No obstante, se itera, todos estos argumentos ya fueron estudiados y desestimados de fondo por la Sala Penal, y confirmados por la Sala Civil al resolver la impugnaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, la situaci\u00f3n que queda al descubierto es la que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n N\u00famero 2 de la Corte Suprema de Justicia advirti\u00f3, por conducto de la magistrada CECILIA MARGARITA DUR\u00c1N UJUETA, quien al pronunciarse sobre la actual tutela sostuvo que el actor, \u201cAhora aduciendo una argumentaci\u00f3n similar presenta nuevamente igual queja con las tres identidades procesales, pues el hecho que mencione a la Sala de Casaci\u00f3n Penal y a la Civil para decir que en el pasado present\u00f3 acci\u00f3n de tutela frente a estas autoridades judiciales que resolvieron no amparar los derechos trasgredidos y que luego de casi seis meses no ofrecieron razones de por qu\u00e9 en el caso concreto fue inflexible y preferente el apego a las formas rigorismos propias del recurso de casaci\u00f3n y que haga alguna variaciones frente al discurso argumentativo que trae, no quiere decir que no est\u00e9 procurando la misma protecci\u00f3n que ya hab\u00eda intentado atacando esta Sala por su inconformidad frente a la sentencia CSJ SL5532-2021, alegando razones semejantes por supuesto exceso ritual manifiesto, defectos f\u00e1cticos en la valoraci\u00f3n del acervo probatorio y defecto por desconocimiento del precedente constitucional en relaci\u00f3n con la sanci\u00f3n moratoria del art\u00edculo 65 del CST; sin que este caso particular aparezca que se dieron eventos nuevos con posterioridad a la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n o que se omitieron en el tr\u00e1mite de la misma como supuestos que faculten al se\u00f1or Luis Hern\u00e1n \u00c1lvarez a interponer nuevamente una acci\u00f3n sin que sea considerada temeridad. (Sentencia SU027-2021)\u201d (negrilla y resaltado fuera del original). <\/p>\n
En adici\u00f3n a estos aspectos, debe repararse tambi\u00e9n en que en la acci\u00f3n constitucional que nos concita en esta oportunidad, el peticionario manifiesta que en la sentencia de casaci\u00f3n proferida por la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n N\u00famero 2 de la Corte Suprema de Justicia, \u201c(\u2026) fue inflexible y preferente el apego a las formas y rigorismos propias del recurso de casaci\u00f3n (\u2026)\u201d. Y m\u00e1s adelante agrega, en el numeral tercero del ac\u00e1pite que titul\u00f3 \u201cIII.CONSIDERACIONES\u201d, que \u201cEn el recurso de casaci\u00f3n, la S2DLCSJ no quiso evidenciar la trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales y fraudes de la demandada, dio preferencia a las formas y rigorismos t\u00e9cnico jur\u00eddicos y sacrific\u00f3 lo sustantivo, rechaz\u00f3 que \u201cel principio de supremac\u00eda del derecho sustancial sobre el procesal tiene en los fines de la casaci\u00f3n una de sus manifestaciones m\u00e1s claras\u201d2 al prescindir de precedentes constitucionales vinculantes sin ofrecer las razones v\u00e1lidas de su apartamiento\u201d. <\/p>\n
Con todo, trayendo a colaci\u00f3n lo expuesto por la Sala Civil al desatar la impugnaci\u00f3n del fallo de su hom\u00f3loga Penal en la sentencia STC11792-2022, ha de decirse que este punto ya hab\u00eda sido planteado por el quejoso, y adem\u00e1s resuelto de fondo, cuando all\u00ed se dice, refiri\u00e9ndose a la \u201csentencia de primer grado\u201d (de tutela) que: \u201cNeg\u00f3 el amparo, en tanto coligi\u00f3 que \u00abla exigencia de una debida fundamentaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, frente a los requerimientos se\u00f1alados por el legislador en el art\u00edculo 90 del Decreto Ley 2158 de 1948 para la casaci\u00f3n laboral, no puede calificarse, per se, de exceso ritual manifiesto; tampoco la desestimaci\u00f3n de los cargos (\u2026), permite considerar que la decisi\u00f3n es violatoria de los derechos\u00bb Agreg\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n acusada no denota proceder ileg\u00edtimo que le permita actuar a este mecanismo escogido, como que lo resuelto (\u2026) obedeci\u00f3 a una labor de hermen\u00e9utica y valoraci\u00f3n probatoria en la que, por regla general, no puede inmiscuirse el juez de tutela\u00bb\u201d. (negrilla y resaltado fuera del original). <\/p>\n
Adem\u00e1s, y para abundar en razones que edifican la improcedencia del amparo solicitado, destacamos que, aun cuando hay legitimaci\u00f3n tanto por activa como por pasiva y se satisface lo concerniente a la inmediatez; no se cumple el requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela que gira en torno a la subsidiariedad. <\/p>\n
Sobre este particular, el accionante ya agot\u00f3 el medio ordinario de defensa con que contaba y obtuvo un pronunciamiento de fondo que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 243 de la Carta Pol\u00edtica. Este aserto est\u00e1 plenamente demostrado con las pruebas de car\u00e1cter documental que reposan en el expediente, incluida la confesi\u00f3n del promotor de la demanda, quien manifest\u00f3 que \u201cSoy una persona en situaci\u00f3n de discapacidad que radic\u00f3 acci\u00f3n de tutela el pasado 15 de marzo de los corrientes; las salas de Decisi\u00f3n de tutelas dos de la sala de Casaci\u00f3n Penal (4\/Ago\/22) y, de Casaci\u00f3n Civil de la CSJ (8\/sep\/22) resolvieron no amparar los derechos trasgredidos (sic), y luego de casi seis meses no ofrecieron las razones del por qu\u00e9 en el caso concreto, fue inflexible y preferente el apego a las formas y rigorismos propias del recurso de casaci\u00f3n (\u2026) [sobre] la patente y premeditada violaci\u00f3n de derechos fundamentales causadas por la demandada, Universidad de la Sabana\u201d. (\u00c9nfasis agregado). <\/p>\n
En tal sentido, es dable predicar la existencia de cosa juzgada en el caso en comento. La Corte Constitucional, al ocuparse de este tema, ha se\u00f1alado que esta se configura cuando: <\/p>\n
\u201c(\u2026) existe la triple identidad mencionada, es decir, de partes, hechos y pretensiones, sin que se evidencie la configuraci\u00f3n del elemento subjetivo que es la intenci\u00f3n de buscar enga\u00f1ar a las autoridades judiciales y abusar del ejercicio de la acci\u00f3n de tutela. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que un fallo de tutela hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, en el evento en que esta Corporaci\u00f3n se pronuncia sobre una determinada acci\u00f3n de tutela ya sea mediante fallo o a trav\u00e9s del auto de selecci\u00f3n que notifica la no selecci\u00f3n de la misma. Lo anterior, de conformidad con el art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia[21]. La figura de cosa juzgada constitucional proh\u00edbe \u201c(\u2026) que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto, pues ello desconocer\u00eda la seguridad jur\u00eddica que brinda este principio de cierre del sistema jur\u00eddico\u201d10 (negrilla y resaltado fuera del original) <\/p>\n
Desde luego, no desconocemos que la jurisprudencia constitucional ha entendido que la cosa juzgada en materia de tutela tiene excepciones. Empero, ha limitado su ocurrencia, en general, a la existencia de los llamados \u201chechos nuevos\u201d. As\u00ed, ha indicado que \u201cUna de las excepciones a la cosa juzgada constitucional se presenta cuando a pesar de existir un pronunciamiento anterior con la concurrencia de los elementos de identidad entre las partes, hechos y pretensiones expuestos, la parte solicitante alega la ocurrencia de un hecho nuevo. Espec\u00edficamente, cuando se alega un hecho nuevo con base en la expedici\u00f3n de una sentencia judicial, la Corte en diferentes oportunidades y de manera reciente, se ha ocupado de analizar el alcance de un hecho nuevo y cu\u00e1ndo se configura\u201d11. <\/p>\n
Sin embargo, tambi\u00e9n le ha dado un car\u00e1cter restrictivo a su aplicaci\u00f3n, al afirmar que \u201cno cualquier pronunciamiento puede tomarse como un hecho nuevo, pues para ello se requiere, por un lado, que tenga vocaci\u00f3n de universalidad como las sentencias de constitucionalidad y las de unificaci\u00f3n y de otro lado que, en efecto, el nuevo fallo aborde situaciones jur\u00eddicas novedosas que no se hubiesen desarrollado con anterioridad\u201d12. <\/p>\n
No obstante, en el caso objeto de estudio no se avizora la existencia de un \u201checho nuevo\u201d relevante que permita predicar un cambio en las circunstancias de la primera acci\u00f3n de tutela, que diera p\u00e1bulo para considerar que la actual demanda deba ser revisada de fondo nuevamente. En efecto, salvo por la menci\u00f3n de los fallos de la Sala Penal y Civil que negaron la tutela antes instaurada por el actor, tanto su petitum como la causa para pedir siguen siendo iguales, esto es: que se deje sin valor ni efecto la sentencia SL 5532-2021 del 6 de diciembre del a\u00f1o 2021 por causas y efectos similares o de igual contenido en ambos casos, y que se proceda a declarar las mismas situaciones que hab\u00eda solicitado ante las autoridades judiciales que tramitaron la demanda incoada en contra de la Universidad de la Sabana. <\/p>\n
Finalmente, no sobra mencionar que \u201cla tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios\u201d, pues la competencia del juez de tutela se restringe \u201ca los asuntos de relevancia constitucional y a la protecci\u00f3n efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de car\u00e1cter legal\u201d13. Por ende, no resulta razonable intentar mediante ese mecanismo reabrir un debate sobre aspectos que ya han sido fallados de fondo previamente. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Conjueces de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
IV. RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela instaurada por el se\u00f1or LUIS HERN\u00c1N \u00c1LVAREZ contra la Sala dos de Descongesti\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por las razones anotadas en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: En firme esta decisi\u00f3n, arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
GABRIEL HERN\u00c1NDEZ VILLARREAL <\/p>\n
Conjuez Ponente <\/p>\n
MIQUELINA OLIVIERI MEJ\u00cdA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
ALBA MAR\u00cdA RUEDA V\u00c1SQUEZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
NICOL\u00c1S URIBE LOZADA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
EDGAR JAVIER MUN\u00c9VAR ARCINIEGAS <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
LUIS DAR\u00cdO VALLEJO OCHOA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
1\u0002 Aun cuando dicha providencia es de esa fecha, el expediente ingres\u00f3 al despacho del doctor Luis Alfonso Rico Puerta \u2014quien fungi\u00f3 como ponente de la sentencia STC 11792-2022\u2014 el 22 de agosto de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 Sentencia C-595 de 2005, M.P. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o, consideraci\u00f3n jur\u00eddica No. 23. <\/p>\n
3\u0002 Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o, consideraci\u00f3n jur\u00eddica No. 24 <\/p>\n
4\u0002 Sentencia SU-1219 de 2001, M.P. Manuel Jos\u00e9 Cepeda Espinosa, consideraci\u00f3n jur\u00eddica No. 3.2 <\/p>\n
5\u0002 Sentencia T-951 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, consideraci\u00f3n No. 12. (La sentencia T-218 de 2012 cont\u00f3 con ponencia del magistrado Juan Carlos Henao P\u00e9rez, consideraciones jur\u00eddicas Nos. 3.2.18 y 4.8) <\/p>\n
6\u0002 Sentencia T-951 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, consideraci\u00f3n No. 12 <\/p>\n
7\u0002 Sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio Gonz\u00e1lez Cuervo, consideraci\u00f3n jur\u00eddica No. 46. <\/p>\n
8\u0002 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-190-20 del 23 de junio de 2020, magistrado ponente Carlos Bernal Pulido. <\/p>\n
9\u0002 Ibidem. <\/p>\n
10\u0002 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-089\/19 del 1 de marzo de 2019, magistrado ponente Alberto Rojas R\u00edos. <\/p>\n
11\u0002 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU027-21 del 5 de febrero de 2021, magistrada ponente Cristina Pardo Schlesinger. <\/p>\n
12\u0002 Ibidem. <\/p>\n
13\u0002 Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU128\/21 del 6 de mayo de 2021, magistrada ponente Cristina Pardo Schlesinger. <\/p>\n
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STC1042-2023 GABRIEL HERN\u00c1NDEZ VILLARREAL STC1042-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-01251-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve (09) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (09) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Le corresponde a la Sala de Conjueces resolver la acci\u00f3n de tutela que el ciudadano […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70582","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70582","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70582"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70582\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70582"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70582"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70582"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}