STC1043-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1043-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2022-00191-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 4 de octubre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Francisca Correa Marulanda contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el verbal n\u00ba 2020-00098. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante, quien act\u00faa en nombre propio, reclama la protecci\u00f3n de la garant\u00eda esencial al debido proceso, supuestamente conculcada por la autoridad enjuiciada.<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del presente amparo, los siguientes: <\/p>\n
Que Carmen Julia Correa Marulanda promovi\u00f3 verbal contra Alejandra Correa Marulanda, pretendiendo la restituci\u00f3n del bien inmueble arrendado, identificado con folio de matr\u00edcula N\u00ba 025-4045, por la causal de mora, asunto que, sometido a reparto, correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de Carolina del Pr\u00edncipe, bajo el radicado n\u00b0 2020-00098. <\/p>\n
Surtidas las etapas de rigor, dicha c\u00e9lula judicial profiri\u00f3 sentencia el 5 de mayo de 2021, ordenando la restituci\u00f3n peticionada, verific\u00e1ndose con posterioridad la comisi\u00f3n con miras a efectuar la entrega, lo cual se llev\u00f3 a cabo el 6 de septiembre de 2021. <\/p>\n
En el curso de dicha diligencia, present\u00f3 oposici\u00f3n Ana Francisca Correa Marulanda, misma que fue decidida por auto del 10 de marzo de 2022, en el sentido de declararla fundada, determinaci\u00f3n que, por no avenirse a sus intereses, motiv\u00f3 la interposici\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n por parte de la apoderada de la all\u00ed demandante. <\/p>\n
Por auto de 18 de abril de 2022, fue resuelto el medio de impugnaci\u00f3n horizontal, manteniendo la decisi\u00f3n objeto de cuestionamiento, con reiteraci\u00f3n de los argumentos inicialmente empleados. <\/p>\n
En sede de segunda instancia, el 10 de agosto de 2022, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros, revoc\u00f3 lo resuelto en primer grado, se\u00f1alando que \u00abno se acreditaron hechos constitutivos de posesi\u00f3n y que por el contrario, la se\u00f1ora Ana Francisca Correa era tenedora del bien, por cuenta de su hija, sin que se haya demostrado interversi\u00f3n del t\u00edtulo\u00bb. <\/p>\n
A juicio de la censora, la referida decisi\u00f3n desconoce \u00abla improcedencia del recurso concedido por el ad cuo, en tanto el proceso principal es decir la restituci\u00f3n del bien inmueble arrendado fue tramitado por un proceso declarativo verbal sumario, es decir en \u00fanica instancia, en consecuencia no era posible otorgar dicho recurso de alzada\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en consecuencia \u00abse deje sin efecto el Auto interlocutorio No. 107, dictada el d\u00eda 10 de agosto de 2022, en el tr\u00e1mite de oposici\u00f3n adelantado por la suscrita, disponiendo adelantar el tr\u00e1mite procesal ajustado al Debido Proceso de acuerdo con lo reglado en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, las reglas de la sana cr\u00edtica y el C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
Quien dijo actuar como apoderada de Carmen Julia Correa Marulanda, inform\u00f3, luego de un recuento de las actuaciones desplegadas, que \u00abel ad quem, no revoc\u00f3 de manera ama\u00f1ada y arbitrariamente la decisi\u00f3n del ad quo, hizo un estudio juicioso y l\u00f3gico de las pruebas practicadas, como los se\u00f1ores magistrados se dar\u00e1n cuenta al ver y analizar la audiencia en donde se practicaron los interrogatorios y testimonios, en donde adem\u00e1s de lo reparado por m\u00ed en el recurso de reposici\u00f3n y subsidio de apelaci\u00f3n quiero hacer \u00e9nfasis en el discurso mentiroso utilizado en esta ocasi\u00f3n por la parte accionante\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal concedi\u00f3 el auxilio, tras considerar que \u00absi bien podr\u00eda razonablemente inferirse en un primer momento que no se encuentra satisfecho el requisito general de la subsidiariedad para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, debido a que, no se interpuso recurso de reposici\u00f3n frente al auto que concedi\u00f3 o admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto del 10 de marzo de 2022 proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Carolina del Pr\u00edncipe y porque contra la resoluci\u00f3n de fondo que emiti\u00f3 el superior funcional del juzgado con categor\u00eda de municipal referido, que revoca el auto atacado, no se ha denunciado la presencia de nulidad, pues de plantearlas y demostradas, las deficiencias o irregularidades que se\u00f1ala, posiblemente podr\u00edan configurar causal de nulidad, esto no es \u00f3bice para desconocer la evidente y grosera transgresi\u00f3n al ordenamiento jur\u00eddico y procesal, que a m\u00e1s de resquebrajar el debido proceso conculca los derechos ius fundamentales del reclamante\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adiendo, en lo atinente al defecto se\u00f1alado, que este logr\u00f3 configurarse por cuanto \u00abel Juzgado con categor\u00eda de circuito, accionado, incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho y se apart\u00f3 totalmente del procedimiento que correspond\u00eda, al considerar que contra la providencia del 10 de marzo de 2022 proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Carolina del Pr\u00edncipe, que defini\u00f3 la objeci\u00f3n elevada por la parte aqu\u00ed accionante contra la diligencia de entrega del bien objeto del proceso verbal sumario y de \u00fanica instancia de restituci\u00f3n de inmueble arrendado referido y objeto de tutela, proced\u00eda el recurso de apelaci\u00f3n, pues desde la presentaci\u00f3n de la demanda, en su admisi\u00f3n y en la continuaci\u00f3n del proceso, lo actuado fue definido y tramitado como un asunto verbal sumario de m\u00ednima cuant\u00eda, de \u00fanica instancia, que sin lugar a equ\u00edvocos, corresponde a un asunto contencioso de m\u00ednima cuant\u00eda, que debe tramitarse en \u00fanica instancia, y no tiene por ello el control de legalidad de segundo nivel que el Juez de la causa termin\u00f3 adelantando, pese a que en los procesos contenciosos de m\u00ednima cuant\u00eda, no est\u00e1 autorizada la apelaci\u00f3n, conforme al art\u00edculo 17 de la mencionada codificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 Carmen Julia Correa Marulanda, indicando que \u00ab[si] bien es cierto el tr\u00e1mite del proceso de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado, cuando se trate por mora, es de \u00fanica instancia, el tr\u00e1mite de la oposici\u00f3n a la entrega del inmueble no lo es, ya que este tiene un tr\u00e1mite regulado en el art\u00edculo 309 del CGP, diferente al procedimiento del proceso de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado y no menos importante este incidente que se abre con ocasi\u00f3n a la oposici\u00f3n de un tercero que alega una posesi\u00f3n sobre el inmueble, este tercero no lo vincula la sentencia que ordena la restituci\u00f3n, ni tiene efectos en contra de \u00e9l, por lo que se le tiene que garantizar el derecho al debido proceso y a una defensa por esta raz\u00f3n se le da la connotaci\u00f3n de doble instancia\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adiendo que la sentencia de primer grado desconoce abiertamente el precedente imperante en la materia, en la medida en que \u00abno puede perderse de vista los reiterados pronunciamientos de la H. Corte Suprema de Justicia donde claramente recuerdan el tr\u00e1mite y connotaci\u00f3n de doble instancia que se le debe de dar a la oposici\u00f3n a la entrega del bien inmueble por parte del tercero, situaci\u00f3n que claramente el H. Tribunal se apart\u00f3 del precedente sin justificaci\u00f3n alguna, de un tema que la H. Corte Suprema de Justicia se ha venido tratando durante m\u00e1s de 5 a\u00f1os en la misma posici\u00f3n, desconociendo y vulnerando el derecho al debido proceso a la se\u00f1ora Carmen Julia Correa Marulanda\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros lesion\u00f3 la prerrogativa fundamental invocada por Ana Francisca Correa Marulanda, con la providencia del 10 de agosto de 2022, a trav\u00e9s de la cual revoc\u00f3 la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Carolina del Pr\u00edncipe, dentro del verbal promovido por Carmen Julia Correa Marulanda contra Alejandra Correa Marulanda, porque, supuestamente, asumi\u00f3 el conocimiento de la apelaci\u00f3n, pese a que el asunto fue rituado en \u00fanica instancia y, adicionalmente, no valor\u00f3 de forma adecuada el material probatorio recaudado. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto – razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Contrario a lo que concluy\u00f3 el fallador constitucional a quo, esta Corporaci\u00f3n encuentra que la fustigada providencia judicial, mediante la cual el juzgador accionado revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n de primera instancia, no constituye una vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que se sustenta en una hermen\u00e9utica respetable, y ello es as\u00ed, tanto en la aptitud para asumir el conocimiento de la apelaci\u00f3n interpuesta, en la valoraci\u00f3n que efectu\u00f3 respecto de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como en una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
3.1. Respecto del primer t\u00f3pico, esto es, lo relativo a la alzada en el tr\u00e1mite de la oposici\u00f3n, aunque se trate de una causa de \u00fanica instancia, esta Sala de Casaci\u00f3n ha venido sosteniendo de forma reiterada que, con independencia de dicha situaci\u00f3n, la garant\u00eda de doble grado de conocimiento no se ve en lo absoluto limitada para los terceros totalmente ajenos al proceso que concurren a defender sus prerrogativas por v\u00eda de una oposici\u00f3n o incidente de levantamiento cautelar. <\/p>\n
Sobre el punto, se ha afirmado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La oposici\u00f3n del tercero poseedor es en esencia una cuesti\u00f3n diversa del conflicto que es debatido en el juicio, en la cual las pretensiones del interviniente son aut\u00f3nomas frente a las aducidas por el demandante y el demandado. Por ende, tanto su tr\u00e1mite como la decisi\u00f3n que la resuelva son totalmente independientes de la acci\u00f3n principal. <\/p>\n
Por consiguiente, las vicisitudes del litigio, lo mismo que la estructura y reglamentaci\u00f3n que tiene definidas no se extienden a esa actuaci\u00f3n incidental que est\u00e1 gobernada por una forma procedimental propia, instituida para la tutela judicial efectiva de las garant\u00edas constitucionales y legales del tercero en su condici\u00f3n de extra\u00f1o a la discusi\u00f3n que enfrent\u00f3 a los sujetos de la relaci\u00f3n jur\u00eddica debatida en el litigio\u00bb <\/p>\n
(\u2026) Aunque no se discute que las partes del proceso est\u00e1n sometidas a esa restricci\u00f3n, el tercero que ha alegado tener la posesi\u00f3n material del bien no debe recibir id\u00e9ntico tratamiento <\/p>\n
porque simplemente no se encuentra en un plano de paridad con los demandantes y los demandados. <\/p>\n
Requisito imprescindible de la excepci\u00f3n a la doble instancia de los procesos consagrada en los art\u00edculos 31 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 3\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, es la garant\u00eda del principio de igualdad que no es la simplemente formal sino la material por la que aboga el art\u00edculo 13 del ordenamiento superior, del cual deriva como mandato dar un mismo trato a iguales y uno diferenciado a desiguales\u00bb (STC3763-2016, 31 mar. 2016, rad. 00158-01). <\/p>\n
En otro caso similar al que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tambi\u00e9n se precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta propio afirmar, que la regla relativa al conocimiento en \u00fanica instancia por la cuant\u00eda vincula a las partes del juicio, m\u00e1s no a quien, en calidad de tercero, intervenga en el tr\u00e1mite como opositor, pues su procedimiento y regulaci\u00f3n -como antes se dej\u00f3 sentado, son aut\u00f3nomos del litigio originario por cuanto se trata del reclamo de un sujeto ajeno al debate legal. <\/p>\n
Y es que aceptando que la distinta posici\u00f3n jur\u00eddica de los opositores en relaci\u00f3n con los sujetos procesales los restringe para actuar en el proceso y poder censurar las decisiones que s\u00f3lo competen a los \u00faltimos, resultar\u00eda contradictorio, adem\u00e1s de improcedente, negar su acceso a la segunda instancia trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n (\u2026)\u00bb (STC5309-2016, 28 abr. 2016, rad. 00862-00, se destaca). <\/p>\n
As\u00ed mismo, la jurisprudencia de esta Colegiatura ha recalcado que \u00abfiguras procesales como la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega y la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro, aunque bien pueden entenderse como actuaciones o etapas de un tr\u00e1mite en concreto, se erigen en instituciones transversales del ordenamiento adjetivo, cuya configuraci\u00f3n y previsi\u00f3n no pueden entenderse absolutamente delimitadas por las peculiaridades del proceso en que se suscitan\u00bb, y especialmente, fue indicado, \u00abcuando a esas facultades de oposici\u00f3n acuden quienes son ajenos a la relaci\u00f3n sustancial que motiva el proceso\u00bb (STC4312-2018, 4 abr. 2018, rad. 00013-01). <\/p>\n
De esa manera, el precedente de esta Corporaci\u00f3n ha concluido que \u00ab(\u2026) en situaciones especiales, como la de los terceros opositores, debe procurarse la protecci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de forma reforzada, en tanto estos intervinientes no pueden sujetarse a aspectos como la cuant\u00eda del asunto, toda vez que no detentan la calidad de partes y, en esa medida, su inter\u00e9s se circunscribe \u00fanicamente sobre el bien en litigio, como en este caso, donde la convocante afirma ser poseedora de un inmueble\u00bb (STC7352-2018, 6 jun.; reiterada en STC14278-2019, 18 oct.). <\/p>\n
En tal virtud, la materializaci\u00f3n de la garant\u00eda constitucional de defensa de ese tercero, a trav\u00e9s de la consagraci\u00f3n de la apelaci\u00f3n como instrumento id\u00f3neo para que pueda discutir ante el superior funcional la legalidad de lo resuelto sobre su oposici\u00f3n, se justifica v\u00e1lidamente en la necesidad de propender la mayor protecci\u00f3n posible a quien ninguna otra oportunidad tiene de reclamar sus derechos, de all\u00ed que, como tuvo oportunidad de anunciarse, la decisi\u00f3n de asumir el conocimiento del recurso de apelaci\u00f3n, se advierta razonable y fundado en un precedente de esta misma Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
3.2. En lo atinente a la valoraci\u00f3n probatoria, que es otro punto del que se duele la tutelante, la Sala encuentra igualmente que la providencia adoptada es razonable, para convenir en lo anterior, cabe memorar que la determinaci\u00f3n jurisdiccional en comento se dict\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
Al respecto es pertinente indicar que es di\u00e1fano que dicho documento no tiene la aptitud para crear derechos y obligaciones en cabeza de Ana Francisca Correa por el efecto relativo de los negocios jur\u00eddicos. Sin embargo, si es cierto que es una prueba documental de la que se puede extraer la raz\u00f3n por la cual la se\u00f1ora Ana Francisca Correa ingres\u00f3 al bien inmueble objeto de esta oposici\u00f3n. Obs\u00e9rvese que la se\u00f1ora Alejandra Correa en interrogatorio de parte admiti\u00f3 que hab\u00eda suscrito ese documento, pero que a pesar de saber leer y escribir hab\u00eda sido enga\u00f1ada. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En segundo lugar, los cuestionamientos de la recurrente giran en torno a la falta de claridad de la opositora en cuanto a la fecha de llegada al inmueble y la raz\u00f3n de la misma, as\u00ed como la falta de consistencia de las dem\u00e1s pruebas testimoniales de la parte opositora. Por lo tanto se proceder\u00e1 a analizar una por una de estas declaraciones: <\/p>\n
-En el interrogatorio de parte Ana Francisca Correa Marulanda. Esta declar\u00f3 que lleg\u00f3 a la casa de la hermana Carmenza hace 10 a\u00f1os. Afirm\u00f3 que ella hace los arreglos de la casa, incluso el techo. y que para eso le pagaba a Alexander. Adem\u00e1s que tambi\u00e9n pag\u00f3 los prediales del inmueble y los servicios p\u00fablicos y que adem\u00e1s no autoriz\u00f3 a firmar un contrato de arrendamiento a Alejandra por ella. <\/p>\n
Cuando fuera interrogada por la demandante expres\u00f3 que entr\u00f3 a vivir en el inmueble el 10 de febrero de 2010, eso s\u00ed luego de varias interrupciones de su apoderado al respecto de esta pregunta. Dijo acordarse \u201cporque si\u201d de esta fecha. Eso s\u00ed afirmo vivir antes en otras fincas de la demandante, sin recordar esas fechas. No recuerda cuando arregl\u00f3 el techo, dice despu\u00e9s que hace dos a\u00f1os. Y que el mismo vali\u00f3 diez mil pesos. Afirm\u00f3 que en el 2019 y 2020 que no ha ido nadie a tomar videos y fotos. No se acuerda cuantos prediales se pagaba y no sabe cu\u00e1nto viene. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese pues que la se\u00f1ora Ana Francisca declara que sabe que lleg\u00f3 en febrero de 2010 al inmueble objeto de la oposici\u00f3n pero en esencia no recuerda cuando sali\u00f3 de las anteriores fincas. Tampoco recuerda cuanto pag\u00f3 de prediales aunque afirm\u00f3 pagarlos, ni cada cuanto lo hac\u00eda. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que le hizo reformas a la casa por un valor de diez mil pesos. Y m\u00e1s importante a\u00fan, fue que neg\u00f3 que alguien hubiere ido a tomar fotos y videos en el 2019 y en el 2020 a su casa, a pesar que posteriormente la se\u00f1ora Alejandra Correa lo hubiera afirmado y de las fotos aportadas en el testimonio de Diany Guiomar Parra se puede observar que estaba presente en este inmueble cuando fueron a tomar fotos y videos del mismo. <\/p>\n
De lo anterior, este Despacho encuentra que es menester restarle credibilidad a esta declaraci\u00f3n por (i) la falta de sustento de su afirmaci\u00f3n de haber llegado en la fecha que indic\u00f3 y de haber realizado reparaciones y pagado los prediales, pues no ahond\u00f3 en las circunstancias de modo para explicar en que se sustentaba dichas afirmaciones y (ii) por la evidente contradicci\u00f3n sobre que nadie hab\u00eda ido a tomar fotos a su inmueble cuando es f\u00e1cilmente visible que ella misma aparece en las mencionadas fotograf\u00edas. <\/p>\n
-Del testimonio de Deisy Johana Garc\u00eda Barrera y de Maryori Lucia Yepes V\u00e1squez se extrae esencialmente que conocen a Ana Francisca y Alejandra. Que Ana francisca vive en el Carmelo (en el inmueble) hace m\u00e1s de diez a\u00f1os. Hace mejoramientos como pintura, techo, humedades y paga los servicios. Ana francisca los hace p\u00fablicas. La gente y ella reconocen como due\u00f1a a do\u00f1a Ana, sin embargo, indican a pesar que les consta que eso lo paga Ana Francisca, no saben cu\u00e1nto es. Ambas no saben c\u00f3mo lleg\u00f3 Ana Francisca al inmueble a pesar de afirmar que est\u00e1 ah\u00ed hace m\u00e1s de diez a\u00f1os. Afirman que nadie le ha puesto problema a do\u00f1a Ana por el uso de ese inmueble y que Alejandra Correa no vive all\u00ed. Ahora bien, respecto de la se\u00f1ora Maryori qued\u00f3 acreditado que trabaja en la casa ayudando a la se\u00f1ora Ana Francisca y por eso conoce la casa. <\/p>\n
Se puede entonces observar que las declarantes afirman que la se\u00f1ora Ana Francisca est\u00e1 en ese inmueble hace m\u00e1s de diez a\u00f1os, enf\u00e1ticamente sobre ese tiempo, pero no saben c\u00f3mo lleg\u00f3. Igualmente afirman que es ella la que paga las reparaciones, sin embargo, a pesar que les consta, no saben cu\u00e1nto dinero paga Ana Francisca. <\/p>\n
-Ahora bien respecto a la se\u00f1ora Amparo del Socorro L\u00f3pez V\u00e1squez, ella indic\u00f3 fundamentalmente lo que indicaron las anteriores testigos. Indic\u00f3 que vive hace all\u00e1 m\u00e1s de diez a\u00f1os, que los arreglos los hace Alexander y los paga Ana Francisco. Indica que pintaron la casa, arreglaron los techos. Indica que viv\u00eda cerca del establo, donde viv\u00eda Ana Francisca. Pero no supo decir por qu\u00e9 se pas\u00f3 de casa del establo al inmueble objeto del proceso. Tambi\u00e9n indic\u00f3 que iba todos los d\u00edas a hacer aseo en la casa de Ana Francisca. <\/p>\n
No es veros\u00edmil que conociendo a la se\u00f1ora Ana Francisca desde su casa anterior, en el establo, y acudiendo a su casa casi todos los d\u00edas, no sepa el motivo por el cual se mud\u00f3 la se\u00f1ora Ana Francisca a dicho inmueble. Adem\u00e1s es de resaltarse que tanto esta testigo como la se\u00f1ora Maryori Luc\u00eda Yepes son subordinadas de la se\u00f1ora Ana Francisca, lo cual denota un inter\u00e9s en que prospere la pretensi\u00f3n de la parte opositora\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para anteponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se revocar\u00e1 la concesi\u00f3n del amparo, porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con Salvamento de voto <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que acogieron la sentencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con dicha soluci\u00f3n. <\/p>\n
1.- La Sala mayoritaria revoc\u00f3 el fallo proferido el 4 de octubre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Francisca Correa Marulanda contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros, que concedi\u00f3 el amparo constitucional al considerar que \u00ab(\u2026) el Juzgado con categor\u00eda de circuito, accionado, incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho y se apart\u00f3 totalmente del procedimiento que correspond\u00eda, al considerar que contra la providencia del 10 de marzo de 2022 proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Carolina del Pr\u00edncipe, que defini\u00f3 la objeci\u00f3n elevada por la parte aqu\u00ed accionante contra la diligencia de entrega del bien objeto del proceso verbal sumario y de \u00fanica instancia de restituci\u00f3n de inmueble arrendado referido y objeto de tutela, proced\u00eda el recurso de apelaci\u00f3n, pues desde la presentaci\u00f3n de la demanda, en su admisi\u00f3n y en la continuaci\u00f3n del proceso, lo actuado fue definido y tramitado como un asunto verbal sumario de m\u00ednima cuant\u00eda, de \u00fanica instancia, que sin lugar a equ\u00edvocos, corresponde a un asunto contencioso de m\u00ednima cuant\u00eda, que debe tramitarse en \u00fanica instancia, y no tiene por ello el control de legalidad de segundo nivel que el Juez de la causa termin\u00f3 adelantando, pese a que en los procesos contenciosos de m\u00ednima cuant\u00eda, no est\u00e1 autorizada la apelaci\u00f3n, conforme al art\u00edculo 17 de la mencionada codificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Ello, con ocasi\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado instaurado por Carmen Julia Correa Marulanda contra Alejandra Correa Marulanda, por mora en el pago de la renta (rad. n\u00ba 2020-00098). <\/p>\n
Sustent\u00f3 tal decisi\u00f3n, aduciendo que \u00ab(\u2026) 3.1. Respecto del primer t\u00f3pico, esto es, lo relativo a la alzada en el tr\u00e1mite de la oposici\u00f3n, aunque se trate de una causa de \u00fanica instancia, esta Sala de Casaci\u00f3n ha venido sosteniendo de forma reiterada que, con independencia de dicha situaci\u00f3n, la garant\u00eda de doble grado de conocimiento no se ve en lo absoluto limitada para los terceros totalmente ajenos al proceso que concurren a defender sus prerrogativas por v\u00eda de una oposici\u00f3n o incidente de levantamiento cautelar\u00bb, citando al efecto las sentencias STC3763-2016, STC4312-2018 y la STC14278-2019. <\/p>\n
Concluy\u00f3, entonces, que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En tal virtud, la materializaci\u00f3n de la garant\u00eda constitucional de defensa de ese tercero, a trav\u00e9s de la consagraci\u00f3n de la apelaci\u00f3n como instrumento id\u00f3neo para que pueda discutir ante el superior funcional la legalidad de lo resuelto sobre su oposici\u00f3n, se justifica v\u00e1lidamente en la necesidad de propender la mayor protecci\u00f3n posible a quien ninguna otra oportunidad tiene de reclamar sus derechos, de all\u00ed que, como tuvo oportunidad de anunciarse, la decisi\u00f3n de asumir el conocimiento del recurso de apelaci\u00f3n, se advierta razonable y fundado en un precedente de esta misma Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- No comparto tal determinaci\u00f3n por las siguientes razones: <\/p>\n
(i). Queda claro que lo controvertido en este tr\u00e1mite superlativo es lo dirimido en la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega de un inmueble, formulada dentro de un proceso de restituci\u00f3n de inmueble, en el que, por aducirse como causal la mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, se surte en \u00fanica instancia. <\/p>\n
(ii) La \u00aboposici\u00f3n a la entrega\u00bb prevista en el art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso, constituye un tr\u00e1mite especial, aunque de estructura similar al proceso, en la medida que impone la proposici\u00f3n de la pretensi\u00f3n, un t\u00e9rmino propio para pruebas y su decisi\u00f3n, su principal caracter\u00edstica es el de ser accesorio a \u00e9ste y, por ende, constituyen elementos de su naturaleza, i) La existencia de un pleito previo; ii) Que la \u00abcuesti\u00f3n\u00bb tenga el car\u00e1cter de \u00abaccesoria\u00bb respecto de aquel y, iii) Una resoluci\u00f3n judicial que lo dirima. <\/p>\n
Esa condici\u00f3n de \u00abaccesoriedad\u00bb, es precisamente la que impide, cualquiera sea la \u00abcuesti\u00f3n a definir\u00bb, que altere la esencia misma del \u00abproceso principal\u00bb, de acuerdo con el principio general del derecho \u00ablo accesorio sigue la suerte de lo principal\u00bb, y no al contrario. <\/p>\n
De manera, que, de conformidad con dicho \u00abprincipio\u00bb, las cosas \u00abaccesorias\u00bb que dependen de las \u00abprincipales\u00bb correr\u00e1n, material, ideal o jur\u00eddicamente la suerte de esta. <\/p>\n
(iii). El art\u00edculo 321 de la misma codificaci\u00f3n, en su numeral 9\u00b0, prev\u00e9 que es apelable el auto emitido en primera instancia, que \u00abresuelva sobre la oposici\u00f3n a la entrega de bienes, y el que lo rechace de plano\u00bb, lo que, en mi criterio, no permite la interpretaci\u00f3n extensiva que se hace en el fallo del que tomo distancia. <\/p>\n
Cuando la norma hace referencia a \u00abautos proferidos en primera instancia\u00bb, excluye de entrada los expedidos en \u00fanica instancia, como lo es el asunto examinado que, por tratarse de un proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado por mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, al tenor del art\u00edculo 384, numeral 9, ib\u00eddem, \u00abse tramita en \u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
La principal caracter\u00edstica de los \u00abprocesos de \u00fanica instancia\u00bb es, precisamente, que las providencias all\u00ed adoptadas carecen del recurso de apelaci\u00f3n, lo que constituye una de las excepciones al \u00abprincipio de la doble instancia\u00bb contemplado en los art\u00edculos 31 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 9 del C\u00f3digo General del Proceso, que, tal como lo estima la jurisprudencia constitucional, no es absoluto \u201cpues no hace parte del n\u00facleo esencial del derecho al debido proceso, ya que la procedencia de la apelaci\u00f3n puede ser determinada por el legislador de acuerdo con la naturaleza del proceso y la providencia, y la calidad o el monto del agravio referido a la respectiva parte\u201d desde luego \u201c\u2026 siempre y cuando con esa determinaci\u00f3n no vulnere normas constitucionales, especialmente, las que consagran derechos fundamentales\u2026\u00bb (C-179 de 1995 reiterado en la C- 103 de 2005). <\/p>\n
(iv). Si en el sub lite la \u00aboposici\u00f3n a la entrega\u00bb se present\u00f3 en un \u00abproceso de \u00fanica instancia\u00bb, que como qued\u00f3 dicho no tiene apelaci\u00f3n, la decisi\u00f3n que lo resolvi\u00f3, tampoco la tiene a menos de desatender la unidad del proceso civil en el que, adem\u00e1s, la igualdad como principio que regula la instancia impone una razonable equivalencia de posibilidades en el ejercicio de la acci\u00f3n y la defensa, las que no se visibilizan cuando al \u201ctercero\u201d se le otorga, sin que la forma procedimental lo prevea, el acto procesal de provocar la segunda instancia no permitido a la parte en esta clase de asuntos – arts. 13, 31 CN; 4 y 9 C.G.P. -. <\/p>\n
Por consiguiente, no era posible que el Juzgado Promiscuo Municipal de Carolina del Pr\u00edncipe concediera la apelaci\u00f3n del auto por medio del cual resolvi\u00f3 la oposici\u00f3n referida, tal como lo entendi\u00f3 el Promiscuo del Circuito de Cisneros. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con el consabido respeto que me merece la postura mayoritaria, a continuaci\u00f3n expongo brevemente los argumentos que me llevan a disentir. <\/p>\n
Cuatro son las vertientes que por manifiesto se\u00f1alamiento del C\u00f3digo General del Proceso conforman los procesos de \u00fanica instancia: i) por un lado, por el factor objetivo, los asuntos de m\u00ednima cuant\u00eda; ii) por otro, los que seg\u00fan su naturaleza tienen asignada esa consecuencia, tales como los de restituci\u00f3n de inmueble arrendado fundada en la causal de mora [num, 9, art\u00edculo 384), etc.; iii) adem\u00e1s, por la \u00edndole misma del tr\u00e1mite, todos los verbales sumarios (Par\u00e1grafo 1 \u00ba, art, 390) que en \u00faltimas, se derivan de la materia y cuant\u00eda de sus pretensiones; iv) y finalmente, por el car\u00e1cter de los sujetos involucrados, como en el caso \u00abDe los procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, un agente diplom\u00e1tico acreditado ante el Gobierno de la Rep\u00fablica) en los casos previstos por el derecho internacional\u00bb que conoce esta Corte de conformidad con el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 30. <\/p>\n
La m\u00e1s importante consecuencia que por definici\u00f3n entra\u00f1a su nominaci\u00f3n de \u201c\u00fanica instancia\u201d, es que sus decisiones no son pasibles del recurso de apelaci\u00f3n, cuesti\u00f3n cuya avenencia al ordenamiento jur\u00eddico patrio ya ha sido dilucidada por la Corte Constitucional en casos similares, al predicar que el principio de la doble instancia contenido en el art\u00edculo 31 superior no es absoluto y, en esa medida, la libertad de configuraci\u00f3n que asiste al legislador (C-103\/05 que estudio la exequibilidad del literal b) del art\u00edculo 70 de la Ley 794 de 2002). <\/p>\n
Esta categor\u00eda de procesos tiene una unidad estructural perneada o trascendida por la anterior circunstancia, de tal manera que cualquiera sea la \u00edndole de las instituciones jur\u00eddico procesales que necesaria o accidentalmente se integran en su desarrollo quedan afectadas por esa caracter\u00edstica; no al contrario, es decir, no es v\u00e1lido que \u00e9stas lleguen a alterar esa propiedad esencial. <\/p>\n
La anterior afirmaci\u00f3n deriva de sencillos principios de interpretaci\u00f3n jur\u00eddica que no por a\u00f1osos algunos han ca\u00eddo en desuso, como que all\u00ed donde el legislador no distingue no le es permitido al int\u00e9rprete hacerlo, que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu (art\u00edculo 27 del C\u00f3digo Civil) y que las excepciones son restrictivas, los que empalman directamente con el de seguridad jur\u00eddica que implica que en todo momento las personas sepan a qu\u00e9 atenerse en sus relaciones jur\u00eddicas con los dem\u00e1s particulares y con la administraci\u00f3n p\u00fablica, lo que no sucede cuando un planteamiento normativo di\u00e1fano es modificado por una hermen\u00e9utica desentendida de estos planteamientos. <\/p>\n
En tal medida, estimo que no es de recibo crear una excepci\u00f3n donde la ley es clara y no la ha previsto, pues la particularidad que en el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 321 procedimental el legislador haya fijado la apelaci\u00f3n para el auto \u00ab…que resuelva sobre la oposici\u00f3n a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano\u00bb no autoriza a autom\u00e1ticamente deducir que opera a favor de los terceros, indistintamente del pleito en que se suscite esa discusi\u00f3n, pues, igualmente la ley ha contemplado ese recurso, v.gr., tomado al azar, para el prove\u00eddo \u201c…que por cualquier causa le ponga fin al proceso\u201d num. 7 idem) y no por ello se aplica a los juicios de \u00fanica instancia, pues, de la misma forma que con la postura aqu\u00ed sostenida por la mayor\u00eda, lo desnaturalizar\u00eda. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, tambi\u00e9n debo destacar que el presente asunto tampoco era viable que se invocara la tesis mayoritaria de la Sala, de la cual me he apartado reiteradamente, referente a la posibilidad que tiene el tercero opositor de promover recurso de apelaci\u00f3n en procesos que por su naturaleza son de \u00fanica instancia, habida cuenta que, en el asunto objeto de estudio, la alzada instaurada contra el prove\u00eddo que admiti\u00f3 la oposici\u00f3n fue promovido por Carmen Julia Correa Marulanda, quien es la parte demandante en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, de forma tal que, por su calidad procesal, no goza de ninguna de las prerrogativas extraordinarias reconocidas a los terceros opositores. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo consignada mi discrepancia. <\/p>\n
Fecha, ut supra, <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC1043-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC1043-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2022-00191-01 (Aprobado en Sala de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-70583","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70583","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70583"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70583\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70583"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70583"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70583"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}