STC1153-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1153-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00363-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El libelista solicit\u00f3 que se ordene al Tribunal convocado decidir el recurso de alzada que interpuso en la acci\u00f3n popular que le promovi\u00f3 a Ver\u00f3nica Perdomo Duque, propietaria del establecimiento de comercio Perros La 30. <\/p>\n
A su vez, pidi\u00f3 que se ordene al Director Ejecutivo de Administraci\u00f3n Judicial Seccional de Pereira y al de nivel Nacional, a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y al Ministro de Justicia que act\u00faen en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n para que se le brinde un acceso real y efectivo a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Como sustento de su pretensi\u00f3n adujo que inco\u00f3 la acci\u00f3n popular n\u00ba 2022-00396-01, en la cual el accionado no ha resuelto el recurso de apelaci\u00f3n que present\u00f3, es decir, no ha cumplido con los t\u00e9rminos de ordena la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Magistrado a cargo del asunto examinado remiti\u00f3 copia del expediente electr\u00f3nico objeto de reproche, indic\u00f3 que el 26 de julio de 2022 se reparti\u00f3 el asunto a esa Sala, el 23 de noviembre de 2022 admiti\u00f3 la alzada, el 30 de enero de 2023 se tuvo por sustentado el recurso que present\u00f3 el gestor y se orden\u00f3 correr traslado para el ejercicio de la r\u00e9plica, por lo cual considera que no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 la excesiva carga laboral con la que contaron en el mes de diciembre. <\/p>\n
La Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial solicit\u00f3 ser desvinculada por su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n manifest\u00f3 que el actor no le ha presentado ninguna solicitud relacionada con lo ac\u00e1 pedido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional ser\u00e1 concedido toda vez que el Tribunal convocado no ha sustanciado oportunamente el asunto objeto de esta queja y no fue acreditada alguna justificaci\u00f3n para dicho proceder. <\/p>\n
Del examen de la documentaci\u00f3n aportada se extrae que el 26 de julio pasado, por reparto, correspondi\u00f3 a la Sala accionada el conocimiento de la acci\u00f3n popular n\u00ba 2022-00396 a fin de resolver el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la sentencia de primera instancia de 9 de junio de 2022. Dicha apelaci\u00f3n solo fue admitida hasta el 23 de noviembre de 2022 y en auto de 30 de enero de 2023 se tuvo por sustentado el recurso y se orden\u00f3 el traslado para el ejercicio de la r\u00e9plica. <\/p>\n
Bajo el marco f\u00e1ctico descrito debe memorarse que el incumplimiento de los t\u00e9rminos establecidos para impulsar las controversias lesiona los derechos de sus part\u00edcipes. Como lo ha dicho la Sala, el amparo es viable cuando la desatenci\u00f3n de los plazos es injustificada, y la tardanza es trascendente frente a las garant\u00edas del accionante (STC13282-2022, entre otras). Al respecto, se ha indicado: <\/p>\n
(\u2026) cuando se infringe el deber de tramitar oportunamente las controversias, se estructura la mora judicial, en desmedro de la tutela jurisdiccional de los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Claro, que exista mora no significa que haya un desempe\u00f1o negligente de las funciones jurisdiccionales. Hay m\u00faltiples circunstancias que la pueden provocar, y que pueden ser ajenas a la diligencia que se demanda de sus servidores. En ese sentido, el \u00abComentario relativo a los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial\u00bb se\u00f1ala: <\/p>\n
La capacidad de actuar con diligencia en el desempe\u00f1o de las obligaciones judiciales puede depender de la carga de trabajo, la suficiencia de los recursos (incluida la disponibilidad de personal de apoyo y de asistencia t\u00e9cnica) y el tiempo para la investigaci\u00f3n, deliberaci\u00f3n, redacci\u00f3n y otras obligaciones judiciales que no sean la participaci\u00f3n en las audiencias del tribunal. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Desde esta perspectiva, la viabilidad de una acci\u00f3n de tutela por mora judicial depende de que, en principio, se advierta la desatenci\u00f3n de los t\u00e9rminos previstos para tramitar la actuaci\u00f3n, y la falta de justificaci\u00f3n del incumplimiento. <\/p>\n
3.1.- Para establecer lo primero, deber\u00e1 definirse cu\u00e1l es la norma que fija los plazos para atender la solicitud, y verificar que, en efecto, hayan sido superados al momento de la presentaci\u00f3n del resguardo. <\/p>\n
Ahora, no cualquier motivo tiene la virtualidad de escudar la mora judicial, solo aquella que la justifique, esto es, que pruebe, con \u00abrazones convincentes\u00bb, que la omisi\u00f3n no es atribuible a la dependencia judicial. As\u00ed se infiere al acudir al Diccionario de la lengua espa\u00f1ola que define el verbo \u00abjustificar\u00bb como la acci\u00f3n de \u00abprobar algo con razones convincentes, testigos o documentos\u00bb, \u00abprobar la inocencia de alguien en lo que se le imputa o se presume de \u00e9l\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Una de esas razones convincentes que pueden justificar la mora es la congesti\u00f3n judicial. Pero, como hacerlo equivale a probar que la inobservancia de los plazos es ajena al aludido deber de diligencia, cuando dicha circunstancia se alegue, no ser\u00e1 suficiente que el servidor la invoque. Deber\u00e1, adem\u00e1s, traer a este escenario prueba i) de su congesti\u00f3n, de suerte que el juez constitucional pueda constatar la carga laboral invocada; ii) de c\u00f3mo ella impacta en la atenci\u00f3n oportuna del caso concreto; iii) al igual que de las medidas razonables y concretas que ha enfilado para superar el represamiento. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.3.- Al lado de los anteriores criterios, a fin de determinar si es viable o no este sendero para que cese la mora judicial, se encuentra el de trascendencia la vulneraci\u00f3n (\u2026), se traduce en determinar la afectaci\u00f3n que el incumplimiento de los plazos procesales genera en los derechos del tutelante. <\/p>\n
Y sobre la trascendencia de la vulneraci\u00f3n, ha puntualizado: <\/p>\n
Es que, bien puede ocurrir, que pese a la inobservancia un t\u00e9rmino para resolver determinado asunto, y la ausencia de motivos razonables para su incumplimiento, la intromisi\u00f3n no se justifique porque, por ejemplo, la intensidad de la afectaci\u00f3n del debido proceso es m\u00ednima, al ser pocos d\u00edas de mora, o bien porque la situaci\u00f3n del interesado no amerita la intervenci\u00f3n. Claro, no ser\u00e1 lo mismo cinco (5) d\u00edas que cinco (5) a\u00f1os de tardanza. Tampoco ser\u00e1 igual cuando la omisi\u00f3n compromete intereses de un sujeto de especial protecci\u00f3n, como un ni\u00f1o a una persona en condiciones de discapacidad. A su vez, la discusi\u00f3n ser\u00e1 diferente en la hip\u00f3tesis en que la infracci\u00f3n solo lesione el debido proceso, a que involucre otras garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Y es que, si la injerencia supralegal en los asuntos de mora judicial se traduce en indicarle al fallador que atienda determinado caso por encima de otros que tambi\u00e9n debe tramitar oportunamente, es claro que debe justificarse suficientemente la necesidad de la intromisi\u00f3n. De lo contrario, la acci\u00f3n de tutela terminar\u00eda convertida en una herramienta para alterar el orden de los turnos para fallar las causas, y no para proteger derechos fundamentales. <\/p>\n
De manera que cuando se denuncia a una autoridad judicial por el incumplimiento de los t\u00e9rminos para realizar determinada actuaci\u00f3n, no solo importa verificar, a efectos de determinar su procedencia, la existencia de la infracci\u00f3n y si la misma est\u00e1 debidamente justificada, tambi\u00e9n es relevante evaluar la trascendencia de la mora frente a los derechos del convocante. <\/p>\n
En el caso objeto de estudio, los 20 d\u00edas siguientes contados a partir de la radicaci\u00f3n del expediente en la Secretar\u00eda del Tribunal competente, que conforme al art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998 ten\u00eda el juez plural para desatar el remedio vertical, se cumplieron sin que se hubiese emitido la providencia correspondiente. N\u00f3tese, como se evidencia de las diligencias reprochadas, que la alzada fue recibida por la Secretar\u00eda el 26 de julio de 2022, entonces, el aludido plazo se cumpli\u00f3 el 24 de agosto siguiente, sin que para esta fecha se hubiera admitido el recurso siquiera y el Magistrado encargado de tramitar la alzada no alleg\u00f3 soporte de la carga laboral que adujo le ha impedido sustanciarla oportunamente. Adem\u00e1s, tampoco se justifica que tome tanto tiempo para hacerlo, dado que, a ese fin, solo debe verificar si es procedente o no la condena en costas reclamada por el actor, que es el motivo de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego, se puede concluir que se incumpli\u00f3 con el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998 y dicha tardanza no se encuentra justificada teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado y la relativa facilidad de la tem\u00e1tica que envuelve el recurso de apelaci\u00f3n. Entonces, como la soluci\u00f3n del remedio vertical no reviste mayor complejidad, debe ser desatado con mayor veleridad. <\/p>\n
En cuanto a la pretensi\u00f3n del gestor para que se ordene al Director Ejecutivo de Administraci\u00f3n Judicial Seccional de Pereira y al de nivel Nacional, a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y al Ministro de Justicia que act\u00faen en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n para que se le brinde un acceso real y efectivo a la administraci\u00f3n de justicia; basta con se\u00f1alar que el actor no acredit\u00f3 haber elevado solicitudes en ese sentido frente a las autoridades cuestionadas, lo que imposibilita la utilizaci\u00f3n de esta herramienta subsidiaria para lograr tal prop\u00f3sito (STC16677). <\/p>\n
Por lo predicado se conceder\u00e1 el amparo, \u00fanicamente, en lo que respecta a la tramitaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 9 de junio de 2022, para que el tribunal tramite el remedio vertical y lo resuelva conforme en derecho corresponda. Se denegar\u00e1 la salvaguarda en lo dem\u00e1s, seg\u00fan las consideraciones expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve: CONCEDER la tutela instada por Mario Restrepo, \u00fanicamente, en lo que respecta a la tramitaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n interpuesta contra la acci\u00f3n popular n\u00b0 2022-00396-01. NIEGA la tutela en todo lo dem\u00e1s. <\/p>\n
En consecuencia, se ordena a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira que en el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, decida el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en la acci\u00f3n popular n\u00b0 66682-31-03-001-2022-00396-01 conforme en derecho corresponda. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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